María de Lourdes Tena Gómez

Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
120/2023
Año
2023
Actuaciones
35
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Tena Gómez
  • Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México
  • María de Lourdes Tena Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer Rosario Fierro Córdova en su carácter de apoderada legal de Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad en liquidación parte tercera interesada, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejoso proveído de trece octubre veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 120/2023-VI; y, R E S U L T A N D O S: I. Presentación de la Demanda de amparo. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se recibió en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Tena Gómez, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Notificador o Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras; de quienes reclama los actos destacados en la demanda en cuestión. II. Derechos fundamentales que se estimaron violados. Los anteriores actos, los estimó vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes de los mismos relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. III. Tramitación de la demanda de amparo. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que atañe a los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables, la cual quedó registrada con el número 120/2023-VI; se pidió informe justificado a las responsables; se tuvo como tercera interesada a Rosario Fierro Córdova, en su carácter de parte actora del Juicio Hipotecario del que derivan los actos reclamados; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento del orden civil, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Lo anterior, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, consisten en: [. JUEZ DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Avenida Niños Héroes 132, Torre Sur, piso 7, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. Todas las actuaciones y resoluciones emitidas dentro del expediente 283/2002, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del ilegal emplazamiento y que culminó con el embargo y remate del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle Valle de Estero 8709, fraccionamiento Valle de Bravo, en esta ciudad. NOTIFICADOR O ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Avenida Niños Héroes 132, Torre Sur, piso 7, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, de la Ciudad de México. La falta de emplazamiento y de notificación personal y/o ilegal notificación por edictos al juicio hipotecario 283/2002 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, que culminó con el embargo y remate del bien inmueble de mi propiedad, ubicado en Calle Valle del Estero 8709, fraccionamiento Valle de Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual poseo física y materialmente. Actos que se encuentran viciados de ilegalidad, ya que se embargó el bien inmueble del que soy propietaria y fue puesto en remate sin que las autoridades responsables hayan cumplido con las formalidades que la Ley exige, omitiendo así su cumplimiento. En principio no es posible embargar, poner en remate el bien inmueble o causar molestias en bienes y posesiones de personas ajenas al juicio so pena de dejarme en estado de indefensión, como aconteció en el caso, todos y cada uno de las actos que han realizado las autoridades responsables ya que han sido omisas en notificarme, para lo cual deberá ordenarse que cesen las actos reclamados y conceder el amparo y protección de la justicia federal. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. JUEZ PRIMERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ SEGUNDO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ TERCERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ CUARTO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ QUINTO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ SEXTO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ SÉPTIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS JUEZ OCTAVO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS De las autoridades señalas en los incisos d) al n), se reclama la orden de ejecutar los actos procesales para materializarse sobre el inmueble ubicado en calle Valle del Estero 8709, fraccionamiento Valle de Bravo, en esta ciudad. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua con domicilio conocido en Cd. Juárez, Chihuahua, por ser quien lleve a cabo los actos tendentes en forma directa e inminente las órdenes dictadas por las responsables ordenadoras, en el procedimiento del cual provienen los actos reclamados, para llevar a cabo la ejecución de cualquier orden de desalojo y desocupación del bien inmueble. .] Así, estos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Jueces Civiles Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en esta ciudad, negaron categóricamente los que les reclama la accionante del amparo, sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete, Materia común, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Notificador o Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, pues así lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, informó que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se suprimió el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, por lo que se asumió la competencia de los asuntos tramitados el citado juzgado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, esa condición de certeza se corrobora con las pruebas documentales públicas que fueron remitidas como apoyo a los informes justificados rendidos por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 283/2002, relativo al juicio especial hipotecario de origen, y así como las constancias correspondientes a la diligenciarían del exhorto derivado del citado juicio, para efecto de la publicación de edictos. