María del Carmen Hernández Ramón
Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Carmen Hernández Ramón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 374/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 356-357), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el once del mes y año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa María del Carmen Hernández Ramón (fojas 62-88). Inconforme con la citada resolución, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión en su contra, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, confirmó, la sentencia recurrida, en la que, la justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen Hernández Ramón, en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables (fojas 201-229), y en proveído de veinticinco de abril del año en curso, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En relación a lo anterior, mediante resoluciones de veintinueve de abril y once de mayo, la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, pretendió dar cumplimiento (fojas 244-250, 258-267), sin embargo, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida. En esas condiciones, mediante acuerdos de veintisiete de mayo del año en curso (foja 279-286), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a lo anterior, mediante oficios 3516 y 3582 se tuvo al juez responsable pretendiendo dar cumplimiento al fallo protector (foja 288-295 y 300-305), constancias que se dejaron a vista de las partes en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 306). Mediante auto de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez desahogando la vista concedida en auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020-III del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, hubo un cambio de situación jurídica, en atención a que su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. quejó bajo su guardia y custodia desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante depósito judicial dentro del expediente 3637/2021 de esa misma estadística, por lo cual, refiere que a dicho menor, él le proporciona directamente los alimentos. En atención a lo anterior, este juzgado a fin de salvaguardar el derecho superior de la niñez, con fundamento en el artículo 3 de Convención Sobre los Derechos del Niño, se le requirió al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informara, lo siguiente: 1. Si las constancias aludidas en el primer párrafo obran en el expediente 628/2020-III de su índice. 2. Actualmente y, de acuerdo a la Diligencia de Depósito Judicial con número de expediente 3637/2021 de su misma estadística, el menor de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. vive con el señor Gerardo Meza Rodríguez Y de ser el caso se pronuncie de nueva cuenta respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido demás de circunscribiese a lo siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 628/2020 y, en su lugar dicte otra en la que: Debiendo exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de María del Carmen Hernández Ramón y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. Así también, respecto al porcentaje de los dos menores de edad de identidad reservada, exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al 2. Pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Independencia número 823 Primer Piso de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, al no combatirse por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución que resulto ilegal en este estudio." Así, en auto de veintisiete de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Gerardo Meza Rodríguez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice. Posteriormente, con el oficio 3999 remitió a este órgano jurisdiccional la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, así como, el cambio de situación jurídica que prevalece en los autos del juicio natural, consistentes en que la autoridad responsable debía cerciorarse de: a). Exponer debidamente, porqué razón consideró que el porcentaje que decidió imponer como pensión alimenticia resulta ser la que corresponde al caso concreto y no otra; sobre todo la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, tanto del deudor alimentario como de María del Carmen Hernández Ramón, es decir, los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué dicho porcentaje resulta suficiente para sufragar las necesidades del deudor alimentario Gerardo Meza Rodríguez y de la aquí quejosa. b) Con relación al porcentaje de los dos menores de identidad reservada exponga el fundamento legal y razonamiento aplicable con el cual sustentó su proceder. c). Finalmente, acreditar haber notificado de la resolución que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo al 2. Pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., atendiendo a que la concesión del amparo se hizo extensiva al acto de ejecución que se atribuye al no combatirse por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución que resulto ilegal en este estudio. Respecto a la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, respecto de la aquí quejosa María del Carmen Hernández Ramón y del deudor alimentario Gerardo Meza Rodríguez; es decir, exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué el porcentaje modificado resulta suficiente para sufragar las necesidades de las partes. La autoridad responsable analizó los ingresos que obtiene el demandado en la en la empresa SSA México, S.A. de C.V., en la que viene cobrando $7.86 (siete pesos 86/100 moneda nacional), considero que eroga gastos por concepto de energía