María del Carmen Hernández Ramón
Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Carmen Hernández Ramón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda; asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos los autos para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1065/2023 y, RESULTANDO ÚNICO. ********************, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE FAMILIA 37 CIERTO VERACRUZ, VERACRUZ De quien reclamó: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos del expediente ******************** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, decretando la convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************. y su progenitor el señor ******************** (aquí tercero interesado). En auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado negó la suspensión provisional del referido acto, solicitó informe previo a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, reconoció la existencia del acto reclamado, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión cuando la naturaleza del acto lo permita, ponderando la apariencia del buen derecho y del interés social, la cual se decretará siempre que la solicite la parte quejosa, y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como lo es, que no se afecten intereses de menores o incapaces, ni se les pueda causar trastorno emocional o psíquico, para lo cual el órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, a menos que con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. En el presente caso, conviene señalar que la promovente solicita la suspensión definitiva respecto de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro de los autos del expediente ******************** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, decretando la convivencia provisional entre la menor de iniciales ********************. y su progenitor ******************** (aquí tercero interesado) pues aduce que no se ha escuchado al menor de edad y no se ha llevado a cabo el sometimiento a un proceso terapéutico (padres e hijos) a fin de relacionarse adecuadamente. Ahora, en relación con el derecho de visitas y convivencias, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres. En este sentido, destacó que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que les permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. En ese contexto, si las visitas y convivencias entre los progenitores y sus hijos menores de edad están orientadas a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre padres y sus descendientes que por algún motivo no pueden vivir juntos; siendo su finalidad enriquecer esa comunicación espiritual y afectivamente, lo que es en beneficio de los niños; entonces, salvo que esté demostrado que esa convivencia entre los menores y su progenitor representa un riesgo para ellos, no es factible conceder la suspensión para que no se lleve a cabo esa convivencia decretada en la resolución; por ser de orden público e interés social asegurar e incentivar el ejercicio de la convivencia entre padres e hijos. Entonces, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva del acuerdo que ordena la convivencia física del menor quejoso con su padre, para efecto que no se lleve a cabo, en virtud de que el derecho de visitas y convivencias es de orden público e interés social, pues las convivencias fueron fijadas a fin de incentivar su relación de modo paulatino y progresivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior lo aducido por la promovente en el sentido de que considera que la convivencia con el padre de los menores los deja en estado de vulnerabilidad, pues, a su decir, debe escucharse al menor y llevarse a cabo un proceso terapéutico a fin de relacionarse adecuadamente, pues el menor involucrado ha sido objeto de violencia por parte de su progenitor. Sin embargo, cabe mencionar que en la resolución reclamada, las convivencias se fijaron de manera supervisada en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM). Bajo ese contexto, y tomando en cuenta que el artículo 129, fracción VII, de la Ley de Amparo, dispone que se considerará, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "VII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;."; es evidente que si en el caso no existen elementos que permitan concluir que la convivencia decretada por el acto reclamado perjudique en forma alguna a los infantes, procede negar la medida cautelar solicitada, ya que las normas que consignan el derecho de los niños a un entorno estable y libre de peligro, son de orden público e interés social, y su observancia sí se relaciona con el interés superior de los menores de edad, ya que tienden a protegerlos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco del actual, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez, y, que la audiencia constitucional fijada en el presente asunto, tendría verificativo para las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de la presente anualidad. Sin embargo, como se advierte, dicho día fue declarado inhábil, razón por la cual no se celebró la referida audiencia; en consecuencia, se señala como nueva fecha para la celebración de la misma las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa MOISÉS MEZA MEDINA, en su carácter de representante legal de la empresa directo quejosa TABASA IMPORT EXPORT LTD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el recurso administrativo número 528********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
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