María del Rosario Vega Araiza

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Vega Araiza

Actuaciones

  1. Principal

    En catorce de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por *******************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, suscrito por María del Rosario Vega Araiza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 603/2022-3A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Ahora, los actos reclamados por la quejosa de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, como autoridad ordenadora y de BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en calidad de autoridad ejecutora, ambas con sede en esta ciudad, literalmente, los señaló en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad señalada como responsable en esta demanda, denominada H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, con residencia en esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, le reclamo: PREVIO A FORMULAR EL PRIMER ACTO RECLAMADO, se hace de su conocimiento que no se reclama la negativa de ejecución de la garantía de subsistencia como consecuencia de la promoción del juicio de amparo directo incoado por la demandada vencida en el juicio natural, toda vez que, mediante proveído de fecha 26 de abril de 2022, se ordenó la ejecución de la garantía por la cantidad de $81,000.00 para la parte trabajadora, MARÍA DEL ROSARIO VEGA ARAIZA, sin embargo, la responsable ha omitido realizar las gestiones necesarias para que la demandada vencida en juicio cumpla con la misma, incluso, Se Señaló la cuenta bancaria 0111041371 a nombre de la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL MUNICIPIO DE EL FUERTE aperturada en la Institución bancada denominada, BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio ubicado por Calle Gabriel Leyva esquina con Benito Juárez, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo también ésta omisa en dar cumplimiento a consignar el cheque por la suma ordenada por la responsable, no obstante de haber transcurrido más de 120 días para su cumplimentación, dejando claro que no se reclamará la ejecución de la garantía de subsistencia, sino la negativa por parte de la autoridad responsable y ejecutora de dar cumplimiento al ordenamiento de la ejecución de la garantía de subsistencia ordenada en proveído de fecha 26 de abril del año actual, en donde se ordena claramente que se tiene que consignar a mi nombre un cheque por la cantidad de $81,000.00, lo cual no ha sido posible por cuestiones imputables a la responsable y ejecutora que señalo en la presente demanda de garantías. Sin dejar de omitir, la Institución bancaria denominada, BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México supra indicada, están sujetos al Comité de Derechos Humanos que ha señalado en su Observación General número 31I0 siguiente, respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: sobre la Naturaleza de la Obligación Jurídica General a los Estados Partes del Pacto en su numeral 8. "... Sin embargo, sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también CONTRA LOS ACTOS QUE COMETAN PARTICULARES o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado.'' Refuerza lo anterior, bajo los criterios jurisprudenciales de la Contradicción de tesis 293/ 2010 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia internacional que es pertinente citar el Caso Contreras y otros vs El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, No. 232: párrafo 128: "128. [...] Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales -del Estado- como individuales - penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta obligación el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que manten pan la impunidad.'' PRIMERO: La omisión de hacer las gestiones necesarias para dar cumplimiento al acuerdo emitido en fecha 26 de abril de 2022, en virtud de que desde esa fecha me debió haber entregado la cantidad de $81,000.00 por concepto de GARANTÍA DE SUBSISTENCIA como consecuencia de la interposición de la demanda de amparo directo promovida por la demandada de origen (hoy tercera interesada), quien a la fecha de hoy ni siquiera ha hecho las gestiones necesarias para dar cumplimiento al proveído que ordena dicha determinación a mi favor por las consecuencias que podrían causar la demora de la resolución del Juzgador que tenga a bien resolver el juicio de amparo directo promovido por la patronal vencida en juicio, lo cual se caracteriza de imposible reparación porque los lapsos jamás me podrán ser restituidos, puesto que los mismos se consumen día con día. No debemos dejar por alto que a la fecha en que se presenta la demanda de amparo indirecto que se estudia al efecto, han transcurrido más de 120 días y la RESPONSABLE no ha realizado las gestiones necesarias para que la EJECUTORA consigne el cheque por la cantidad de $81,000.00 por concepto de garantía de subsistencia, a mi favor. SEGUNDO: A la responsable le reclamo la omisión de emitir el acuerdo correspondiente derivado de la petición que realicé por conducto de mi Apoderado Legal, LICENCIADO ALEJO ERASMO VEGA GARCÍA, en fecha 22 de agosto de 2022, misma solicitud que tiende a dar cumplimiento al acuerdo de fecha 26 de abril del año actual, puesto que en el mismo se decretó que la demandada vencida en juicio me tenia que entregar la cantidad de $81,000.00 por concepto de GARANTÍA derivado de la demanda de amparo directo que interpuso en contra del laudo pronunciado por la responsable, sin embargo, la Junta señalada como directora de los actos reclamados en esta demanda de amparo, ha omitido emitir el acuerdo que merece mi petición, así como las gestiones necesarias para la cumplimentación del mismo, no obstante que la solicitud vierte a darle el impulso procesal respectivo para que me sea entregada la cantidad de referencia como garantía de los daños que se podrían causar por la demora de la confirmación del laudo emitido por la responsable, pues a la fecha de hoy, han transcurrido más de 120 días y la responsable no ha realizado las gestiones necesarias para la cumplimentación de la misma, lo cual se caracteriza a un daño de imposible reparación en mi contra, puesto que los lapsos jamás me podrán ser restituidos. V.