María del Carmen Hernández Ramón
Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Carmen Hernández Ramón
- Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 662/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que en resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que en resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que en resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 662/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, María del Carmen Hernández Ramón por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas L. G. M. H. y K. del C. M. H., promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 3 a 20). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se acordó admitir a trámite la demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; formar por separado y duplicado incidente de suspensión y emplazar al tercero interesado, a Gerardo Meza Rodríguez (fojas 31 a 37). TERCERO. Trámite. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por legalmente emplazado al presente juicio a Gerardo Meza Rodríguez, en su carácter de tercero interesado (fojas 62). CUARTO. Audiencia Constitucional. Finalmente, agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 64 a 65, así como el cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 68). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por razón de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, por territorio toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos acto reclamado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos) e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil 628/2020, del índice de la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado. Resolución que le fue notificada por lista, bajo el número cincuenta y uno, el mismo veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 175, cuaderno de pruebas). Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de técnica jurídica, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 64 a 65, así como el cuaderno de pruebas). Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 628/2020, que remitió la citada autoridad responsable como justificación de su acto, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós de ahí que debe tenerse por cierto el acto reclamado (fojas 167 a 174 vuelta, cuaderno de pruebas). Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las causales de improcedencia son cuestiones de orden preferente y, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones a las formalidades esenciales del procedimiento, a la garantía de fundamentación y motivación e Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también a la figura jurídica de "los alimentos", "pensión alimenticia", es conveniente referir la regulación constitucional y legal de esos aspectos. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, el cual se desdobla en dos vertientes: 1ª. La referida a las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que, a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y, 2ª. La relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. De ahí que una autoridad al emitir la resolución debe estar facultada para ello, de no ser así constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que de lo contrario no se estaría administrando justicia en la forma, plazos y términos establecidos en la ley. Fundamentación y motivación. Respecto a la garantía de la fundamentación y motivación que requiere el acto reclamado, ésta encuentra su origen en la parte conducente del artículo 16 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Del precepto constitucional transcrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así también, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien se interpreta en forma errónea. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Lo anterior también ve reflejado en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. ." Así pues, del numeral anteriormente citado se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. Justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita. El artículo 17 Constitucional, en la parte que interesa, señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." En el precepto transcrito se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados y conforme a los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; esto es, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De modo que las autoridades judiciales o las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, están obligadas a su observancia, pues de faltar a cualquiera de los principios contemplados en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizan la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo que tiene apoyo en la tesis de rubro que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De igual forma, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como derecho humano el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." En relación con lo anterior, conviene tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado que la función de los órganos judiciales intervinientes en un proceso no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar que se realice en un tiempo razonable. Criterio que es vinculante para el Estado Mexicano en términos de la tesis P. LXV/2011 (9a.) de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO". La figura jurídica de "los alimentos" y "pensión alimenticia". Por su parte, la figura jurídica de "los alimentos" se encuentra