María Elena Miranda Sandoval

Expediente 844/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
844/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • María Elena Miranda Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 45 a 53), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por María Elena Miranda Sandoval, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA:MARÍA ELENA MIRANDA SANDOVAL Y NARANTI MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Efectivo apercibimiento Vista la certificación que antecede y el estado de autos del presente sumario constitucional se desprende, que la parte quejosa fue omisa en señalar si era su deseo reclamar el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, pese a encontrarse debidamente notificada para ello, y en vista de que ha transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de octubre del año en curso y se tiene como acto reclamado en el presente juicio de amparo únicamente el siguiente: ACUERDO DE ADMICIÓN DE DEMANDA CIVIL EN LA VÍA SUMARIA sobre INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSESIÓN presentada por el promovente de manera solosa e Ineficaz. Dentro del juicio civil 29/2018, del apéndice del citado órgano jurisdiccional". (Sic) Sin que haya lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-844/2018. ? Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: ? El auto de uno de febrero de dos mil dieciocho en el que se admite a trámite el procedimiento de interdicto 29/2018 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, para la recuperación de un bien inmueble ubicado en el lote 12 de la manzana 109, de la zona dos de la calle Obrero Mundial, número 99 de la colonia Vicente Lombardo Toledano, en esta ciudad. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107-interpretado en sentido contrario- y todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". Los dispositivos invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Del precepto normativo transcrito se desprende que el legislador federal permitió la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de índole jurisdiccional, de los cuales, se clasificaron en: actos dentro de juicio, actos fuera de juicio y después de concluido. En ese orden, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto, como medio de defensa extraordinario de los derechos humanos, cuenta con principios jurídicos que lo delinean y, a partir de los cuales, se establecen las diversas reglas para su procedencia, tramitación y resolución. De entre ellos destaca el principio de definitividad, según el cual, la procedencia del juicio de amparo se permite una vez que el acto reclamado adquiere la categoría de definitivo, esto es, cuando ha sido dictada la resolución definitiva dentro del proceso o, bien, la resolución definitiva del procedimiento que hubiese sido iniciado antes del juicio principal o después de concluido el mismo, como ocurre, por ejemplo, con los actos de ejecución de sentencia, en los que la procedencia del juicio de derechos humanos se actualiza contra la última resolución del procedimiento respectivo. Asimismo, dicho principio de definitividad tiene una excepción, consistente en que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la tramitación de un proceso jurisdiccional [ya sea antes de iniciado o después de concluido el mismo], cuando dicho acto sea de imposible reparación, entendiéndose por este tipo de actos los que afectan directamente un derecho sustantivo, como la vida, la libertad, la salud, la integridad personal, entre otros, tal como lo dispone la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra la resolución citada en párrafos precedentes, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada por un tribunal judicial, el juicio de amparo procede únicamente: a) Contra la última determinación dictada en el procedimiento; o, bien, b) Si la afectación producida por la responsable es de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado emerge de un juicio sumarísimo sobre interdicto para recuperar la posesión. Cabe referir que, conforme, lo sostenido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los interdictos son procedimientos que tienen por objeto decidir interinamente sobre la actual y momentánea posesión, o sea, sobre el hecho de la tenencia, sin perjuicio de los derechos de los interesados, y también suspender o evitar un hecho que perjudica o puede causar daño. El interdicto para recuperar la posesión tiene por finalidad que se reintegre al solicitante en la posesión o tenencia que ha sido despojado y deja la posibilidad de que mediante un juicio se decida en definitiva sobre el mejor derecho a poseer. Conforme a la naturaleza de estos procedimientos, puede darse el caso de que, en forma previa, a dictar la resolución que concluye el interdicto, el juez dicte una medida cautelar en la que determine momentáneamente poner en posesión de una de las partes el bien inmueble materia del interdicto. En la legislación del Estado de Michoacán, por lo que ve al interdicto para recuperar la posesión, el artículo 656 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán dispone que el juez, al admitir la demanda, podrá dictar medida cautelar de secuestro, siempre y que se reúnan los requisitos establecidos en el diverso artículo 651 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; que reza lo siguiente: "Artículo 651. En los interdictos para retener la posesión y sobre suspensión de obra nueva, el actor ofrecerá informe de testigos para comprobar que tiene la posesión material del inmueble o derecho real de que se trata, y en su caso, los actos perturbatorios que debe precisar en la demanda". Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido tienen su origen dentro de la sustanciación del procedimiento de interdicto 29/2018, solicitado por Gricelda García Martínez en contra de María Elena Miranda Sandoval para recuperar la posesión del bien inmueble ubicado en el lote 12 de la manzana 109, de la zona dos de la calle Obrero Mundial, número 99 de la colonia Vicente Lombardo Toledano, en esta ciudad. En ese orden, el uno de febrero de dos mil dieciocho el juez señalado como responsable admitió a trámite en la vía sumaria civil la demanda de la promovente, ordenando a la actuaria adscrita de dicho juzgado se constituyera en el domicilio de María Elena Miranda Sandoval [aquí quejosa] y la emplazara para que se impusiera de dicho procedimiento de interdicto. Dicha determinación es la que constituye el acto reclamado. Así, la determinación reclamada emana del trámite relativo del procedimiento de interdicto solicitado por Gricelda García Martínez frente a María Elena Miranda Sandoval, en la que se admitió a trámite dicho sumario y que no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no constituye una determinación que restrinja los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales, como pueden ser los autos que diriman cuestiones de personalidad, admisión o desechamiento de pruebas o debido proceso, etcétera. De igual modo, es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia IV.2o.C.J/21 (10a) , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". La determinación que constituye el acto reclamado no es de ejecución irreparable, lo que se estima en ese sentido en virtud de que esa determinación, se insiste, no restringe derechos sustantivos de la parte quejosa, como podrían ser la posesión, propiedad, libertad, salud, etcétera; pues en el caso particular la determinación que en su caso, pudiera ocasionar daño de ejecución irreparable sería la que ordene el secuestro del derecho real de la peticionaria de amparo, sin embargo, dicha determinación no fue reclamada por la parte quejosa; de ahí que la determinación impugnada en esta instancia constitucional sólo se limitó a admitir a trámite tal procedimiento de interdicto. En efecto, de lo que se duele la parte quejosa es respecto a la admisión del procedimiento de interdicto para recuperar la posesión; es decir, en tal admisión no fue dictada medida cautelar de secuestro, lo que coloca a auto en un acto meramente intraprocesal, la cual no tiene como finalidad desposeer o realizar algún ordenamiento tendiente a menoscabar el derecho real del cual goza la peticionario de amparo, sino única y exclusivamente a dar trámite a un procedimiento en el cual se otorgará, de forma interina, un derecho a quien tiene o le reviste un mejor poseer. Esto, se evidencia en el anexo que adjunto la quejosa a su demanda de amparo (foja 8), en cual se desprende que la autoridad responsable admitió a trámite el procedimiento interdictal; es decir, dicha admisión a trámite no tiene implícita ejecución alguna con la finalidad de otorgar un derecho de posesión a la parte actora en el juicio subyacente ni mucho menos arrebatarle tal posesión a la quejosa con el propósito de conceder la posesión material del bien inmueble, por lo que no afecta de ningún modo derechos sustantivos de la aquí quejosa. En ese sentido, la mera admisión a trámite del procedimiento de interdictos 29/2018, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, no representa un menoscabo a los derechos tutelados por la Constitución Federal a la peticionaria de amparo, en el caso en particular: la posesión; toda vez que la simple admisión a trámite del juicio de origen no contiene transgresiones a la esfera jurídica de la quejosa, sino que únicamente pone en litis un derecho del cual se ostenta legítima la parte actora. No se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona, incluso las morales, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Ahora, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese contexto, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Asimismo, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro del procedimiento judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Por otro lado, es pertinente indicar, que el Pleno del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, realizó un nuevo razonamiento en torno a la jurisprudencia P.J. 4/2001 , en el que estableció que para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, determinó abandonar el criterio jurisprudencial P.J. 4/2001, para ahora tomar el anterior, mismo que quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano