María del Rosario Tellez Hernández
Expediente 1699/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- María del Rosario Tellez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Actuario Habilitado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, comunica el proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio administrativo 961/2022, de su estadística, por el que solicita se le informe si el acuerdo de inicio del procedimiento CHJ/PA/012/2021, es materia de estudio del presente juicio. Por lo anterior, dígasele a la oficiante que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida y admitida la demanda de amparo promovida por María del Rosario Téllez Hernández, por propio derecho, contra actos de la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia, perteneciente al Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y otra autoridad, de las cuales reclamó los siguientes actos: - El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación recaído bajo el número de expediente administrativo CHJ/PA/012/2021, emitido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. - El oficio número 20501400081750/2021 de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se remitió el certificado toxicológico de veinte de abril de dos mil veintiuno, con el resultado positivo en la prueba anfetamina, derivado de la evolución toxicológica realizada en el proceso para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva Número 139 de la portación de arma de fuego. Posteriormente, mediante auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y el dos de enero de dos mi veintitrés, causó estado dicho proveído y se ordenó el archivo del asunto.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de los expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que concedió y negó la suspensión provisional y la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal e incidental permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y posteriormente se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Por otra parte, mediante oficio que derive del presente auto, devuélvanse a la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Toluca, los anexos consistentes en el original del procedimiento administrativo CHJ/PA/012/2021, que adjuntó como complemento a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, mediante el cual, el apoderado legal del Ayuntamiento de Toluca, y a su vez de la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia, Coordinador Administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, y el Titular de la Unidad de Asuntos Internos, todos pertenecientes a dicho Ayuntamiento, rinde informe justificado, autoriza delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona correo electrónico ****, para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a los profesionistas que refiere, y como domicilio para oír y recibir notificaciones la cuenta de correo electrónico D*****, y se toma conocimiento del domicilio físico que proporciona para tal efecto. Ahora, por cuanto al anexo que la oficiante refiere como el original del procedimiento administrativo ********************, previa certificación de las copias que se adjuntaron de éste, queda a su disposición el original, en el local que ocupa este órgano jurisdiccional. En ese mismo sentido, dada la naturaleza de las constancias descritas en el párrafo que antecede, previa caratula para su identificación y cuidado, manéjense por separado como anexo del presente cuaderno. Ahora bien, al realizar un estudio de las constancias remitidas este Juzgado de Distrito advirtió que en la especie por lo que ve al acto reclamado, consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación recaído bajo el número de expediente administrativo ********************, emitido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". El precepto legal cuya transcripción precede, prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, en tanto que los efectos de la resolución del citado recurso ordinario y la que decida el juicio constitucional pueden ser los mismos, esto es, dejar insubsistente el acto materia de inconformidad, o más grave aún, efectos contradictorios, y son precisamente ambas situaciones las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el normativo anotado. El recurso a que se refiere el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que la promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, el juzgador de amparo no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en esa hipótesis normativa, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. Por otro lado, para la actualización de la causa de improcedencia a la que se alude, también es necesario que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de esta resolución, cobra relevancia el principio contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos; ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por tanto, al término utilizado en la porción normativa referida, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, con la finalidad de clarificar el fallo que se emite, es pertinente destacar algunos antecedentes del acto impugnado, obtenidos de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, consistentes en el escrito de demanda de juicio administrativo que presentó la quejosa María Del Rosario Hernández Tellez, ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, donde promueve juicio de nulidad en contra de las autoridades responsables, así como el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, donde se tuvo por admitida la misma, constancia a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas de actuación fedatada por servidor público en ejercicio de sus atribuciones. En efecto, se observa que la promovente del amparo promovió juicio administrativo (juicio de nulidad) el cual le correspondió conocer a la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, contra los siguientes actos: "ACTO IMPUGNADO; Lo es el inicio de procedimiento administrativo sancionador incoado en contra del que suscribe, y, radicado bajo el número de registro ********************iniciado por LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, PERTINENTE