María de Lourdes Álvarez Fernández
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María de Lourdes Álvarez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado el nueve de septiembre de este año, en el recurso de queja civil 96/2021, del que se aprecia que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el promovente María de Lourdes Álvarez Fernández y en consecuencia confirmó el auto de veinte de julio del año en curso, emitido dentro del juicio de derechos en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo y háganse las notaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinte de julio de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa María de Lourdes Álvarez Fernández; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinte de julio del año en curso por el que se desechó la demanda de derechos presentada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, copia certificada de la demanda de derechos con que se formó el presente expediente, del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinte de julio de dos mil veintiuno. Atento al contenido del escrito de cuenta signado por la quejosa María de Lourdes Alvarez Fernández; téngase por cumplidas las prevenciones decretadas por auto de uno de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo y su ocurso aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama entre otros actos, del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, la determinación de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio civil ordinario de declaratoria de existencia de concubinato 344/2015, que estableció que la promovente, aquí quejosa, debía estarse a lo ordenado por auto de veintitrés de marzo de este año, que desechó el incidente de liquidación de gananciales concubinarios. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación a los actos reclamados, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar el acto reclamado en esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. En esa guisa, los artículos 367 y 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establecen: "De la revocación y reposición Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Articulo 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla; y IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano. En el caso concreto se advierte que el promovente del amparo reclama la determinación de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio civil ordinario de declaratoria de existencia de concubinato 344/2015, que estableció que la promovente, aquí quejosa, debía estarse a lo ordenado por auto de veintitrés de marzo de este año, que desechó el incidente de liquidación de gananciales concubinarios. Pues bien, atendiendo al contenido de la determinación reclamada, debe decirse que es posible combatirla a través del recurso de revocación, por encontrarse dentro los supuestos que establece el precitado artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, en relación con el 368 del citado ordenamiento. Lo anterior es así, en virtud de que los preceptos transcritos evidencian con claridad que el legislador instituyó la revocación como un recurso ordinario, cuya idoneidad radica en permitir al gobernado contar con un instrumento legal de remedio en cuanto a prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afectación al derecho alegado; es decir, es un recurso horizontal mediante el cual la propia autoridad emisora del acto puede enmendar su actuación, en caso de así evidenciarse vía agravios y, además, porque se legisló precisamente para otorgar al gobernado la posibilidad de contar con un medio de defensa específico en contra de proveídos y autos del juez que las dicta, como lo es la determinación reclamada que estableció que la promovente, aquí quejosa, debía estarse a lo ordenado por auto de veintitrés de marzo de este año, que desechó el incidente de liquidación de gananciales concubinarios, pues de ese modo cuenta con la oportunidad real, objetiva, concreta y legal de dejar o no sin efectos el acto en controversia, es decir, modificarlo o revocarlo. Con lo que se hace eficaz el indicado derecho de defensa, mismo que se armoniza con la norma internacional, porque se direcciona a estudiar la pretensión expuesta en el recurso, lo cual permite ser oído con las debidas garantías y en un plazo razonable, dado la sencillez en su trámite y resolución al sólo requerir su promoción con apego a los requisitos señalados por el legislador. Atento a lo anterior, es claro que si la parte quejosa figura como actora en el juicio civil ordinario de declaratoria de existencia de concubinato 344/2015, ello pone de manifiesto que comparece al presente juicio de amparo como parte procesal. Luego, atendiendo a que la parte peticionaria de amparo tiene el carácter de parte procesal (demandada y apelante); por ende, tiene la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente en contra del acto que considera violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de revocación que establece el ordinal 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, el cual debió hacer valer contra el auto reclamado, a través del cual tuvo la posibilidad de lograr que se modificara, revocara o nulificara, dado que ese normativo establece en forma genérica la procedencia del referido recurso, sin excluir expresamente la determinación que en esta instancia constitucional se impugna. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o exclusión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el aquí inconforme expresamente refiere que tiene la calidad de parte en el mismo. En otro aspecto, en relación al diverso acto atribuido a la Coordinación Jurídica de Asuntos Contenciosos del Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Dirección de Fraccionamientos Rurales de esta entidad, consistente en la declaratoria de incompetencia dictada en sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión hecho valer en contra del auto de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento sin número de Liquidación del Patrimonio de la Sociedad Conyugal en vía de Ejecución, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que el acto que se reclama fue consentido tácitamente. Al respecto, la fracción XIV del artículo 61, así como los preceptos 16 y 17, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: Del día siguiente a la fecha en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame (que es la hipótesis que se estima actualizada en razón de lo que se expondrá). Del día siguiente a la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. Del día siguiente a la fecha en que la parte disidente se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Así pues, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentido conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. Ahora, la parte quejosa reclama en este juicio la declaratoria de incompetencia dictada en sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión hecho valer en contra del auto de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento sin número de Liquidación del Patrimonio de la Sociedad Conyugal en vía de Ejecución, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado. En ese sentido, el artículo 55 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: Artículo 55. Las notificaciones surtirán sus efectos como si hubieran sido legalmente hechas, a partir de la fecha en que el interesado se hubiere manifestado en cualquier forma sabedor de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla la primera notificación La interpretación del precepto en cita evidencia que, la notificación practicada al interesado para efectos de plazo personal, surte efectos desde el momento en que el interesado se hubiere manifestado en cualquier forma sabedor de la resolución notificada; y por ende, el término respectivo en relación a dicha notificación correrá a partir del día hábil siguiente. En el caso concreto, la notificación de la determinación reclamada, se practicó según dicho de la propia quejosa, el veintisiete de febrero de dos mil veinte. Por lo anterior, el plazo de quince días para promover juicio de amparo respecto de la resolución reclamada, comenzó a correr a partir del veintiocho de febrero de dos mil veinte y hasta el veintitrés de marzo de esa anualidad, sin contar los días veintinueve de febrero, y uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de marzo de ese año, por ser sábados y domingos respectivamente, y por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el nueve y el dieciséis de marzo del citado año, por haber sido declarados del mismo modo días inhábiles. Por ello, como la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue presentada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días que fija el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación a los actos y autoridades precisados con antelación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ....
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