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Los artículos 17, párrafo primero y 18 ambos de la Ley de Amparo, en su orden indican: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Los preceptos legales transcritos establecen los términos para interponer el juicio de amparo indirecto; de donde se aprecia, que es improcedente cuando este se promueve fuera del plazo de quince días siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del acto que le ocasiona perjuicio; al día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o; al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. De lo expuesto, se advierte que la intención del legislador fue la de establecer en forma clara y precisa, que el término para la interposición de la demanda de amparo, empezará a computarse al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las citadas hipótesis. Tiene aplicación al respecto, por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J.30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286, del Tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto.". La parte quejosa manifestó tener conocimiento del acto reclamado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; por ende, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del diecinueve de enero al ocho de febrero de dos mil veintitrés; luego, si la demanda la presentó el veintiséis de enero de ese mismo año, tal como se advierte de la papeleta de turno de oficialía de partes de los Juzgados de distrito en esta ciudad; es decir, es oportuna, toda vez que no se excedió el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Normativa del Juicio de Amparo. SEXTO. Análisis de las causales de sobreseimiento. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de sobreseimiento que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé, la parte final del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Al respecto, la tercera interesada Rosario Fierro Córdoba, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues aduce que la quejosa no agotó el principio de defintividad. Toda vez que el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, prevé en su numeral 1024 un incidente de nulidad de actuaciones por defecto o falta de emplazamiento y respecto de los actos realizados en etapa de juicio proceden principalmente los recursos de revocación y apelación, mismos que señala es necesario agotar antes de acudir al juicio de garantías. El artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: . c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. .]" Por ello, resulta infundada la apreciación de la tercero interesada, ya que la quejosa se ostentó como tercera extraña al juicio natural. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión. Así las cosas, es claro que en la especie no se surte la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece el principio de definitividad que rige en la materia, toda vez que dicho precepto puntualiza la salvedad para la satisfacción de ese postulado, que dimana del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, inherente a los terceros extraños a juicio. Lo anterior significa que las personas que acuden al amparo, con la calidad mencionada, respecto de un acto originado en un procedimiento que les es ajeno, no están obligadas a agotar el principio de definitividad en comento. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia VI.2o.C. J/282, con registro digital 172933, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS. El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento." Asimismo tiene apoyo en la tesis VI.2o.C. J/260, con registro digital 175624, de Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. La peticionaria de amparo María de Lourdes Tena Gómez, expuso los conceptos de violación que están contenidos en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo. Apoya lo considerado, sin contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, la Jurisprudencia: 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En el caso, supliendo la queja deficiente se estiman fundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa, relativo al ilegal emplazamiento realizado por medio de edictos. Lo anterior es así, pues en el caso, el acto reclamado destacado se hace consistir en: Todas las actuaciones y resoluciones emitidas dentro del expediente 283/2002, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del ilegal emplazamiento y que culminó con el embargo y remate del bien inmueble propiedad de la quejosa ubicado en calle Valle de Estero 8709, fraccionamiento Valle de Bravo, en esta ciudad. Dado lo anterior, es de indicarse que en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido contra el quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Sustenta lo anterior la tesis aislada con número de registro digital 2021518, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 654, del siguiente tenor: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." En lo que interesa, en los antecedentes y conceptos de