María de Jesús Montes González
Expediente 936/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de Jesús Montes González
- Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 21, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las once horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke Garcia, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 936/2022-VII, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza; asimismo se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, por lo que, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Visto para resolver el juicio de amparo 936/2022-VII, promovido por María de Jesús Montes González, por conducto de su apoderada Nora Coronado López, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el diecinueve de octubre del presente año, María de Jesús Montes González, por conducto de su apoderada Nora Coronado López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable indicada en el capítulo respectivo de la demanda, a quien reclamó la omisión de acordar y resolver las peticiones que a nombre de la quejosa se le formularon dentro del juicio laboral de origen 1/21/1039. Segundo. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 936/2022-VII, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien sí presentó pedimento; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de acordar y resolver las peticiones que a nombre de la quejosa se le formularon dentro del juicio laboral de origen 1/21/1039. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad laboral responsable, pues al rendir su informe justificado conviene la existencia de los actos y hace manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable, anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente en fecha once de noviembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acordó y resolvió respecto de las diversas peticiones realizadas por la quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, despachando auto de requerimiento de pago y embargo contra las demandadas dentro del juicio laboral de origen 1/21/1039. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la autoridad responsable, había sido omisa en acordar y resolver respecto de diversas peticiones realizadas por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral de origen; sin embargo, en proveído de once de noviembre del presente año, en el cual se acordó y resolvió respecto de las diversas peticiones realizadas por la quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, despachando auto de requerimiento de pago y embargo en contra de las demandadas dentro del juicio laboral de origen 1/21/1039, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en fecha once de noviembre del presente año, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acordó y resolvió respecto de las diversas peticiones realizadas por la quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, despachando auto de requerimiento de pago y embargo en contra de las demandadas dentro del juicio laboral de origen 1/21/1039, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque la autoridad responsable al acordar y resolver las diversas peticiones realizadas mediante escrito de veintiséis de abril del presente año, restableció así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Jesús Montes González, contra actos que reclamó a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, atento a su contenido se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegatos, los cuales se tienen desahogados por su propia naturaleza y serán valorados en su momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, de la Ley de Amparo. En relación a la copia que solicita, dígasele que una vez que se resuelva el presente juicio de amparo, se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, presentando demanda contra actos que reclama a la Presidenta de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 936/2022-VII. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se requiere a la autoridad señalada como responsables su informe con justificación, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida Se señalan las once horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Ahora bien, en cuanto al emplazamiento del tercero interesado, se reserva acordar lo conducente, una vez que la autoridad responsable rinda su informe de ley, y se integre la Litis constitucional. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda, también se le tiene proporcionando el correo electrónico que menciona en su escrito de demanda. Notifíquese.
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