María de Lourdes De La Torre Ávalos

Expediente 587/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
587/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • María de Lourdes De La Torre Ávalos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio por el cual la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve en Toluca, Estado de México, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el ocho de los cursantes; por tanto, se tiene por satisfecho el mismo. DESECHAMIENTO Del análisis al escrito de demanda se desprende que la quejosa sustancialmente reclama: La audiencia celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1069/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en Toluca, Estado de México, en la cual no tuvo por justificada su inasistencia a la diversa de siete de noviembre de dos mil dieciocho y ordenó su continuación para el veinte de mayo del año en curso. Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. " "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. ". En el caso específico el acto reclamado consiste en la audiencia celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1069/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en Toluca, Estado de México, en la cual no tuvo por justificada su inasistencia a la diversa de siete de noviembre de dos mil dieciocho y ordenó su continuación para el veinte de mayo del año en curso. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación a la amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. De ahí, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y, en su caso, se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Tiene aplicación a lo anterior por las consideraciones que expone, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, IV, septiembre de 1996, página 768)". Aunado a que de las constancias remitidas por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve en Toluca, Estado de México, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la quejosa mediante escrito presentado el diecinueve de febrero del año en curso, solicitó a dicho tribunal se justificara su inasistencia a la diversa audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, así como, a la celebrada el dieciocho de febrero del año en curso, dado su estado de salud. A lo cual en respuesta a dicha solicitudes, dicho tribunal en auto de siete de marzo del año en curso, acordó favorable su petición y ordenó girar oficio a la Cruz Roja de Toluca, Estado de México, a fin de determinar si el doctor que expidió la diversa receta médica para justificar su inasistencia a la diversa audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, contaba con cédula profesional y se le informara que médico la había signado, ello a fin de determinar si era factible o no justificar la inasistencia de la aquí quejoso a la audiencia antes citada, dentro del expediente 1069/2017 de su índice. De igual forma, en dicha actuación el tribunal de origen tuvo por justificada su inasistencia a la diversa audiencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, al haber exhibido una receta médica en la cual acreditó su estado de salud. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo y al tratarse el acto reclamado de una violación procesal, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por ***************, regístrese bajo el número 587/2019-I-D. PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracción I, en relación con el numeral 114, fracción, II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad: Abunde en los antecedentes del acto reclamado, esto es, precise si el Tribunal responsable emitió un auto en respuesta al escrito que refiere ingresó el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario 1069/2017; y de ser, así manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado, lo acordado en el mismo. Asimismo, dentro de dicho plazo: Deberá informar la fecha en que tuvo conocimiento, tanto de la audiencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el citado juicio agrario, que refiere constituye el acto reclamado en la presente vía; así como, del auto emitido en respuesta a su escrito de diecinueve siguiente, en caso de que lo señale como reclamado. Ello, tomando en consideración que tales datos resultan indispensables para estudiar la procedencia del juicio que se promueve, a fin de que este juzgado pueda fijar correctamente la litis. Aunado a que como está planteada la demanda no se está en condiciones de determinar la procedencia para estudiar el acto que tilda de inconstitucional. Toda vez que los datos que se requieren son requisitos esenciales de la demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción III, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 dicha normatividad. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia de que de no desahogar los requerimientos precedentes, dentro del tiempo que se le concede, por lo que hace al primer requerimiento, se tendrá por acto reclamado únicamente el señalado como tal en su escrito de demanda y respecto de las restantes peticiones que se le formularan, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Con independencia de lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas: Informe el estado procesal en que se encuentra el juicio agrario 1069/2017 de su índice; además, deberá referir que fue lo que acordó en audiencia emitida el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el citado sumario, así como, la fecha en que fue notificada la quejosa de la misma. De igual forma, deberá adjuntar la respuesta que emitió al escrito que refiere la quejosa fue presentado el diecinueve del citado mes y año, así como la constancia de la cual se evidencie que lo hizo del conocimiento de la quejosa; para lo cual deberá remita copia certificada de las actuaciones con las cuales sustenta su dicho. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento para la autoridad requerida, que para el caso de ser omiso o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a la persona física que ostente el cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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