María de Lourdes Cabrera Ramíirez

Expediente 523/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
523/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • María de Lourdes Cabrera Ramíirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 523/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que se abrió incidente de suspensión, en el que por una parte negó y por otra concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; sin embargo, en atención a que en dicho cuaderno por una parte, se negó y por otra, se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 523/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por Coordinadora de Educación Inicial Federal de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (foja 36) y de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas (foja 40), del emplazamiento de la parte tercero interesada, Esmeralda González Saucedo (foja 68), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por la quejosa (fojas 9 a 18), por la coordinadora responsable (fojas 38 y 39), por la secretaria de educación del estado (fojas 42, 43, 56 y 57) y por la tercero interesada, así como la instrumental de actuaciones y presuncional ofrecida por ésta. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la tercero interesada (foja 75) y por la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas (foja 102). A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 523/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, María de Lourdes Cabrera Ramírez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Departamento de Educación Inicial Federal de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. - Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - El oficio 065/CEI/2017 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante el que se informó que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas declaró nulo el programa de cambios de adscripción 2016-2017. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 3, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 19 a 22), se registró el juicio con el expediente 523/2017 y se requirió a la quejosa para que manifestara si señalaba como acto reclamado el oficio DAJ/IA/295/2017 citado como sustento en la determinación reclamada e informara, bajo protesta de decir verdad, si se registró en el Programa de Cambios de Adscripción en el Estado de Zacatecas 2016-2017. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete (foja 23), la quejosa señaló como acto reclamado el oficio materia del requerimiento anterior. En acuerdo de treinta y uno siguiente (foja 24), se determinó que subsistía el requerimiento realizado, en virtud de que la amparista no había informado sobre si se registró en el programa de cambios de adscripción referido (foja 24) Por medio de escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete (foja 26), la peticionaria del amparo manifestó que no se había inscrito en el programa citado. En proveído de dos de junio de dos mil diecisiete (foja 27), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diez de agosto de dos mil diecisiete se tuvo como tercera interesada a Esmeralda González Saucedo (foja 61). En acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 97), se informó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: De la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas: a) La resolución contenida en el oficio DAJL/IA/295/2017 de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante la que se consideró fundado el recurso de revisión interpuesto por Esmeralda González Saucedo contra el Programa de Cambios de Adscripción en el Estado de Zacatecas para la Coordinación de Educación Inicial concluido el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y se ordenó la reposición del procedimiento relativo. De la Coordinadora de Educación Inicial Federal de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas: b) El oficio 065/CEI/2017 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se hizo del conocimiento de las Directoras de los Centros de Desarrollo Infantil Federales en el Estado de Zacatecas que el programa de cambios de adscripción citado había sido declarado nulo y se repondría el procedimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Coordinadora de Educación Inicial de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, aceptó la existencia del oficio que se le atribuye (foja 36). Además, la quejosa exhibió el original del oficio 065/CEI/2017 (foja 18); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas aceptó el acto que se le reclama, consistente en el oficio DAJL/IA/295/2017 de quince de febrero de dos mil diecisiete. Asimismo, remitió la copia certificada de tal determinación (foja 40); documental que al tener el carácter de pública cuenta con pleno valor probatorio en los términos precisados. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, tal como lo alega la secretaria de educación responsable (foja 102), se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la disposición citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Del normativo trascrito se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se esté tramitando un recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado. Así, cuando el quejoso interponga o promueva un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente. De lo anterior se sigue que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza siempre y cuando el aludido recurso o medio de defensa legal resulte ser el idóneo para propiciar la insubsistencia legal del acto reclamado y a condición de que se encuentre debidamente admitido, puesto que se establece que debe estar en trámite. De manera que para que se verifique ese supuesto normativo, es imprescindible que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo. b) Que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal del que se habla constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 144/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En ese sentido, un juicio ordinario puede constituir un medio de defensa legal