María Dolores Free Wong

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • María Dolores Free Wong
  • DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE CULIACÁN SINALOA, Calle Francisco Villa 261, colonia Centro, primer cuadro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (notificado el cuatro de agosto a la parte quejosa), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el oficio número SDRAJ/1268/2023, de treinta de junio de dos mil veintitrés y anexos, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer alegación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa, el catorce de julio de dos mil veintitrés, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, y se fijaron los siguientes efectos: ". Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, conteste la petición de la parte quejosa, presentada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la principal pretensión de la justiciable es que se le otorgue certificado de derechos parcelarios; sin embargo, le corresponde a la autoridad administrativa pronunciarse, en primer término, sobre este tópico jurídico, esto es, se necesita de su arbitrio para establecer la procedencia o no de la misma; sin que sea dable para este tribunal de amparo pronunciarse sobre su otorgamiento o no, pues ello equivaldría a sustituirse a la autoridad responsable, hecho que está vedado en este momento. .." Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: 1. Dar respuesta a la solicitud hecha por ******************, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual solicita se le expida certificado de derechos parcelarios (conviene precisar que la quejosa *******************, presentó demanda de amparo en su calidad de albacea a bienes de la sucesión de su extinto padre, señalado al principio de este párrafo). Ahora, después de diversos actos procesales, en donde se involucró un recurso de inconformidad fundado, la autoridad responsable hizo llegar al presente sumario de amparo, el oficio número SDRAJ/1268/2023, de treinta de junio de dos mil veintitrés, al que adjuntó el diverso SR/DRAJ/1259/2023, de treinta de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Subdelegado de Registro encargado del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, del que se advierte lo siguiente: ". Que el día de ayer el Registrador realizó la calificación registral siendo positiva y la inscripción respecto a la solicitud presentada por su extinto padre ****************** relativa a una enajenación que realizó a su favor de la parcela 56, compuesta de 9-24-37k.090 has., amparada con el certificado parcelario 252525, la titular María Idalia Cota Soto, ubicada en el ejido denominado Los Tastes, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, cancelándose el enumerado documento agrario y expidiéndosele el certificado número 1067355, al adquirente *********************, que lo acredita como titular de la misma, el cual se encuentra a disposición del autorizado para que lo recoja en esta Dependencia Federal. ." Al citado oficio se anexó copia certificada del certificado parcelario 000001067355, a nombre de ***********************. Lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, porque se cumplió con lo pretendido por la quejosa, además que esta respuesta, es favorable a sus intereses, en la medida que se expidió certificado de derechos parcelario a favor de **********************, ahora extinto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio y anexos, signado por el Subdelegado de Registro encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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