Maria Elena Ruiz Perez
Expediente 910/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Elena Ruiz Perez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a uno de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, a través del cual acusa recibo del diverso con el que se le remitió el original del juicio de amparo 910/2017; asimismo, se tiene a la autoridad oficiante por informado que en proveído de veinticuatro del mes en cuso, se aceptó la competencia declinada en su favor y admitió a trámite el juicio de garantías, registrándose con el número 27/2018. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de enero de dos mil dieciocho. Acúsese recibo del oficio 87, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la ejecutoria de siete de diciembre del año próximo pasado, pronunciada por la superioridad, en la que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa -, en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que esta autoridad provéa nuevamente respecto a la admisión de la demanda de garantías que originó el presente asunto. En atención a lo anterior, vista la demanda de cuenta promovida por - a través de su apoderado jurídico, contra actos del JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD y otra autoridad. La promovente señala como acto reclamado: "A). DE LA AUTORIDAD ORDENADORA denominada Juez Cuarto de Distinto (sic) de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta Ciudad, se le reclama el que sin haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento ni mucho menos satisfecho los requisitos de procedibilidad que marca la ley, ni respetado los derechos humanos fundamentales de la quejosa, haya dictado con fecha 08 de Junio del año dos mil diecisiete, una orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la ahora quejosa, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 464/2017, promovido ante dicha autoridad por la institución de crédito "-, en contra de mi representada. Así como también le reclamo, que en base a su resolución, hubiese ordenado a través de un exhorto girado a la autoridad responsable denominada Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en la Ciudad de Tanhuato, Michoacán, señalada como ejecutora, que se presentaran en el domicilio de mi representada a fin de que ejecutaran la orden dada por él, y que como consecuencia de ello, las autoridades señaladas como ejecutoras hayan cumplimentado su orden, sin ajustarse a los preceptos legales y sin haberse ajustado a las medidas ordenadas o al lapso otorgado para ello, lo que implica una afectación irreparable que violenta su derecho de seguridad jurídica, consagradas en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS denominadas: 1. Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil de Tanhuato, Michoacán, le reclamo el haber dictado un auto en el que tiene por recibido el exhorto número 164/2017, que le envió el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán, derivado del juicio Ejecutivo Mercantil número 464/2017, en el que de manera inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de la quejosa haya ordenado y permitido a su actuario adscrito a su juzgado que fuera del plazo perentorio por el que se le delegó expresamente competencia y jurisdicción, se constituyeran en el domicilio de mi representada, para cumplimentaran (sic) la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dada por la autoridad ordenadora, ello no obstante que como lo digo, a la fecha de su actuación, ya HABÍA FENECIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO QUE LA AUTORIDAD ORDENADORA LE HABÍA CONCEDIDO Y CON ELLO, HABÍA CESADO SU COMEPTENCIA Y JURISDICCIÓN PARA EJECUTAR EL ACTO DE AUTORIDAD QUE SE LES RECLAMA, toda vez que con el auto de fecha 08 de Junio del año en curso, dictado por la ordenadora, únicamente se delegó competencia y jurisdicción por el pazo de 1 MES para ejecutar el acto ahora reclamado. Debiendo precisar desde ahora, que dicho término les empezó a correr a partir del día siguiente en que la ahora tercero interesada, recibió el exhorto y que fue el día 12 de junio del año 2017." Ahora bien, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. Lo anterior es así, en atención a que de los actos reclamados por la quejosa se desprende que el acto reclamado como orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número -, promovido en su contra por la institución de crédito - tuvo ejecución en el Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, lugar donde tiene su domicilio la quejosa. De ahí que, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, toda vez que el acto reclamado -requerimiento de pago, embargo y emplazamiento- tuvo ejecución en Tanhuato, Michoacán, por ser este el lugar donde la impetrante de amparo tiene su domicilio, es decir los efectos y consecuencias de los actos reclamados tendrán su ejecución en esa localidad, no en esta ciudad donde únicamente se emitieron. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2ª./J. 68/2015 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado. Así como la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Por tanto, como el Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, no se encuentra comprendido entre aquellos en las que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en una de las que lo hacen los juzgados con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en la Ciudad de Uruapan, con el objeto de que la envíe a quién por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; dado que el acto aquí reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos a que se hizo referencia. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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