María Elena Baños Visairo

Expediente 73/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
73/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María Elena Baños Visairo
  • Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán
  • Edder Aguirre Baños

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso comunicado *********, mediante el cual se hizo de su conocimiento que se declaró firme el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa y se le remitió el toca de apelación ***********; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa María Elena Baños Visairo y Edder Aguirre Baños, interpusieran recurso de revisión contra el auto de veinte de abril del año en curso, en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada por la parte quejosa, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, a decir el toca de apelación 292/2020, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Aviso de cambio de titular: Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes S.I.S.E.

  3. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como constancia legal el oficio que remite el Juez Séptimo de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, mediante el devuelve sin diligenciar el exhorto 71/2021 orden 183, toda vez que por auto de veinte de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Dése de baja el exhorto de referencia de los libros de Gobierno de este Juzgado. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; a través del cual informa el estado procesal del juicio ordinario civil 82/2017, sobre acción reivindicatoria y otras prestaciones, promovido por Gildardo Martínez Toledo y Gustavo Cuevas Gutiérrez, frente a -aquí quejosos- María Elena Baños Visairo y Edder Aguirre Baños; del que se advierte que por auto de doce de los actuales, se tuvo a los quejosos cumpliendo completamente con lo condenado, mediante ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, concepto de pago por las cantidades a que resultaron condenados, así como el monto condenado en la sentencia interlocutoria de veinte de octubre del año próximo pasado, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, por concepto de pago por las cantidades a que resultaron condenados a favor de la parte actora. Lo que aquí constituye el acto reclamado. Ahora, toda vez que se había reservado proveer lo conducente hasta en tanto remitiera copia certificada del auto aludido y como ya aconteció, se acuerda lo que en derecho proceda. Del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: Acto reclamado: La sentencia de fecha 14 catorce de diciembre de 2020 dos mil veinte que dicto la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: Que el veinte de octubre de dos mil veinte, se declaró procedente la planilla de liquidación presentada por la parte actora Gildardo Martínez Toledo y Gustavo Cuevas Gutiérrez, dentro del Juicio ordinario civil número 1082/2017, por conducto de su apoderada, por ello, se condenó a María Elena Baños Visairo y Edder Aguirre Baños -aquí quejosos-al pago de 350,411.84 (trescientos cincuenta mil cuatrocientos once pesos 84/100 moneda nacional). Inconformes con la anterior resolución, los apoderados jurídicos de María Elena Baños Visairo y Edder Aguirre Baños (aquí parte quejosa) interpusieron en su contra recurso de apelación, del que conoció, en primer término, la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien debido a la recusación que sin expresión de causa hizo valerla la parte apelada e incidentista, se inhibió del conocimiento del asunto, ordenando remitir los autos respectivos a la similar Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien dictó sentencia el catorce de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado), confirmando la diversa de primera instancia. Al respecto, en el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. La referida fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para comprender con amplitud el supuesto que contiene la norma referida, es conveniente analizar los elementos que la componen, siendo el caso que de su contenido se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: Que el acto reclamado subsista. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el referido motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrían concretarse en perjuicio del quejoso. Finalmente, el tercero de los elementos se encuentra ligado estrechamente con los dos primeros, ya que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y, por ende, surge con posterioridad a la emisión de éste, y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, ya es imposible que surta efectos legales o materiales. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, torna improcedente el juicio de derechos humanos, ya que a nada práctico conduciría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se explica, toda vez que no obstante subsista en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, por existir alguna modificación del entorno jurídico dentro del cual se emitió el acto reclamado, podrían operar en caso de concluirse que es inconstitucional, dos consecuencias lógicas: Que fuera jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado; o, Que no tuviera ningún efecto jurídico la sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya sea porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En ese sentido, previo a comprobar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es menester destacar su naturaleza objetiva para una mejor comprensión del presente asunto. En efecto, la emisión de cualquier acto de autoridad conlleva el establecimiento de una situación jurídica