María del Socorro Gutiérrez Allende y Otros.

Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
194/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • María del Socorro Gutiérrez Allende y Otros.
  • Guadalupe Gutiérrez Allende
  • María del Socorro Gutiérrez Allende
  • Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lerm,a Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, Mariano Hernández Tapia, autorizado en términos amplios de las quejosas María del Socorro y Guadalupe ambas de apellidos Gutiérrez Allende, solicita la devolución de los documentos originales que anexo a su escrito inicial de demanda de amparo, en virtud de que le son de utilidad para diversos trámites legales. En ese sentido, previo cotejo de los documentos originales anexados al ocurso inicial de amparo, procédase a hacer la devolución de los mismos, previa copia certificada, razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal. En el entendido que, previo a acudir a este órgano jurisdiccional, la persona autorizada deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente para recogerlos. Finalmente, se hace énfasis al promovente que cuenta con un plazo de noventa días hábiles, a efecto de comparecer al local de este Juzgado de Distrito para recuperar los documentos originales solicitados, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos materialmente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21 inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 194/2021-VII. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril del año dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento judicial no contencioso, radicado bajo el número 96/2019 del índice de la autoridad responsable, mediante el cual se acreditó el concubinato entre Miguel Gutiérrez Allende y Eleamar Piña Esquivel. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados a contrario sensu, que a la letra establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numéricos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En ese sentido, en el presente asunto se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación; es decir, sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, aunado a que este órgano de control constitucional de los antecedentes que narra y anexos que adjuntan las quejosas en su escrito inicial de demanda, se advierte que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, tramitó el juicio no contencioso con número de expediente 96/2019, sobre el reconocimiento del concubinato entre Miguel Gutiérrez Allende y Eleamar Piña Esquivel, sobre el que, sin perjuicio de terceros, lo declaró procedente. De lo que no se aprecia que se les ocasione un agravio personal y directo, dado que dicha resolución únicamente determinó que las persona de nombre Miguel Gutiérrez Allende y Eleamar Piña Esquivel, acreditaron mantener concubinato conforme a lo establecido por el ordenamiento legal de dicha materia, pues la naturaleza del juicio no contencioso no existe controversia, ni dualidad entre las partes, ya que son actuaciones ante un juez para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que el tribunal debe dictar. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por María del Socorro y Guadalupe ambas de apellidos Gutiérrez Allende, en contra del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril del año dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento judicial no contencioso, radicado bajo el número 96/2019 del índice de la autoridad responsable, mediante el cual se acreditó el concubinato entre Miguel Gutiérrez Allende y Eleamar Piña Esquivel, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último interpretado a contrario sensu. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos del artículo del artículo 12 de la Ley de la materia a ** por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y a solicitud del quejoso, al resto de los profesionistas que refiere, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En diversa tesitura, en atención al correo electrónico y domicilio físico que proporciona el quejoso para oír y recibir notificaciones, se tienen por señalados los mismos, en la inteligencia que con relación al correo señalado dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, por lo que una vez que se levante el estado de emergencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. De igual manera, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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