María de los Ángeles Meza Hernández

Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
849/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Meza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, devuélvanse al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, los anexos que remitió; solicitado acuse por su recibo en virtud de contener documentos originales.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil dieciocho. DESAHOGO Intégrese el escrito signado por la recurrente del amparo María de los Ángeles Meza Hernández, a través del cual desahoga la prevención de seis de junio del año en curso (fojas 7 y 8). ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA En principio, es menester destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: -La resolución de quince de mayo del año en curso, dictada por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en autos del toca 294/2018, que confirmó la determinación de dieciséis de marzo anterior emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en esta entidad, en el juicio 939/2017, a través de la que se inhibió de conocer el asunto por razón de territorio en favor del Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos, y ordenó remitir los autos a éste último. Lo anterior, además se corrobora con las constancias que remitieran las autoridades señaladas como responsables, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sentado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De lo expuesto se obtiene que la resolución reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó declarar firme aquella en la cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma, en esta entidad, inhibió competencia y ordenó remitir los autos al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa promovida por María de los Ángeles Meza Hernández.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de junio de dos mil dieciocho. DESAHOGO AUTORIDADES Intégrense los oficios suscritos por la Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar de Toluca y el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma, ambos en el Estado de México, a través de los cuales desahogan los requerimientos formulados el seis de junio del año en curso. Déjese sin efectos el apercibimiento con que se les conminó. PRUEBAS De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las que remite el Juez Civil oficiante. Fórmense los anexos respetivos. RESERVA Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue las prevenciones formuladas en el aludido proveído, o en su caso transcurra el término otorgado para tal efecto.

  4. Principal

    RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por María de los Ángeles Meza Hernández, regístrese bajo el número 849/2018-VI-B. PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, los cuales tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Transcriba o exhiba copia de la determinación a través de la cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, se inhibió de conocer el juicio 939/2017. 2. Transcriba o exhiba copia de la resolución dictada por la Primera Sala Regional de esta ciudad, en el toca de apelación 294/2017, que confirmó la diversa señalada en el numeral que antecede. Lo anterior, con la finalidad de que este juzgado esté en aptitud de fijar correctamente la litis. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS AUTORIDAD Con independencia de lo anterior, requiérase al Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación: Informe el estado procesal del expediente 939/2017; y, - Remita copia certificada de la determinación en la cual se inhibió de conocer el citado juicio 939/2017. Diverso requerimiento se hace a la Primera Sala Familiar de Toluca, en esta entidad, a efecto que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación remita a este órgano jurisdiccional: - Copia de la resolución dictada en el toca de apelación 294/2017. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; a saber, las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito. AUTORIZADO En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles

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