violación de la demanda, la amparista aduce que conforme a nuestro orden jurídico, en lo concerniente a un debido proceso, seguridad jurídica y garantía de audiencia, nuestra Carta Magna, prevé las formalidades que deben observarse en cuanto a la garantía de audiencia y por ende el emplazamiento, que es de explorado derecho, que toda autoridad judicial debe someterse a esa normatividad, y que éste debe de realizarse en el domicilio o lugar designado por la parte actora. Que desde el año dos mil, habita en el domicilio, y que su cónyuge y codemandado Sixto Jesús Neira Aguirre, falleció el quince de diciembre de dos mil veintiuno, lo que quedó demostrado en el presente juicio de amparo mediante acta de defunción con número de certificado 212387432, y fecha de registro de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Registro Civil del Estado de Chihuahua; sin que durante todo ese tiempo se haya realizado el emplazamiento correspondiente a ella o su fallecido esposo, aún y cuando la parte actora del juicio de origen era conocedora de su domicilio, privándola con ello de ser oída y vencida en juicio, es decir, al derecho de contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, a ofrecer pruebas, alegar conforme a derecho, todo ello en violación de los preceptos del Código Procesal del entonces Distrito Federal y de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional De lo anterior, se advierte que la peticionaria de amparo aduce en esencia que el emplazamiento al juicio de origen, se llevó a cabo sin observarse las formalidades esenciales que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de modo que tal reclamo constituye una negativa que obliga a la responsable a demostrar lo contrario, a fin de desvirtuar la violación del derecho humano fundamental de audiencia que se le reclama, estipulada en el ordinal 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 65, que establece: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama". El juez civil responsable, en su informe justificado, sostiene la constitucionalidad del acto reclamado destacado, para acreditar su dicho remitió copia certificada de los autos del juicio Especial Hipotecario radicado bajo el expediente 283/2002 de su índice, las cuales como se dijo adquieren valor probatorio pleno. Para mejor comprensión del sentido de esta sentencia, es necesario señalar los antecedentes de los actos reclamados que derivan de las copias certificadas del juicio origen e indicadas en el apartado que antecede y que: a). Mediante escrito recibido el diecinueve de abril de dos mil dos en la oficialía de Partes Común de los Juzgados de Civil y Familiar, en el Distrito Federal, correspondiéndole conocer de la misma al Juzgado Décimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el veintidós de abril siguiente, el apoderado legal de Hipotecaria Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, promovió juicio especial hipotecario contra de Sixto Jesús Neira Aguirre y la hoy quejosa María de Lourdes Tena Gómez, de quien demandó el pago de saldo insoluto, mensualidades vencidas, intereses moratorios, remate judicial y el pago de gastos y costas de la finca ubicada en calle Valle del Estero 8709, Manzana 08, Lote 04, Fraccionamiento Valle de Bravo, Cuarta Etapa, Ciudad Juárez, Chihuahua. (foja 01 a 19 del tomo de pruebas) b). En acuerdo de veintidós de abril de dos mil dos, se admitió la demanda y ordenó dar trámite a la misma, la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y el emplazamiento de los demandados, por medio de exhorto, en el domicilio que para tal efecto indicó el actor, a fin de que contestaran la demanda instaurada en su contra, se tuvo por ofreciendo pruebas a la parte actora. (foja 20 y 21) c). En acatamiento a lo ordenado por el Juez del procedimiento civil de origen, el Notificador y Ministro Ejecutor, designado por el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en razón de treinta de mayo de dos mil dos, indicó que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento de los demandados (amparista), ya que el bien inmueble de la actuación estaba desocupado (foja 23). d). Por auto de cinco de junio de dos mil dos, el Juez exhortado, a solicitud de la parte actora, ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en esta ciudad, así mediante acuerdo de veinticinco de junio siguiente, se tuvo por recibido el oficio de la citada dependencia en el sentido de que no se encontró dato o registro alguno que refiera domicilio de los demandados. (foja 25) e). Por oficio de trece de septiembre de dos mil dos, el Juez Décimo Cuarto de lo Civil, solicitó al Director de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal a efecto de que informara si se cuenta con algún domicilio de los demandados, del cual se obtuvo respuesta en sentido negativo. (foja 32 y 33) f). El cuatro de diciembre de dos mil dos, el Juez del procedimiento de origen, con fundamento en el artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenó emplazarlo a juicio por medio de edictos que debían de ser publicados por tres veces consecutivas de tres en tres días, en el boletín judicial, como en el periódico "El Sol de México", ambos de aquélla ciudad (entonces México Distrito Federal), otorgando un plazo de cuarenta días para contestar la demanda por lo que deberían acudir a recibir las copias simples a ese juzgado. (foja 37) g). En acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil tres, se tuvo a la parte actora exhibiendo