María de los Ángeles Martina Murillo Turjillo

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Martina Murillo Turjillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito de la parte quejosa, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. De conformidad con el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, hágasele la devolución de las documentales que refiere en su escrito debiéndose dejar copia certificada de ésta para constancia, previa identificación y firma que por su recibo se otorgue, autorizando para su recepción a las personas que indica en el presente escrito. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 381/2021-I-B promovido por María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo, contra actos del Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sede en la localidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibida el veinte de mayo en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad, a quien la reclamó lo siguiente: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN A) Se reclama de la autoridad responsable, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y FALTA DE RESPUESTA A LAS PETICIONES ESCRITAS ingresadas por la oficina de RECTORÍA de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, el día 24 de enero de 2020, 18 de febrero de 2020 y 11 de marzo de 2020, lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional." Señalando que se vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes de los mismos relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el expediente 381/2021-I-B; se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; lo anterior en virtud de que la omisión y el acto que se reclaman, tiene ejecución en esta ciudad fronteriza, lugar en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de garantías, en concreto, se hizo consistir lo siguiente: La falta de contestación por escrito y notificación, de la autoridad responsable, respecto de las peticiones escritas, ingresadas por la oficina de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sede en la localidad, los días veinticuatro de enero de dos mil veinte, dieciocho de febrero de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veinte, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8º, Constitucional. En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sede en la localidad, al rendir su respectivo informe justificado, convino en la existencia de los actos que se le reclaman. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo que a su vez encuentra sustento, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, del estudio de las constancias que obran en autos, el suscrito juez, considera que en la especie, los actos reclamados por la parte quejosa, María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo, consisten en el silencio administrativo atribuido al Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sede en la localidad. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa, señala que se vulnera su derecho humano de petición, contenido en el artículo 8º, Constitucional, puesto que no le habían dado respuesta a las peticiones que formuló los días veinticuatro de enero de dos mil veinte, dieciocho de febrero de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veinte, ante la autoridad responsable ordenadora, exhibiendo al respecto, copia simple con el acuse de recibo, únicamente del escrito que presentó el dieciocho de febrero de dos mil veinte, estampado por dicha autoridad responsable, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del que se advierte que la justiciable formuló la petición referida en su demanda de amparo. Previo a lo expuesto, debe decirse que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo expuesto, se advierte de oficio, la actualización de la causa que hace inviable el estudio sustantivo del controvertido constitucional, la cual se encuentra contenida en fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En tal sentido, al haber reclamado la parte quejosa María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo, en esta vía constitucional, la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a las peticiones que le fueron planteadas, consistente en la falta de contestación por escrito y notificación, de la autoridad responsable, respecto de la solicitud por medio de la cual pide se le expida una constancia del trámite de titulación de la referida quejosa, presentada el pasado dieciocho de febrero de 2020. Sin embargo, de autos se advierte que la autoridad responsable ordenadora, por conducto del Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, exhibió el oficio 614/2021, de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual, informa a la quejosa que dio contestación a sus peticiones, por lo que, con dicha manifestación, se hizo sabedora del comunicado oficial descrito, la cual fue notificada por conducto de su autorizado para oír notificaciones, el licenciado José Loera, el día doce de junio de dos mil veintiuno . Por tanto, de dicha constancia se observa que la autoridad aludida recepcionó y dio trámite a los escritos petitorios de la parte quejosa, lo anterior, como ya se dijo, se advierte de la copia certificada que exhibió la autoridad responsable por conducto de su Abogado General, consistente en el oficio 614/2021, de diez de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual, le hizo saber a la parte quejosa, el trámite que debe llevar a cabo para la expedición y registro del título profesional, así como la constancia de que se está llevando a cabo dicho trámite de titulación. Para lo cual, hizo del conocimiento de la quejosa, que debería comparecer personalmente ante las instalaciones de la Dirección General de Servicios Académicos, ubicada en la calle Ignacio Mejía sin número, Colonia Margaritas, de esta ciudad, a efecto de que presentara los documentos originales consistentes en el recibo de pago de expedición de título, acta de nacimiento reciente, la Clave Única de Registro de Población, Identificación oficial (credencial del Instituto Nacional Electoral y/o Pasaporte vigente), Certificado de Secundaria (legalizado si la escuela es Estatal o Particular), la constancia de servicio social liberado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acta de titulación automática y fotografías con las especificaciones descritas en el oficio de referencia. Asimismo, hizo del conocimiento de la quejosa que una vez que presentara completa la documentación indicada con antelación, daría inicio el trámite de titulación. Agregando que respecto al acta de titulación automática, se le indicó que debería tramitarla ante la Dirección de su Instituto, no obstante ello, se hizo del conocimiento de la parte quejosa, que se solicitó el apoyo de la Dirección del Instituto para que, excepcionalmente, expidiera y turnara el acta a la Dirección General de Servicios Académicos, lo anterior, con el objeto de que, cuando la quejosa acudiera a entregar el resto de los documentos requeridos, dicha acta ya obrara en su expediente académico y una vez hecho esto, sea posible que le expidan la constancia de trámite de titulación de inmediato. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable ordenadora, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, asimismo, se tiene que a la inconforme de amparo, se le notificó la respuesta aludida, como se advierte de la firma de recibido estampada el doce de junio de dos mil veintiuno, en el oficio número 614/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, por el licenciado José Loera, autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Documental a la cual, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Situación que da origen a la improcedencia del juicio de amparo por haber cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa a lo anterior, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia vigente, la Jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo IX, de Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, la contestación a las peticiones realizadas, restituye a la quejosa María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo, en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión de la autoridad responsable de referencia, precisamente porque esas omisiones ya no invaden su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta la causa de improcedencia antes señalada, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. De conformidad con el considerando Cuarto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María de los Ángeles Martina Murillo Trujillo. NOTIFIQUESE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Atento al contenido del oficio signado por Juan Ignacio Camargo Nassar, en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y como lo solicita, se tiene como autorizado de su parte al abogado General de dicha universidad, por lo tanto, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se imponga de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a los profesionistas que menciona en sus oficios y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en el ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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