María Dolores Pérez Amezcua
Expediente 833/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Dolores Pérez Amezcua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 7204, con el que se notificó el proveído de quince de abril en curso y se le remitieron las constancias que exhibió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, en virtud de que se sobreseyó en el juicio y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, allegó al juicio las constancias de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formaron dos tomos de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA DOLORES PÉREZ AMEZCUA. Recepción de oficio. Acúsese recibo del oficio 1095, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa dos tomos de prueba y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el siete de febrero de dos mil diecinueve, que en su resolutivo establece: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por María Dolores Pérez Amezcua, contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto II-833/2018. Admisión. En esas circunstancias, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por María Dolores Pérez Amezcua, Por propio derecho; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, párrafo segundo, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite contra el acto del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Por el acto que hace consistir en: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictada por el magistrado responsable dentro del toca I-232/2018, mediante la cual revoca la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 624/2018 y ordena la reposición del procedimiento. Incidente de suspensión. No ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado por la parte quejosa. Intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, tomo II, segunda parte-2, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Informe justificado y señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que éste ya fue rendido, al que se adjuntaron las constancias de donde emana el acto reclamado; sin embargo, hágasele saber la radicación del juicio de amparo en este juzgado, para los efectos legales procedentes. Con el informe justificado que remitió la autoridad responsable y las documentales que adjuntó, las cuales en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba; por tanto, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Con apoyo en el precepto 115, párrafo primero, de la ley en aplicación, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Terceros interesados. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a María Elena Milián Flores y/o Ma. Elena Milián Flores, quien tiene su domicilio ubicado en calle Santiago Tapia, número 239, interior 2, en esta ciudad. Por tanto, toda vez que su domicilio se encuentra en esta ciudad, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este tribunal federal para que la emplace en el citado lugar, entregándole copia simple de la demanda de amparo y le haga saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, le requiera para que en el momento de la diligencia o bien dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para recibir las notificaciones de carácter personal en esta ciudad, ya que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en atención a lo dispuesto en los preceptos 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercibimientos. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251, de la ley en aplicación, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 99), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-833/2018, promovido por María Dolores Pérez Amezcua, contra el acto del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad consistente en: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictada dentro del toca I-232/2018, mediante la cual revoca la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 624/2018 y ordena la reposición del procedimiento. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados las constancias siguientes: El oficio 6952, mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito declinó la competencia en favor de este juzgado (fojas 2 a 4). La demanda de amparo (fojas 8 a 18). Auto de dos de octubre de dos mil dieciocho por el cual se desechó la demanda de amparo (fojas 30 a 33). Ejecutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito declaró fundada la queja interpuesta por el solicitante del amparo contra el auto que desechó la demanda (82 a 97). Auto admisorio de veintisiete de febrero dos mil diecinueve (fojas 98 y 99). El informe justificado rendido por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 7). Emplazamiento de la tercera interesada María Elena Milián Flores y/o Ma. Elena Milián Flores (foja 107). La notificación del auto admisorio practicada a la parte quejosa (foja 105). A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, el Juez, declara abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las documentales exhibidas por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con las cuales se ordenó formar dos tomos de prueba. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes téngaseles por perdido su derecho para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que no se presentaron por ninguna de las partes. El Juez acuerda: Tomando en consideración que las partes no hicieron uso de ese derecho, se da por terminada dicha fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto II-833/2018, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio 6952 se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, declinando competencia en favor de este juzgado de la demanda de amparo promovida por María Dolores Pérez Amezcua, contra el acto del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual se precisará en el considerando segundo de esta resolución. Acto que la parte quejosa consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo biinstancial promovida por María Dolores Pérez Amezcua, se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó emplazar a la tercera interesada María Elena Milián Flores y/o Ma. Elena Milián Flores. Asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que tiene su residencia donde esta potestad ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado su acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictada dentro del toca I-232/2018, mediante la cual revoca la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 624/2018 y ordena la reposición del procedimiento. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, como se advierte de la tabla siguiente: Autoridad Responsable Sentido Foja Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cierto 7 Del cuadro anterior, se advierte que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, lo que conduzca a tener por cierto el acto reclamado. Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, para acreditar su dicho, la autoridad responsable remitió las constancias que conforman tanto el juicio ordinario civil 624/2018, como el toca de apelación I-232/2018, de las que se advierte la determinación que constituye el acto reclamado. Documentales que tienen el carácter de públicas de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por tales aquellas cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública y que son expedidas en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos de los sellos, firmas, así como membretes oficiales y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere pleno valor probatorio pleno en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal en consulta. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1. Actualización de una causal de improcedencia. En esa tesitura, de oficio, este juzgador federal considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, cuestión que amerita su análisis a fin de evidenciar su actualización. IV.2. Marco legal. En principio, los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que la Constitución General de la República se limitó a enunciar, como uno de los supuestos de procedencia, los actos en juicio con una ejecución de imposible reparación, sin ofrecer una definición al respecto, lo cual se entiende si se parte de la premisa que la Constitución Federal establece los principios esenciales de las instituciones y que, por virtud de ello, el Constituyente Permanente deja al legislador la tarea de pormenorizar y explicar en la ley secundaria lo que debe entenderse como actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Debe mencionarse que a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la reforma del artículo 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo indirecto, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando, a su vez, la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, pues constituía un obstáculo para la pronta impartición de justicia; tal como se explicó en la exposición de motivos: "Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. "En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. "La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Por tanto, resulta claro que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo y si, además, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, entonces, la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto; de tal suerte que, sólo de manera excepcional, se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Conforme a lo anterior el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. Ahora bien, tratándose de resolución que tenga por efecto reponer el procedimiento a fin de integrar la relación jurídico procesal, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial, no debe pasar por alto lo expresado hasta aquí, esto es, la simple reposición del procedimiento para esos fines no implica que por sí sola afecte derechos sustantivos, pues, como se dijo con anterioridad, deben atenderse las dos condiciones previstas por el Alto Tribunal del País, esto es que se vulneren materialmente derechos y que éstos sean sustantivos tutelados por la Carta Magna. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello toda vez que las posibles violaciones en que hubiere incurrido la autoridad responsable únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, como se pondrá en evidencia a continuación. IV.3. Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que hizo consistir en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictada por el magistrado responsable dentro del toca I-232/2018, mediante la cual revocó la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ordinario civil 624/2018 y ordena la reposición del procedimiento. A fin de dar contexto al acto reclamado, se procede a realizar una breve relatoría de los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a saber: El siete de diciembre de dos mil diecisiete María Elena Milián Flores o Ma. Elena Milián Flores [tercera interesada] promovió demanda sobre reivindicación de bien inmueble en la vía ordinaria civil en contra de la hoy quejosa María Dolores Pérez Amezcua; líbelo que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, quien lo radicó el once siguiente bajo el expediente 1684/2017 (fojas 1 a 31 del tomo II de prueba). Bajo ese contexto, la quejosa contestó la demanda instaurada en su contra y, al mismo tiempo, reconvino sobre prescripción positiva a Maria Elena Milián Flores o Ma. Elena Milián Flores, reconvención que se admitió a trámite el dieciocho de enero de dos mil dieciocho y, a posteriori, a la citada Milián Flores se le tuvo por contestándola (fojas 35 a 42, 48, 52 a 62 y 155 ídem). Asunto que posteriormente fue remitido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, en virtud de la recusación planteada por la actora, quedando registrada con el número 624/2018 (fojas 205 y 206 íbidem). Una vez agotado el procedimiento, el juez primigenio dictó sentencia definitiva el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 217 a 232 del citado tomo). La sentencia dictada en primera instancia fue recurrida por María Elena Milián Flores o Ma. Elena Milián Flores, por propio derecho, medio de impugnación del que correspondió el conocimiento al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, radicándolo como toca I-232/2018 de su índice, en el cual se dictó ejecutoria el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, que revocó la sentencia recurrida y ordenó al juez de origen reponer el procedimiento para el efecto de que se llevara a cabo el emplazamiento a juicio de diversos sujetos que revisten el carácter de parte en el juicio subyacente, atendiendo a las directrices de la Sala responsable y, una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción el juez primario dictara la sentencia que conforme a derecho correspondiera (fojas 3 y de la 98 a 104 del tomo I de prueba). Siendo esta última resolución la que constituye el acto reclamado. Ahora, a fin de abordar el tópico respecto a si se está frente a un acto que sea de imposible reparación, de conformidad con el marco legal referido en la presente resolución, conviene hacer un análisis tanto de los efectos propios de la reposición del procedimiento, así como el estado de cosas y personas. Efectos propios de la reposición de procedimiento. En ese sentido, se tiene que el magistrado responsable, en su resolutivo tercero, determinó lo siguiente: "TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento a fin de que el primigenio prevenga a María Dolores Pérez Amezcua, para que amplíe su demanda reconvencional contra la sucesión intestamentaria a bienes de Ricardo García Villegas, por conducto de su albacea, así como del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, acorde a los parámetros fijados en esta ejecutoria". De lo anterior, se tiene que el efecto específico de la reposición, consiste en ordenar al juez primario que prevenga a la hoy quejosa María Dolores Pérez Amezcua a fin de que amplíe su demanda reconvencional respecto de diversas personas, no vulnera en forma directa derechos sustantivos, dado que los efectos plasmados en la resolución reclamada únicamente están enfocados a una debida integración de la relación jurídico procesal. En ese tenor, la consecuencia directa de la multicitada reposición no vulnera por sí en forma directa los derechos sustantivos de la quejosa en virtud de que con ella se afectan únicamente derechos de carácter adjetivos. Es importante resaltar que, en las consideraciones del acto reclamado, la sala responsable determinó que era necesario ordenar la reposición del procedimiento, pues respecto de la demanda reconvencional se advertía la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que determinó que debía prevenirse a la parte demandada [actora reconvencional], para que ampliara la demanda reconvencional respecto de diversas personas. Ahora, cabe precisar que el litisconsorcio implica una pluralidad de partes en el juicio, el cual es pasivo si se está en el caso de dos o más demandados y necesario cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. Por tanto, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal, es decir, es uno de los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que pueda dictarse una sentencia de fondo, y está vinculado a los derechos o intereses comunes de las partes en litigio que constituye el fondo sustancial e indivisible del asunto, el cual sólo se puede resolver cuando se llama a litigar a todos los involucrados, siendo esta condición la que debe caracterizar al juicio para que sea posible dictar una sentencia válida y completa, que no es otra que la certeza de oír a todos los integrantes del litisconsorcio, ya que no es posible condenar a una parte, sin que trascienda a las demás. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y PROPIO. Tratándose del ejercicio de una acción derivada de una relación jurídica, con respecto a la cual las partes que forman dicha relación se encuentran en una comunidad o vinculación tal, que no sería posible condenar a una sin que la condena alcanzara a todas las partes de ambos contratos, se está en presencia de un caso típico de litisconsorcio pasivo necesario y propio, en el que las demandas, que deben ser comunes, no pueden seguirse por separado." (Quinta Época, Registro: 341270, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXIX, Materia(s): Civil, Página: 1404). "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Cuando las partes vendedora y compradora, se encuentran directamente vinculadas en la relación jurídica que generó el contrato de compraventa, de modo tal que no sería posible condenar a una de ellas, sin que la condena alcance a la otra parte contratante, se está en el caso típico de litisconsorcio pasivo necesario, debiéndose dar oportunidad de intervenir a ambas en juicio, para que así puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que sobre el particular llegue a dictarse." (Sexta Época, Registro: 269995, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCVIII, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 99). Ahora bien, como ya se expresó, el objetivo de que exista una figura como el litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte sin que la condena alcanzara a la otra. Precisamente por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Sobre tales premisas, debe considerarse que la sentencia que por esta vía se reclama no constituye para la quejosa un acto de imposible reparación, pues en ésta únicamente se dejó sin efectos la sentencia dictada por el juez de origen y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se integre el litisconsorcio pasivo necesario; pero con ello no se impide a la inconforme, en forma actual, el ejercicio de algún derecho sustantivo, sino que únicamente constituye una posible violación a derechos adjetivos o procesales, cuya fuente proviene exclusivamente de una ley adjetiva, como lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Al respecto, resulta orientadora la tesis (X Región) 4o.2 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.". Por tanto, se trata de una acto que pone el juicio en un estado meramente intraprocesal, en el que se tendrá que seguir por su causa legal y eventualmente se dictará una sentencia, siendo hasta ese momento en que, pudiese afectarse la esfera jurídica de la quejosa, lo que únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a promover contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es decir, el hecho de que se ordene la reposición del procedimiento para que se integre a la relación jurídica procesal a diversa persona, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede encuentra sustento en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Cabe referir que, si bien la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sí existen casos en los que con la sola reposición del procedimiento podrían vulnerarse derechos sustantivos. Ello, tal como quedó de manifiesto en las ejecutorias de las contradicciones de tesis 311/2013 y 168/2016, donde sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede en contra de las resoluciones de tribunal de alzada que ordenen reponer el procedimiento penal respecto de: Un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, y Para el desahogo de una prueba pericial, en materia penal. Lo cierto es que en el presente asunto, no se trata de una cuestión penal que tenga como consecuencia prolongar la privación de libertad de la quejosa o, bien, que se haya ordenado el desahogo de un prueba que por sí misma pudiera ser violatoria de derechos sustantivos, tampoco se trata de un asunto en el que se estén tutelando derechos de menores, de ahí que ello no sea motivo para considerar que por los propios efectos de la reposición genere un perjuicio a la quejosa en grado que haga procedente el juicio de amparo. Efectos de la reposición sobre el estado de cosas y personas. Para realizar el análisis de este aspecto conviene traer a colación el extracto de la sentencia recurrida en la que se fijaron los parámetros de la reposición, a saber: "[.] En estas condiciones, se ordena reponer el procedimiento a fin de que el primigenio prevenga a María Dolores Pérez Amezcua, para que amplíe su demanda reconvencional contra la sucesión intestamentaria a bienes de Ricardo García Villegas, por conducto de su albacea, así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quedando subsistentes: el libelo actio presentado por María Elena Milián Flores y/o Ma. Elena Milián Flores, la respectiva contestación que efectuó María Dolores Pérez Amezcua, así como su reclamo reconvencional y la contestación a la misma que hizo la actora principal, para que, una vez que se llame a juicio a la indicada sucesión e instituto, el juicio se siga por todos sus trámites y el resolutor esté en condiciones de dictar la sentencia definitiva que proceda conforme a derecho. [.]". Como se advierte de la anterior transcripción con motivo de la reposición del procedimiento se dejarían subsistentes las actuaciones siguientes: Demanda presentada por María Elena Milián Flores y/o Ma. Elena Milián Flores. La contestación de demanda por María Dolores Pérez Amezcua. La demanda reconvencional presentada