testimonio respecto al convenio de fusión que celebraron el cuatro de julio de dos mil dos, Hipotecaria Crédito y Casa Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto limitado como "fusionante" y por otra Hipotecaria Nacional Mexicana, Sociedad Financiera de objeto limitado como "fusionada", quedando como nuevo acreedor y parte actora la primera. (foja 73) h). En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil tres, a solicitud de la parte actora, se tuvo acusada la rebeldía de la parte demandada al no haber contestado en tiempo la demanda instaurada en su contra, teniéndose por perdido el derecho y con fundamento en el artículo 271 párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles, por presuntamente confesados los hechos de la demanda; además determinó que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio de boletín judicial. i). El trece de noviembre de dos mil tres de declaró abierta la audiencia de ley, misma que continuó el cinco de enero de dos mil cuatro, y se citó a las partes para oír sentencia. (fojas 114 y 125) j). El catorce de mayo de dos mil cuatro, se dictó sentencia definitiva en el expediente 283/2002, en la que se condenó a la parte demandada, y causó ejecutoria por auto de cuatro de diciembre de dos mil ocho; continuando la secuela procesal respecto a los actos de ejecución. (fojas 135 a 150 y 264) Ahora bien, es de indicarse que el artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que el juez responsable, fundamentó el proveído de cuatro de diciembre de dos mil dos, en donde ordenó emplazar a la quejosa por edictos, dispone: "Artículo 122.- Procede la notificación por edictos: Cuando se trate de personas inciertas; Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas; en este caso el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades a que se refiere el Título Noveno de este Código. En los casos de las dos fracciones que preceden, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días; y Cuando se trate de inmatricular un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, conforme al artículo 3047 del Código Civil para el Distrito Federal, para citar a las personas que puedan considerarse perjudicadas. El edicto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación; en el Boletín Judicial, en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, Sección Boletín Registral, y en un periódico de los de mayor circulación. Además se deberá fijar un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del inmueble de que se trate en el que se informe a las personas que puedan considerarse perjudicadas, a los vecinos y al público en general, la existencia del procedimiento de inmatriculación judicial respecto a ese inmueble. El anuncio deberá contener el nombre del promovente y permanecer en el inmueble durante todo el trámite judicial. En la solicitud se mencionarán: El origen de la posesión; En su caso, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión el peticionario; El nombre y domicilio del causahabiente de aquélla si fuere conocido; La ubicación precisa del bien y sus medidas y colindancias, y El nombre y domicilio de los colindantes. Asimismo, a la solicitud se le acompañarán: Un plano autorizado por la Tesorería del Distrito Federal, y Certificado de no inscripción del inmueble expedido por el Registro Público de la Propiedad. En el escrito en que se solicite dicho certificado, se deberán proporcionar los datos que identifiquen con precisión el predio de que se trate y manifestar que el certificado será exhibido en el procedimiento judicial de inmatriculación. Realizadas las publicaciones se correrá traslado de la solicitud, para que conteste dentro del término de quince días hábiles, a la persona de quien obtuviera la posesión o su causahabiente si fuere conocido; al Ministerio Público; a los colindantes; al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal, para que manifieste si el inmueble a inmatricular se encuentra o no afecto al régimen ejidal o comunal, y a la Secretaría de la Función Pública, para que exprese si el predio es o no de propiedad federal. Producida o no la contestación y sin necesidad de acuse de rebeldía, el juez, al vencerse el último término de traslado, abrirá una dilación probatoria por quince días, pudiendo ampliarla, a solicitud del interesado, hasta por treinta días. Además de las pruebas que tuviere, el solicitante está en la obligación de probar su posesión en concepto de dueño por los medios legales y además por la información de tres testigos, preferentemente colindantes del inmueble a inmatricular o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata. En este juicio no se entregarán los autos originales para formular alegatos. La sentencia es apelable en ambos efectos y el recurso se substanciará como en los juicios ordinarios." En ese sentido, conforme a la reglamentación especificada, las principales formalidades que debe contener la diligencia de emplazamiento por edictos, son: Desconocimiento del domicilio de la persona que debe ser emplazada a juicio. La publicación de la determinación respectiva, tres veces consecutivas, de tres en tres días, en el boletín judicial. Tal publicación deberá realizarse en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días. Lo anterior, siempre bajo la perspectiva de que la parte demandada adquiera conocimiento pleno del juicio que se sigue en su contra, la persona que lo promueve, los términos en que lo hace (copias de traslado) y el plazo