María de los Angeles Salas Raygoza

Expediente 467/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
467/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • María de los Angeles Salas Raygoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un sobre que devuelve el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio 2909/2018. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el sobre que devuelve el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio 2909/2018 dirigido a la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Víctor de Rosales, Zacatecas, por medio del cual se le notifica el auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, toda vez que en su reverso aparece la leyenda "No hay jurídico en Calera"; en consecuencia, con transcripción del presente proveído gírese atento oficio a la Comisión Federal de Electricidad, residente en esta capital, a fin de que por su conducto envíe la comunicación de mérito a la autoridad mencionada en primer término, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Anahid.*

  2. Principal

    El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del ocho al diecinueve del mes y año en curso. Para la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad (por conducto del jefe del Departamento Jurídico de Zona Fresnillo y/o Representante Legal, así como del superintendente de Zona Fresnillo) con sede en esta ciudad del dos al quince del mes y año que trascurre, para el resto de las autoridades responsables del tres al dieciséis de los corrientes, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 467/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Notificador adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, las copias certificadas de los expedientes 354/2013-S, con tres cuadernillos y 265/2013, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 467/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el doce de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María de los Ángeles Salas Raygoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en el precepto constitucional que enseguida se precisan: Autoridades responsables: A) ORDENADORAS. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE CALERA DE V.R. ZACATECAS con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en el edifico que ocupan los juzgados comunes en dicho municipio. B) EJECUTORAS. MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE CALERA DE V.R. ZACATECAS, con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en el edificio que ocupan los juzgados comunes en dicho municipio. C) EJECUTORAS. JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALERA DE V.R., ZACATECAS, con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en dicho municipio. D) EJECUTORAS. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON SEDE EN CALERA DE V.R., ZACATECAS con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en dicho municipio. Actos reclamados: I. De la ordenadora. La orden de despojo y/o entrega del bien de mi propiedad consistente en bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de V.R., Zacatecas, eso dentro del juicio marcado con el número 354/2013 y la orden de cancelar el servicio de agua y luz en mi bien inmueble en comento. II. De la ejecutora. Dar cumplimiento a las órdenes, acuerdos, resoluciones, emitidos por las autoridades ordenadoras como la orden de despojo y/o entrega del bien de mi propiedad consiste en bien inmueble urbano ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento pueblito del Municipio de Calera de V.R., Zacatecas, eso dentro del juicio marcado con el número 354/2013, y la orden de cortar el servicio de agua y luz en mi bien inmueble en comento. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose en auto de dieciséis de mayo dos mil diecisiete (fojas 13 a 15) bajo el expediente 467/2017; previniéndosele a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad indicara: 1. Informe cuales son las medidas provisionales que se decretaron en el juicio de divorcio necesario 354/2013, respecto de las que dice que el demandado en el principal promovió incidente de modificación. 2. Aclare si es su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al incidente de cambio de medidas, promovido por Pedro Torres Méndez, dentro del juicio de divorcio necesario 354/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y, en caso de ser así, señale a qué autoridad le atribuye dicho acto. 3. [.]. Apercibimiento que en caso de no atenderlo se proveería únicamente por lo que atañe a los actos reclamados y autoridades responsables precisados. Por lo que el veintidós siguiente (foja 16), la quejosa presentó escrito en el que bajo protesta de decir verdad, indicó: II. Con respecto a lo solicitado en el punto 2, le comunico QUE SI ES MI DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO, la falta de notificación o emplazamiento del incidente de cambio de medidas, promovido por mi aún esposo Pedro Torres Méndez, dentro del juicio de divorcio necesario 354/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y dicho acto se lo atribuyo al Juez y notificador de dicho juzgado, ya que bajo protesta de decir verdad la demanda incidental de dicho incidente a la fecha no se me ha notificado en el domicilio que habito actualmente y que es el que señalé para notificaciones en el juicio principal de dicho expediente, ni se me notificó en el domicilio que habite un tiempo en Tijuana, Baja California, no obstante que mi aún esposo sabía y conocía el domicilio. En auto de veintitrés de ese mismo mes y año (fojas 17 a 19), se admitió a trámite la demanda; por lo que se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención de la promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, se tiene que la solicitante del amparo reclama: Del Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La falta de notificación al incidente de cambio de medidas, y como consecuencia, la orden de despojo y/o entrega del bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de Víctor Rosales. Orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica. De la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La ejecución del punto 1). Del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y de la Comisión Federal de Electricidad: La ejecución marcada en el punto 2). TERCERO. Inexistencia de acto reclamado y autoridades responsables para efectos del amparo. Al Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, no le asiste el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica, pues si bien no realizó manifestaciones respecto del mencionado acto reclamado, la certeza del acto que se le atribuye debe probarse fehacientemente, lo que no ocurre en el caso concreto. Asimismo, por cuanto hace a la ejecución reclamada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y a la Comisión Federal de Electricidad, autoridades ejecutoras que negaron el acto que se les reclamó al rendir su respectivo informe justificado. En virtud de lo anterior, se sobresee el juicio de amparo promovido contra la orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica y su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que literalmente dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, los cuales consisten en la falta de notificación al incidente de cambio de medidas, y como consecuencia, la orden de despojo y/o entrega del bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de Víctor Rosales, así como su ejecución, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado. Además, porque así se corrobora de las constancias allegadas al presente sumario por la autoridad responsable ordenadora, las cuales cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Como apoyo a lo determinado, es adecuado citar el criterio jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio. Debe sobreseerse en el juicio en relación con la falta de notificación combatida, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Conviene precisar los antecedentes del acto, los cuales derivan de las constancias remitidas por el Juez responsable, en los siguientes términos: 1. El doce de julio de dos mil trece, la ahora quejosa María de los Ángeles Salas Raygoza promovió en la vía civil ordinaria juicio de divorcio necesario en contra de Pedro Torres Méndez, el cual fue radicado con el número 354/2013, en el cual se dictaron diversas medidas provisionales (fojas 32 a 34 del primer cuaderno de pruebas). 2. Mediante escrito presentado en dos de septiembre de dos mil catorce, Pedro Torres Méndez promovió incidente de modificación de medidas provisionales a favor de sus menores hijas de nombres Violeta de los Ángeles y Dhamar, ambas de apellidos Torres Salas, el cual fue admitido el tres de ese mismo mes y año (fojas 1 a 4 del cuadernillo de incidente de modificación de medidas provisionales). 3. En certificación de nueve de septiembre de dos mil catorce, la Oficial Notificadora, adscrita al Juzgado responsable, notificó por estrados el proveído referido a María de los Ángeles Salas Raygoza (foja 7 ídem). 4. El mencionado incidente de modificación de medidas provisionales fue resuelto el dos de febrero de dos mil diecisiete (fojas 70 a 76 ídem), en el cual se estipuló: RESOLUTIVOS: PRIMERO. La vía incidental intentada por, es la procedente, y en ella acreditó su pretensión, en consecuencia: SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en la parte considerativa SE ADICIONAN Y/O MODIFICAN LAS MEDIDAS PROVISIONALES, solicitadas, al tenor siguiente: En virtud a la GUARDA y CUSTODIA decretada en el apartado correspondiente SE AUTORIZA el acceso a las menores ÁNGELES Y DHAMAR ambas de apellidos TORRES SALAS para que en compañía de su progenitor PEDRO TORRES MÉNDEZ, habiten el bien inmueble ubicado en calle América número 718 del Fraccionamiento El Pueblito de esta Ciudad, y previo a la posesión respectiva se deberá realizar lo siguiente: Se señalan las diez horas del día veintidós de febrero de dos mil diecisiete a efecto de que se constituya la Actuaria adscrita a éste Juzgado e indague por los medios necesarios lo siguiente: Si la casa habitación de referencia se encuentra deshabitada; En caso afirmativo, proceda a dar POSESIÓN MATERIAL del inmueble al señor PEDRO TORRES MÉNDEZ para que en compañía de sus menores hijas habiten la misma y levante el acta correspondiente; En caso contrario, si una vez realizado el cercioramiento respectivo se deprende que el bien inmueble se encuentra habitado levante acta circunstanciada y asiente los siguientes datos: Quién atiende en dicho domicilio y con qué carácter habita u ocupa el mismo. Precise si el inmueble se encuentra arrendado, etc. Si se advierte lo anterior, manifiesten si derivado de la ocupación de dicho inmueble celebraron un contrato de arrendamiento, comodato, y ante qué persona lo celebró, y la vigencia del mismo. En caso de ser la ocupación derivada de un contrato de arrendamiento, señalen cuál fue el monto de la renta y el periodo de pago de las mismas. Una vez establecido lo anterior, deberá dar cuenta a éste Órgano Jurisdiccional a efecto de determinar lo que en derecho proceda de conformidad a lo establecido por el artículo 4° constitucional en razón a la facultad que otorga el Estado para garantizar de manera plena los derechos de los menores de edad atendiendo al principio del interés superior de la niñez. En razón, de que el Estado debe otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, como lo es en el caso que nos ocupa, el derecho a recibir alimentos en los que se contempla la vivienda para que habiten los menores ÁNGELES y DHAMAR ambas de apellidos TORRES SALAS. II. Se fija una pensión provisional para VIOLETA DE LOS ÁNGELES y DHAMAR TORRES SALAS a cargo de MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS RAYGOZA, por el equivalente a UNA CUOTA DIARIA DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE, la que a la quincena asciende a la suma de $1,200.60 (mil doscientos pesos 60/100 M.N), y la que aumentará ipso jure periódicamente en la proporción en que aumente el salario mínimo general, lo anterior, es así porque dicha cuantía se estima apenas suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos. Por lo que, para su efectivo cumplimiento, prevéngase a la deudora alimentista a fin de que deposite la cantidad antes fijada por quincenas adelantadas en este Juzgado, a efecto de que sea entregada a sus descendientes por medio de su representante legal, señor PEDRO TORRES MÉNDEZ. Medidas provisionales que permanecerán en tales términos hasta que se resuelva en definitiva el juicio principal. 5. En auto de trece de marzo de dos mil diecisiete la autoridad responsable acordó la entrega material de manera voluntaria del bien inmueble ubicado en calle América número 718, fraccionamiento El Pueblito de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (94 ídem), lo cual se notificó personalmente a la quejosa el veinticuatro de abril de ese mismo año (foja 102). Ahora bien, la quejosa reclama destacadamente la falta de notificación al incidente de modificación de medidas provisionales, deducido en el Juicio de Divorcio Necesario 354/2013-S, del índice de la responsable, promovido por el tercero interesado, así como la diligencia practicada por la Notificadora adscrita al Juzgado responsable, y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del mismo. Como ya se expuso, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, prevé que dicho juicio es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y en el presente caso la promovente no observó dicho principio, porque al ser parte en el juicio de origen, debió promover, previamente a esta instancia constitucional, el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la falta de notificación así como la diligencia practicada por la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, del auto que admitió el incidente de modificación de medidas provisionales deducido del Juicio de Divorcio Necesario 354/2013-S, y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que en lo conducente establecen: Artículo 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes:I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación;II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento;III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, yIV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. ARTÍCULO 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida por la ley, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, o que aquélla se omitiere, la parte afectada deberá impugnar tal cuestión a través del incidente que determine sobre la declaración de nulidad de la notificación hecha indebidamente u omitida, que puede hacerse valer a partir de que se tuvo conocimiento de la ilegal diligencia y en cualquier momento. En ese tenor, se concluye que la notificación del auto que admitió a trámite el incidente de modificación de medidas provisionales, deducido en el Juicio de Divorcio Necesario, marcado con el número 354/2013-S, del índice de la responsable, debió impugnarse por la quejosa mediante el incidente de nulidad de notificaciones, en razón de ser un medio de defensa a través del cual se pueden nulificar las notificaciones hechas en forma contraria a la prevenida por ley, a efecto de que, en su caso, se decrete su nulidad y se ordene reponerlas para que se realicen con apego a la legislación correspondiente; dejando insubsistente todo lo actuado con posterioridad; en consecuencia, al ser la promovente parte actora en el referido procedimiento, estaba facultada para hacer valer sus derechos y cumplir con las cargas procesales, por lo que se encontraba legitimada para promover el citado incidente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada del rubro y texto siguientes: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE ESTE INCIDENTE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES ILEGALMENTE REALIZADAS EN LA TRAMITACIÓN DE UN DIVERSO INCIDENTE DE ESTA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla prevé la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones en contra de las notificaciones omitidas o practicadas en forma distinta a la ordenada, y en los numerales 632 y 633 de la misma codificación, a los que remite la disposición analizada inicialmente, no se hace distinción acerca de la categoría o clases de notificaciones susceptibles de impugnarse a través de este incidente; por ello, al tratarse de un medio de defensa previsto en la ley de manera general para impugnar cualquier notificación, no existe razón que permita estimar que no deba agotarse en contra de las notificaciones que se practiquen ilegalmente durante la tramitación de otro incidente de nulidad. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en su caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones al principio de la definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues la quejosa es parte actora en el juicio de origen del que deriva el referido incidente. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. De ahí que el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes, por lo que debe agotarse previo a su promoción del juicio de amparo. Luego, al no haberse agotado por la parte quejosa el recurso ordinario referido, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se debe sobreseer en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 61, 63, 74, 77 y 107 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María de los Ángeles Salas Raygoza, contra los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a la Notificadora adscrita, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y a la Comisión Federal de Electricidad; lo anterior por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 467/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el doce de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María de los Ángeles Salas Raygoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en el precepto constitucional que enseguida se precisan: Autoridades responsables: A) ORDENADORAS. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE CALERA DE V.R. ZACATECAS con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en el edifico que ocupan los juzgados comunes en dicho municipio. B) EJECUTORAS. MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE CALERA DE V.R. ZACATECAS, con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en el edificio que ocupan los juzgados comunes en dicho municipio. C) EJECUTORAS. JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALERA DE V.R., ZACATECAS, con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en dicho municipio. D) EJECUTORAS. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON SEDE EN CALERA DE V.R., ZACATECAS con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en dicho municipio. Actos reclamados: I. De la ordenadora. La orden de despojo y/o entrega del bien de mi propiedad consistente en bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de V.R., Zacatecas, eso dentro del juicio marcado con el número 354/2013 y la orden de cancelar el servicio de agua y luz en mi bien inmueble en comento. II. De la ejecutora. Dar cumplimiento a las órdenes, acuerdos, resoluciones, emitidos por las autoridades ordenadoras como la orden de despojo y/o entrega del bien de mi propiedad consiste en bien inmueble urbano ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento pueblito del Municipio de Calera de V.R., Zacatecas, eso dentro del juicio marcado con el número 354/2013, y la orden de cortar el servicio de agua y luz en mi bien inmueble en comento. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose en auto de dieciséis de mayo dos mil diecisiete (fojas 13 a 15) bajo el expediente 467/2017; previniéndosele a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad indicara: 1. Informe cuales son las medidas provisionales que se decretaron en el juicio de divorcio necesario 354/2013, respecto de las que dice que el demandado en el principal promovió incidente de modificación. 2. Aclare si es su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación o emplazamiento al incidente de cambio de medidas, promovido por Pedro Torres Méndez, dentro del juicio de divorcio necesario 354/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y, en caso de ser así, señale a qué autoridad le atribuye dicho acto. 3. [.]. Apercibimiento que en caso de no atenderlo se proveería únicamente por lo que atañe a los actos reclamados y autoridades responsables precisados. Por lo que el veintidós siguiente (foja 16), la quejosa presentó escrito en el que bajo protesta de decir verdad, indicó: II. Con respecto a lo solicitado en el punto 2, le comunico QUE SI ES MI DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO, la falta de notificación o emplazamiento del incidente de cambio de medidas, promovido por mi aún esposo Pedro Torres Méndez, dentro del juicio de divorcio necesario 354/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y dicho acto se lo atribuyo al Juez y notificador de dicho juzgado, ya que bajo protesta de decir verdad la demanda incidental de dicho incidente a la fecha no se me ha notificado en el domicilio que habito actualmente y que es el que señalé para notificaciones en el juicio principal de dicho expediente, ni se me notificó en el domicilio que habite un tiempo en Tijuana, Baja California, no obstante que mi aún esposo sabía y conocía el domicilio. En auto de veintitrés de ese mismo mes y año (fojas 17 a 19), se admitió a trámite la demanda; por lo que se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención de la promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, se tiene que la solicitante del amparo reclama: Del Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La falta de notificación al incidente de cambio de medidas, y como consecuencia, la orden de despojo y/o entrega del bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de Víctor Rosales. Orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica. De la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: La ejecución del punto 1). Del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y de la Comisión Federal de Electricidad: La ejecución marcada en el punto 2). TERCERO. Inexistencia de acto reclamado y autoridades responsables para efectos del amparo. Al Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, no le asiste el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica, pues si bien no realizó manifestaciones respecto del mencionado acto reclamado, la certeza del acto que se le atribuye debe probarse fehacientemente, lo que no ocurre en el caso concreto. Asimismo, por cuanto hace a la ejecución reclamada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y a la Comisión Federal de Electricidad, autoridades ejecutoras que negaron el acto que se les reclamó al rendir su respectivo informe justificado. En virtud de lo anterior, se sobresee el juicio de amparo promovido contra la orden de cancelación de servicio de agua potable y energía eléctrica y su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que literalmente dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, los cuales consisten en la falta de notificación al incidente de cambio de medidas, y como consecuencia, la orden de despojo y/o entrega del bien inmueble ubicado en calle América número 718 del fraccionamiento Pueblito del municipio de Calera de Víctor Rosales, así como su ejecución, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado. Además, porque así se corrobora de las constancias allegadas al presente sumario por la autoridad responsable ordenadora, las cuales cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Como apoyo a lo determinado, es adecuado citar el criterio jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio. Debe sobreseerse en el juicio en relación con la falta de notificación combatida, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos jurisdiccionales recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Conviene precisar los antecedentes del acto, los cuales derivan de las constancias remitidas por el Juez responsable, en los siguientes términos: 1. El doce de julio de dos mil trece, la ahora quejosa María de los Ángeles Salas Raygoza promovió en la vía civil ordinaria juicio de divorcio necesario en contra de Pedro Torres Méndez, el cual fue radicado con el número 354/2013, en el cual se dictaron diversas medidas provisionales (fojas 32 a 34 del primer cuaderno de pruebas). 2. Mediante escrito presentado en dos de septiembre de dos mil catorce, Pedro Torres Méndez promovió incidente de modificación de medidas provisionales a favor de sus menores hijas de nombres Violeta de los Ángeles y Dhamar, ambas de apellidos Torres Salas, el cual fue admitido el tres de ese mismo mes y año (fojas 1 a 4 del cuadernillo de incidente de modificación de medidas provisionales). 3. En certificación de nueve de septiembre de dos mil catorce, la Oficial Notificadora, adscrita al Juzgado responsable, notificó por estrados el proveído referido a María de los Ángeles Salas Raygoza (foja 7 ídem). 4. El mencionado incidente de modificación de medidas provisionales fue resuelto el dos de febrero de dos mil diecisiete (fojas 70 a 76 ídem), en el cual se estipuló: RESOLUTIVOS: PRIMERO. La vía incidental intentada por, es la procedente, y en ella acreditó su pretensión, en consecuencia: SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en la parte considerativa SE ADICIONAN Y/O MODIFICAN LAS MEDIDAS PROVISIONALES, solicitadas, al tenor siguiente: En virtud a la GUARDA y CUSTODIA decretada en el apartado correspondiente SE AUTORIZA el acceso a las menores ÁNGELES Y DHAMAR ambas de apellidos TORRES SALAS para que en compañía de su progenitor PEDRO TORRES MÉNDEZ, habiten el bien inmueble ubicado en calle América número 718 del Fraccionamiento El Pueblito de esta Ciudad, y previo a la posesión respectiva se deberá realizar lo siguiente: Se señalan las diez horas del día veintidós de febrero de dos mil diecisiete a efecto de que se constituya la Actuaria adscrita a éste Juzgado e indague por los medios necesarios lo siguiente: Si la casa habitación de referencia se encuentra deshabitada; En caso afirmativo, proceda a dar POSESIÓN MATERIAL del inmueble al señor PEDRO TORRES MÉNDEZ para que en compañía de sus menores hijas habiten la misma y levante el acta correspondiente; En caso contrario, si una vez realizado el cercioramiento respectivo se deprende que el bien inmueble se encuentra habitado levante acta circunstanciada y asiente los siguientes datos: Quién atiende en dicho domicilio y con qué carácter habita u ocupa el mismo. Precise si el inmueble se encuentra arrendado, etc. Si se advierte lo anterior, manifiesten si derivado de la ocupación de dicho inmueble celebraron un contrato de arrendamiento, comodato, y ante qué persona lo celebró, y la vigencia del mismo. En caso de ser la ocupación derivada de un contrato de arrendamiento, señalen cuál fue el monto de la renta y el periodo de pago de las mismas. Una vez establecido lo anterior, deberá dar cuenta a éste Órgano Jurisdiccional a efecto de determinar lo que en derecho proceda de conformidad a lo establecido por el artículo 4° constitucional en razón a la facultad que otorga el Estado para garantizar de manera plena los derechos de los menores de edad atendiendo al principio del interés superior de la niñez. En razón, de que el Estado debe otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, como lo es en el caso que nos ocupa, el derecho a recibir alimentos en los que se contempla la vivienda para que habiten los menores ÁNGELES y DHAMAR ambas de apellidos TORRES SALAS. II. Se fija una pensión provisional para VIOLETA DE LOS ÁNGELES y DHAMAR TORRES SALAS a cargo de MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS RAYGOZA, por el equivalente a UNA CUOTA DIARIA DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE, la que a la quincena asciende a la suma de $1,200.60 (mil doscientos pesos 60/100 M.N), y la que aumentará ipso jure periódicamente en la proporción en que aumente el salario mínimo general, lo anterior, es así porque dicha cuantía se estima apenas suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos. Por lo que, para su efectivo cumplimiento, prevéngase a la deudora alimentista a fin de que deposite la cantidad antes fijada por quincenas adelantadas en este Juzgado, a efecto de que sea entregada a sus descendientes por medio de su representante legal, señor PEDRO TORRES MÉNDEZ. Medidas provisionales que permanecerán en tales términos hasta que se resuelva en definitiva el juicio principal. 5. En auto de trece de marzo de dos mil diecisiete la autoridad responsable acordó la entrega material de manera voluntaria del bien inmueble ubicado en calle América número 718, fraccionamiento El Pueblito de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (94 ídem), lo cual se notificó personalmente a la quejosa el veinticuatro de abril de ese mismo año (foja 102). Ahora bien, la quejosa reclama destacadamente la falta de notificación al incidente de modificación de medidas provisionales, deducido en el Juicio de Divorcio Necesario 354/2013-S, del índice de la responsable, promovido por el tercero interesado, así como la diligencia practicada por la Notificadora adscrita al Juzgado responsable, y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del mismo. Como ya se expuso, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, prevé que dicho juicio es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y en el presente caso la promovente no observó dicho principio, porque al ser parte en el juicio de origen, debió promover, previamente a esta instancia constitucional, el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la falta de notificación así como la diligencia practicada por la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, del auto que admitió el incidente de modificación de medidas provisionales deducido del Juicio de Divorcio Necesario 354/2013-S, y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que en lo conducente establecen: Artículo 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes:I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación;II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento;III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, yIV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. ARTÍCULO 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida por la ley, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, o que aquélla se omitiere, la parte afectada deberá impugnar tal cuestión a través del incidente que determine sobre la declaración de nulidad de la notificación hecha indebidamente u omitida, que puede hacerse valer a partir de que se tuvo conocimiento de la ilegal diligencia y en cualquier momento. En ese tenor, se concluye que la notificación del auto que admitió a trámite el incidente de modificación de medidas provisionales, deducido en el Juicio de Divorcio Necesario, marcado con el número 354/2013-S, del índice de la responsable, debió impugnarse por la quejosa mediante el incidente de nulidad de notificaciones, en razón de ser un medio de defensa a través del cual se pueden nulificar las notificaciones hechas en forma contraria a la prevenida por ley, a efecto de que, en su caso, se decrete su nulidad y se ordene reponerlas para que se realicen con apego a la legislación correspondiente; dejando insubsistente todo lo actuado con posterioridad; en consecuencia, al ser la promovente parte actora en el referido procedimiento, estaba facultada para hacer valer sus derechos y cumplir con las cargas procesales, por lo que se encontraba legitimada para promover el citado incidente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada del rubro y texto siguientes: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE ESTE INCIDENTE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES ILEGALMENTE REALIZADAS EN LA TRAMITACIÓN DE UN DIVERSO INCIDENTE DE ESTA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla prevé la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones en contra de las notificaciones omitidas o practicadas en forma distinta a la ordenada, y en los numerales 632 y 633 de la misma codificación, a los que remite la disposición analizada inicialmente, no se hace distinción acerca de la categoría o clases de notificaciones susceptibles de impugnarse a través de este incidente; por ello, al tratarse de un medio de defensa previsto en la ley de manera general para impugnar cualquier notificación, no existe razón que permita estimar que no deba agotarse en contra de las notificaciones que se practiquen ilegalmente durante la tramitación de otro incidente de nulidad. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en su caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones al principio de la definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues la quejosa es parte actora en el juicio de origen del que deriva el referido incidente. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. De ahí que el referido incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las notificaciones que sean realizadas contrario a derecho y que causen agravio directo contra alguna de las partes, por lo que debe agotarse previo a su promoción del juicio de amparo. Luego, al no haberse agotado por la parte quejosa el recurso ordinario referido, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la notificación material del presente considerando en términos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende se debe sobreseer en el juicio en conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de dicho ordenamiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 61, 63, 74, 77 y 107 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María de los Ángeles Salas Raygoza, contra los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a la Notificadora adscrita, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Calera de Víctor Rosales y a la Comisión Federal de Electricidad; lo anterior por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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