Maria Elena Torres Mendoza

Expediente 205/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
205/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Elena Torres Mendoza
  • Maria Azucena Farías Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veintidós de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 8595, dentro del juicio de amparo indirecto número 205/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Autoridad responsable acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, mediante el cual acusa recibo el oficio, en el que se le informó que causó estado el sobreseimiento y se le devolvió la copia certificada y discos compactos relativos al toca penal XI-19/2022. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía las partes quejosa y tercera interesada, para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del treinta de mayo al diez de junio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por medio de lista el veintiséis de mayo del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con un escrito, registrado bajo el folio 8292, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número 205/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Se desprende que obra las constancias originales de la toca penal XI-19/2022, del índice del Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo con residencia en Morelia, mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. 4. Se acuerda escrito. Agréguese a los autos el escrito suscrito por los terceros interesados Raúl Ernesto García Martínez y Juan José Martínez González, en atención su contenido, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 205/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 07/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con los medios de prueba que adjuntó el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, a su informe justificado. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció tal derecho; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 205/2022, promovido por María Elena Torres Mendoza y María Azucena Farías Soto, a través de su asesor victimal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el siete de abril de dos mil veintidós, presentado en esa misma data en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, María Elena Torres Mendoza y María Azucena Farías Soto, a través de su asesor victimal, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hicieron consistir en: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal Unitario JUAN SALVADOR ALONSO MEJÍA, EN CUANTO MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA PENAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, en cuanto autoridad ordenadora. IV. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: La resolución emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la ciudad de Morelia, Michoacán, de fecha 28 de marzo del 2022, mediante el cual no admite el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, resolución que le fue notificada al Ministerio Público, y asesor victimal y a las demás partes por parte del JOSÚE SALVADOR ORTÍZ SÁNCHEZ, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, región Uruapan, con fecha 30 de marzo del 2022". Las quejosas expusieron que se transgredieron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes del acto reclamado, y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el número 205/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que una realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo: La resolución emitida el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca penal XI-19/2022, a través del cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, reconoció la existencia del acto reclamado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con el original del toca penal XI-19/2022, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable: El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el Juez de Control emitió auto de apertura a juicio, dentro de la causa penal número 147/2019, en la que el Agente del Ministerio Público acusó a Juan José Martínez González y otros, por el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, en detrimento de I.G.T. y otros. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, interpuso recurso de apelación contra la resolución de auto de apertura a juicio. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, a quien correspondió conocer del medio de impugnación de referencia, no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, bajo el argumento que había sido interpuesto de manera extemporánea. Determinación que constituye el acto reclamado. En relación al acto así reclamado, este órgano de control constitucional, estima que se actualiza la causal de improcedencia, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo debió agotar el principio de definitividad. La fracción de referencia, contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el de definitividad, el cual impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Lo anterior conlleva como excepción que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, que el acto no consista en una orden de aprehensión, reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución, cuando se trate de persona extraña a juicio, se trate de un auto de vinculación a proceso o que se requiera interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. En el caso, el acto reclamado como se precisó consiste en el auto de veintiocho de marzo de la presente anualidad, emitido en el toca XI-19/2022, por el Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, a través del cual no admite el recurso de apelación, interpuesto por el Agente del Ministerio Público, contra el auto de apertura a juicio. El recurso de apelación interpuesto en la causa de origen, encuentra su procedencia en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en contra de las resoluciones del juez de control, el artículo 468 se refiere a la procedencia de las emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento y el diverso 470 se refieren los supuestos de inadmisibilidad del recurso. En lo que interesa, el recurso de apelación que se interpone ante el juez de control que dictó la resolución o tribunal de enjuiciamiento, respectivamente. Una vez interpuesto se debe correr traslado a las partes, y en su oportunidad se envían los registros al Tribunal de alzada que deba conocer del mismo, quien se pronuncia de plano sobre la admisión del recurso, lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 471, 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es tenor siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." La figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. Es decir, dicho medio de impugnación, procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y que se trate de resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En ese orden, el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial. De igual forma, el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, el auto de no admisión al recurso de apelación debe considerarse una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La decisión de inadmitir un recurso de apelación de ninguna manera involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte allá recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional. Esto es, su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones del Juez de control a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 del Código Nacional, o del Tribunal de enjuiciamiento previstas en las fracciones I y II del artículo 468; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo impugnado no sea apelable, que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo que desecha el recurso de apelación es de mero trámite; es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Por tanto, el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dentro del toca número XI-19/2022 del índice de la Sala Penal responsable, mediante el cual no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio, es impugnable a través del recurso de revocación. Por lo expuesto, en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad; esto es, no combatió la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. Es puntualmente aplicable, la jurisprudencia 85/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, Décima Época, con registro digital 2021251, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 205/2022 promovido por María Elena Torres Mendoza y María Azucena Farías Soto, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe. La licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la sentencia constitucional de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 205/2022, promovido por María Elena Torres Mendoza y María Azucena Farías Soto, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo solicitado. Conste. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretaria, Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.

  4. Principal

    En dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 6390, dentro del juicio de amparo indirecto número 205/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justica Penal, Acusatorio y Oral, Uruapan, Michoacán de Ocampo con residencia en Morelia, mediante el cual, en atención al requerimiento de diez de mayo pasado, remite dos discos compactos que contienen las constancias requeridas, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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