que se le concede para excepcionarse legalmente, esto es, se le permita desarrollar su defensa (contestar demanda, aportar pruebas y formular alegatos), aspectos esenciales de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Además de lo expuesto, es de indicarse que el Juez responsable tuvo por emplazado a Sixto Jesús Neira Aguirre y María de Lourdes Tena Gómez, mediante edictos que según la parte actora publicó en el periódico denominado "El Sol de México", de esa ciudad y por boletín judicial, el que en su caso, debe corresponder al del último domicilio del demandado; empero, de las copias certificadas de las constancias del juicio ordinario civil de origen que en justificación a sus actos la responsable acompañó a su informe, no existe medio de convicción alguno que demuestre que efectivamente, los edictos ordenados por la responsable para emplazar al demandado quejoso en el juicio de origen, se hayan publicado en el periódico indicado, ya que de las copias de éstos que obran en actuaciones (fojas 40 a 42 del tomo de pruebas), no se advierte, el nombre del periódico, ni el lugar y tampoco existe fecha cierta de tales publicaciones. Además de que la publicación no fue realizada en ésta ciudad, donde se ubicaba el domicilio de los demandados, como bien lo manifestó la quejosa en su escrito de demanda, habita el mismo domicilio desde el año dos mil dos, por lo que si la finalidad primordial del emplazamiento consiste en que el demandado adquiera pleno conocimiento de que se ha promovido un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce del juicio y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de producir su defensa de la mejor manera, y no se dicte un fallo desfavorable en su contra, deberá hacerse la publicación de los edictos el último lugar en que haya vivido el demandado. Por otro lado, el Juez debe hacer un esfuerzo especial para encontrar a la parte demandada, a efecto de realizar el emplazamiento, mediante una investigación ante institución u organización idóneas para el efecto, y si esta búsqueda se frustra, debe ocurrir a una tercera y última solución, que se aleja más del ideal de la notificación personalísima, pero mantiene algunas probabilidades de cumplir su cometido, ante la imposibilidad de acudir a otras mejores, que es el emplazamiento por edictos. Lo que implica que la publicación de edictos deba hacerse en las condiciones más adecuadas para alcanzar su finalidad, que de por sí, se encuentra mermada, y para esto contribuye, sin lugar a dudas, que la publicación se haga en el ámbito en donde pudiera encontrar a la demandada. Si bien es cierto se giraron oficios para la investigación de diverso domicilio de la quejosa, únicamente se envió oficio en esta ciudad a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en la ciudad de México donde radica el juicio de origen, a la Dirección de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, que si bien son dependencias gubernamentales, que pueden tener datos de localización de personas, no cuentan con un padrón o registro de domicilios, como pudiera ser el Instituto Nacional Electoral, o alguna dependencia de servicios públicos como agua, gas, teléfono, etc. De ahí que si bien el texto constitucional no ordena expresamente que se deban realizar investigaciones tendientes a conocer el domicilio del demandado, sí se ordena en el artículo 14 constitucional que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; lo que implica que los actos de privación exigen dar la máxima oportunidad a los individuos para defender en juicio sus derechos, lo que, a la vez, exige que el inicio de todo juicio se notifique de forma eficiente a quien deba ser notificado y pueda resultar afectado de tal juicio. Por tanto, la investigación del domicilio del demandado cuando este se ignora es consustancial al derecho de audiencia previa, pues solo así puede asegurarse que se buscó a quien debe comparecer a juicio, por lo que la notificación por edictos es la última vía de notificación cuando dicha investigación se agote; pero no es constitucional establecer la notificación por edictos sin investigación previa, como sanción o pena a quien designe un domicilio convencional y no lo actualice. Sustenta lo anterior, la tesis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, Décima Época, página 1770, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ÉSTOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL ÚLTIMO LUGAR EN QUE HAYA VIVIDO EL DEMANDADO (Interpretación del artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). La expresión periódico local, empleada en ese precepto, para la publicación de los edictos que sirvan de medio para emplazar al demandado, debe entenderse referida a un periódico que se edite y difunda en el área territorial en la que existan mayores posibilidades de su conocimiento por la persona buscada, tomando en cuenta los datos o referencias con las que se pueda contar, como por ejemplo, el área geográfica en la que ordinariamente ha vivido y se ha desempeñado en los últimos tiempos, aunque no se conozca con precisión, como es natural, su domicilio actual, dado que, lo ordinario es que las personas se arraiguen en una zona territorial determinada, por razones de familia, amistad, relaciones de trabajo, etcétera, y que aunque se muevan en ella o en ocasiones salgan de la misma, conserven vínculos con alguna parte de la comunidad en cuestión, inclusive regresen con cierta regularidad, aunque sea temporalmente, lo