María del Rosario Silva Ortega
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/08/2022
Partes del expediente
- María del Rosario Silva Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró por cumplida la sentencia dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA V. Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de seis de julio del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Instituto de Seguridad Social del Estado del Estado de México y Municipios, del Director General y del Presidente del Comité de Pensiones del referido Instituto, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de resolver las solicitudes de pensión por fallecimiento y seguro de fallecimiento, del pensionado ahora difunto Felipe Pichardo Santana, radicadas antes las autoridades responsables bajo los números de folio 471, 452, 842-43100 y 471453203- 43100. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a las solicitudes de pensión por fallecimiento y seguro de fallecimiento del pensionado ahora difunto Felipe Pichardo Santana de tres y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y notifique las mismas a la ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito.." El once de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el seis de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Instituto de Seguridad Social del Estado del Estado de México y Municipios, del Director General y del Presidente del Comité de Pensiones del referido Instituto, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al que adjuntó copia del dictamen de pensión y de seguro por fallecimiento, así como sus respectivas razones de notificación practicada a la ahora quejosa relativa al dictamen CP/73952/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, y la correspondiente al similar 207C0401520101L/dP/6362/2022 respecto al seguro por fallecimiento. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dio cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE FUE ENTREGADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: MESA V. Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de seis de julio del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Instituto de Seguridad Social del Estado del Estado de México y Municipios, del Director General y del Presidente del Comité de Pensiones del referido Instituto, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de resolver las solicitudes de pensión por fallecimiento y seguro de fallecimiento, del pensionado ahora difunto Felipe Pichardo Santana, radicadas antes las autoridades responsables bajo los números de folio 471, 452, 842-43100 y 471453203- 43100. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a las solicitudes de pensión por fallecimiento y seguro de fallecimiento del pensionado ahora difunto Felipe Pichardo Santana de tres y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y notifique las mismas a la ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito.." El once de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el seis de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Instituto de Seguridad Social del Estado del Estado de México y Municipios, del Director General y del Presidente del Comité de Pensiones del referido Instituto, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al que adjuntó copia del dictamen de pensión y de seguro por fallecimiento, así como sus respectivas razones de notificación practicada a la ahora quejosa relativa al dictamen CP/73952/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, y la correspondiente al similar 207C0401520101L/dP/6362/2022 respecto al seguro por fallecimiento. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dio cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta mediante el cual el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, en esencia, informa la fecha de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, en el juicio de amparo promovido por Uriel Evaristo Cordero Hernández. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que después de una búsqueda en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no tiene registro de juicio de amparo promovido por Uriel Evaristo Cordero Hernández; en consecuencia, previa copia que obre en autos para debida constancia, remítase el oficio de cuenta a su lugar de origen para los efectos a que haya lugar.
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