para efectos de la causal en estudio, siempre y cuando sea promovido por el quejoso y sea idóneo para lograr la insubsistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 188/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, página 1586: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio". En consecuencia, siempre y cuando tengan la misma materia, el juicio ordinario y el de amparo, la promoción de aquél excluye la de éste, pues no es posible que coexistan dos medios de defensa contra el mismo acto, a efecto de que no existan sentencias contradictorias, por lo que si el quejoso eligió voluntariamente agotar la vía ordinaria no puede ya abandonarla, al ser el juicio de amparo un medio de defensa extraordinario. En ese contexto, el artículo 1 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos. La presente Ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo Nacional de Fomento Educativo y organismos que presten servicios equivalentes en las entidades federativas, ni a los institutos de educación para adultos, nacional y estatales". Del precepto anterior se infiere que la ley citada tiene como objeto regular el servicio profesional docente, en particular, los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en dicho servicio. Asimismo, que tal legislación constituye el marco normativo al que deben ajustarse las legislaciones de las entidades federativas. Por su parte, el numeral 83 de la ley en comento establece: "Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral". El normativo transcrito establece la naturaleza de las relaciones del personal docente con las autoridades educativas, ya que regula que tales vínculos se regirán por la legislación laboral, salvo los aspectos regulados por dicha ley. En particular, se regula la competencia de los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral para resolver las impugnaciones que versen sobre la separación del personal docente. Por tanto, por regla general, la relación de trabajo del personal docente se regula por la legislación laboral respectiva, salvo lo relativo al ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. En ese contexto, los artículos 1, 2, fracción I, y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1 La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. Artículo 3 Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales". De los anteriores preceptos se advierte que la referida ley regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado En concordancia con lo anterior, en Título Octavo denominado Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, los artículos 146 y 158, fracción I, de la ley burocrática citada establecen: "Artículo 146 Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". "Artículo 158 El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten: a. Entre titulares de una entidad pública y sus trabajadoras y trabajadores". Del normativo anterior se desprende que para resolver los conflictos laborales relacionados con los trabajadores estatales se encuentra establecido el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, todo requerimiento realizado por las autoridades educativas al personal docente es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con el artículo 83 de la Ley del Servicio Profesional Docente. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". Así como las cuestiones relativas a los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, que se encuentran reguladas directamente en la ley del servicio docente en comento. De lo expuesto se sigue, por exclusión, que los aspectos relativos a la adscripción del personal docente constituyen una cuestión de naturaleza estrictamente laboral, pues no atañe al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de éste, por lo que no se encuentran regulados por la Ley del Servicio Profesional Docente. En consecuencia, los conflictos que surjan respecto del aspecto anterior pueden ser ventilados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, al ser el órgano jurisdiccional establecido para dirimir ese tipo de litigios y tratarse de un aspecto de una relación de trabajo que debe ser regulada por la legislación laboral aplicable, en términos del numeral 83 de la ley del servicio docente en referencia. Además, la idoneidad de tal tribunal deriva de que expresamente es el competente para conocer sobre la separación del personal en comento, por lo que por identidad de razón debe conocer de los demás conflictos individuales que surjan y que expresamente no se establezca lo contrario en la ley citada, como acontece en el supuesto en comento. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la tesis: 2a. II/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 319: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada secretaría del Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 123, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las dependencias estatales; además, dicha secretaría ejerce función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos respectivamente, sin que la circunstancia de que pueda figurar como codemandado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haga surtir la competencia de un tribunal de la Federación para conocer del juicio, porque dicho sindicato funge, por reconocimiento del Gobierno Estatal, como titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base incorporados al sistema educativo que, como se dijo, son de índole local y no federal". Por tanto, el juicio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas constituye la vía ordinaria idónea para controvertir las cuestiones relativas a la adscripción del personal docente de dicha entidad federativa. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama, como se precisó: a) La resolución contenida en el oficio DAJL/IA/295/2017 de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante la que se consideró fundado el recurso de revisión interpuesto por Esmeralda González Saucedo contra el Programa de Cambios de Adscripción en el Estado de Zacatecas para la Coordinación de Educación Inicial concluido el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y se ordenó la reposición del procedimiento relativo. b) El oficio 065/CEI/2017 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se hizo del conocimiento de las Directoras de los Centros de Desarrollo Infantil Federales en el Estado de Zacatecas que el programa de cambios de adscripción citado había sido declarado nulo y se repondría el procedimiento. De lo anterior se advierte que la materia de los actos reclamados se integra por la insubsistencia de un programa de cambios de adscripción del personal docente que depende de la Coordinación de Educación Inicial de dicha entidad federativa. Luego, lo anterior integra un aspecto eminente laboral de la relación de trabajo, al no estar regulado expresamente por la Ley del Servicio Profesional Docente, pues, como se expuso, esta legislación únicamente regula lo atinente al ingreso, promoción y permanencia de los docentes. En ese sentido, en el presente juicio de amparo consta la copia certificada de las constancias del juicio laboral 204/2017 del índice del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (fojas 117 a 134); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichas actuaciones se desprende que: 1. La quejosa entabló juicio laboral contra la Secretaría de Educación del Estado, reclamando, en esencia, la insubsistencia de la resolución contenida en el oficio DAJL/IA/295/2017 de quince de febrero de dos mil diecisiete, que derivó en la reposición del procedimiento del Programa de Cambios de Adscripción en el Estado de Zacatecas para la Coordinación de Educación Inicial concluido el dieciocho de julio de dos mil dieciséis (foja 117). 2. En auto de uno de junio de dos mil diecisiete, el tribunal burocrático citado radicó la demanda con el expediente 204/2017, abrió la instancia laboral, señaló fecha para la celebración de la audiencia del juicio y ordenó el emplazamiento de la demandada (foja 120). 3. La audiencia citada inició el dos de octubre de dos mil diecisiete (foja 132). De lo anterior se sigue que se encuentra en trámite un juicio ordinario con la misma materia que el presente juicio de amparo, pues se advierte que fue promovido por la quejosa con el objeto de nulificar uno de los oficios reclamados. En ese sentido, se advierte la identidad de la litis constitucional, toda vez que en el juicio laboral se reclamó la nulidad de la resolución que ordenó la reposición del procedimiento de adscripción que defiende la quejosa; sin que sea relevante que no se reclame el oficio 065/CEI/2017 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, pues éste fue emitido como consecuencia y fundamento en aquél, por lo que si se logra la insubsistencia pretendida, se generaría indefectiblemente la del otro acto reclamado, al tener como origen, se insiste, el oficio DAJL/IA/295/2017 materia de la litis del juicio reseñado. Lo anterior, en conformidad con lo expuesto, implica la existencia de un medio de defensa legal en trámite contra lo reclamado en el presente juicio de amparo, pues la vía laboral es idónea para resolver las cuestiones que atañen a la relación de trabajo que subyace con el personal docente, en términos del artículo 83 de la Ley del Servicio Profesional Docente, en relación con los numerales 146 y 158, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. De ahí que la promoción del juicio laboral que se encuentra en trámite puede generar la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado el juicio de amparo. Por tanto, al estar en trámite un juicio ordinario cuya materia engloba la presente litis constitucional en su integridad, este juicio de amparo deviene improcedente, pues no pueden coexistir dos medios de defensa contra el mismo acto reclamado principal, al existir la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias; porque, se insiste, si la quejosa eligió la vía ordinaria deberá ceñirse a ésta, al ser el juicio de amparo un medio de defensa de carácter extraordinario, como se advierte de la causal en análisis; por lo que, en su caso, el control constitucional que se pretende deberá concretarse a lo que se resuelva en el juicio ordinario en comento. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Cabrera Ramírez contra los actos reclamados de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas y de la coordinadora de educación inicial federal de dicha secretaría; consistentes en la resolución contenida en el oficio DAJL/IA/295/2017 de quince de febrero de dos mil diecisiete y en el oficio 065/CEI/2017 de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con folio 14756 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signanda por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con la cual da cumplimiento a lo requerido mediante auto de treinta de octubre de la presente anualidad; ténganse como pruebas las constancias que adjunta en copia certificada del expediente 204/2017; pruebas que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con su contenido, dese vista a las partes, para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que del oficio signado por la autoridad responsable Doctora Gema Alejandrina Mercado Sánchez, Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas de fecha diecisiete de octubre de la presente anualidad, adjuntó constancias consistentes en la demanda laboral interpuesta por la aquí quejosa María de Lourdes Cabrera Ramírez y recibida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas según sello de recibido de treinta y uno de mayo de la presente anualidad (fojas 103 a 108). Por tanto, para estar en aptitud de resolver el presente asunto y a efecto de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias o bien, copias fotostáticas certificadas de ellas, mismas que integran el expediente laboral relativo a la demanda interpuesta por María de Lourdes Cabrera Ramírez, en fecha treinta y uno de mayo de la presente anualidad, para lo cual se le envía copia simple de la demanda en comento. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

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