María de Lourdes Acosta Mercado
Expediente 615/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/02/2022
Partes del expediente
- María de Lourdes Acosta Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Intégrense sin mayor proveído, el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, a través del cual, remite la ejecutoria de trece de enero de dos mil veintidós, por el que se resolvió el conflicto competencial 1/2022, de su índice; toda vez que el treinta y uno del mes y año en curso, se proveyó similar información. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 1/2022, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para continuar con el conocimiento del juicio de amparo 615/2021-I-B, promovido por ....Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso k), del Acuerdo General del Pleno, así como, el diverso 8.1.2, inciso 11 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a un conflicto competencial que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y lo registró bajo el número 1/2022, de su estadística, lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Visto el oficio de enviado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual, comunica que no aceptó la competencia declinada por resolución de treinta de noviembre del año en curso y remite el juicio de amparo dicho órgano jurisdiccional 1429/2021, de su estadística (615/2021, del índice de este juzgado). Acúsese recibo. Ahora, de la revisión de las constancias que conforman el juicio de amparo 1429/2021, específicamente el proveído de tres de diciembre del año en curso, mediante el cual el homólogo oficiante determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano de control constitucional respecto al presente sumario; este juzgador, con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, conforme a lo expuesto en el acuerdo de treinta de noviembre del presente año, insiste en declinar la competencia planteada; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se advierte que, el acto que reclama la parte quejosa, lo es la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracción II, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, así como del artículo 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se materializó en el oficio SP/DPSH/DFLV/1290/2021, de once de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, en el cual se informa a la quejosa una compatibilidad de pensiones por jubilación y viudez que actualmente percibe. Ejecución que tendrá lugar en donde la peticionaria del amparo radica, es decir, en Nezahualcóyotl, Estado de México, el pago de dicha pensión de la que goza la quejosa está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, pues es en dicho lugar en que, bajo protesta de decir verdad la quejosa radica, lo que se corrobora con su credencial para votar con fotografía que en reproducción fotostática exhibe, por tanto, la orden reclamada que se pretende ejecutar deberá cumplirse en el lugar el que se encuentra. Pues se insiste, que contrario a lo expresado por el homologo federal, el acto reclamado, es decir, la ejecución , el pago de dicha pensión de la que goza la quejosa está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo , deberá cumplirse en el lugar en el que se encuentra residiendo la aquí quejosa, es decir, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito, reitera que al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo antes citado, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo lo es el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado. Sirve como apoyo de lo anterior, el criterio que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes.
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