comprendida en los artículos 232 al 254 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y es definida por estos, como una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos del concubinato. Así las cosas, la obligación alimentaria trata de cubrir, jurídicamente, una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quienes tienen derecho a reclamarla; es decir, se pretende asegurar a los acreedores alimentistas los medios de vida suficientes cuando éstos no se encuentren en aptitud de procurárselos por sí mismos, por lo que el crédito por alimentos tiene un carácter especial, ya que está destinado a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, en especial los menores de edad. Por otra parte, establece que los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Se trata, entonces, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. De ahí que, para fijar la pensión alimenticia, deben considerarse las condiciones del alimentado y las posibilidades del alimentante, pues en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece que los alimentos habrán de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Asimismo, el artículo 239 de esa legislación dispone cuáles son los conceptos que comprenden los alimentos, como lo son en general la comida, el vestido, la habitación la asistencia en casos de enfermedad, y gastos de educación. Por otra parte, cabe destacar que la legislación civil estatal, en aras de garantizar ese derecho (que es de orden público como se ha dicho) y la subsistencia de los acreedores alimentarios, establece que al admitir la demanda en los juicios de alimentos, el juez podrá fijar y asegurar los alimentos provisionales que los deudores deben dar a los acreedores mientras no se dicte sentencia en el juicio, pues será en esta última ocasión en la que se decide en definitiva si se acreditó el derecho a alimentos y, en su caso, se determina el monto definitivo de la pensión, pero ya con base en el material probatorio rendido por las partes. También es importante destacar que, en torno al monto y la forma en que se asegura el cumplimiento de la pensión alimenticia provisional, el juez de origen puede conceder ésta fijando un porcentaje sobre el total de los ingresos que tenga el deudor alimentario. Ahora, si bien la referida forma, esto es, la fijación de un porcentaje sobre el sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de una cantidad líquida, se considera que no determina por sí misma una trasgresión al principio de proporcionalidad de los alimentos, pues incluso, por lo general resulta más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social. Sin embargo, será la deficiente motivación en la fijación de su monto la que en su caso determinará la ilegalidad de la misma, pues ésta no está exenta del cumplimiento de tal prerrogativa constitucional, debe tenerse en cuenta que la regulación respecto de la correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista, no puede ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, a fin de dar cumplimiento a dicha garantía constitucional. Al respecto, por las razones que los contienen, orienta a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/41 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y la tesis aislada Tesis: II.2o.C.126 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que son del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE SU FIJACIÓN EN UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR. La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos prevista en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, independientemente de que la fijación de una pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social. "ALIMENTOS. EL PORCENTAJE QUE MODIFICA LA SALA EN UNA PENSIÓN DE. DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 291 y 294 del Código Civil del Estado de México, el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos consiste en proveer al acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por esto el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del derechohabiente y a las posibilidades de quien los debe proporcionar; no obstante ello, el último de los preceptos mencionados no establece ningún medio o forma para definir esa proporcionalidad; aun así, la regulación respecto de esa correspondencia entre la necesidad de quien deba recibirlos y la capacidad económica del deudor alimentista, no debe ser fijada arbitrariamente por la autoridad, sino que es necesario que ésta la decida fundada y razonadamente, máxime, cuando se modifica el porcentaje que como pensión alimenticia había señalado el Juez en el fallo apelado, y de no hacerlo así la resolución resulta violatoria de garantías." En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la parte que al estudio interesa, se advierte que en contra de la pensión alimenticia que inicialmente se fije en un juicio de alimentos, el deudor alimentario puede inconformarse interponiendo el recurso de reclamación, a efecto que el juzgador reanalice la citada medida, atendiendo a las nuevas circunstancias que el reclamante exponga y pruebe, de lo que es evidente que el juez debe admitir pruebas en dicha reclamación, siempre y cuando sean documentales y se encuentren ofrecidas en el propio escrito de su interposición, del desahogo de vista y de la demanda formulada por la parte actora, con la salvedad de que sean esenciales para decir, sobre todo cuando está de por medio el interés superior del menor. El juzgador