MARÌA DEL ROSARIO ZAVALA LÒPEZ y Otros.

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • MARÌA DEL ROSARIO ZAVALA LÒPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    En diez de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria certifica: que Ignacio Álvarez Navarro e Itzia Arany González Juárez, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, con lo anterior y con una demanda recibida en el Buzón Judicial de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este juzgado y registrada bajo el folio 16049, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por María del Rosario Zavala López, Juan Manuel Álvarez Hacha y María Angélica Álvarez Zavala, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 703/2021. 1.2. Examen de la demanda y precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 113, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avoca al estudio de la demanda de amparo. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, lo siguiente: "Dentro de la causa penal 118/2020, del proceso penal que se tramita ante el juzgado de control de justicia penal, acusatorio y oral de Uruapan, Michoacán. La falta de exhibición de pruebas del ministerio público litigante, de medios de prueba que se comprometió verbalmente ante nosotros a exhibirlas, sin que lo haya hecho y lo hizo de manera incompleta e ilegal, lo cual en caso de no exhibirse corremos el riesgo de que sea liberado el imputado, ante la insuficiencia de pruebas que no fueron exhibidas correctamente por la representación social litigante, por la proximidad de la fecha de la audiencia, solicitamos la no realización de la audiencia intermedia del proceso penal señalada para el veintiuno de diciembre del año en curso a las doce treinta horas, toda vez que las pruebas ofrecidas por el ministerio público, son insuficientes, ya que no se ofreció conforme a derecho el desahogo del contenido de mensajes de voz y whats escritos por el acusado, mismos que se contienen en el teléfono, siendo excluido la conversación de la mama de la ofendida con el imputado, donde este último reconoce plenamente su responsabilidad y pretende eludir su responsabilidad mediante el otorgamiento de un vínculo automotor, además de que los whatsapp que exhibe la ministerio publico litigante no los exhibe de manera correcta, por lo tanto para no dejarnos en estado de indefensión para probar, requerimos se responsabilice a la ministerio público para que se exhiban estas pruebas de manera correcta, ya que independientemente de su responsabilidad por su apatía o incongruencia, ya que nunca nos informó que no se iba a exhibir la comunicación señalada, ni que los whats se iban a exhibir de manera incompleta y sin investigación, deben de exhibirse estas pruebas en la forma que señala la ley." 1.3. Causa de improcedencia. En ese orden de ideas, en el caso, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V, VI y VIII de artículo 107, estos últimos interpretados en sentido contrario; en consecuencia, lo conducente es desechar la demanda de amparo que se provee. El supuesto determinado en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio. Así, de una interpretación integral de las disposiciones en comento, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. De dicho precepto se desprenden dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que los derechos procesales o adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas para obtener el estado garante en el goce de aquellos. Luego, si las consecuencias cuando se reclame un acto dentro del procedimiento que no afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las derechos fundamentales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. Ahora, conviene destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales el procedimiento penal se desarrolla en las siguientes etapas: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En el caso concreto, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad de los impetrantes del amparo, tenemos que el proceso se encuentra en la etapa intermedia. Al respecto en lo que interesa el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación. Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito: Constituirse como coadyuvantes en el proceso; Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado; Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Artículo 344. Desarrollo de la audiencia. Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código. Desahogados los puntos anteriores y posteriores al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Artículo 345. Acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral." De los numerales transcritos se desprende que precisamente es la etapa intermedia la que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, de manera que, para hacer efectivo su derecho a ofrecer pruebas, la víctima puede constituirse como coadyuvante en el proceso, comparecer a la audiencia en la que podrá deducir las incidencias que consideren relevantes presentar, alegar la idoneidad de pruebas y oponerse a los acuerdos probatorios. A ese respecto, se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. En dicho criterio sostuvo que para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto; indicó que, si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos, contexto en el que debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye; refirió que este es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba), herramienta que dijo, está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además mencionó que, es factible que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de los medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia. Concluyendo que una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Criterio que es aplicable al caso, pues al no haberse verificado aun la audiencia preliminar es factible que los quejosos, en cuanto víctimas comparezcan ante el juez de control a hacer las incidencias que estimen en relación a las pruebas que refieren no fueron exhibidas correctamente por la representación social, incluso concluido el juicio también es posible que exista sentencia favorable a sus intereses. Por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo y conduce por tanto a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V, VI y VIII de artículo 107, estos últimos interpretados en sentido contrario. 1.4. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 1.5. Autorizados de la parte quejosa. Asimismo, autorizando se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Álvarez Navarro e Itzia Arany González Juárez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a Javier Ricardo Bravo Bastida. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483, extensión 1071. Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525234435 y 4525235483, extensión 1071 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

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