María de Lourdes González Huerta

Expediente 1133/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1133/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • María de Lourdes González Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del diecinueve de junio al dos de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 1133/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Existe un tomo de pruebas constancias por devolver a las autoridades responsables. No se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciocho, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1133/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. En principio, el secretario da cuenta con un pedimento ministerial registrado con el folio 12532. A lo que el juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento de cuenta y relaciónese en la etapa procesal respectiva; asimismo, como lo solicita la representación social, una vez que se dicte la sentencia, expídansele las copias respectivas, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Enseguida, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 3 a 5), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 19), a los emplazamientos de los terceros interesados persona moral Periódico Siete Días y Rafael Mauricio Gómez Robles; así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con la documental que en copia certificada adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en la copia certificada del expedientes laboral 248/IV/2012 (guardado por separado). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante el pedimento de cuenta; a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta respectiva, y a continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1133/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María de Lourdes González Huerta, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: - La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 248/IV/2012. Acto que consideró violatorio del derecho fundamental contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho (fojas 6 a 9), se registró el juicio con el expediente 1133/2018, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a los terceros interesados, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La dilación en que ha incurrido la autoridad responsable derivada de la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 248/IV/2012, promovido por la quejosa contra Mauricio Gómez Robles y persona moral Periódico "siete días". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de la omisión reclamada (foja 19). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió, copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 248/IV/2012; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, tomando como referencia las copias certificadas que al efecto allegó la autoridad responsable, se tienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El veinte de febrero de do mil doce, María de Lourdes González Huerta presentó demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, en la que demandó a Mauricio Gómez Robles y persona moral Periódico "siete días", el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado que dice fue objeto (fojas 1 y 2 del tomo de prueba). 2. La citada demanda laboral fue radicada el veinte de febrero de dos mil doce, ordenándose emplazar al demandado, asimismo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que se llevó a cabo el dieciocho siguiente, habiendo comparecido la demandada, oponiendo excepciones y defensas, asimismo, dicha parte promovió incidente de competencia y le ofreció el trabajo al ahora quejoso, por lo que se llevó a cabo su reinstalación el veintiocho de noviembre del año en cita (foja 4 del tomo de prueba). 3. El veinte de febrero de dos mil catorce, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra, siguiendo el juicio por sus etapas legales (foja 67 y 68 del tomo de prueba). 4. El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se certificó que transcurrió el término concedido a las partes de dos días para presentar sus alegatos y se tuvo por perdido su derecho para tal efecto y se otorgó el plazo de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo apercibimiento de que no hacerlo así y hubiere pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de la mismas, y se procedería a declarar cerrada la instrucción (foja 194 del tomo en referencia). 5. Luego, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho la Junta responsable determinó regularizar el procedimiento, lo anterior, toda vez que no se había llevado a cabo la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada así como por la actora, por lo que, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, fijó fecha para el desahogo de dicha diligencia y por tanto, no declaró cerrada la instrucción. Por tanto, la quejosa aduce que a la fecha de presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no se ha pronunciado el laudo a que se refiere el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo, con lo que considera, se ha dilatado de manera injustificada la impartición de la justicia (foja 4). La omisión de dictar el laudo correspondiente constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que el suscrito la advierta de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación resultan ineficaces, como se argumentará a continuación. La quejosa sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, dentro del contradictorio laboral de origen. Al respecto, se tiene que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior se funda, en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Del enunciado normativo anterior, se deduce que una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. Por tanto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la mencionada Ley Federal del Trabajo. A efecto de verificar si el procedimiento se ha desarrollado de manera normal y oportuna, es necesario, acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública. Así, los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley en cita disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De los referidos preceptos legales se advierte que, en lo que aquí interesa, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los magistrados de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de ese órgano podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de dicha Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, pueda dictar el laudo definitivo, es presupuesto indispensable que se haya decretado el cierre de instrucción. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diez de mayo de dos mil dieciocho), no se había cerrado la instrucción como lo aduce la impetrante del amparo, pues si bien, por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se certificó que transcurrió el término concedido a las partes de dos días para presentar sus alegatos y se tuvo por perdido su derecho para tal efecto y se otorgó el plazo de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo apercibimiento de que no hacerlo así y hubiere pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de la mismas, y se procedería a declarar cerrada la instrucción (foja 194 del tomo en referencia), por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho la aludida Junta responsable determinó regularizar el procedimiento, lo anterior, toda vez que no se había llevado a cabo la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada así como por la actora, por lo que, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, fijó fecha para el desahogo de dicha diligencia y por tanto, no declaró cerrada la instrucción, lo que revela que aún quedaban pruebas pendientes de desahogar (foja 199 del tomo de prueba). De ahí que, la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 248/IV/2012, como lo sostiene la parte quejosa, pues además, en el aludido acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, la mencionada autoridad responsable requirió a la parte actora, a fin de que exhibiera diversos documentos, apercibiéndola que de no cumplir se tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretendía acreditar con dichos documentos. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el laudo definitivo dentro del juicio de origen, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega no se ha dictado el laudo, a pesar de estar en estado procesal para ello, es decir, se hubiere decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente el dictado de la resolución correspondiente, habiendo transcurrido los plazos que la ley establece para dictar el laudo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció, ya que a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción, por no existir pruebas pendientes por desahogar. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el laudo definitivo en el juicio laboral 248/IV/2012, mucho menos que el expediente se encuentre en estado de resolución y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral de dictar el laudo, está justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal que refiere la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a María de Lourdes González Huerta, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Zacatecas, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 248/IV/2012; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del secretario Armando Agustín Solís Monroy, quien autoriza y da fe. Vicky

  3. Principal

    El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11443 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la referida autoridad las documentales que exhibe, consistente en copias certificadas del expedientes laboral 248/IV/2012, mismas que se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Dado el volumen de las citadas actuaciones, para facilitar la consulta del expediente en que se actúa, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Alicia

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAFAEL MAURICIO GÓMEZ ROBLES, EL AUTO DICTADO EN FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y DE IGUAL FORMA, SE LE TIENE POR DEBIDAMENTE EMPLAZADO AL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por María de Lourdes González Huerta registrada con el número de folio 10212 y seis copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís cuentan con cédula profesional con números 733695 y 4404717, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María de Lourdes González Huerta, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1133/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencione la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable o a la que tenga carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a la persona moral Periódico Siete Días y a Rafael Mauricio Gómez Robles, quien de acuerdo a lo manifestado por el quejoso, pueden ser emplazados en el domicilio ubicado en calle La Mesa, número ciento diez, Tercera Sección, fraccionamiento Colinas del Padre, en esta ciudad; por tanto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio indicado y requiera de la presencia de los citados y una vez ante ellos proceda a emplazarlos al presente juicio de amparo, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda, haciéndoles saber la hora y fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional en este juicio, debiendo prevenirlos para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que queden notificados de este auto, señalen domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que tengan ese carácter, les serán realizadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como así lo solicita el promovente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Callejón de Guadalajarita, número ciento nueve (109), centro, en Zacatecas, Zacatecas. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. k.

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