AL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO." La reseña que precede, pone de manifiesto que es la propia quejosa quien impugnó a través del juicio administrativo (juicio de nulidad) el mismo acto que controvierte en esta instancia constitucional, de igual forma, que el referido medio impugnatorio fue admitido por la autoridad a quien corresponde el trámite y resolución del mismo, y del cual a la fecha no se tiene conocimiento que haya sido resuelto; y, que es el idóneo para su anulación, en tanto que en la propia definición va implícito su fin, esto es, se puede obtener la nulidad de los actos impugnados. Lo anterior, revela, que contra la misma determinación aquí controvertida, se está tramitando el juicio administrativo ********************(juicio de nulidad), ante la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual, la quejosa puede obtener la insubsistencia de los actos que reclama, lo que torna improcedente el juicio de amparo. Ahora, por lo que ve al diverso acto reclamado referente al oficio número 20501400081750/2021 de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se remite certificado toxicológico de veinte de abril de dos mil veintiuno, con el resultado positivo en la prueba anfetamina, derivado de la evolución toxicológica realizada en el proceso para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva Número 139 de la portación de arma de fuego, este Juzgado de Distrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; dichos dispositivos legales que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Establecen que el juicio de amparo será improcedente, cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Norma Fundamenta, o bien de la propia ley que rige la materia; conforme a lo cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, con la precisión de que, conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, en relación a ese tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que, a partir de esa interpretación, se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos derechos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Sobre lo precisado, se obtiene que, respecto del acto reclamado ya indicado, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues si lo que reclama la parte quejosa, consiste en el oficio por el que se remitió el certificado toxicológico, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, de la quejosa ********************, con el resultado positivo en la prueba de anfetamina, derivado de la evaluación toxicológica realizada para el proceso de renovación de la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, en el procedimiento administrativo sancionador ********************, en la que hizo valer como violación la omisión de citar a la quejosa para el fin de realizar una investigación de los hechos, es decir, que en esencia la finalidad de lo reclamado por la accionante del amparo es lograr la nulidad de las pruebas recabadas previo al inicio del procedimiento de origen, y que dieron origen a éste. Entonces, se advierte que lo reclamado no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la autoridad que señalada como responsable. Esto es así, si se toma en consideración que de las constancias del procedimiento de origen que fueron remitidas para su estudio en el presente sumario constitucional, se aprecia que el mismo se encuentra en trámite, es decir, aún no se dicta sentencia definitiva; y por ende, si en la presente instancia constitucional la ahora quejosa reclama el oficio por el que se remitió el certificado toxicológico, de veinte de abril de dos mil veintiuno, de la quejosa ********************, con el resultado positivo en la prueba de anfetamina, derivado de la evaluación toxicológica realizada para el proceso de renovación de la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, en el procedimiento administrativo sancionador ********************, es evidente que, no obstante que la afectación que dicho acto irroga a la parte demandada puede traer consigo una violación procesal, no debe perderse de vista que de suyo no produce de manera inmediata una trasgresión a algún derecho fundamental, y en su caso quedaría subsanada de obtener una resolución favorable, y de no ser así, al ser parte en el procedimiento de origen, podrá interponer el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva dictada en dicho procedimiento. Por lo tanto, el acto reclamado descrito en este apartado, no constituye acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éstos únicamente producen efectos intraprocesales y pueden ser reparados si la impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera que el acto impugnado ahora en examen, constituye violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para la quejosa, y por ello, se afirma, que no lesiona sus derechos sustantivos, y menos en forma irreparable, más aún que, dada la naturaleza y etapa del procedimiento de origen, se advierte que la aquí quejosa aún se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos en el procedimiento de origen, en tanto aún no se dicta la sentencia definitiva en éste, y que, incluso, el objeto de dicho procedimiento -al que ya se le otorgó audiencia- sería refutar o confirmar los medios de prueba objeto de la investigación que aquí reclama, por lo que no se le deja en estado de indefensión, lo que igualmente reafirma la ausencia de una violación directa a los derechos fundamentales de la aquí quejosa con el acto reclamado en mención en el presente proveído. De tal manera, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en las fracciones XIX y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse las causas de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1699/2022-VI; y, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a que solicitó contra los actos y autoridades mencionadas en los considerandos Primero y Segundo, por los motivos precisados en el considerando Tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a ** que solicitó respecto de los actos y autoridades mencionados en los considerandos Primero y Segundo, para los efectos indicados en el considerando Cuarto. Notifíquese.
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