María del Rosario Hernández Tellez

Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1237/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Hernández Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos); mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite testimonio en versión digital con evidencia criptográfica de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el recurso de inconformidad 41/2022, interpuesto por Arturo Manuel López Ramírez autorizado de la quejosa María del Rosario Hernández Téllez, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós (sic), por el cual se declaró cumplida la sentencia emitida en el presente juicio. Ahora bien, del contenido del testimonio de que se trata se advierte que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió: "ÚNICO: Es INFUNDADO el recurso de inconformidad." Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, ha causado estado por ministerio de ley. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente, por así haberlo solicitado la autoridad oficiante. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo de las constancias remitidas para substanciar el recurso de inconformidad interpuesto por ******************** autorizado de la parte quejosa, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; asimismo, informa que se admitió dicho medio de impugnación, el cual se registró con el número 41/2022 de su índice. Circunstancia de la cual se toma conocimiento.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, Arturo Manuel López Ramírez autorizado de la quejosa María del Rosario Hernández Téllez, interpone recurso de inconformidad contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós (sic), para lo cual formula sus agravios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 201, fracción l, de la Ley de Amparo, y los diversos 103 y 107 Constitucionales, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el escrito que se atiende, así como los autos del juicio de amparo actual, a efecto de que conozca de la inconformidad expuesta por la parte quejosa; glósese en los presentes autos copia simple del escrito de mérito; y, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que, por auto de veintiuno de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito mediante el cual Arturo Manuel López Martínez, autorizado de la parte quejosa, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, no cumplió cabalmente la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, y realizó diversas manifestaciones al respecto; determinación en la que se reservó emitir el pronunciamiento correspondiente hasta en tanto feneciera el término previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que, como se aprecia de la certificación de cuenta, una vez que ha acontecido lo anterior, se provee: Tomando en consideración que la parte quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: a). De la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia Perteneciente al Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación radicado bajo el número de expediente administrativo CHJ/PA/012/2021. b). Del Coordinador Administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, el oficio 2050140081750/2021 de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se remitió el certificado toxicológico de veintiocho de abril del año en curso, de la Policía María del Rosario Hernández Téllez con el resultado positivo en la prueba de anfetamina, derivado de la evaluación toxicológica realizada para el proceso de renovación de la licencia oficial colectiva número 139 de la portación de arma de fuego. c). Del Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, la omisión de realizar una investigación en el expediente de investigación UAI/0831/2021, ya que previo a solicitar se substanciara el procedimiento administrativo sancionador incoado en su contra en el expediente administrativo CHJ/PA/012/2021, tenía la obligación de citar a la quejosa para el fin de realizar una investigación de los hechos. Previa substanciación del juicio de amparo, el doce de julio de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María del Rosario Hernández Téllez, por propio derecho para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; y, 2. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, pero con plenitud de jurisdicción, pronuncie una nueva resolución debidamente fundada y motivada; la cual podrá ser en el mismo o diverso sentido que la anterior, pero subsanando las deficiencias que se le ha indicado." Así, el once de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, remitió copias certificadas de las que se aprecia que la oficiante, dejó insubsistente la determinación de fecha veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, y emitió de nueva cuenta una diversa el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, respecto de dichas constancias, este Juzgado de Distrito calificó que no se encontraba cumplida la sentencia de amparo, por los motivos expuestos en la propia determinación, motivo por el que se requirió nuevamente el cumplimiento al fallo protector. Luego, por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, remitió copias certificadas de las que se aprecia que la oficiante, dejó insubsistente las determinaciones de veintiocho de octubre del dos mil veintiuno y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, y emitió de nueva cuenta una diversa el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. De lo anterior se advierte que la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Toluca, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, puesto que por determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la responsable dejó sin efectos las diversas de veintiocho de octubre del dos mil veintiuno y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, lo que cumple cabalmente el primero de los puntos objeto de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en determinación de veintiuno de septiembre de la anualidad, al resolver sobre la conveniencia de iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la aquí quejosa, lo hizo con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias técnicas que le fueron precisadas en la sentencia motivo del amparo. Ello es así, pues la responsable indicó que respecto de la apertura del periodo de información previa que contempla el artículo 164 de la Ley de Seguridad del Estado de México, éste resultaba innecesario, pues con la investigación de la Unidad de Asuntos Internos se obtenían medios de prueba suficientes para conocer las circunstancias del caso concreto, por lo que no estimó la necesidad de la aportación de alguna otra documental o medio de prueba para robustecer el origen de dicho procedimiento. Asimismo, para arribar a dicha conclusión valoró las documentales obtenidas de la Unidad de Asuntos Internos, con las cuales llegó a la convicción de que la aquí quejosa 1. Es elemento activa de la Dirección General de Seguridad y Protección, 2. Se le realizó un examen toxicológico el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, con motivo de los trámites de renovación de la Licencia Oficial Colectiva 139, de portación de armas de fuego, y 3. El resultado de dicha prueba toxicológica fue positivo a la sustancia de anfetamina; indicios que estimo suficientes para determinar conveniente el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la solicitante del amparo. Determinación con la que se cumple el segundo de los requisitos planteados en la sentencia amparante, pues de fundó y motivó su determinación de abrir el Procedimiento Administrativo Disciplinario, subsanando las deficiencias técnicas que le fueron destacadas. Lo anterior, sin que implique juzgar sobre la legalidad del fondo de la determinación emitida en cumplimiento al fallo amparante, pues en el presente caso, quien aquí determina, únicamente puede valorar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación en los términos que fueron establecidos en la sentencia de amparo, sin que con ello se pueda exceder los efectos para los que se concedió la protección constitucional. Consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por otra parte, en atención a las manifestaciones expresas del autorizado de la parte quejosa, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, en donde se calificó sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector emitido en el presente sumario constitucional; puesto que los motivos de inconformidad que plasma en su ocurso son referentes al fondo de lo determinado por la responsable, y la concesión del amparo únicamente fue para subsanar cuestiones de fundamentación y motivación, dejando libertad de jurisdicción a la responsable para que, una vez salvadas las deficiencias técnicas indicadas, resolviera conforme a sus facultades, por ende, no se puede hacer un pronunciamiento sobre el apartado en que se concedió libertad de jurisdicción, pues implicaría exceder los efectos de la concesión del amparo. Es aplicable, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, visible a página 222, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." Finalmente, respecto de su solicitud de iniciar el incidente de cumplimiento con defecto y dar vista al Ministerio Público Federal, no ha lugar proveer de conformidad con lo solicitado; en primer término, porque no hay en la Ley de Amparo ninguna disposición que obligue a este Juzgador a proveer en el sentido apuntado; y en segundo lugar, porque la normativa aplicable no contempla la existencia de un "incidente de cumplimiento con defecto"; máxime que al calificar el cumplimiento otorgado se determinó que éste se emitió sin defecto o exceso en su emisión; no obstante lo anterior, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que convenga a sus intereses.

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