María del Rosario Vázquez Paz
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Rosario Vázquez Paz
- Jueza Tercera de Primera Instancia En Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En trece de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria, CERTIFICA: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del veintinueve de noviembre al doce de diciembre del dos mil veintidós, toda vez que fueron notificados el veinticinco de noviembre del año anteriormente citado.****************************************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.****************************************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de diciembre de dos mil veintidós.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente sumario, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados.********************En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación.********************4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.********************5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6573/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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En veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 15450. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.********************TERCERA INTERESADA SOLICITA COPIA CERTIFICADA. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la tercera interesada MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ URBINA; en su atención y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias que indica y que obren dentro del presente juicio, previo recibo que se deje en autos, autorizando para recibirlas a Adolfo Villa Solorio.********************Por otra parte, no ha lugar a autorizar las copias que solicita dicha promovente, respecto del incidente de suspensión, toda vez que el mismo se tramita por cuerda separada.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************
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V I S T O S, para resolver el juicio de amparo 472/2022, promovido por MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PAZ, contra actos de la Juez Tercera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el cinco de agosto siguiente, MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PAZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "lll. AUTORIDADES RESPONSABLES tienen ese carácter: a) En cuanto a Ordenadora.- Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. b) En cuanto a Ejecutora.- Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Civil de Uruapan. ACTO RECLAMADO a) - Reclamo de la Jueza Tercera Civil de Primera instancia de esta ciudad, de Uruapan, Michoacán en cuanto a ORDENADORA; reclamo todo lo actuado en el expediente número 454/2021; toda vez que, en mismo, se me pretende despojara de mi bien inmueble que poseo en calidad de propietaria, sin haberme oído y vencido en juicio seguido antes los tribunales competentes. Así como el auto de fecha 15 quince de julio del año en curso, en donde se ordena al personal del Juzgado Tercero Civil de esta ciudad, se constituya en legal y en debida forma en la porción de bien inmueble en el domicilio ubicado en la calle de Felipe Ángeles Número 10 diez de la colonia Francisco J. Mujica de esta ciudad, para poner en posesión real y material a la tercera interesada María Guadalupe Vázquez Urbina, y se ordena el auxilio de la fuerza pública y el de cerrajero para abrir y romperé cerraduras. b) - De Las autoridades señaladas como responsable en cuanto a EJECUTORAS reclamo: Recamo a demás todos y cada uno de los actos que sean consecuencia necesaria e inmediatamente de lo expresamente reclamados y que con motivo de dicho juicio se me pretenda despoja y lanzarme de mi bien inmueble que en la actualidad tengo en posesión y que los demostrare en los siguientes puntos". SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo 472/2022, y al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del numeral 61, en relación con la fracción V, del arábigo 107, ambos de la Ley de Amparo; es decir, que el acto reclamado no vulneraba derechos sustantivo de la parte quejosa, se desechó el libelo constitucional. Inconforme con tal determinación la quejosa, interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que la radicó con el número 151/2022, y en resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, determinó declarar fundado dicho medio de impugnación, bajo el argumento que la causa de improcedencia invocada no era manifiesta e indudable, ya que era necesario realizar un análisis de fondo de la referida causa de improcedencia. En acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el recurso de queja de referencia y en acatamiento en lo ahí determinado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. La promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 segundo párrafo, 22 párrafo primero y segundo y 27 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021, lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: ? Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 454/2021. 2. Del Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: ? La ejecución de los actos reclamados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS U OMISIÓN RECLAMADA. Son ciertos los actos reclamados a la Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, pues al momento de rendir su informe de ley, reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la primera de las autoridades responsables al informe justificado del expediente 468/2022, del índice de este órgano de control constitucional consistente en todas y cada una de las constancias que integran el juicio de origen 454/2021, relativo al juicio ordinario civil, sobre acción publiciana o plenaria de posesión, promovido por Ma. Guadalupe Vázquez Urbina y/o María Guadalupe Vázquez Urbina, frente a María Luisa Paz Olvera, (constancias que en proveído de fecha ocho del mes y año en curso, se ordenó recabar copia certificada para que sean agregadas al sumario en que se actúa), las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios (.)" De dicho precepto legal se advierte que los elementos que conforman el citado supuesto de improcedencia, son: a) Que el amparo haya sido promovido por el mismo quejoso; b) Contra las mismas autoridades, y; c) Por el propio acto reclamado. Así, dicha causal se actualiza cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, porque de la certificación secretarial de cuenta y copia certificada de la diversa demanda de amparo 468/2022, recabada en auto inicial de cinco de agosto del año en curso, se aprecia que, con data uno de agosto de año en curso, MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PAZ promovió demanda de amparo indirecto (468/2022) contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo y otra autoridad, consistentes en todo lo actuado en el expediente número 454/2021, del índice del Juzgado citado y la ejecución del mismo. Actos que ahora, de nueva cuenta reclama en el expediente en que se actúa 472/2022. Sin que obste para tener por acreditada la causa de improcedencia que la quejosa haya incorporado al presente juicio de amparo, como acto reclamado el proveído de quince de julio del año en curso, pues dicho auto no lo reclama por vicios propios, sino por la circunstancia de no haber sido oída y vencida en juicio, y que al ser de data anterior a la fecha de promoción del juicio de amparo 468/2022 que lo fue el uno de agosto del año en curso, se encuentra inmerso en el reclamo de "todo lo actuado en el juicio". Motivo por el cual, resulta inconcuso que los actos que se reclaman en el presente juicio 472/2022, son materia del diverso juicio de amparo 468/2022, del índice de este órgano de control constitucional. Demanda que, de acuerdo a la certificación secretarial, se encuentra en trámite pendiente de dictar sentencia, lo que hace patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior, atendiendo a la Jurisprudencia del Pleno P./J. 24/2014 (10a.) , en la que se sostiene el criterio de que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas, lo que aconteció en los juicios de amparo 468/2022 y en el presente sumario -472/2022-, en auto de fecha diecisiete de octubre del año en curso. Cobra puntual aplicación, el criterio sustentado en la tesis I.11o.C.31 K (10a.), publicada en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". De igual forma, la Jurisprudencia visible en la página 142, Volumen 205-216, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". Asimismo, la tesis visible en la página 260, del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio, procede con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PAZ, contra los actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, dentro del juicio ordinario civil 454/2021. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad señalada como ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito10, que dice: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PAZ, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria que autoriza y da fe."
- Principal
En ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con dos oficios recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo los folios 14605 y 14606. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. INFORMES JUSTIFICADOS. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. 2. SE ORDENA RECABAR CONSTANCIAS. Ahora bien, se ordenar recabar copia certificada de todas y cada una de las constancias rendidas por las responsables en el diverso juicio de amparo número 468/2022, de nuestro índice, mismas que integran el expediente de origen 454/2021, del índice de la autoridad anteriormente citada e incorpórense a la misiva de cuenta, para el efecto legal conducente. 3. DIFERIMIENTO. Finalmente, para que sea respetado el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Es aplicable, la tesis V.2o.P.A.4 K (10a.), sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO ELQUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes - principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten". Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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