María del Carmen Bonavides
Expediente 1228/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Bonavides
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el que acusa recibo de la demanda de amparo promovida por ***********, por conducto de su apoderado Marco Antonio Ayuso Rodríguez, e indica que se aceptó la competencia planteada para conocer de dicho asunto. En consecuencia, se toma nota de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del acuerdo previamente mencionado. Como este cuaderno de antecedentes no existen documentos considerados originales en términos del artículo 3° fracción XVIII, del referido Acuerdo General, se considera que es susceptible de destrucción, en atención al diverso precepto 14 del mismo acuerdo. Por tanto, de conformidad al precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cuestión, transcurridos seis meses contados a partir de esta fecha procédase a la destrucción de este cuadernillo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda y anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1228/2022. Incompetencia. Al realizar un estudio integral del escrito inicial de demanda, promovida por ***************, por conducto de su apoderado Marco Antonio Ayuso Rodríguez, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. De ahí que al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las normas que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. La competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por la citada quejosa da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades que señala como responsables, de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el Juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un Juzgador. Cabe precisar, que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable, lo siguiente: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León. Acto reclamado: La omisión de diligenciar el exhorto 0003/2022, enviado para desahogar la prueba confesional que solicitó el Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, es evidente que la ejecución del acto reclamado del que se duele la quejosa surte efectos materialmente en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, ya que la materialización del acto reclamado que se atribuye al Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, con domicilio en Juan Ignacio Ramón (21), Ignacio Zaragoza Sur, sin número, Centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000. Por tanto, es evidente que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que se analiza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo general 46/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos entre los referidos órganos jurisdiccionales y los Juzgados de Distrito, en la misma sede, en relación con el diverso Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior transcripción se establecen tres reglas fundamentales y específicas para determinar la competencial por razón de territorio; a saber: La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión, requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; en tanto, la segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material, y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; finalmente, la tercera, establece que, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La primer regla es la que a juicio de quien resuelve se actualiza en el caso en estudio, toda vez que la autoridad responsable a la que se atribuye el acto reclamado reside en el Estado de Nuevo León; por tanto, se evidencia que este órgano jurisdiccional no es competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión, dada la materialización del acto reclamado, atribuido a una autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en un momento dado, se encuentra en posibilidades de cumplimentar con las determinaciones dictadas en el amparo y de llevar a cabo materialmente la ejecutoria que se llegue a emitir en el juicio de derechos fundamentales Por tal motivo es válido matizar que si bien existen dos tipos de actos, a saber: positivos y negativos. Los primeros [positivos] se traducen en una conducta de hacer de la autoridad, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implican una acción, una orden, una privación o una molestia; además, dichos actos se subcalifican en: a) de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y, c) de ejecución de tracto sucesivo. En tanto que los segundos [negativos], se clasifican en: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples y, c) actos prohibitivos; los primeros implican un no actuar de la autoridad; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular; y, los actos prohibitivos implican en realidad un verdadero hacer positivo, el cual consiste en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados por parte de la autoridad. Así, a pesar que el acto reclamado en sí mismo, de acuerdo a lo inmediatamente expuesto, corresponde a un acto negativo, en este caso sí es factible considerar que aquel acto tiene efectos positivos si se otorga el amparo solicitado, pues la consecuencia de la citada protección constitucional, implicaría el desahogo de la prueba confesional solicitada, pues de no ponderar esa circunstancia se traduciría en constreñir a las autoridades responsables a ejecutar una acción el ulterior objetivo planteando por la quejosa en el juicio de amparo, esto es reparar la infracción cometida antes de la promoción del juicio constitucional. Además, no tener en cuenta los efectos positivos de la hipotética protección constitucional trastocaría los derechos de la disidente al impedir establecer su estrategia legal en el asunto. Por ese motivo, a juicio de quien resuelve se advierte que legalmente es competente para conocer del juicio de control constitucional biinstancial el del lugar donde se pueda materializar el acto, atento al efecto positivo del acto reclamado, si llegara a resultar procedente el desahogo del medio de convicción ofrecido, pues en este caso, sólo podría realizarlo la autoridad responsable que tienen su residencia -circunstancia que sirve para fincar la competencia cuando el acto reclamado requiere ejecución material-, en el Estado de Nuevo León, donde se estarían ejecutando los efectos del acto reclamado, por ubicarse materialmente ahí. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno; remítase el presente juicio de amparo al referido órgano jurisdiccional y solicítese al titular de ese Juzgado de Distrito de la manera más atenta, informe a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte peticionaria de amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda y anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1228/2022. Incompetencia. Al realizar un estudio integral del escrito inicial de demanda, promovida por ***************, por conducto de su apoderado Marco Antonio Ayuso Rodríguez, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. De ahí que al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las normas que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. La competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por la citada quejosa da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades que señala como responsables, de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el Juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un Juzgador. Cabe precisar, que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable, lo siguiente: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León. Acto reclamado: La omisión de diligenciar el exhorto 0003/2022, enviado para desahogar la prueba confesional que solicitó el Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, es evidente que la ejecución del acto reclamado del que se duele la quejosa surte efectos materialmente en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, ya que la materialización del acto reclamado que se atribuye al Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, con domicilio en Juan Ignacio Ramón (21), Ignacio Zaragoza Sur, sin número, Centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000. Por tanto, es evidente que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que se analiza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo general 46/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos entre los referidos órganos jurisdiccionales y los Juzgados de Distrito, en la misma sede, en relación con el diverso Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior transcripción se establecen tres reglas fundamentales y específicas para determinar la competencial por razón de territorio; a saber: La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión, requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; en tanto, la segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material, y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; finalmente, la tercera, establece que, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La primer regla es la que a juicio de quien resuelve se actualiza en el caso en estudio, toda vez que la autoridad responsable a la que se atribuye el acto reclamado reside en el Estado de Nuevo León; por tanto, se evidencia que este órgano jurisdiccional no es competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión, dada la materialización del acto reclamado, atribuido a una autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en un momento dado, se encuentra en posibilidades de cumplimentar con las determinaciones dictadas en el amparo y de llevar a cabo materialmente la ejecutoria que se llegue a emitir en el juicio de derechos fundamentales Por tal motivo es válido matizar que si bien existen dos tipos de actos, a saber: positivos y negativos. Los primeros [positivos] se traducen en una conducta de hacer de la autoridad, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implican una acción, una orden, una privación o una molestia; además, dichos actos se subcalifican en: a) de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y, c) de ejecución de tracto sucesivo. En tanto que los segundos [negativos], se clasifican en: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples y, c) actos prohibitivos; los primeros implican un no actuar de la autoridad; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular; y, los actos prohibitivos implican en realidad un verdadero hacer positivo, el cual consiste en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados por parte de la autoridad. Así, a pesar que el acto reclamado en sí mismo, de acuerdo a lo inmediatamente expuesto, corresponde a un acto negativo, en este caso sí es factible considerar que aquel acto tiene efectos positivos si se otorga el amparo solicitado, pues la consecuencia de la citada protección constitucional, implicaría el desahogo de la prueba confesional solicitada, pues de no ponderar esa circunstancia se traduciría en constreñir a las autoridades responsables a ejecutar una acción el ulterior objetivo planteando por la quejosa en el juicio de amparo, esto es reparar la infracción cometida antes de la promoción del juicio constitucional. Además, no tener en cuenta los efectos positivos de la hipotética protección constitucional trastocaría los derechos de la disidente al impedir establecer su estrategia legal en el asunto. Por ese motivo, a juicio de quien resuelve se advierte que legalmente es competente para conocer del juicio de control constitucional biinstancial el del lugar donde se pueda materializar el acto, atento al efecto positivo del acto reclamado, si llegara a resultar procedente el desahogo del medio de convicción ofrecido, pues en este caso, sólo podría realizarlo la autoridad responsable que tienen su residencia -circunstancia que sirve para fincar la competencia cuando el acto reclamado requiere ejecución material-, en el Estado de Nuevo León, donde se estarían ejecutando los efectos del acto reclamado, por ubicarse materialmente ahí. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno; remítase el presente juicio de amparo al referido órgano jurisdiccional y solicítese al titular de ese Juzgado de Distrito de la manera más atenta, informe a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte peticionaria de amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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