que amplía las posibilidades de que la propia persona lea la publicación, o lo haga alguien que la conozca y le transmita la información. Esto es así, porque la finalidad primordial del emplazamiento consiste en que el demandado adquiera pleno conocimiento de que se ha promovido un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de producir su defensa de la mejor manera, y no se dicte un fallo desfavorable en su contra, originado en esa falta de información u oportunidad. Para lograr este propósito, la ley establece un conjunto de medios, encabezados por el que ofrezca mayores probabilidades reales de su consecución, y seguido su orden descendente con ese mismo criterio. Así, las leyes determinan, como primera opción para el emplazamiento, que su práctica se lleve a cabo en forma personalísima con la parte demandada, y para lograrlo consideran que la mayor probabilidad de encontrarla es en su domicilio. Ante la imposibilidad de esperar indefinidamente la localización y presencia de la demandada, con afectación al derecho de la actora a la prontitud de la impartición de justicia, se suele recurrir al emplazamiento por cédula, que ya ofrece menores probabilidades de adquirir certeza de su conocimiento por la demandada, pero que conserva todavía bastantes para el efecto, porque se efectúa en el domicilio de la demandada y con personas que conviven con ella de algún modo. Si esta segunda opción resulta fallida, por desconocerse el domicilio de la demandada, el Juez debe hacer un esfuerzo especial para encontrarla, mediante una investigación ante institución u organización idóneas para el efecto, y si esta búsqueda se frustra, debe ocurrir a una tercera y última solución, que se aleja más del ideal de la notificación personalísima, pero mantiene algunas probabilidades de cumplir su cometido, ante la imposibilidad de acudir a otras mejores, que es el emplazamiento por edictos. Esto implica que la publicación de edictos deba hacerse en las condiciones más adecuadas para alcanzar su finalidad, que de por sí, se encuentra mermada, y para esto contribuye, sin lugar a dudas, que la publicación se haga en el ámbito en donde pudiera encontrarse a la demandada y no en donde no se ha desempeñado con anterioridad o cuando menos no se tiene alguna noticia al respecto". Por otra parte, en cuanto a los diversos boletines judiciales, tienen como fecha de publicación, viernes veintiocho de marzo, miércoles dos de abril y lunes siete de abril todas del dos mil dos, empero no fueron publicados haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no sería inferior a quince días ni excedería de sesenta días; en consecuencia el emplazamiento por edictos y por boletín judicial resulta ilegal y violatorio de garantías. En tal orden de ideas, se arriba a la certeza de que no se dio cumplimento a lo ordenado en el artículo 122, fracción II, del entonces vigente Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en cuanto a que los edictos se hayan publicado durante tres veces consecutivas, de tres en tres días y en un diario que se edite en el lugar del juicio, es decir, en ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, ni se respetó el término que no sería inferior a quince días ni excedería de sesenta días, entre la publicación del último boletín judicial y la fecha en que debía presentarse a juicio el demandado aquí quejoso. Es aplicable al caso, por las razones que la componen, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época, página 713, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. SU PUBLICACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN (ARTÍCULOS 50 Y 52 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De la correcta interpretación de los artículos 50 y 52 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que si el promovente de un juicio ignora el domicilio de la persona a quien ha de notificarse por primera vez, basta con que lo manifieste bajo protesta de decir verdad, para que el Juez del conocimiento ordene el emplazamiento a través de la publicación de tres edictos en el diario que a su juicio sea de mayor circulación en la entidad; sin embargo, la facultad que encierra la frase "a juicio del Juez", no debe ejercitarse arbitrariamente, sino en una forma razonada, atendiendo a los hechos imperantes de ese momento, para saber o conocer qué periódico es el que efectivamente tiene mayor circulación en el lugar y en esa época, para ordenar su publicación en él". Ahora bien, debe decirse que la doctrina y la jurisprudencia han conceptualizado al emplazamiento como un acto procesal de específica importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. Por lo tanto, si el emplazamiento realizado en contraposición de las formalidades normativas constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud, es menester que el juzgador de amparo en los casos en que se alegan defectos en esa actuación, realice un examen de su legalidad, ya que se deduce que es mediante ese acto procesal que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con el derecho humano de audiencia reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, advirtiendo que en aquélla cobra mayor relevancia, por obvias razones, el contenido del numeral primeramente citado, dado que dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho humano de audiencia no es posible analizarlo en forma aislada en una controversia judicial o administrativa, sino en forma enlazada y complementada con lo atinente el