- A LA AUTORIDAD EJECUTORA denominada BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, LE RECLAMO: La paralización total del cumplimiento del proveído de fecha 26 de abril de 2022, no obstante de tener pleno conocimiento de la cantidad que tiene que consignar a favor de la hoy quejosa, MARÍA DEL ROSARIO VEGA ARAIZA por concepto de GARANTÍA DE SUBSISTENCIA por la cantidad de $81,000.00 de la cuenta bancaria de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de el Fuerte (JAPAF), pues es de su conocimiento que se le ordenó entregarme mediante cheque la cantidad señalada en líneas precedentes, sin embargo, a la fecha en que se presenta el ocurso que se estudia, ha omitido de manera infundada a dar cumplimiento al ordenamiento decretado, lo cual la involucra como ejecutora del daño del que estoy siendo objeto, ya que de ella vierte la cumplimentación de lo reclamado por ser la encargada principal de dar cumplimiento al mismo pues a todas luces nos podemos dar cuenta que su actuar únicamente vierte a proteger los intereses de su cliente, lo cual es lesivo a mis derechos humanos como parte trabajadora.". (sic). Por otro lado, la accionante en su demanda de amparo narra en el apartado de antecedentes, lo que se asienta enseguida: "VIII.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: VIII.1.- El día 22 de agosto de 2022, solicité mediante escrito presentado ante la responsable, se enviara un OFICIO RECORDATORIO a le institución bancaria denominada BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio ubicado por Calle Gabriel Leyva esquina con Benito Juárez, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el objetivo de que me hiciera entrega de la cantidad de $81,000.00 a cargo de la cuenta bancaria a nombre de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de el Fuerte JAPAF, por concepto de garantía de subsistencia como se decretó en acuerdo de fecha 26 de abril de 2022 del expediente de origen, mismo que tenia conocimiento el Representante Legal de dicha Institución Bancaria, quien de manera infundada a la fecha de hoy ha omitido hacer la consignación correspondiente, y la autoridad responsable, realizar las medidas tendientes a que se realice la cumplimentación de la ejecución ordenada por concepto de garantía de subsistencia sobre los daños y perjuicios que se me pueden generar durante la tramitación del juicio de amparo incoado por la demandada vencida en el juicio natural, es por ello que, ante la negativa de la responsable y ejecutora del acto reclamado, atendiendo que han transcurrido más de 120 días para que se llevara la diligencia que amerita la reclamación del amparo que se interpone al efecto, es que se viene solicitando EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.". (sic). Luego, es imperativo reconocer que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, que se hace valer de manera oficiosa, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene completa observancia la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese sentido, el suscrito estima que en el presente caso se actualiza de manera evidente e incuestionable la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para una mejor comprensión se transcribe: "El juicio de amparo es improcedente: [.] IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. "[.]" Como se ve, según lo dispone la fracción IX del artículo 61 antes citado, el juicio de amparo es improcedente: a). Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo y b). En ejecución de las mismas. Por cuanto ve al primer supuesto, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales previene, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de derechos. Y, respecto a la segunda hipótesis, se tiene que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, sobre el particular, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán de cualquier determinación o mandato. Es así pues, se insiste, la razón de ser de la causa de improcedencia, es que una misma cuestión especifica pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el riesgo de producir una cadena eterna de juicios de amparo sobre la misma materia, en detrimento de la seguridad requerida para lograr la armonía social, como se explicita en la jurisprudencia XXI.1o. J/15 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 867, del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo.''. Criterio aplicable no obstante provenir de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ya que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo invocada es de idéntica redacción al numeral 73, fracción II, del ordenamiento primeramente citado. En el presente caso el reclamo de la quejosa se relaciona esencialmente con la omisión de la autoridad laboral y de la institución bancaria señalada como responsable ejecutora en llevar a cabo las medidas tendentes a la materialización de la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintidós, emitida por dicha autoridad laboral, en el sentido de negar la suspensión de la ejecución del laudo, por el importe que garantice la subsistencia de la parte trabajadora, aquí quejosa, con motivo del amparo directo interpuesto por la patronal - la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte (JAPAF)- contra el laudo emitido en la contienda laboral. Es decir, resumidamente, la impetrante se duele de la abstención en cuanto a dar cumplimiento a lo que se estableció por la autoridad responsable con motivo de haber promovido la patronal juicio de amparo directo, al pronunciarse sobre la suspensión, en éste. De ahí que es evidente que se trata de un acto vinculado con la ejecución de esa resolución, referente a la medida cautelar emitida dentro de dicho juicio constitucional; y por consiguiente, se estime que se actualiza la causal invocada, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, pues es obvio que la omisión de concretizar la ejecución del laudo materia del amparo directo, no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución de tal laudo, sino un acto dictado en ese juicio de amparo directo, en el que la autoridad responsable actúa como auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 190, de la ley en cita, subsistiendo sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo. Sobre el tema son ilustrativas las tesis III.2o.T.6 L (11a.)1, así como III.2o.T.7 L (11a.)2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que enseguida se reproducen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA QUE NIEGA EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTENGA LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la negativa de ejecutar el laudo para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el patrón, solicitada ante la Junta con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, concedida en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, en cuanto al excedente de la cantidad fijada como necesaria para tal efecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de la Junta que niega ejecutar el laudo para que el trabajador obtenga la cantidad fijada en la suspensión para garantizar su subsistencia mientras se tramita el amparo directo promovido por el patrón. Justificación: Ello es así, pues conforme a la fracción IX del artículo 61 de la citada ley, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así, la referida negativa no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, donde la Junta es auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que de acuerdo con el mencionado artículo 190, la autoridad responsable decidirá lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio, lo que implica 1 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3357, registro digital 2024237. 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3426, registro digital 2024254. que se constituye en un órgano de amparo al proveer lo correspondiente a la medida cautelar y decidir sobre la subsistencia de la parte trabajadora; prerrogativa que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión, subsiste sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo, pues su monto se fija en relación directa con la duración de éste y lo entregado para garantizar la subsistencia no siempre será considerado como pago de lo laudado, pues cuando el patrón obtiene la concesión de amparo no podrá recuperarlo, conforme a la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE, POR EXTENSIÓN, CONTRA LA NEGATIVA DE EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTENGA LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la negativa de ejecutar el laudo para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el patrón, solicitada ante la Junta con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo, concedida en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, en cuanto al excedente de la cantidad fijada como necesaria para tal efecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en aplicación extensiva del artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja que prevé -no el juicio de amparo indirecto- contra la negativa de ejecutar el laudo para que el trabajador obtenga la cantidad fijada en la suspensión para garantizar su subsistencia mientras se tramita el juicio de amparo directo promovido por el patrón. Justificación: Ello es así, pues conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2019 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL QUE NIEGA DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PARA PROCEDER A SU EJECUCIÓN.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, debe interpretarse funcional y sistemáticamente con el resto del ordenamiento de amparo para aplicarse extensivamente a resoluciones no enunciadas expresamente en esa porción normativa, pero pronunciadas por la autoridad responsable en la suspensión. Criterio aplicable tratándose de la resolución que niega ejecutar el laudo para que la parte trabajadora obtenga la cantidad fijada para garantizar su subsistencia asegurada con motivo de la suspensión del laudo, porque así se procura un recurso sencillo, rápido y efectivo para evitar hacer ilusoria la institución prevista en el artículo 190 de la Ley de Amparo, conforme al cual, en los casos en que se ponga a aquélla en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio, sólo se suspenderá la ejecución del laudo reclamado en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia; aunado a que, por la celeridad que imponen los plazos previstos legalmente para la tramitación del recurso de queja, permite la tutela del derecho a la garantía de subsistencia, pues ésta solamente podrá exigirse hasta tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo directo, y no tendrá utilidad jurídica mientras continúe la negativa de la responsable de ejecutar el laudo por la cantidad correspondiente, como se advierte de lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2010, de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN PARCIAL DE UN LAUDO CONDENATORIO. CARECE DE MATERIA CUALQUIER MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTENTADO POR EL TRABAJADOR CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD DEL TRABAJO DE REALIZAR AQUÉLLA, SI LA PETICIÓN SE PRESENTA CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO QUE CONCEDIÓ AL PATRÓN LA PROTECCIÓN FEDERAL." Por lo que es claro e incuestionable que se actualiza la referida causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo en cita, precepto que, como se advirtió, determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Sin que impida llegar a esa conclusión lo que expone la quejosa respecto a que no reclama ".la ejecución de la garantía de subsistencia, sino la negativa por parte de la autoridad responsable y ejecutora de dar cumplimiento al ordenamiento de esa ejecución de la garantía de subsistencia ordenada en el proveído de fecha 26 de abril del año actual." tendente a que se consigne -ante la autoridad laboral- a su nombre un cheque por la cantidad de $81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100), por razones imputables a las autoridades responsables. Lo anterior, pues ello -se reitera- es consecuencia de lo resuelto con relación a la suspensión en el amparo directo, en cuanto a su materialización o ejecución, de ahí que debe considerarse que se está en la hipótesis prevista en la aludida fracción IX, del precepto 61 en cita. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por María del Rosario Vega Araiza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en callejón Juan Carrasco número 240-A, entre las avenidas Niños Héroes y Constitución, colonia Centro de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Juan Francisco Gastélum Ruelas, y únicamente para imponerse de autos a Alejo Erasmo Vega García, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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