eléctrica, y que padece diabetes, enfermedad que ello signifique que deje de cumplir con sus obligaciones alimentarias; de igual forma, analizó que el demandado debe guardarse para si un porcentaje de sus ingresos para satisfacer sus necesidades, las que a su consideración son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta el alto costo de vida que no requiere ser probado de conformidad con el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, que los alimentos no tienen como propósito que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, sino que busca que ambas partes tengan lo necesario para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil. También, establece que analizó para disminuir la pensión alimenticia provisional a la quejosa del veinte por ciento al cinco por ciento, monto que resulta suficiente para satisfacer la necesidades de la quejosa, en primer lugar, que la pensión alimenticia inicialmente señalada fue en atención a que en ese momento procesal se desconocía que la quejosa tiene una fuente de empleo, de la cual percibe $8,690.93 (ocho mil seiscientos noventa con 93/100 moneda nacional) de la relación laboral con la escuela "Jaime Torres Bodet", que el rubro de salud está cubierto al tener dicha fuente laboral, además, no manifestó si tiene un padecimiento por el cual tuviera necesidad de realizar erogaciones como medicamentos o tratamientos que no contemple el sector salud, aunado a ello, no justificó a cuento hacienden sus gastos personales, tales como pago de renta, agua potable, servicio de energía eléctrica, por lo que de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil, los alimentos deben proporcionarse a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que daba recibirlos, para procurar una vida decorosa, sin lujos pero suficiente para desenvolverse en su entorno social. Ahora, respecto del porcentaje fijado a los menores de identidad reservada, el juez responsable determinó dejar intocado el veinte por ciento fijado inicialmente, al considerar que a la fecha los menores L.G.M.H y K. del C.M.H, cuentan con once años y once meses y ocho años y cinco meses de edad respectivamente, en atención a las actas de nacimiento valoradas, por lo que están en edad escolar, por ende, tienen gastos por conceptos de útiles escolares, uniformes, transporte, refrigerio, etcétera, aunado a que, la quejosa no se inconformado por dicho porcentaje. Por último, mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez, exhibiendo copia certificada de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno en la que se decretó el depósito judicial de su hijo L.G.M.H a su favor, en el expediente 3637/2021 del índice de ese juzgado, diligencia que refiere que fueron posteriores al recurso de reclamación y a la resolución que recayó a éste, esta es, de fecha veintinueve de abril de dos mil de dos mil veintiuno, el cual es el acto reclamado, por lo que, en consecuencia de los anterior, dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice existe un cambio de situación jurídica respecto del menor L.G.M.H, por lo que procedió a cancelar la pensión decretada a favor del niño antes citado a razón del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que recibe de Gerardo Meza Rodríguez, en atención a que si bien fue cierto de inicio dicho menor se encontraba bajo la guardia y custodia de María del Carmen Hernández Ramón, como fue señalado en el escrito de demanda, sin embargo, posteriormente, el día diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, dentro del expediente 3637/2021 de su índice, actuaciones siguen vigente, se evidencia que los alimentos son proporcionados de manera directa al menor de iniciales L.G.M.H por el tercero interesado, por lo que, al seguir descontándole a éste dicho veinte por ciento por concepto de alimentos se le estaría ocasionado un perjuicio directamente al menor de iniciales L.G.M.H. en virtud de que el tercero interesado no contaría con la capacidad suficiente para otorgarle alimentos directamente al niño, ya que tiene derecho a una vida adecuada para su correcto desarrollo, tomando en consideración las posibilidades y los medios económicos de los padres. En atención a lo anterior, el Titular del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, resolvió reducir la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inició del sesenta por ciento al veinticinco por ciento, del sueldo y demás prestaciones que percibe Gerardo Meza Rodríguez, de su fuente de empleo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva, quedando la pensión alimenticia distribuida de la siguiente forma: veinte por ciento para la infante K. del C.M.H, y un cinco por ciento para María del Carmen Hernández Ramón; cancelándose la decretada para el menor de iniciales L.G.M.H, quedando un total de veinticinco por ciento. Por último, se cuenta con el oficio 4053 de fecha veinticuatro de junio de dos milo veintidós, mediante el cual la autoridad ordenadora responsable remitió copia certificada del diverso oficio 4027, del que se desprende que notificó al pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., con domicilio en avenida Independencia número 823 Primer Piso de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Gerardo Meza Rodríguez y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas y, resolvió en atención al cambio de situación jurídica que prevale dentro de los autos del juicio natural que nos ocupa, en atención al interés superior del niño. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el once de julio actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 29 a 31 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Firmas electrónicas." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 356-357), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el once del mes y año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa María del Carmen Hernández Ramón (fojas 62-88). Inconforme con la citada resolución, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión en su contra, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, confirmó, la sentencia recurrida, en la que, la justicia de la Unión ampara y protege a María del Carmen Hernández Ramón, en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables (fojas 201-229), y en proveído de veinticinco de abril del año en curso, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En relación a lo anterior, mediante resoluciones de veintinueve de abril y once de mayo, la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, pretendió dar cumplimiento (fojas 244-250, 258-267), sin embargo, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida. En esas condiciones, mediante acuerdos de veintisiete de mayo del año en curso (foja 279-286), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a lo anterior, mediante oficios 3516 y 3582 se tuvo al juez responsable pretendiendo dar cumplimiento al fallo protector (foja 288-295 y 300-305), constancias que se dejaron a vista de las partes en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 306). Mediante auto de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez desahogando la vista concedida en auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020-III del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, hubo un cambio de situación jurídica, en atención a que su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. quejó bajo su guardia y custodia desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante depósito judicial dentro del expediente 3637/2021 de esa misma estadística, por lo cual, refiere que a dicho menor, él le proporciona directamente los alimentos. En atención a lo anterior, este juzgado a fin de salvaguardar el derecho superior de la niñez, con fundamento en el artículo 3 de Convención Sobre los Derechos del Niño, se le requirió al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informara, lo siguiente: 1. Si las constancias aludidas en el primer párrafo obran en el expediente 628/2020-III de su índice. 2. Actualmente y, de acuerdo a la Diligencia de Depósito Judicial con número de expediente 3637/2021 de su misma estadística, el menor de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. vive con el señor Gerardo Meza Rodríguez Y de ser el caso se pronuncie de nueva cuenta respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido demás de circunscribiese a lo siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 628/2020 y, en su lugar dicte otra en la que: Debiendo exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como de María del Carmen Hernández Ramón y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. Así también, respecto al porcentaje de los dos menores de edad de identidad reservada, exponga fundamento legal y las razones en los que sustente su proceder. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al 2. Pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Independencia número 823 Primer Piso de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, al no combatirse por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución que resulto ilegal en este estudio." Así, en auto de veintisiete de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Gerardo Meza Rodríguez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice. Posteriormente, con el oficio 3999 remitió a este órgano jurisdiccional la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, así como, el cambio de situación jurídica que prevalece en los autos del juicio natural, consistentes en que la autoridad responsable debía cerciorarse de: a). Exponer debidamente, porqué razón consideró que el porcentaje que decidió imponer como pensión alimenticia resulta ser la que corresponde al caso concreto y no otra; sobre todo la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, tanto del deudor alimentario como de María del Carmen Hernández Ramón, es decir, los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué dicho porcentaje resulta suficiente para sufragar las necesidades del deudor alimentario Gerardo Meza Rodríguez y de la aquí quejosa. b) Con relación al porcentaje de los dos menores de identidad reservada exponga el fundamento legal y razonamiento aplicable con el cual sustentó su proceder. c). Finalmente, acreditar haber notificado de la resolución que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo al 2. Pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., atendiendo a que la concesión del amparo se hizo extensiva al acto de ejecución que se atribuye al no combatirse por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución que resulto ilegal en este estudio. Respecto a la ponderación de los elementos de la proporcionalidad alimentaria, respecto de la aquí quejosa María del Carmen Hernández Ramón y del deudor alimentario Gerardo Meza Rodríguez; es decir, exponer los motivos o razones que lo llevaron a concluir por qué el porcentaje modificado resulta suficiente para sufragar las necesidades de las partes. La autoridad responsable analizó los ingresos que obtiene el demandado en la en la empresa SSA México, S.A. de C.V., en la que viene cobrando $7.86 (siete pesos 86/100 moneda nacional), considero que eroga gastos por concepto de energía eléctrica, y que