concreta del gobernado frente al Estado, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse de alguna manera en su esfera jurídica. Como un medio de control contra esos actos de autoridad, surge a favor del gobernado el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto respectivo por vulnerar su esfera de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. De esa manera, el juicio de amparo funge como medio de control constitucional cuyo objeto es reparar esas violaciones y restituir al gobernado en el pleno goce de sus prerrogativas constitucionales vulneradas, para lo cual el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia que condicionan el juicio de garantías a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte y al Juez Quinto de lo Civil, la ejecución de dicha sentencia, y, en acuerdo de doce de los actuales, emitido por la Juez responsable, dentro del juicio ordinario civil 1082/2017, en el que se tuvo a los demandados cumpliendo con lo condenado en ejecutoria de fecha dieciocho de junio del dos mil diecinueve, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como el monto condenado en la sentencia interlocutoria de veinte de octubre del año próximo pasada, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia -misma que fue confirmada mediante sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte-; además, si de las constancias aportadas por la responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; se desprende que la parte demandada -aquí quejosa- en cumplimiento de lo condenado en el juicio de origen, presentó ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, las consignaciones siguientes en favor de la parte actora: JC050531082Q0117U011, valiosa por la cantidad de $321,578.98 trescientos veintiún mil quinientos setenta y ocho pesos 98/100 moneda nacional, expedida por la Institución Bancaria BANAMEX. JC05053108200117U011, valiosa por la cantidad de $129.92 ciento veintinueve pesos 92/100 moneda nacional, expedida por la Institución Bancaria BANAMEX. JC05053108200117U011, valiosa por la cantidad de $28,726.14 veintiocho mil setecientos veintiséis pesos 14/100 moneda nacional, expedida por la Institución Bancaria BANAMEX. JC05053108200217U089, valiosa por la cantidad de $28,726.14 veintiocho mil setecientos veintiséis pesos 14/100 moneda nacional, expedida por la Institución Bancaria BAMAMEX. Por concepto de pago a lo condenado en el juicio de origen, a lo que la parte actora, se le tuvo aceptando el monto de dichas consignaciones (de las que recibió dos numerarios el dieciséis de abril del año en curso, por conducto de su apoderada jurídica). A lo que recayó el acuerdo dictado por la responsable el doce de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a las partes conformes, y al no existir materia sobre la cual fallar se ordenó el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado como asunto concluido; por lo que resulta incuestionable que dicho proveído ha dejado sin objeto la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, precisamente porque ya fueron pagados los montos a que fue condena la parte demandada (aquí quejosa), materia de la sentencia que se pretendía fuera analizara en este juicio. No es óbice a todo lo precedente que el juez responsable hubiere requerido a la parte quejosa el pago de las condenas emitidas en el juicio de origen; pues en relación a la interlocutoria reclamada consta que este juzgado federal, mediante resoluciones de tres y veintinueve de marzo pasado, concedió la suspensión provisional y definitiva, respectivamente, a la quejosa. De suerte que la consignación que ésta hizo del pago de los numerarios materia de condena lo hizo motu proprio. Empero, lo trascendental, para efectos de la presente resolución en el juicio de amparo, es que virtud a los pagos realizados el juez responsable determinó la conclusión y archivo del juicio del cual emergen los actos reclamados, según se evidencia de la literalidad del auto de doce de abril de dos mil veintiuno, cuya parte que interesa se lee: En esas circunstancias, se advierte que si bien el acto reclamado subsiste jurídicamente, lo cierto es que las consecuencias que éste produjo ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que resulta de ese modo, porque el juicio en el que fue emitido, con motivo del proveído de doce de abril del año en curso, en el que se tuvo a la partes conformes con los montos que se pagaron a la parte actora y además recibió de conformidad, situación que se pretendía analizar (materia de la sentencia reclamada) en este juicio, ya no tiene objeto de pronunciamiento; luego, es evidente que las determinaciones emitidas en el transcurso de dicho juicio ordinario civil 1082/2017 -como lo es el acto reclamado-, al estar encaminadas a lograr la conclusión natural del mismo a través del auto por el cual se ordena el archivo correspondiente, ya no pueden surtir efecto jurídico sobre los intervinientes en tal contencioso. Por lo que, con independencia de que la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación I-292/2020, que confirma la diversa de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 1082/217, fuera inconstitucional por los vicios que pudiera tener, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria -con la que se persigue que esa autoridad de alzada revoqué la resolución combatida-, precisamente porque los montos a que se condenaron en ella (por la confirmación) ya fueron pagados y aceptados de conformidad por las respectivas partes. De ahí que, en el presente caso lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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