Maria Dolores Cruz Cota

Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
94/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Maria Dolores Cruz Cota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no realizaron alguna manifestación con relación a lo acordado el diecisiete de mayo del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, lo cual les fue notificado el veintitrés de mayo del mismo año; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración dado que, por resolución dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Bajo ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Por último, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, resultar innecesario conservar las constancias certificadas de la causa penal 1069/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por la Secretaria Primera Encargada del Despacho por Ministerio de Ley de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado en el juicio de amparo 751/2017-IA de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, correspondiente a este juicio constitucional; por tanto, devuélvanse dichas constancias al juzgado responsable y requiérase el acuse de recibo respectivo; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    En atención al estado procesal de los autos y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada el dos de mayo del año en curso, acerca de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio de amparo, no obstante haber sido notificadas el ocho de mayo del mismo año; por tanto, el suscrito juzgador procede a analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Dolores Cruz Cota; resolución que causó ejecutoria el veintitrés de abril del año en curso, al no ser recurrida por alguna de las partes. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el juez responsable actuara en los siguientes términos: a) Que dejara insubsistente la resolución reclamada, y b) En su lugar, pronunciara otra en la que cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción precisara cuáles son los elementos del cuerpo del delito de peculado previsto y sancionado por lo dispuesto en el artículo 304 del Código Penal del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 170 todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, los analizara todos y en forma destacada señalara, de ser el caso, con cuales pruebas se encuentra acreditado cada uno de ellos -valorando de forma puntual cada una de ellas- y, de la misma manera, determinara lo conducente en lo relativo a la probable responsabilidad penal de la quejosa en su comisión. En ese sentido, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del oficio 1451/2018 de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la resolución emitida en la propia fecha en la causa penal de origen, de la cual se desprende que se dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, contra la quejosa María Dolores Cruz Cota por el delito de peculado, en perjuicio del patrimonio económico de la Función Pública, Trinidad Vázquez Valenzuela y Julio César Vázquez Flores. Asimismo, en dicha determinación el juez responsable dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo las reservas de ley a favor de la quejosa, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Con lo anterior se otorgó vista personal a las partes quejosa y tercero interesada el dos de mayo de dos mil dieciocho, y se les notificó el ocho de mayo del mismo año, sin haber realizado alguna manifestación relativa, como se indicó en líneas precedentes. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada -lo cual ya aconteció- y en su lugar pronunciara otra en la que, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, precisara cuáles son los elementos del cuerpo del delito de peculado previsto y sancionado por lo dispuesto en el artículo 304 del Código Penal del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 170 todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y, por su parte, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo las reservas de ley a favor de la quejosa; es dable establecer que la sentencia constitucional ha quedado cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y los terceros interesados Julio César Vázquez Flores y Trinidad Vázquez Valenzuela el auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, que a la letra dice: En atención al estado procesal de los autos y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada el dos de mayo del año en curso, acerca de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio de amparo, no obstante haber sido notificadas el ocho de mayo del mismo año; por tanto, el suscrito juzgador procede a analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Dolores Cruz Cota; resolución que causó ejecutoria el veintitrés de abril del año en curso, al no ser recurrida por alguna de las partes. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el juez responsable actuara en los siguientes términos: a) Que dejara insubsistente la resolución reclamada, y b) En su lugar, pronunciara otra en la que cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción precisara cuáles son los elementos del cuerpo del delito de peculado previsto y sancionado por lo dispuesto en el artículo 304 del Código Penal del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 170 todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, los analizara todos y en forma destacada señalara, de ser el caso, con cuales pruebas se encuentra acreditado cada uno de ellos -valorando de forma puntual cada una de ellas- y, de la misma manera, determinara lo conducente en lo relativo a la probable responsabilidad penal de la quejosa en su comisión. En ese sentido, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del oficio 1451/2018 de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la resolución emitida en la propia fecha en la causa penal de origen, de la cual se desprende que se dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, contra la quejosa María Dolores Cruz Cota por el delito de peculado, en perjuicio del patrimonio económico de la Función Pública, Trinidad Vázquez Valenzuela y Julio César Vázquez Flores. Asimismo, en dicha determinación el juez responsable dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo las reservas de ley a favor de la quejosa, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Con lo anterior se otorgó vista personal a las partes quejosa y tercero interesada el dos de mayo de dos mil dieciocho, y se les notificó el ocho de mayo del mismo año, sin haber realizado alguna manifestación relativa, como se indicó en líneas precedentes. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada -lo cual ya aconteció- y en su lugar pronunciara otra en la que, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, precisara cuáles son los elementos del cuerpo del delito de peculado previsto y sancionado por lo dispuesto en el artículo 304 del Código Penal del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 170 todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y, por su parte, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo las reservas de ley a favor de la quejosa; es dable establecer que la sentencia constitucional ha quedado cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio con anexos de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite diversas documentales para sustentarlo; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, dese vista personal a las partes quejosa y tercero interesada con el oficio y documentales de cuenta, a efecto de que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este juzgado federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en cita.

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