padece diabetes, enfermedad que ello signifique que deje de cumplir con sus obligaciones alimentarias; de igual forma, analizó que el demandado debe guardarse para si un porcentaje de sus ingresos para satisfacer sus necesidades, las que a su consideración son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta el alto costo de vida que no requiere ser probado de conformidad con el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, que los alimentos no tienen como propósito que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, sino que busca que ambas partes tengan lo necesario para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil. También, establece que analizó para disminuir la pensión alimenticia provisional a la quejosa del veinte por ciento al cinco por ciento, monto que resulta suficiente para satisfacer la necesidades de la quejosa, en primer lugar, que la pensión alimenticia inicialmente señalada fue en atención a que en ese momento procesal se desconocía que la quejosa tiene una fuente de empleo, de la cual percibe $8,690.93 (ocho mil seiscientos noventa con 93/100 moneda nacional) de la relación laboral con la escuela "Jaime Torres Bodet", que el rubro de salud está cubierto al tener dicha fuente laboral, además, no manifestó si tiene un padecimiento por el cual tuviera necesidad de realizar erogaciones como medicamentos o tratamientos que no contemple el sector salud, aunado a ello, no justificó a cuento hacienden sus gastos personales, tales como pago de renta, agua potable, servicio de energía eléctrica, por lo que de acuerdo a la proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil, los alimentos deben proporcionarse a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que daba recibirlos, para procurar una vida decorosa, sin lujos pero suficiente para desenvolverse en su entorno social. Ahora, respecto del porcentaje fijado a los menores de identidad reservada, el juez responsable determinó dejar intocado el veinte por ciento fijado inicialmente, al considerar que a la fecha los menores L.G.M.H y K. del C.M.H, cuentan con once años y once meses y ocho años y cinco meses de edad respectivamente, en atención a las actas de nacimiento valoradas, por lo que están en edad escolar, por ende, tienen gastos por conceptos de útiles escolares, uniformes, transporte, refrigerio, etcétera, aunado a que, la quejosa no se inconformado por dicho porcentaje. Por último, mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez, exhibiendo copia certificada de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno en la que se decretó el depósito judicial de su hijo L.G.M.H a su favor, en el expediente 3637/2021 del índice de ese juzgado, diligencia que refiere que fueron posteriores al recurso de reclamación y a la resolución que recayó a éste, esta es, de fecha veintinueve de abril de dos mil de dos mil veintiuno, el cual es el acto reclamado, por lo que, en consecuencia de los anterior, dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice existe un cambio de situación jurídica respecto del menor L.G.M.H, por lo que procedió a cancelar la pensión decretada a favor del niño antes citado a razón del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que recibe de Gerardo Meza Rodríguez, en atención a que si bien fue cierto de inicio dicho menor se encontraba bajo la guardia y custodia de María del Carmen Hernández Ramón, como fue señalado en el escrito de demanda, sin embargo, posteriormente, el día diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, dentro del expediente 3637/2021 de su índice, actuaciones siguen vigente, se evidencia que los alimentos son proporcionados de manera directa al menor de iniciales L.G.M.H por el tercero interesado, por lo que, al seguir descontándole a éste dicho veinte por ciento por concepto de alimentos se le estaría ocasionado un perjuicio directamente al menor de iniciales L.G.M.H. en virtud de que el tercero interesado no contaría con la capacidad suficiente para otorgarle alimentos directamente al niño, ya que tiene derecho a una vida adecuada para su correcto desarrollo, tomando en consideración las posibilidades y los medios económicos de los padres. En atención a lo anterior, el Titular del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, resolvió reducir la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inició del sesenta por ciento al veinticinco por ciento, del sueldo y demás prestaciones que percibe Gerardo Meza Rodríguez, de su fuente de empleo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva, quedando la pensión alimenticia distribuida de la siguiente forma: veinte por ciento para la infante K. del C.M.H, y un cinco por ciento para María del Carmen Hernández Ramón; cancelándose la decretada para el menor de iniciales L.G.M.H, quedando un total de veinticinco por ciento. Por último, se cuenta con el oficio 4053 de fecha veinticuatro de junio de dos milo veintidós, mediante el cual la autoridad ordenadora responsable remitió copia certificada del diverso oficio 4027, del que se desprende que notificó al pagador de la Empresa de SSA México, S.A. de C.V., con domicilio en avenida Independencia número 823 Primer Piso de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 628/2020/III de su índice, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Gerardo Meza Rodríguez y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas y, resolvió en atención al cambio de situación jurídica que prevale dentro de los autos del juicio natural que nos ocupa, en atención al interés superior del niño. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el once de julio actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 29 a 31 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Firmas electrónicas."
