María del Socorro Magaña Ramirez
Expediente 1204/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Socorro Magaña Ramirez
- Director del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno (Lic. Noe Galvan Carrillo)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: Autoridad solicita devolución de constancias. Intégrese el oficio del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Morelia; en atención a su contenido, dígasele lo siguiente: En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado asumió el conocimiento de este asunto, debido a que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, estimó que el juicio de amparo III-799/2021-M, de su índice, debió turnarse a este órgano de control constitucional, a actualizarse la hipótesis de conocimiento previo prevista en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para ello, únicamente se recibieron los autos del toca de apelación número XI-64/2021; lo que se advierte de la razón asentada por el personal de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, en el oficio 19419; se anexa imagen. Aunado a lo anterior, por auto de en de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió al Magistrado responsable para que remitiera el disco versátil digital relativo al expediente de ejecución penal 24/2010, el cual fue recibido por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Documentales con las que este juzgado resolvió la controversia planteada; de ahí la imposibilidad que existe para ordenar la devolución del expediente de ejecución penal 24/2010, a que hace referencia. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido y como lo solicita, devuélvase mediante oficio, el toca penal XI-64/2021 y los discos ópticos adjuntos, sin que haya lugar a requerir el acuse de recepción Ahora, respecto a las copias que solicita, toda vez que mediante oficio 15183/2022 se notificó que la sentencia causó ejecutoria en el presente juicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe. UBB
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa y tercero interesada no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio trámite a éste. 4. Se ordena notificar sentencia. De autos se advierte que no obra constancia de la notificación de la sentencia a las autoridades responsables, por tanto, se ordena remitir copia de la misma en la comunicación que derive de este auto. Asimismo, sin que resulte necesario hacer el cómputo respecto de las autoridades responsables dado que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo carece de legitimación para recurrirlas. 5. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por********************, por alegada violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamado. La quejosa lo hace consistir en el siguiente: La resolución de apelación de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca penal ********************, en la que confirmó la resolución de siete de julio de dos mil veintiuno en la controversia de ejecución ******************** dentro de la causa penal ********************, que negó otorgar el sustitutivo de la condena condicional. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material y la demanda fue presentada en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Al rendir el informe justificado, el Magistrado responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias de las audiencias orales de la Controversia de Ejecución ******************** y toca de apelación ******************** medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a abordar el estudio de fondo del asunto QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados. La quejosa argumenta que la resolución reclamada viola los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 Constitucionales, pues el Magistrado responsable desatendió el agravio consistente en que la peticionaria de amparo es un adulto mayor, jubilado con enfermedades que le permiten desarrollar cualquier actividad laboral, así como las circunstancias particulares del caso. De igual forma, argumenta que la resolución reclamada es incorrecta pues la autoridad responsable convalidó los argumentos en que se fundó el Juez de Ejecución de Sanciones Penales para negar el sustitutivo penal de condena condicional, en el sentido de que no se demostró contar con un trabajo en el exterior, pues el testimonio de la ofertante de trabajo no generó convicción por no contar con registros de su actividad laboral ante Hacienda ni ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que no tiene una base legal, pues la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales no exigen nada respecto a la obligatoriedad de que las ofertantes del trabajo deban estar inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro social ni Hacienda, omitiendo tomar en cuenta la totalidad de las pruebas desahogadas en audiencia oral, con las que se acredita los conocimientos y habilidades adquiridas por la quejosa en el tiempo de su reclusión, que son habilidades artísticas que le permiten desenvolverse como músico y cantante, elaboración de huaraches y manualidades. Ahora, este órgano jurisdiccional considera ajustada a derecho la resolución de apelación reclamada. El artículo 90 del Código penal Federal dispone de manera expresa que el procedimiento para el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las normas ahí establecidas, sin que en este se remita a procedimiento alguno contenido en el diverso ordenamiento Ley Nacional de Ejecución Penal, como lo sostiene el recurrente. Asimismo, el artículo 19 de la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XII del artículo 73 de la Constitución, precisa que las personas sentenciadas por el delito de secuestro no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Sin embargo, quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el párrafo anterior siempre que cumplan todas las condiciones que se precisan en dicho artículo. Esto es, en el caso la quejosa al haber sido sentenciada por el delito de secuestro de conformidad con el artículo 19 de la Ley referida no tenía derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, empero, al haber coadyuvado a la investigación para la localización y liberación de la víctima, podía acceder a dicho beneficio, siempre cuando cumpliera con todos los requisitos que se precisan en dicho artículo. Por tanto, contrario a lo que argumente la parte quejosa, el magistrado responsable sí tomó en cuenta el argumento consistente en que es una persona mayor, con enfermedades y jubilada, sin embargo, consideró que no era suficiente para que se acreditara la fracción VI del artículo 19 de la Ley precisada, pues consideró que las pruebas ofertadas -testimonial de ********************, médico del Centro de Reinserción- no justificaban que su estado de salud impidiera laborar a la quejosa, tampoco que contar con un ingreso -pensión de jubilación, sea suficiente para considerar que se cumplía con el requisitos de acreditar fehacientemente que la quejosa al salir del centro contaría con un empleo, arte o profesión o que continuaría con los estudios iniciados en el centro de reclusión. Asimismo, es correcta la determinación del Magistrado de confirmar la resolución de primera instancia, pues el testimonio de ******************** no fue suficiente para acreditar que la quejosa cuente con un empleo en el exterior, pues la propia ateste manifestó que no se encontraba registrada ante la Secretaría de Hacienda ni ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y no presentó diversa información para sostener que era instructora de baile para niños, que genera una ganancia mensual de diez mil pesos y que con ello pudiera emplear a la quejosa. El magistrado responsable consideró que sola manifestación de la ateste no era suficiente para acreditar el requisito previsto en el artículo 19 de la Ley en cuestión, asimismo las testimoniales de ********************e********************, tampoco acreditaban dicho requisito pues únicamente refirieron que la quejosa en el Centro de Reinserción elaboraba manualidades o huaraches y que tenía actividades culturales porque en el mismo centro se dedicaba a la actuación y canto y que había concluido la educación media superior. Por lo que no es correcto el argumento referente de que empleador necesita estar inscrito ante la Secretaría de Hacienda o ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para generar convicción de la ofertante de trabajo, pues en la resolución combatida se precisó que lo que no generó convicción fue que la ateste ********************, no haya acreditado que era instructora y que generaba ingreso de diez mil pesos para poder emplearla. Por tanto, al resultar infundados los argumentos de la quejosa, procede a negar el amparo y protección de la justicia de la unión. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE Único. Se Niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución.
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