por la referida Pérez Amezcua. La contestación a la demanda reconvencional hecha por la hoy quejosa. Ahora, de un análisis de las constancias que integran el juicio ordinario civil 624/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, se advierte que las actuaciones que se dejarían insubsistentes serían las posteriores al escrito presentado por la quejosa el nueve de febrero de dos mil dieciocho (foja 156 del tomo II de prueba), de las cuales se listan las principales a continuación: Auto de doce de febrero del año inmediato anterior en el que se citó a las partes a una audiencia de conciliación (foja 157 ibídem). Proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho mediante el cual el juez responsable abrió el periodo probatorio e hizo efectivo el apercibimiento a la parte actora por no comparecer a la audiencia de conciliación descrita en el punto anterior (foja 168 del citado tomo). Proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se admitió la prueba testimonial anunciada por la demandada (foja 177 ídem). Proveído de esa propia fecha en el que se admitieron las pruebas confesionales ofrecidas por la actora -aquí tercera interesada- (foja 180 del mismo legajo). El desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada (fojas 184 a 187 del aludido tomo). Auto de dieciocho de abril siguiente en el que se admitieron las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas por la demandada (foja 196 del mismo legajo). El acta de apertura del pliego de posiciones que debió absolver la demandada -hoy quejosa- (foja 202 del aludido volumen). Auto de once de mayo de dos mil dieciocho mediante el cual el Juez Tercero de lo Civil de Zamora, Michoacán, admitió la recusación sin expresión de causa hecha valer por la parte actora y ordenó la remisión de los autos a la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de esa ciudad (foja 205 ídem). Auto de diecisiete de mayo del año pasado dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual se avocó al conocimiento del asunto (foja 208 del tomo II de prueba). Auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, puso los autos a la vista de las partes para que formularan alegatos (foja 213 ibídem). Proveído de cuatro de junio del año en curso, mediante el cual se citó a las partes para oír sentencia (foja 215 del aludido volumen). La sentencia definitiva de diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán (fojas 217 a 232 del multicitado tomo). Como puede apreciarse, el estado en que quedarían las cosas y las personas no ocasiona a la quejosa daños de imposible reparación, dado que se dejaron insubsistentes determinaciones correspondientes al período probatorio, en los que se acordó respecto de medios de convicción como lo fueron documentales, instrumental de actuaciones, confesionales y testimoniales, acuerdos relativos a su admisión como a su desahogo, asimismo, se dejó insubsistente el acuerdo en el que se dio por concluido el período probatorio y se dio vista a las partes por el término de tres días para que formularan alegatos, el auto en el que se citó a las partes para oír sentencia definitiva y la propia sentencia definitiva, lo que no implica que al dejarse sin efectos se pudiera haber causado una afectación directa a alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello pues con dicha reposición sólo se dejaron insubsistentes actos intraprocesales que por sí solos no vulneran derechos sustantivos de la quejosa, ya que no se advierte la imposibilidad que pudieran tener las partes para desahogar o recabar algún medio de convicción, esto es, las pruebas que se ofrecieron en el sumario de origen fueron en su mayoría documentales, las cuales pueden obtenerse de nuevo. De igual forma, respecto de las pruebas testimonial y confesionales que se dejaron insubsistentes, no se advierte que exista imposibilidad material para llevar a cabo su desahogo (pues tampoco se arguyó algún motivo de imposibilidad en la demanda de amparo, menos, por ende, se acreditó), por lo que tal circunstancia no dejaría a la quejosa indefensa; tampoco se advierte que en el juicio de origen se haya admitido alguna prueba que por su sólo desahogo implique violaciones a derechos humanos, como lo sería una prueba molecular genética, una prueba pericial contable o, bien, tampoco existieron actuaciones que pusieran en riesgo intereses de menores, por tanto, es incuestionable que tal reposición no es de imposible reparación. Por ello, en el caso que nos ocupa, la reposición del procedimiento no implica vulneración a derechos sustantivos ya que el análisis exhaustivo de las constancias allegadas, permite concluir que la resolución reclamada sólo trae como consecuencia que se integre a la relación jurídico procesal a diversas personas a fin de que la sentencia que eventualmente se dicte sea válida, lo cual se traduce en una posible afectación derecho derechos adjetivos. IV.4. Conclusión. Consecuentemente, al actualizarse respecto del acto reclamado la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee, por notoria e indudable improcedencia, el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Dolores Pérez Amezcua, contra el acto de autoridad precisado en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
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