Maria del Carmen Urtiz Aguilar

Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
559/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Urtiz Aguilar
  • Juez Tercero de Primera Instancia En Materia Familiar, Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se orden el archivo definitivo, motivo por el cual deberá entregar en su totalidad el área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. 4. Se devuelve tomo de pruebas. Ahora bien; toda vez que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, en esta ciudad, remitió diversas constancias del juicio ordinario oral familiar ********************en un tomo, como complemento a su informe justificado. En esas condiciones, se ordena devolverle el mismo, solicitándole el acuse respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  2. Principal

    CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto dictado por una autoridad con residencia en esta ciudad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los órganos jurisdiccionales de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: ? El auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar 101/2022, que sobre divorcio sin expresión de causa promueve Eduardo Ramírez Ibarra frente a María del Carmen Urtiz Aguilar, en el que se negó la medida cautelar solicitada por María del Carmen Urtiz Aguilar, sobre su reinstalación al hogar conyugal y separación del actor del mismo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese contexto, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe de ley, consistentes en copia certificada del expediente 101/2022, relativo al juicio ordinario oral familiar que sobre divorcio sin expresión de causa promueve Eduardo Ramírez Ibarra -el tercero interesado- frente a la quejosa María del Carmen Urtiz Aguilar; las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal1 , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo, fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo2 , toda vez que, la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, data en la que fue notificada personalmente en el juicio de origen, por conducto de su autorizada Yadira Barrientos Santiago (foja 433 del tomo de pruebas). En esas condiciones, el plazo para la promoción del 1 Visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182. 2 "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días.". juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de agosto al trece de septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre, todos de ese mismo año, al ser sábados y domingos; y por tanto, inhábiles en términos del numeral 19, de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el doce de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad (foja 3), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."3 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia 3 Jurisprudencia número 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en la página 262, de la Parte VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985. del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."4 No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando tercero, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo. El citado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Del texto del precepto transcrito, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce uno diverso que traiga por resultado un cambio de la situación 4 Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995. jurídica del impetrante del amparo, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la nueva situación creada por el acto posterior que no fue reclamado en el juicio, resultando, por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: La determinación que niega la medida cautelar solicitada por María del Carmen Urtiz Aguilar, sobre su reinstalación al hogar conyugal y la separación de persona de Eduardo Ramírez Ibarra, de dicho domicilio. Ahora de las constancias del juicio ordinario oral familiar 101/2022, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Eduardo Ramírez Ibarra, frente a María del Carmen Urtiz Aguilar, se desprende lo siguiente: 1. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 347/2022, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, negó a María del Carmen Urtiz Aguilar, la medida cautelar sobre reinstalación de esta al hogar conyugal y separación del actor del mismo (fojas 425 a 432). 2. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, las partes Eduardo Ramírez Ibarra y María del Carmen Urtiz Aguilar, celebraron convenio ante Jairo Felipe Valdéz, Facilitador en Lenguas Indígenas, Adscrito al Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, Región Uruapan, del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, y aprobado por el coordinador de dicho centro estatal, lo anterior para dar por concluido el juicio ordinario oral familiar 101/2022 (fojas 469 y 470). 3. El tres de octubre de dos mil veintidós, las partes ratificaron dicho convenio, ante la presencia del personal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan (fojas 475 a 477). En el referido convenio ambas partes acordaron, en lo que aquí interesa, las siguientes cláusulas: "(.) PRIMERA: MARÍA DEL CARMEN URTIZ AGUILAR Y EDUARDO RAMIREZ IBARRA, manifestamos que estamos conformes con las decisiones tomadas en el presente convenio, mismas que resuelven de manera satisfactoria nuestro asunto, asimismo, manifestamos que, es nuestro deseo que se decrete la disolución de nuestro vínculo matrimonial que ahora nos une, por parte del juez conocedor de nuestra causa. SEGUNDA: EDUARDO RAMÍREZ IBARRA, manifiesto que actualmente tengo mi domicilio, en la calle: Pirekua, número 97, del Fraccionamiento: Santa Bárbara de esta ciudad de Uruapan, Michoacán; asimismo, MARÍA DEL CARMEN URTIZ AGUILAR, manifiesto que el domicilio que habitaré por el momento, será el ubicado en la calle: José Justo Corro, número 25, de la Colonia: San Francisco Uruapan de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán; por lo que EDUARDO RAMÍREZ IBARRA, manifiesta que, me comprometo a salir del domicilio conyugal, dando