María del Carmen López Salazar

Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1180/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen López Salazar

Actuaciones

  1. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1180/2023, promovido por María del Carmen López Salazar, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Asimismo, da cuenta con la promoción registrada bajo el número 20589, signado de manera electrónica por el Apoderado Legal de 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, con sede en Veracruz, Veracruz, personalidad que acredita con el documento que acompaña; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora bien, oficio por medio del cual rinde su informe previo. Asimismo, CERTIFICA: que no obra el informe previo de la autoridad responsable 2. Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes 20 de Noviembre Zona Comercial Veracruz, con residencia en Veracruz, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 33659 de diecisiete de noviembre pasado, por el que se le requirió su informe, tal como se aprecia del acuse de recibo visible a foja treinta y cuatro del sumario. A continuación, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. Asimismo, en relación al oficio de cuenta, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de la citada autoridad responsable oficiante señalada con el número 1, sin que haya lugar a diferir la presente audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario "christianrfrdzsnz", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la responsable con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Ahora bien, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Y respecto a la falta de informe del 2. Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes 20 de Noviembre Zona Comercial Veracruz, con residencia en Veracruz, se proveerá lo conducente en la presente resolución interlocutoria. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda. Asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1180/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. María del Carmen López Salazar, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad. Vía electrónica Cierto 2. Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes 20 de Noviembre Zona Comercial Veracruz. - Omisa se presume cierto VERACRUZ, VERACRUZ De la que reclama: "a) AVISO DE COBRO NÚMERO 4875/2023 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LA CANTIDAD DE $96,427.00 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) b) EL COBRO DE LA CANTIDAD DE $96,427.00 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), COMO CONSECUENCIA DEL AVISO DE COBRO NÚMERO 4875/2023. c) LA NEGATIVA DE OTORGAR A LA SUSCRITA UNA SOLICITUD DE "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO", A EFECTO DE CELEBRAR UN CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." [Sic] En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes, y se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta localidad, negó la existencia de los actos reclamados. La inexistencia referida, deriva de que la autoridad mencionada, al rendir su informe previo, negó la certeza de los actos a ella reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante la negativa expresa de la autoridad responsable mencionada, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable 2. Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes 20 de Noviembre Zona Comercial Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, omitió rendir su informe previo, a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad; por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que lo solicite la parte quejosa; Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa) y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables no ejecuten el acto reclamado, pues a su juicio, quedaría sin materia el presente juicio; en ese contexto, el suscrito atenderá exclusivamente al efecto solicitado. Lo anterior, en atención a los razonamientos establecidos por la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Al respecto, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional y 128 de la ley de la materia, se niega la suspensión provisional, puesto que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio principal, pero por razones diversas a las que considera la parte quejosa. Ciertamente, del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales) dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Sobre la aplicación de estos preceptos, resulta necesario citar la tesis jurisprudencial 1a./J.70/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Como se advierte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional Federal, así como el precepto 147 de la Ley de Amparo y señaló que esos numerales dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Además, precisó dicha sala que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa, negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues, lo primordial es atender a las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, debido a que eso es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en mantener las cosas en el estado en que en se encontraban o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Cuidando en todo momento que el otorgamiento de la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo esa premisa, si en el caso la parte quejosa reclama, en esencia, el aviso de cobro 4875/2023, derivado del proceso de verificación efectuada en el domicilio ubicado en Azueta número 19, de la colonia Centro, Localidad Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, Código Postal 95269, así como el cobro de la cantidad de $96,427.00 (noventa y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N), trajo en consecuencia la negativa a contratar el servicio de suministro básico; debe negarse la suspensión solicitada, porque de concederse la suspensión se agotaría la materia del juicio de amparo en lo principal, lo cual lo dejaría sin materia de análisis. Dicho de otro modo, atendiendo al fin que persigue la parte quejosa, respecto de los efectos de la medida cautelar que solicitó, material y legalmente no es posible su concesión, porque su otorgamiento coincidiría exactamente con lo que en su momento se resuelva en el juicio de amparo, pudiendo, de concederse tal medida, agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por esas razones, no es dable que, con motivo de la medida cautelar provisional, se ordene a la autoridad abandonar su negativa, pues, se tendrían que emitir consideraciones propias de un análisis de mayor profundidad, con mayores elementos de juicio, lo que es propio del análisis del fondo del asunto; todo lo cual, además desvanece toda posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) (registro 2026730) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a María del Carmen López Salazar, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en los considerandos cuarto y sexto. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por María del Carmen López Salazar, contra actos del 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 1180/2023; háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VIENTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, RINDAN INFORME JUSTIFICADO, en el que deberán manifestar en forma expresa y clara, si es o no cierto el acto que se les atribuyen, el cual, de la lectura integral de la demanda bajo un criterio de liberalidad, no restrictivo, se advierte que consisten en: "a) AVISO DE COBRO NÚMERO ********************DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LA CANTIDAD DE $********************(********************) b) EL COBRO DE LA CANTIDAD DE $********************(********************), COMO CONSECUENCIA DEL AVISO DE COBRO NÚMERO ********************. c) LA NEGATIVA DE OTORGAR A LA SUSCRITA UNA SOLICITUD DE "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO", A EFECTO DE CELEBRAR UN CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." [Sic] Ello sin perjuicio que deben pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda, además de exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el o los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable que corresponda, de ser su caso, remita la resolución reclamada en disco compacto o al correo electrónico oficial 4jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberá comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su respectivo informe justificado. En ese sentido, se les hace saber que si se niegan a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Infórmese a la parte quejosa que si se devuelven los oficios, por inexistencia de las autoridades destinatarias, en su caso, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas. Advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se exhibió la parte quejosa junto con su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, por cuanto hace a la prueba inspección ocular, RESÉRVESE PROVEER al respecto hasta en tanto se encuentren notificados las partes en el presente asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Al haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, con fundamento en los artículos 115, 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado el incidente de suspensión. Sin ser necesario formar por duplicado el incidente de suspensión, con base a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año; el cual indica que por regla general, no será necesario la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cuanto a las restantes personas, se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, por así haberlo solicitado la citada parte. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, en términos de los artículos 125, 128 y 130, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión único relativo al juicio de amparo 1180/2023, promovido por María del Carmen López Salazar, contra actos del 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INFORME PREVIO Con copia de la demanda, y con apoyo en el artículo 138, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las responsables, que deberán rendir dentro del improrrogable plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS y en el cual, de acuerdo a lo señalado en el diverso numeral 140, de la ley invocada, deberán manifestar, en forma expresa y precisa lo siguiente: a) Si es o no cierto el acto que se le reclama. b) Podrán expresar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos el acto que se les atribuyen, y que preliminarmente consisten en: "a) AVISO DE COBRO NÚMERO ******************** DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LA CANTIDAD DE $96,427.00 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) b) EL COBRO DE LA CANTIDAD DE $96,427.00 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), COMO CONSECUENCIA DEL AVISO DE COBRO NÚMERO ********************. c) LA NEGATIVA DE OTORGAR A LA SUSCRITA UNA SOLICITUD DE "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO", A EFECTO DE CELEBRAR UN CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." [Sic] Además, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción I, del artículo 260 de la Ley de Amparo. PRUEBAS Por otro lado, como está ordenado en el juicio principal del que deriva este incidente, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que acompaña a su demanda de garantías, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia incidental que al efecto se celebre. PRONUNCIAMIENTO SUSPENSIÓN Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que lo solicite la parte quejosa; Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa) y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables no ejecuten el acto reclamado, pues a su juicio, quedaría sin materia el presente juicio; en ese contexto, el suscrito atenderá exclusivamente al efecto solicitado. Lo anterior, en atención a los razonamientos establecidos por la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Al respecto, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional y 128 de la ley de la materia, se niega la suspensión provisional, puesto que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio principal, pero por razones diversas a las que considera la parte quejosa. Ciertamente, del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales) dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Sobre la aplicación de estos preceptos, resulta necesario citar la tesis jurisprudencial 1a./J.70/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Como se advierte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional Federal, así como el precepto 147 de la Ley de Amparo y señaló que esos numerales dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Además, precisó dicha sala que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa, negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues, lo primordial es atender a las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, debido a que eso es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en mantener las cosas en el estado en que en se encontraban o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Cuidando en todo momento que el otorgamiento de la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo esa premisa, si en el caso la parte quejosa reclama, en esencia, el aviso de cobro ********************, derivado del proceso de verificación efectuada en el domicilio ubicado en ********************, así como el cobro de la cantidad de ********************, trajo en consecuencia la negativa a contratar el servicio de suministro básico; debe negarse la suspensión solicitada, porque de concederse la suspensión se agotaría la materia del juicio de amparo en lo principal, lo cual lo dejaría sin materia de análisis. Dicho de otro modo, atendiendo al fin que persigue la parte quejosa, respecto de los efectos de la medida cautelar que solicitó, material y legalmente no es posible su concesión, porque su otorgamiento coincidiría exactamente con lo que en su momento se resuelva en el juicio de amparo, pudiendo, de concederse tal medida, agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por esas razones, no es dable que, con motivo de la medida cautelar provisional, se ordene a la autoridad abandonar su negativa, pues, se tendrían que emitir consideraciones propias de un análisis de mayor profundidad, con mayores elementos de juicio, lo que es propio del análisis del fondo del asunto; todo lo cual, además desvanece toda posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) (registro 2026730) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que la autoridad responsable se encuentra obligada a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberá comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cuanto a las restantes personas, se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, por así haberlo solicitado la citada parte. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.

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