Maria del Rosario Velazquez Ibañez

Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
546/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Velazquez Ibañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 546/2022-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de veintidós de septiembre del año en curso, de la cual se obtiene que la quejosa María del Rosario Velázquez Ibáñez, en cumplimiento a las prevenciones de cinco y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, ratificó la firma estampada en el escrito aclaratorio presentado el doce de septiembre de este año; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ? JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ? ACTUARIO PRIMERO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad denominada C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, le reclamo el auto de fecha 14 de Mayo del año 2021, día y hora señalados para el verificativo de la audiencia en remate en primera almoneda, misma que se llevó a cabo, contraviniendo a lo ordenado en el capítulo cuarto en sus artículos 559, 560, 561, 563, 565, 566, 577, 592, y Demás Relativos del Código Civil Vigentes en el Estado, contraviniendo así a lo dispuesto a lo ordenado por el artículo 592 del ordenamiento antes indicado que a la letra dice: Se anunciara su venta por medio de edictos, que se publicaran fijándose diariamente durante tres días consecutivos, en la tabla de avisos del juzgado y en la Secretaria del Ayuntamiento, a menos que cualquiera de las partes pida que a su costa se haga también la publicación por algún otro medio. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "Que la suscrita solicite copias fotostáticas certificadas del expediente número 322/2019, que se ventila en el Juzgado Tercero Civil, Relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, que promueve el instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores en contra de la suscrita hoy quejosa, en el cual aparece un auto de fecha 14 de Mayo del año 2021, que en rebeldía de la suscrita la autoridad responsable denominada JUEZ TERCERO DEL PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, otorgara la escritura del bien inmueble motivo del presente juicio el cual es de mi propiedad y es el único patrimonio con el que cuento y donde vive mi familia. En escrito aclaratorio manifestó: 1.- Que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los plasmados en mi escrito inicial de demanda tanto en el capítulo VII, como en el VIII, de mi escrito inicial de demanda. 2.- Que el día 01 de Septiembre del año en curso, aproximadamente a las 9:00 horas P.M., tuve conocimiento del acto reclamado ya que en el transcurso de la mañana acudí al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, al revisar mi expediente me entere que en el auto de fecha 14 de Mayo del año 2021, día y hora señalados para la audiencia en remate en primera almoneda se había llevado a cabo contraviniendo a lo ordenado en el capítulo cuarto en sus artículos 559, 560, 561, 563, 565, 566, 577, 592, y Demás Relativos del Código Civil Vigentes en el Estado, contraviniendo así a lo dispuesto a lo ordenado por el artículo 592 del ordenamiento antes indicado que a la letra dice: Se anunciara su venta por medio de edictos, que se publicaran fijándose diariamente durante tres días consecutivos, en la tabla de avisos del juzgado y en la Secretaria del Ayuntamiento, a menos que cualquiera de las partes pida que a su costa se haga también la publicación por algún otro medio. (Decreto No 602 de 4-VII-1995, P.O. de VII-1995, núm. 87). 3.- Que la suscrita no comparecí a juicio hacer valer mis derechos como parte demandada, pero esto es por desconocimiento y por no tener dinero con que pagar un abogado para que me defendiera no sin antes quiero manifestar que si me notificaron la existencia del juicio por lo manifestado con anterioridad al mismo, la etapa actual del juicio hay sentencia de adjudicación en el cual se le adjudico a la parte actora desalojándome de la misma dejándome en el más completo abandono pues actualmente no cuento donde vivir. 4.- Considero que fui arbitrariamente lanzada el día 03 de Marzo del año 2022, ya que en ningún momento me fueron notificadas las sentencias tanto interlocutorias y definitivas en mi domicilio personal que es donde vieron haberme sido notificadas ya que nunca señale domicilio para oír y recibir notificaciones y la autoridad responsable debió haberme hecho dichas notificaciones en mi domicilio particular que fue el lugar donde me emplazaron a juicio lo que considero una flagrante violación a mis derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16,17 y 19 Constitucionales. 5.- Le resulta el carácter de tercero con interés a la moral denominada Exit 2010, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que esta fue quien me demando en el juicio principal y quien se adjudicó mi vivienda. 6.- Por lo que se refiere a la tesis de falta de emplazamiento y emplazamiento defectuoso no se debe tomar en cuenta ya que en término correcto es la falta de notificación personal en específico de la sentencia definitiva y de las interlocutorias dictadas en el mismo. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual la demanda se debe desechar de plano que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Por su parte, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió respetarse previamente por la accionante del amparo. En efecto, en el presente caso los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la quejosa los hace consistir en la falta de notificación del auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia en remate en primera almoneda, por haberse llevado a cabo, contraviniendo a lo ordenado en el capítulo cuarto en sus artículos 559, 560, 561, 563, 565, 566, 577, 592, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario número 322/2019. Así la quejosa en su escrito aclaratorio de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad: ".Que la suscrita no comparecí a juicio hacer valer mis derechos como parte demandada, pero esto es por desconocimiento y por no tener dinero con que pagar un abogado para que me defendiera no sin antes quiero manifestar que si me notificaron la existencia del juicio por lo manifestado con anterioridad al mismo, la etapa actual del juicio hay sentencia de adjudicación en el cual se le adjudico a la parte actora desalojándome de la misma dejándome en el más completo abandono pues actualmente no cuento donde vivir."; de lo anterior se advierte que es parte en el juicio sumario civil hipotecario número 322/2019, y no es tercero extraña por haber sido notificada al mismo, como lo manifiesta la quejosa. Entonces, contra el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, donde se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia de remate en primera almoneda en el juicio sumario civil hipotecario número 322/2019; procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada el acto; y la quejosa como parte del juicio de origen no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclama en torno a la notificación del auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable. Así, como se apuntó, en este asunto opera la causa invocada que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En ese orden de ideas, los elementos con los que se integra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural; y d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o bien, sea de los privativos de la libertad personal. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan. Tales recursos, cuya omisión en promoverlo hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación el quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado. Ciertamente, la quejosa antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad actuaciones a que se refiere el artículo 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito. En efecto, los artículos 74, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, disponen lo siguiente: "Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.". "Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "Artículo 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo." De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; asimismo, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Por tanto, si la quejosa estimaba ilegal la actuación (falta) de la notificación del auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en que se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia de remate en primera almoneda, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 322/2019, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarlas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito. Adicionalmente a lo destacado, debe reiterarse que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la quejosa, patentizan que la quejosa fue emplazada al juicio generador de los actos reclamados, pues refiere que si fue notificada de la existencia del juicio sumario civil hipotecario 322/2019, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad; por lo que, no se ostenta con el carácter de tercero extraño al juicio de origen; quedando la quejosa indiscutiblemente incorporada al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño; entonces, no existe razón para relevarla de la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial que controvierte y/o falta de ella, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarla de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión de la afectada en su demanda de amparo, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se le dejó en estado de indefensión sin poder hacer valer algún recurso o medio ordinario de defensa. Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la actuación (falta) de la notificación del auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, estaba obligada a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por medio del cual podía obtener que se revocara dicha actuación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte- 1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación, se transcribe: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima poca, con registro 257386, que dice lo siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales y el artículo 78, del mismo ordenamiento, expresa que la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento se sustanciará como incidente. Por tanto, si el quejoso alega como acto reclamado el ilegal emplazamiento en un juicio civil en el cual no se ha pronunciado sentencia que haya pasado a ser autoridad de cosa juzgada, debe sobreseerse el juicio de garantías respectivo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho acto procede el recurrente legal ordinario de nulidad de actuaciones, a que se refieren las disposiciones primeramente invocadas". Así como la tesis I.6o.C J/37, visible a página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, con registro número 187016, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por tanto, si la impetrante del amparo inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que no agotó los medios ordinarios de defensa legal, conforme a los cuales la autoridad jurisdiccional responsable, de resultar fundados, podría revocar o nulificar los actos impugnados, deviene incuestionable que en el caso, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime, que no se actualiza alguna la excepción al principio de definitividad, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, habida cuenta que a la inconforme no le reviste el carácter de tercero extraña al juicio de origen, incluso ni por equiparación, en cuyo caso, sí resultaría procedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".

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