el usufructo vitalicio a MARÍA DEL CARMEN URTIZ AGUILAR, de la casa ubicada en el domicilio: Pirekua, número 97, del Fraccionamiento: Santa Bárbara de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. Por lo que le pido a MARÍA DEL CARMEN URTIZ AGUILAR, me dé la oportunidad de un mes para desocupar el inmueble, siendo específico, hasta el día 21 veintiuno de octubre del presente año (lo subrayado es propio). (.) SEXTA: MARÍA DEL CARMEN URTIZ AGUILAR Y EDUARDO RAMIREZ IBARRA, estamos conscientes de que el presente convenio, surtirá sus efectos legales una vez que sea debidamente firmado por las partes ante este Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, Región Uruapan, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Y debidamente agregado al Juicio Ordinario Oral Familiar número 101/2022, sobre Divorcio Sin Expresión de Causa, el cual se lleva ante el Juzgado Tercero Oral Familiar de Primera Instancia de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. (.)" En aclaración de informe justificado por oficio 2453/20225 , la juez familiar responsable informó que dentro del juicio de origen, se fijaron las doce horas con quince minutos, del dieciséis de noviembre del año próximo pasado, con la finalidad de aprobar en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado y ratificado por las partes. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2767/20226 , signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, en esta ciudad, al que adjuntó copias certificadas del acta mínima y sentencia definitiva pronunciada el dieciséis anterior7 de las que se advierte que tuvo verificativo la audiencia en la que se aprobó el convenio celebrado entre María del Carmen Urtiz Aguilar y Eduardo Ramírez Ibarra, mismo que fue sancionado definitivamente en todas y cada una de sus partes, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, debiendo las partes estar y pasar por él, por ser la verdad legal. Dicha sentencia definitiva se declaró ejecutoriada por auto de dos de diciembre dos mil veintidós, lo que se constata con la copia certificada del citado auto, remitida por la autoridad responsable y que se tuvo por recibida mediante proveído de esa misma data. En esa tesitura, es evidente que el acto que por esta vía se combate, consistente en el acuerdo de fecha veintidós de agosto del dos mil veintidós, por medio del cual, la autoridad responsable negó la medida cautelar solicitada por María del Carmen Urtiz Aguilar, sobre su reinstalación al hogar conyugal y la separación de persona de Eduardo Ramírez Ibarra del mismo, ha sido sustituido procesalmente por la sentencia emitida en el mismo procedimiento judicial del cual deriva el acto reclamado, por lo que es incuestionable, que ha operado un cambio de situación 5 (fojas 58 a 60) 6 Foja 69 7 (visibles a fojas 71 a 77). jurídica, que conduce a considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proveído reclamado, sin afectar la nueva situación de derecho existente, es decir, la sentencia definitiva dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, pues implicaría desconocer su existencia; ya que aun cuando pudiesen subsistir las posibles violaciones alegadas por la impetrante del amparo en torno al citado acuerdo, lo cierto es que, ese acto ya no puede ser materia de examen en este juicio, dado que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, al haber sido sustituido por la referida resolución; encontrándose este juzgado imposibilitado jurídicamente para analizar el acto combatido, por medio del cual, la autoridad responsable negó la medida cautelar sobre reinstalación de la impetrante al hogar conyugal y separación del actor del mismo, ya que existe una diversa resolución que sustituyó dicha determinación, la cual no es materia de litis en el presente amparo, de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De igual manera se cita por analogía, la tesis con número de registro 230948, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 91, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y conduce por tanto a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la referida ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María del Carmen Urtiz Aguilar, contra el acto de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el correlativo quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma electrónicamente la l

  3. Principal

    En dos de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 15662. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de diciembre de dos mil veintidós.********************Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, en esta ciudad; en su atención, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, remitiendo al efecto copia certificada del auto que declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, de su estadística; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  4. Principal

    En veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.********************1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias requeridas a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, en esta ciudad, y se le realizó nuevo requerimiento para que, dentro de los tres días siguientes a que cause ejecutoria la sentencia definitiva de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, que dictó dentro del juicio ordinario oral familiar número 101/2022, remita a este órgano de control constitucional la copia certificada del auto que así lo declare.********************En este sentido, como a la fecha, no se ha informado ni enviado copias del auto en el que cause ejecutoria dicha determinación, mismo que se considera se encuentra próximo a ocurrir. ********************2. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a que transcurra el plazo respectivo y la autoridad responsable, se encuentre en aptitud de remitir las constancias requeridas en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las trece horas con cincuenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para su verificativo. ********************Notifíquese.

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