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Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ordinario civil 628/2020-III, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la autoridad responsable remita a este juzgado la notificación efectuada al pagador de la Empresa de SSA México, S.A de C.V., tal como, se aprecia que ordenó en la resolución que envía en copia certificada. En la inteligencia, que subsiste el apercibimiento formulado en auto veinticinco de abril de dos mil veintidós al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, hasta en tanto dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Del estado de autos se aprecia que en acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez, desahogando la vista concedida en proveído de ocho de junio del presente año, en el sentido de que dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020-III del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, hubo un cambio de situación jurídica, en atención a que su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. quejó bajo su guardia y custodia desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante depósito judicial dentro del expediente 3637/2021 de esa misma estadística, por lo cual, refiere que a dicho menor, él le proporciona directamente los alimentos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de Convención Sobre los Derechos del Niño, requiérase al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe, lo siguiente: 1. Si las constancias aludidas en el primer párrafo obran en el expediente 628/2020-III de su índice. 2. Actualmente y, de acuerdo a la Diligencia de Depósito Judicial con número de expediente 3637/2021 de su misma estadística, el menor de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. vive con el señor Gerardo Meza Rodríguez. De igual forma, deberá en el término antes indicado remitir copia certificada legible y completa de dichas constancias a este juzgado, y de ser el caso se pronuncie de nueva cuenta respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dicha circunstancia incide de forma directa a lo ya informado mediante resolución tres de julio de dos mil veintidós. Apercibida que de no hacerlo en el término indicado se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, en atención a que la información y constancias requeridas son necesarias para determinar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo a efecto de no vulnerar interés superior de la niñez. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Del estado de autos se aprecia que en acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo al tercero interesado Gerardo Meza Rodríguez, desahogando la vista concedida en proveído de ocho de junio del presente año, en el sentido de que dentro de los autos del juicio ordinario civil 628/2020-III del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, Veracruz, hubo un cambio de situación jurídica, en atención a que su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. quejó bajo su guardia y custodia desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante depósito judicial dentro del expediente 3637/2021 de esa misma estadística, por lo cual, refiere que a dicho menor, él le proporciona directamente los alimentos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de Convención Sobre los Derechos del Niño, requiérase al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en el Estado de Veracruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe, lo siguiente: 1. Si las constancias aludidas en el primer párrafo obran en el expediente 628/2020-III de su índice. 2. Actualmente y, de acuerdo a la Diligencia de Depósito Judicial con número de expediente 3637/2021 de su misma estadística, el menor de identidad reservada de iniciales L.G.M.H. vive con el señor Gerardo Meza Rodríguez. De igual forma, deberá en el término antes indicado remitir copia certificada legible y completa de dichas constancias a este juzgado, y de ser el caso se pronuncie de nueva cuenta respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dicha circunstancia incide de forma directa a lo ya informado mediante resolución tres de julio de dos mil veintidós. Apercibida que de no hacerlo en el término indicado se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, en atención a que la información y constancias requeridas son necesarias para determinar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo a efecto de no vulnerar interés superior de la niñez. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
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Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Agréguense a los autos los escritos signados por Gerardo Meza Rodríguez tercero interesado en el presente juicio, en atención al primer ocurso, como lo solicita el promovente se tiene por revocado el nombramiento hecho a los profesionistas y el domicilio procesal previamente señalado en autos. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Romero Cabada y Nancy Beatriz Azamar Martínez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó en su ocurso de cuenta; y hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. Ahora, por lo que hace a su segundo escrito; en atención a su contenido, téngase al tercero interesado desahogando la vista que se otorgó en auto de ocho de junio de dos mil veintidós y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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