debe resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/21, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, Materia Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 775, con registro digital 176670 del rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." En ese sentido, la tramitación del citado recurso exige que el juez debe dar vista por un término de tres días, con el mismo, a la parte acreedora, a efecto que esté en aptitud de controvertir lo manifestado por el deudor y exhibir pruebas, y una vez cumplido con lo anterior, el juzgador deberá resolver lo procedente, para lo cual tendrá la obligación de llevar a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y tomar en consideración las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo de la misma, pues sólo de esa manera se salvaguarda el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Dicho en otras palabras, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, el juzgador debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación." ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 628/2020, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, María del Carmen Hernández Ramón por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas L. G. M. H. y K. del C. M. H., promovió juicio ordinario civil donde demandó de Gerardo Meza Rodríguez I. El pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva; II. La guarda y custodia de sus menores hijas; III. Medida de protección (fojas 1 a 10, cuaderno de pruebas). 2. Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, ordenó emplazar al demandado y se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimenticios, consistente en el 20% (veinte por ciento) para cada uno, lo que sumado da un total del 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado; se ordenó realizar el cercioramiento de necesidad de la medida de depósito judicial; así como la medida de protección, consistente en que el demandado o familiares no se acerquen al domicilio de la parte actora (fojas 20 a 25, cuaderno de pruebas). 3. El diez de septiembre de dos mil veinte, se realizó la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de persona, en la que el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en compañía de fedatario público, se constituyeron en el domicilio ubicado en Calle Independencia entre Luis Donaldo Colosio y Miguel Alemán, Localidad la Laguna, Municipio de Medellín de Bravo, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la realización de la diligencia; el veintiuno de septiembre de dos mil veinte se resolvió el depósito judicial de los menores de edad solicitado por su señora madre a favor de ésta; así también el juez civil instructor ordenó que la depositaria realizara todas las gestiones necesarias para facilitar un canal de comunicación entre los niños y su padre, ya sea a través de llamadas telefónicas, video llamadas o cualquier otro medio de comunicación o tecnológico que permita lograr la comunicación entre padre e hijos, para lo cual debería presentar la documentación que soporte la obligación impuesta, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondría una multa; además la medida de protección relativa a la prohibición de que Gerardo Meza Rodríguez injurie, amenace a María del Carmen Hernández Ramón, así como la medida de restricción consistente a que el demandado no se acerque a la parte actora o familiares en el domicilio de esta (fojas 34 a 38 y 39 a 45 vuelta, cuaderno de pruebas). 4. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, María del Carmen Hernández Ramón aceptó el cargo conferido (fojas 46, cuaderno de pruebas). 5. Diligencia emplazamiento por comparecencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, realizada a Gerardo Meza Rodríguez (fojas 51, cuaderno de pruebas). 6. Acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo a Gerardo Meza Rodríguez dentro del término concedido para ello, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, por opuestas sus excepciones y defensas e interponiendo recurso de reclamación contra la medida provisional de alimentos, con lo cual se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga (fojas 53 y 54 a 71, cuaderno de pruebas). 7. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó turnar los autos a la vista del juzgador a efecto de resolver lo procedente respecto a la reclamación interpuesta (fojas 87, cuaderno de pruebas). 8) Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se regresó el expediente a mesa de trámite, con el fin de girar un oficio a la Institución Jaime Torres Bodet, lugar en que trabaja María del Carmen Hernández Ramón con clave 30DJN1161U, en la localidad de Jamapa, de Medellín de Bravo, Veracruz, a fin de saber los ingresos que percibe, por lo que una vez hecho lo anterior se estaría en condiciones de resolver (fojas 89, cuaderno de pruebas). 9) Proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo al Delegado Regional Zona Veracruz informando que María del Carmen Hernández Ramón es empleada de jardín de niños foránea y sueldo que percibe (fojas 91, cuaderno de pruebas). 10. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó turnar los autos a la vista del juzgador a efecto de resolver lo procedente respecto a la reclamación interpuesta (fojas 94, cuaderno de pruebas). 11. Resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reclamación: ". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Que por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución se declara PROCEDENTE la reclamación planteada por el demandado GERARDO MEZA RODRÍGUEZ, en consecuencia; SEGUNDO. Se reduce la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio del sesenta por ciento al TREINTA Y CINCO POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe GERARDO MEZA RODRÍGUEZ de su fuente de empleo; esto sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva; quedando la pensión alimenticia distribuida de la siguiente forma: QUINCE POR CIENTO para el menor L.G.M.H., QUINCE POR CIENTO para la infante K. del C. M.H. y un CINCO POR CIENTO para MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMÓN, dando un total de TREINTA Y CINCO POR CIENTO; por lo que gírese el oficio respectivo al pagador de la institución en la cual labora el demandado GERARDO MEZA RODRÍGUEZ, con la finalidad de que haga el descuento que por alimentos se ha fijado con antelación. TERCERO. PUBLIQUESE Y NOTIFIQUESE POR LISTA DE ACUERDOS A LAS PARTES; y en su oportunidad remítase copia autorizada a la superioridad para los efectos legales procedentes. A S I lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VÍCTOR FERNÁNDEZ LUNA, Juez del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial, por ante la Ciudadana Licenciada LOURDES JANET RIOS ESCOBAR, Secretaria de Acuerdos con quien actúa. DOY FE. En veintinueve de abril del dos mil veintiuno, siendo las doce horas con cincuenta minutos, bajo el número SESENTA, se publicó la resolución; surtiendo sus efectos legales al día siguiente de su publicación. Conste." (fojas 99 a 102 vuelta, cuaderno de pruebas). 12. Determinación en contra de la que María del Carmen Hernández Ramón por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, promovió demanda de amparo (fojas 105). 13. Es un hecho notorio que ante este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 374/2021, promovido por María del Carmen Hernández Ramón por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas L. G. M. H. y K. del C. M. H., el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ". Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por María del Carmen Hernández Ramón por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 628/2020 y, en su lugar dicte otra en la que: Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de María del Carmen Hernández Ramón y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. Así también, respecto al porcentaje de los dos menores de edad de identidad reservada, exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. ." 13. Acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo a la parte demandada Gerardo Meza Rodríguez exhibiendo copia certificada del expediente 3637/2021 del índice de ese órgano jurisdiccional, en el que se hizo el depósito judicial a su favor del menor de edad de identidad reservada bajo las siglas L.G.M.H., motivo por el cual se giró oficio a la fuente de empleo del demandado a efecto de que cancele el 20% (veinte por ciento) que le corresponde al menor (fojas 112, 116 a 120 y 121, cuaderno de pruebas). 14. En contra de la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, Gerardo Meza Rodríguez tercero interesado en el presente asunto, interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta Ciudad, con el número 349/2021, quien en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, confirmó, la sentencia recurrida, motivo por el cual en proveído de veinticinco de abril siguiente, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable. 15. Mediante resoluciones de veintinueve de abril, once de mayo y tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, pretendió dar cumplimiento (fojas 140 a 146 y 150 a 156). 17. Resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitida por la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación: "PRIMERO. Que por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución se declara PROCEDENTE la reclamación planteada por el demandado GERARDO MEZA RODRÍGUEZ, en consecuencia; SEGUNDO. Se reduce la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio del sesenta por ciento al VEINTICINCO CINCO POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe GERARDO MEZA RODRIGUEZ, de su fuente de empleo; esto sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva; quedando la pensión alimenticia distribuida de la siguiente forma: VEINTE POR CIENTO para la infante K. del C. M.H. y un CINCO POR CIENTO para MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ RAMÓN; cancelándose la decretada para el menor L.G.M.H. por los motivos antes señalados; dando un total de VEINTICINCO POR CIENTO; por lo que gírese el oficio respectivo al pagador de la institución en la cual labora el demandado GERARDO MEZA RODRÍGUEZ, con la finalidad de que haga el descuento que por alimentos se ha fijado con antelación. TERCERO. Remítase copia del presente fallo al C. Juez del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, para su debido conocimiento, y quede enterado del cumplimiento que se le dio a la sentencia amparadora en relación al amparo indirecto número 374/2021-IV. ." (fojas 167 a 174). Resolución que le fue notificada por lista, bajo el número cincuenta y uno, el mismo veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 175, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable infringió en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a las formalidades esenciales del procedimiento, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: a) Al concederle valor a la copia certificada de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el depósito judicial de su menor hijo de identidad reservada bajo las siglas L.G.M.H. a su favor; en diverso expediente 3637/2021 del índice de ese juzgado; cuando no debió ser considerada por no haberse aportado en su demanda o recurso de reclamación, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. b) De manera infundada y motivada reduce el monto fijado del 20% (veinte por ciento) al 5% (cinco por ciento) sin realizar estudio alguno. c) Incorrectamente cancelo la pensión decretada en favor del menor de identidad reservada bajo las siglas L.G.M.H., con lo que desnaturaliza el recurso de reclamación, que no permite su cancelación o dejarla insubsistente. c) No suplió la deficiencia de la queja en favor de los menores. Es fundado pero inoperante y en lo demás infundados los conceptos de violación que aquí se analizan, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, la autoridad responsable al declarar procedente el recurso de reclamación que modificó la pensión provisional alimenticia originalmente decretada del sesenta por ciento (60%) al veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado, consideró lo siguiente: I. El inconforme, acreditó fehacientemente que efectivamente la actora María del Carmen Hernández Ramón se encuentra laborando en la escuela "Jaime Torres Bodet"; y que percibe un sueldo de $8,690.93 (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N.) mensuales; además el reclamante acredita que viene cobrando la cantidad de $7.86 (SIETE PESOS 86/100 M.N.); que eroga gastos por concepto de energía eléctrica; la accionante al tener una fuente de empleo, es evidente que cuenta con servicio médico, por lo tanto no eroga gastos por dicho concepto; atendiendo además que la actora percibe ingresos. I.1. Que el hecho de que el reclamante padezca diabetes, esto no significa que deje de cumplir con su obligación alimentaria. I.2. Era inatendible lo vertido por el reclamante en el sentido de que la actora al trabajar, tiene obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, en virtud de que si bien el artículo 234 del Código Civil señala que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; destacó que, la actora se encarga del cuidado de los menores, al estar bajo su guarda y custodia, por lo que se debía considerar las actividades y roles de género que tienen los padres; por lo que ponderó que gran sector de las mujeres labora en doble jornada, al trabajar fuera de casa tiempo completo y, además, al llegar al hogar y atender el cuidado de los hijos y del hogar mismo, de modo tal que el hecho de laborar fuera no descarga de los deberes de cuidado que se dé al interior de la familia, y esa aportación a la familia que se hace con la "doble jornada" o "segundo turno" también tiene un valor económico; y en el caso que nos ocupa si la actora tiene una actividad laboral y de índole doméstica, como lo era el cuidado, administración del hogar y el cuidado de sus hijos al no existir precepto alguno que restrinja a los obligados alimentistas a cumplir única y exclusivamente a través del pago de una cantidad en efectivo, sino que también puede hacerse en especie lo que en su caso lo sería el cuidado de los menores para que se desarrollen normalmente, los cuidados maternos, alimentación y aquellos extraordinarios por enfermedad que se reconocen médicamente como cuidados maternos o paternos, por lo que la actora, cumple con su obligación de proporcionarle alimentos sus hijos, en especie, al estar los menores bajo su guarda y custodia. I.3. Que al trabajar la ahora actora percibe ingresos mayores a los del reclamante. II. Que la actora en ese momento no justifica en cuanto ascienden sus gastos personales, tales como pago de arrendamiento, agua potable, energía eléctrica, etcétera; o que en su caso tenga una padecimiento de salud, que implique erogar gastos como lo serian medicamentos o tratamientos que no estén contemplados en el sector salud. II.1 Al momento de fijar la pensión alimenticia provisional, se ignoraba que la actora laboraba; y que el reclamante recibe la cantidad de $7.86 (SIETE PESOS 86/100 M.N.) II.2. Por lo que en términos de lo señalado por el artículo 242 del Código Civil del Estado, los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, para procurar una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en su entorno social. II.3. En cuanto a los menores L. G. M. H. y K. del C. M. H., se fijó una pensión alimenticia a cada uno a razón del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el reclamante; dando un monto total del cuarenta por ciento; cuentan con once años once meses y ocho años cinco meses de edad respectivamente; por lo que están en edad escolar, y se tiene que erogar gastos por concepto de útiles escolares, uniformes, transporte, refrigerio, etcétera; sin que la actora haya interpuesto recurso alguno respecto de la fijación de ese porcentaje. II.4. Que el demandado debe guardar para si un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, las que evidentemente son mayores a las de sus acreedores, al considerar que él es el generador de los alimentos; el alto costo de la vida que por ser un hecho notorio no requiere ser probado en términos de lo dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local. II.5 Los menores tienen derecho a un nivel de vida adecuado, para su sano desarrollo. III.6 No pasa por alto que la accionante es quien se encarga de los cuidados de los menores ya que vive con ellos; contribuyendo en la preparación de alimentos, cuidados, y vigilar su educación; lo que significa una forma de contribuir para la alimentación de los infantes. IV. No debía pasarse por alto que Gerardo Meza Rodríguez, el treinta de noviembre del dos mil veintiuno; exhibió copia certificada de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores de diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, en la que se decretó el depósito judicial de su menor hijo L. G. M. H. a su favor en el diverso expediente 3637/2022 de su índice, visible a fojas ciento setenta y cuatro a ciento setenta y ocho; escrito que consideró fue presentado con data posterior a la reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada y de la diversa resolución de veintinueve de abril del dos mil veintiuno. IV.1. No obstante lo previsto en el artículo 210 del Código Procesal Civil, justipreció que hubo un cambio de situación jurídica respecto del menor L. G. M. H., ya que si bien primeramente estaba bajo la guarda y custodia de María del Carmen Hernández Ramón, así lo señalo en su escrito inicial de demanda, se le fijó pensión alimenticia, se decretó un depósito judicial a su favor el veintiuno de septiembre del dos mil veinte; es decir, con anterioridad a la decretada a favor de Gerardo Meza Rodríguez, que lo fue el diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno; que de la vista al expediente 3637/21 se aprecia vigente, le proporciona directamente los alimentos, por lo que de seguir descontándosele el veinte por ciento le provocaría un perjuicio al menor, al verse afectado el ingreso del reclamante, puesto que no contaría con la capacidad suficiente para otorgarle los alimentos al niño, ya que por un lado se le estaría descontando de su salario y por otro lado, le estaría proporcionando alimentos directamente. IV.2. Al justipreciar el interés superior del niño, quien tiene derecho a una vida adecuada para su correcto desarrollo, se consideran las posibilidades y medios económicos de los padres, de ahí que debía cancelarse la pensión decretada a favor del menor L. G. M. H., a razón del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe Gerardo Meza Rodríguez. V. Por lo que debe reducirse la pensión alimenticia provisional, para María del Carmen Hernández Ramón sin que se cancele la misma. VI. De ahí que se cancela la pensión alimenticia del niño L. G. M. H., dejando intocada la pensión para la niña K. del C. M. H. VII. Por tanto, con fundamento en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y en el diverso 242 del Código Civil del Estado, se reduce la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio del sesenta por ciento al veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe Gerardo Meza Rodríguez, quedando la pensión alimenticia distribuida de la siguiente forma, veinte por ciento para la infante K. del C. M. H. y un cinco por ciento para María del Carmen Hernández Ramón, cancelándose la decretada para el menor L. G. M. H. Sentado lo anterior, debe decirse que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, se evidencia que la autoridad responsable en la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, que declaró procedente el recurso de reclamación, no carece de fundamentación, argumentación y motivación, además de que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, al dar contestación a los puntos planteados en el recurso de reclamación en los términos asentados. Se afirma lo anterior, ya que la resolución emitida por la autoridad responsable, fue congruente con la demanda y contestación de la reclamación, así como con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, se decidió sobre todos los puntos litigiosos del debate. En ese sentido, no se soslaya que el juez responsable para la tramitación del recurso llevó a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y consideró las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo, salvaguardando el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Por otra parte, expuso los motivos y razones que ya se precisaron por las cuales consideró procedente la reclamación ala establecer que el inconforme, acreditó fehacientemente que efectivamente la actora María del Carmen Hernández Ramón se encuentra laborando en la escuela "Jaime Torres Bodet"; y que percibe un sueldo de $8,690.93 (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N.) mensuales; además de que acreditó que cobra la cantidad de $7.86 (SIETE PESOS 86/100 M.N.); que eroga gastos por concepto de energía eléctrica; que actora al tener una fuente de empleo, cuenta con servicio médico, por lo tanto no eroga gastos por dicho concepto; atendiendo además que percibe ingresos mayores a los del reclamante, no justificó en cuanto ascienden sus gastos personales, tales como pago de arrendamiento, agua potable, energía eléctrica, etcétera; o que en su caso tenga una padecimiento de salud, que implique erogar gastos como lo serian medicamentos o tratamientos que no estén contemplados en el sector salud, datos que al momento de fijar la pensión alimenticia provisional se ignoraban. De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en concepto de violación con el inciso b) la resolución emitida por la autoridad responsable cumple con el principio de legalidad. Además con los principios de congruencia y exhaustividad, al dar contestación a los puntos planteados en el recurso de reclamación en los términos asentados. Se afirma lo anterior, ya que la resolución fue congruente con la demanda y contestación de la reclamación, así como con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, se decidió sobre todos los puntos litigiosos del debate. Todo lo cual concluyó que al resolverse la reclamación lo fuera con base en las pruebas aportadas por las partes, para así llegar a modificar el monto de la pensión provisional consistente. Y si bien como lo refiere la parte quejosa en sus conceptos de violación señalados en los incisos a) y c), la autoridad responsable concedió valor a la copia certificada de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y con ello cancelo la pensión decretada en favor del menor de identidad reservada bajo las siglas L. G. M. H., cuando no debió ser considerada por no haberse aportado en su demanda o recurso de reclamación, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Deben declararse inoperantes, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, toda vez que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional, porque de concederse la protección federal para que se subsane no cambiaría el sentido del acto reclamado, dado de que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses de la quejosa, en virtud de los razonamientos expuestos a lo largo de la resolución impugnada. Ello es así, en virtud de que la cancelación de la obligación alimentaria es un tópico que tiene como presupuesto necesario una acción judicial previa en la cual se haya fincado una pensión. La materia de análisis en ella se centrará en establecer si la variación de las circunstancias que prevalecían al momento en que se fijó son tales que la obligación debe ser cancelada, principalmente porque ha cesado la necesidad del acreedor alimentario de recibirlos o el deudor alimentario está imposibilitado para proveerlos. Máxime que el juzgador consideró que el demandado le proporciona directamente los alimentos, por lo que de seguir descontándosele el veinte por ciento le provocaría un perjuicio al menor, al verse afectado el ingreso del reclamante, puesto que no contaría con la capacidad suficiente para otorgarle los alimentos al niño, ya que por un lado se le estaría descontando de su salario y por el otro, le estaría proporcionando alimentos directamente, lo anterior a fin de no afectar el interés superior del niño, quien tiene derecho a una vida adecuada para su correcto desarrollo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2021 (11a.) Undécima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, diciembre de 2021, tomo II, página 1139, con registro digital 2023888, del rubro y texto: "ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. SU EJERCICIO PUEDE FORMULARSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y VERACRUZ). Hechos: En dos asuntos se solicitó la cancelación de una pensión alimenticia. Un Tribunal Colegiado determinó que la parte solicitante sólo podía promoverla a través de un juicio principal, mientras que el otro tribunal estableció que podía ejercerse indistintamente en la vía incidental o a través de un juicio autónomo. Criterio jurídico: En las legislaciones del Estado de México (vigente hasta el primero de julio de dos mil dos) y de Veracruz no existe norma alguna de carácter prohibitivo que impida al justiciable ejercer la acción de cancelación de pensión alimenticia en un procedimiento incidental, por lo que el juzgador no debe impedir el ejercicio del derecho de acción en la vía que el actor elija. Cuando el legislador no establece de manera expresa si el derecho que se pretende deducir debe ejercerse en un procedimiento incidental o en uno principal, y además hay similitudes procesales, se debe concluir que el actor tiene la potestad legal para elegir el tipo de procedimiento que desea seguir, y que, si ha elegido la vía incidental, es atendiendo a la naturaleza abreviada de la misma y a que guarda relación con el juicio principal. Justificación: La naturaleza del derecho que se pretende dilucidar es perfectamente oponible en la vía incidental, pues el derecho a la cancelación de la pensión alimenticia está directa y estrechamente relacionado con la problemática principal del juicio en que ésta se decretó, e incluso puede calificarse como accesoria de aquélla, en la medida que esa pretensión lo que busca es precisamente evidenciar al juzgador que las circunstancias que prevalecían al momento en que se impuso la obligación de proveer alimentos han cambiado y, por ende, la misma debe ser cancelada. Además, de acuerdo con las legislaciones de Veracruz y del Estado de México (vigente hasta el primero de julio de dos mil dos), se observan las mismas formalidades esenciales en la vía incidental y en la principal." Así también es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/32, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 1396, con registro digital 181186, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, además de que expreso los preceptos legales que regulan la tramitación del recurso de reclamación y sus consecuencias jurídicas, las razones por las cuales consideró que los agravios vertidos y previo análisis de las constancias que integran el expediente a estudio mediante un razonamiento lógico jurídico, eran procedentes. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA NO UNIÓN AMPARA y PROTEGE a María del Carmen Hernández Ramón, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo y anexos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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