María de los Ángeles Mendoza Villalba
Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de los Ángeles Mendoza Villalba
- María de los Ángeles Mendoza Villalba y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 754/********************2********************-VII-B, promovido por ********************, contra actos que reclamó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el siete de agosto del presente año y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el día hábil siguiente, por ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y por consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento. Particularmente reclamo las omisiones en que ha incurrido dicha Junta Especial al no proveer lo necesario para obtener, en tiempo, el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, pues esas omisiones han generado una notoria dilación en la tramitación del juicio que ha impedido el dictado del laudo respectivo" SEGUNDO. Por auto de nueve de agosto del presente año, éste órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 754/********************2********************-VII-B; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94 y 10******************** de la Constitución Federal, ****************************************, fracción IV, ********************7 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General ********************/********************1********************, adicionado por el ********************/********************15 y 12/********************16, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/********************14 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de ********************14, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO ********************7, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL ******************** DE ABRIL DE ********************1********************). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la fijación del acto que se reclama. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en la omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable en desahogar las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral ********************/********************/********************, en concreto los informes que ambas partes ofrecieron y solicitaron del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues reconoce la existencia de dicho acto, hace manifestaciones que evidencian su certeza, y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y ********************2, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15********************, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que, en la especie, el acto reclamado se hace consistir en omisiones atribuidas a la junta responsable, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, el amparo puede promoverse en el momento en que la parte quejosa considere que la autoridad responsable viola en su perjuicio derechos públicos subjetivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señala: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." También debe decirse que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso en la demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/********************10, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 8********************0, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso que nos ocupa la peticionaria de amparo aduce como motivo de inconformidad que se viola en su perjuicio su derecho de celeridad y acceso efectivo a la justicia, al no administrársele justicia de manera pronta y expedita, atendiendo específicamente a los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, en concreto para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral ********************/********************/********************. En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable, relativas al juicio laboral de origen, las que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos ********************2 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte en lo que interesa, que desde que se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual las partes ofrecieron diversos medios de convicción, que fueron desahogados en su mayoría; sin embargo a la fecha aún queda una prueba pendiente por desahogar, en concreto, el desahogo de los informes que ambas partes ofrecieron y solicitaron del Instituto Mexicano del Seguro Social; empero, la autoridad laboral responsable afirma que no ha podido recabar tal medio de convicción. De lo anterior se desprende, que existe la conducta omisiva de la Junta responsable, pues es claro que no se ha desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen, por lo que este órgano de control constitucional advierte vulneración a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que dispone en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito en el párrafo que antecede, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. De manera que este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia en los plazos y términos que señalan las leyes aplicables al caso concreto, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación, que deriva del derecho fundamental de seguridad jurídica, le impone a las autoridades estatales judiciales o tribunales la obligación de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. A su vez, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." Del numeral referido se aprecia que uno de los principios que rigen el procedimiento laboral es la inmediatez con que debe de realizarse cada acto del Tribunal laboral, ello a fin de garantizar a las partes contendientes un proceso ágil y rápido que les permita conocer en breve término el resultado de sus pretensiones. Así, en el caso que nos ocupa, como se vio al relatar los antecedentes del acto reclamado por la quejosa, que independientemente que en el juicio laboral de origen quedan pruebas pendientes por desahogar, la Junta responsable ha vulnerado su derecho fundamental de justicia pronta, pues desde que se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrió un plazo excesivamente sin que se hubiera logrado el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes ni se hubiese declarado la imposibilidad para ello. Además, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el procedimiento laboral de origen inició en el año dos mil veinte, sin que a la presente fecha se hubiesen desahogado los medios de prueba ofrecidos por las partes en dicho controvertido; proceder de la autoridad del trabajo que evidentemente lesiona un derecho fundamental de la peticionaria de amparo, por falta de justicia pronta y expedita, garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.********************o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1288, tomo XXII, septiembre de ********************05, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el título y contenido siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En mérito de lo anterior, procede otorgar a la parte quejosa el Amparo y la Protección de la Justicia Federal que impetra. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: Que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, vigile el desarrollo de las pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio reclamatorio laboral ********************/********************/********************y tome las medidas necesarias para que, en atención a los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia, se dé por concluida la etapa probatoria dentro del juicio laboral de origen. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 7********************, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto omisivo que reclamó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido y hagan valer lo que a su derecho corresponda respecto del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo anterior en concordancia con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se programa para las nueve horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad rindiendo su respectivo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de él, al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por María de los Ángeles Mendoza Villalba, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fórmese y regístrese bajo el expediente 754/2023-VII. Así, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá de ser omisa, como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se señalan las once horas con diez minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional. En términos del artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley De Amparo. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que las notificaciones se les harán en términos de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en********************, ********************, en esta ciudad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a ********************, y en términos restringidos del numeral citado a ********************, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional que les acredite como licenciados en derecho en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes Acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que para tal efecto se lleva en este juzgado. En términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia autorizada de la demanda. Resérvese el carácter de terceros interesados en este asunto, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Tal como lo dispone el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente, tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (103.74) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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