María Dolores Barrera Díaz
Expediente 65/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Dolores Barrera Díaz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa María Dolores Barrera Díaz; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerla señalando el usuario "ULISES SALINAS CURIEL", con correo electrónico salinas.curiel@gmail.com. Lo anterior, en atención a que el usuario que proporciona no contiene carácter alfanuméricos validos autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se deduce que tampoco ha tramitado la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. Por lo que previo a comparecer a esta potestad federal a solicitar la autorización de su usuario, debe tramitar la aludida firma electrónica en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrá realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrá: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Atento a lo anterior, una vez que la peticionaria de amparo realice el trámite respectivo y el Portal de Servicios en Línea le asigne el usuario correspondiente, podrá solicitar a esta potestad federal el acceso al expediente electrónico formado con motivo del amparo en que se actúa. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. De la certificación de inicio se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, para manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo: 1) Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: 1. El veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se terminó de engrosar la sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Luis Jacques Álvarez. 2. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la autoridad señalada como responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de dicho fallo. 3. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, de la que se aprecia que confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió a la autoridad responsable correspondiente para su debido cumplimiento, esto es, para los efectos siguientes: Deje insubsistente el oficio 2.11.15.5/DPSH/2112/2019 de tres de abril de dos mil diecinueve; Dicte una nueva resolución en la que, sin aplicar los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resuelva que el quejoso José Luis Jacques Álvarez tiene derecho a percibir íntegramente los pagos correspondientes a la pensión por viudez identificada con el número 1378001 y a la diversa pensión por jubilación número 1315948, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización y notifique esa determinación al quejoso. Deberá devolver al quejoso José Luis Jacques Álvarez las cantidades que le hayan sido retenidas o descontadas derivado de la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde la fecha en que le hayan sido suspendidas por dicho concepto, a fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sin que resulte procedente que las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, ni el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, realicen acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, toda vez que únicamente ejercieron sus facultades legislativas respecto de los preceptos aquí reclamados. Lo anterior en términos de la tesis 2a. CXV/97, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS" . 4. En mérito de lo anterior, mediante oficio 2.11.15.5/DPSH/4389/2019, de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, determinó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el comunicado 2.11.15.5/DPSH/2112/2019 de tres de abril de dos mil diecinueve. b) Resolvió que el quejoso Jose Luis Jacques Alvarez tiene derecho a percibir íntegramente el pago de las pensiones de viudez número 1378001 y a la diversa pensión por jubilación número 1315948, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización. c) Ordenó dejar de aplicar los artículos 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y articulo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. d) Determinó expedir un cheque a nombre del quejoso por la cantidad de $248,325.30 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional). Situación esta última para la cual se giraron instrucciones a las autoridades financieras de dicho instituto, a fin de que realizaran los trámites relativos para la entrega de dicho numerario. Aunado al hecho de que se ordenó la notificación de esa determinación al promovente del amparo. 5. Por oficio WID/2.11.15.7/5043/2019, de tres de octubre de dos mil diecinueve, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, envió a este este órgano jurisdiccional la diversa misiva 2.11.15.5/DPSH/5555/2019 de veintisiete de septiembre del mismo año, a la que el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene adjuntó la constancia de entrega al quejoso del cheque valioso por la cantidad de $248,325.30 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional). Cabe señalar que las constancias remitidas por las autoridades mencionadas para acreditar el cumplimiento al fallo protector cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por tanto, este órgano jurisdiccional, en el referido auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, mismo en el que pudo hacer valer las consideraciones vinculadas con el exceso o defecto, sin que lo haya hecho. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el oficio 2.11.15.5/DPSH/2112/2019 de tres de abril de dos mil diecinueve, dictara una nueva resolución en la que, sin aplicar los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y resolviera que el quejoso José Luis Jacques Álvarez tiene derecho a percibir íntegramente los pagos correspondientes a la pensión por viudez identificada con el número 1378001 y a la diversa pensión por jubilación número 1315948, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización y notifique esa determinación al quejoso. Además, como consecuencia de lo anterior, debería devolverle las cantidades que le hayan sido retenidas o descontadas con motivo de la aplicación de las porciones normativas mencionadas, desde la fecha en que le hayan sido suspendidas por dicho concepto, haciendo del conocimiento de todo ello al pensionado. Al respecto, la autoridad responsable, informó lo siguiente: a. Mediante determinación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 2.11.15.5/DPSH/4389/2019: 1) dejó insubsistente el comunicado 2.11.15.5/DPSH/2112/2019 de tres de abril de dos mil diecinueve; 2) resolvió que el quejoso Jose Luis Jacques Alvarez tiene derecho a percibir íntegramente el pago de las pensiones de viudez número 1378001 y a la diversa pensión por jubilación número 1315948, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización; 3) ordenó dejar de aplicar los artículos 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y articulo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 4) determinó expedir un cheque a nombre del quejoso por la cantidad de $248,325.30 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional); e hizo saber de todo ello al quejoso. Para complementar el requerimiento de cumplimiento de ejecutoria envió la constancia de entrega del cheque valioso por la cantidad de $248,325.30 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional), de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, adjunta al oficio 2.11.15.5/DPSH/5555/2019. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte solicitante del amparo el derecho fundamental violado en razón de que dejó sin efectos el oficio a través del cual aquélla le informó la compatibilidad de pensiones de viudez y de jubilación, dictó una resolución en la que no aplicó los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para resolver que el quejoso José Luis Jacques Álvarez tiene derecho a percibir íntegramente los pagos correspondientes a la pensión por viudez identificada con el número 1378001 y a la diversa pensión por jubilación número 1315948, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización. Le devolvió las cantidades que le fueron retenidas o descontadas derivado de la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde la fecha en que le fueron suspendidas por dicho concepto. Así, del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus SARS-CoV-2, por ello, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Demanda y radicación Vista la demanda de amparo promovida por María Dolores Barrera Díaz, por su propio derecho, contra actos del Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, de quienes reclama lo siguiente: ".la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del senado de acuerdo a lo establecido por los artículos 56 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, articulo 2 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos y articulo 14 en relación con el 13, punto 2 ambos del reglamento del senado de la república, toda vez que de acuerdo al artículo 2 del reglamento del senado de la república, el PLENO es el máximo órgano de decisión del senado, reunido conforme a las reglas del quórum y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, punto dos de dicho reglamento, el pleno es la autoridad responsable que al momento del otorgamiento de licencias de un senador, debe considerar la debida integración del senado. Dicho acto se le reclama en virtud de que mi demanda de amparo la presenté durante el receso al que le corresponde sesionar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de Conformidad a los artículos 65 y 66 de la Carta Magna, por lo tanto, la omisión señalada como acto reclamado es también atribuible al Presidente de dicha Comisión, pues es quien tiene la facultad de conformidad con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para -llamar a sesión a la Comisión Permanente, misma que de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es quien tiene la facultad de citar a una de las Cámaras del Congreso de la Unión a sesión extraordinaria, cuando se trate de un asunto exclusivo de alguna de ellas, como es el caso". Fórmese expediente y regístrese con el número I-65/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Es pertinente señalar que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de las causas expresamente indicadas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino que también puede derivar de la actualización de disposición normativa diversa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos invocados, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, pero también de otras hipótesis que se pueden deducir tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hipótesis que debe ser integradas atendiendo a la interpretación jurídica de la norma, como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado en el presente asunto es la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del senado de la república. Así, analizada la petición de amparo, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]". Del anterior precepto normativo se aprecia que, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo se actualiza, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, consistentes en la declaración de procedencia, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones correspondientes les confieran a tales entes, la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; es decir, en forma independiente, sin injerencia de terceros o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión, esto es, que la facultad relativa no dependa de la decisión de terceros y se encuentre libre de presión e injerencia alguna. Sobre ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2012, en sesión de primero de octubre de dos mil trece, en la cual interpretó el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al artículo 61, fracción VII, de la actual ley de la materia, sostuvo lo siguiente: "SEXTO. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone: 'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [...]. VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente'. La norma transcrita establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, la circunstancia de que éste se promueva contra resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, de las Legislaturas de los Estados o de sus comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les otorguen la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Esto es, la causa de improcedencia del juicio de amparo está condicionada a que las Constituciones respectivas confieran a los órganos legislativos mencionados la potestad de resolver de manera soberana o discrecional lo relativo a la elección, suspensión o remoción de funcionarios. [.] El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española (vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001), proporciona diversas acepciones del vocablo facultad y de los adjetivos soberano y discrecional, así como de otras palabras relacionadas con tales términos. Entre otros significados, se observan los siguientes: 'Facultad. (Del lat. facultas, atis). 1. f. Aptitud, potencia física o moral. U. m. en pl. 2. f. Poder, derecho para hacer algo. ...'. 'Soberano, na. (Del b. lat. *superanus). 1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Apl. a pers., u. t. c. s. ...'. 'Supremo, ma. (Del lat. supremus). 1. adj. Sumo, altísimo. 2. adj. Que no tiene superior en su línea. ...'. 'Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo. 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. ...'. 'Discrecional. (De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. ...'. 'Discreción. (Del lat. discretio, -onis). 1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. ... 3. f. Reserva, prudencia, circunspección. A (discreción) 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. ...'. Las acepciones contenidas en el instrumento de consulta referido conducen a considerar que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando quien la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. El sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir, que la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o de sus Cámaras, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Así las cosas, las facultades soberanas o discrecionales que en su caso otorguen las respectivas Constituciones a los órganos legislativos Federal o Estatales, o a sus correspondientes comisiones, a que se refiere la norma jurídica de la Ley de Amparo en estudio, deben estar dirigidas a la resolución sobre elección, suspensión o remoción de funcionarios, y deben tener como características esenciales: a) la potestad de decidir sin injerencia de terceros (soberanamente), o la atribución de resolver conforme a su arbitrio y prudencia en la adopción de su decisión (discrecionalmente); y, b) que esa decisión o determinación se encuentre libre de presión y no dependa de una tercera persona u órgano ajeno. [.]". De la referida contradicción de tesis derivó la jurisprudencia P./J. 40/2013 (10a.), visible en la página 95, libro 2, enero de 2014, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005219, que dispone: "JUICIO POLÍTICO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y QUINTANA ROO). Si bien es cierto que las Constituciones Políticas de los Estados de Sinaloa y Quintana Roo otorgan a sus Legislaturas la facultad de resolver de manera soberana o discrecional sobre la responsabilidad política de los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sobre su remoción o suspensión, también lo es que el ejercicio de esa facultad no se manifiesta cuando deciden no dar trámite a la denuncia de juicio político, pues en esa fase no se realiza pronunciamiento alguno sobre la existencia de los hechos atribuidos al servidor público denunciado, ni respecto de su probable responsabilidad, sino que sólo se verifica que éste sea sujeto de juicio político y que la conducta por la cual se formula la denuncia sea de aquellas que generen una responsabilidad política, en términos de las normas constitucionales respectivas. En ese tenor, la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, no se actualiza cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación del Congreso Estatal de no dar trámite a la denuncia de juicio político, ya sea porque la deseche o porque omita acordarla". En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria y jurisprudencia antes transcritas, estableció que el sentido que debe darse a la expresión "les confieran la facultad de resolver de manera soberana o discrecionalmente", tal facultad implica calificar como soberana una determinación cuando: 1. Quien la ejerce, goza de independencia; 2. No requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Por otra parte, la propia facultad será discrecional cuando: I. Su titular la ejerza conforme a su arbitrio; y, II. Que lo realice con prudencia. En efecto, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. En ese orden, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, dispone: "Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador." Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto) [.]. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia". En ese orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la forma de integración y elección de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para lo cual, en lo que al caso interesa, establece que por cada Senador propietario se elegirá uno suplente, pudiendo ser electos hasta por dos periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de la Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. También establece que los Senadores propietarios o Senadores suplentes, durante el período de su encargo no pueden desempeñar otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados, por los cuales se disfrute sueldo, sin previa licencia de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. En caso contrario dicha infracción será castigada por la pérdida del carácter de Senador. Ahora bien, para que la Cámara de Senadores pueda abrir sus sesiones y ejercer su cargo, debe contar con la concurrencia en cada sesión de más de la mitad del número total de sus miembros, es decir, deben estar presentes más de sesenta y cuatro Senadores, pues la Cámara de Senadores se integra por ciento veintiocho Senadoras y Senadores, pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley, los cuales deben compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia que si no lo hacen se entenderá que por ese solo hecho no aceptan su cargo, llamándose a los suplentes para que dentro del mismo lapso se presenten y si no lo hicieren se declara vacante el puesto. Las vacantes de senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. Asimismo, los Senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, están renunciando a concurrir a la sesión hasta el período inmediato, motivo por el cual se llamará a los suplentes. En la inteligencia que si no hubiese quórum para instalar la Cámara de Senadores o para ejercer sus funciones se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de mérito, hecho lo cual, incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo definido, asimismo, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. De igual forma se establece que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Así las cosas, la Cámara de Senadores ya tiene establecido el mecanismo y funcionamiento de la misma, tanto para elección de los Senadores propietarios como suplentes, así como respecto a las licencias otorgadas o ausencias sin causa justificada, para las cuales ya tiene determinadas las sanciones y consecuencias con motivo de ellas; es decir, las resoluciones tomadas en estos casos, son exclusivas y no trasladan la toma de decisiones a otro órgano. Por tanto, deben respetarse las declaraciones y las resoluciones tomadas por la Cámara de Senadores en los procedimientos de referencia, porque los motivos que la llevaron a establecer este tipo de resoluciones, son los mismos que la llevan a respetar su autonomía que tiene facultades soberanas y discrecionales, por ende, sus decisiones no pueden ser combatidas mediante el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en forma implícita otorga ese tipo de facultades para resolver las licencias o ausencias de los senadores propietarios o suplentes sin causa justificada. Por tanto, en virtud de que las resoluciones o decisiones tomadas en dichos casos no admiten recurso, de ello deriva que el Congreso tiene la potestad de resolver el asunto de manera soberana o discrecional, dado que la constitución no permite trasladar la toma de decisión de un órgano a otro, pues de lo contrario se violentaría el Federalismo, visto como un sistema de distribuciones competenciales entre órdenes jurídicos, con la finalidad de que se respete la autonomía. En la especie, la parte quejosa reclama: La omisión de llamar al senador suplente del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, para conservar la debida integración del senado de conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivo 14 en relación con el 13, punto 2, ambos del Reglamento del Senado de la República, respectivamente, pues el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dirigió un oficio al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, solicitando sin manifestar, según indica, motivo o licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, a partir del quince de diciembre de dos mil veinte, petición que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte a votación del Pleno del senado se le concedió, sin que desde el quince de diciembre de dos mil veinte, se haya llamado al suplente del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero y por tanto no se encuentra integrada la Cámara de Senadores. De lo expuesto se concluye, que en contra del acto de molestia por la parte quejosa, no procede el juicio de amparo, pues se trata de una resolución o declaración del Congreso Federal, en específico de la Cámara de Senadores, consistente en el nombramiento y llamamiento del suplente del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, a fin de que se encuentre integrada la Cámara de Senadores, pues dicho organismo cuenta con total soberanía para resolver lo anterior, en forma independiente, sin injerencia de terceros o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión, esto es, que la facultad relativa no dependa de la decisión de terceros y se encuentre libre de presión e injerencia alguna. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, debido a que de los preceptos transcritos relativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, es quien puede instruir cualquier procedimiento y resolverlo; y en virtud de que las resoluciones o decisiones tomadas en dicho procedimiento no admiten recurso, de ello deriva que el Senado, tiene la potestad de resolver el caso de manera soberana o discrecional. Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 61, fracción VII, de la ley de la materia, exige para que sea procedente el juicio de amparo, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia a estudio; y, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por María Dolores Barrera Díaz, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la materia. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiado en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, las examinadas se actualizaron de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan. De conformidad con lo establecido en el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios judiciales para que las realicen tomando en consideración las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: I. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. ? Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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