María de los Ángeles Velázquez Escamilla

Expediente 987/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
987/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
02/05/2016

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Velázquez Escamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico Jurídica en representación de la Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México; a través del cual, en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiséis de febrero de la presente anualidad, informa las gestiones tendentes al cumplimiento del fallo protector, y al efecto remite constancias que sustentan su dicho. Por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción a este Juzgado Federal del suscrito Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el término concedido al Instituto de la Función Registral del Estado de México, para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, no obstante que mediante oficio 227B14000/1761/2015 (foja 161), presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó que emitió el cheque número 0003700, válido por la cantidad de $14,716.73 (CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 73/100 M.N.) de la Institución Bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa María de los Ángeles Velázquez Escamilla y solicitó a este juzgado de distrito se le notificara a la impetrante que dicho título de crédito se encontraba disponible para su entrega y recepción en el departamento de tesorería de ese institutolas gestiones tendentes a efecto de lograrlo, precisando que en fecha nueve de septiembre de dos mil quince, compareció ante esa autoridad el aquí quejoso mismo que refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio, por lo que la citada autoridad el diez de septiembre de dos mil dieciséis determinó decretar el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que este juzgado no cuenta con el domicilio actual y correcto de la parte quejosa antes mencionada, aunado a que es su obligación dar cabal cumplimiento a la sentencia amparadora; en consecuencia, y en atención a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, se requiere por última ocasión, a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación remita las constancias que acrediten haber notificado a la accionante en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de trece de noviembre de dos mil quince (foja 158 y 159), es decir, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de la Dirección General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México; a través del cual en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de trece de noviembre del año en curso, informa respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista de nueva cuenta a la parte quejosa, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)

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