debido proceso legal, pues si bien la relación jurídico-procesal de un juicio se integra precisamente con el llamado que se hace al demandado, cierto es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyendo, desde luego, a la diligencia de emplazamiento, deberán llevarse a cabo en los términos estrictamente establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde con los principios de legalidad jurisdiccional y de seguridad jurídica, reconocidos en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de audiencia reconocido en el artículo citado en el párrafo que antecede, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento dentro de las que se encuentra la notificación de su inicio; ya que, de no cumplirse con aquéllas, se infringiría el referido derecho fundamental de audiencia previa, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Es aplicable el criterio sustentado por el mencionado Pleno en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estipula: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". De ahí que, la violación en que incurrió el juez responsable fue la tramitación del procedimiento de origen, toda vez que uno de los demandados falleció durante la tramitación del juicio natural, y no llevó a cabo el llamamiento a juicio a la sucesión del de cujus. Además, la impetrante ofreció original del Acta de Defunción número 3867, que en lo conducente dice que Sixto Jesús Neira Aguirre, falleció el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y su cónyuge es Ma. De Lourdes Tena Gómez. Bajo ese tenor, es necesario llamar a juicio al causante de la sucesión que es señalada como parte demandada, empero, por conducto de su albacea, para que cumpla con su obligación de representar en juicio a la sucesión, pues para que el albacea de una sucesión esté en posibilidad de entablar la representación de ésta en el juicio, debe notificársele personalmente su tramitación, lo que constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que le permitirá conocer con detalle la materia del litigio, y con ello, estar en condiciones de ejercer la representación del de cujus. Así entonces, debe decirse que la ausencia de emplazamiento, o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho humano de audiencia. De ahí que, al no haberse cumplido con los mencionados requisitos legales, para llamar al juicio hipotecario a María de Lourdes Tena Gómez y su codemandado Sixto Jesús Neira Aguirre (finado), es incuestionable que se vulneró el derecho de audiencia de la parte quejosa, dado que el emplazamiento reclamado es ilegal; por tanto, ante la violación de los derechos fundamentales, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados Así, toda vez que resultó fundado el motivo de queja recién estudiado y suficiente para dejar sin efectos al emplazamiento reclamado, así como todas las actuaciones posteriores, ello hace innecesario examinar los restantes conceptos de violación, máxime que en nada cambiaría el resultado de la presente sentencia, en virtud de que los actos reclamados quedarán insubsistentes por lo que a la parte quejosa se refiere, según lo antes expuesto OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En congruencia, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad al emplazamiento reclamado, procede conceder el amparo para el efecto de que el juzgador responsable: a) Deje insubsistente la diligencia de emplazamiento reclamado; así como todo lo actuado en el juicio. b) Hecho lo anterior, considere que, en la especie, se actualiza la figura de litisconsorcio pasivo necesario a favor de Sixto Jesús Neira Aguirre; y, c) Resuelva con plenitud de jurisdicción lo que corresponda en torno a su nuevo llamamiento. Apoya lo expuesto la jurisprudencia PC.I.C J/26 K (10a), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, de registro 2012000, que establece: "EMPLAZAMIENTO INDEBIDO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA EN SU CONTRA SON QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE DICHA DILIGENCIA, ASÍ COMO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y RESUELVA CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN LO QUE CORRESPONDA RESPECTO A UN NUEVO EMPLAZAMIENTO. Los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional contra el indebido emplazamiento a juicio consisten en que la autoridad responsable deje insubsistente la diligencia relativa, así como todo lo actuado en el juicio de origen, y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que corresponda, pero no implica que la notificación de la ejecutoria de amparo haga las veces de un emplazamiento, ya que por su especificidad, ninguna actuación puede sustituirlo y, por tanto, en su caso, éste debe realizarse de acuerdo a sus propias formalidades, en relación con el procedimiento en que se verifique y las leyes aplicables, dada su trascendencia para la constitución de la relación jurídico-procesal. Lo anterior concuerda con los efectos restitutorios de la protección constitucional, consistentes en restablecer las cosas al estado en que guardaban antes de la violación, como si ésta no hubiera existido, pues si uno de los propios efectos sustituyera al mismo acto reclamado, sería en detrimento de los fines restitutorios del juicio constitucional, establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo antes señalado no significa que el conocimiento -genérico- de que existe un procedimiento contra el quejoso, no pueda tomarse en consideración en un juicio de amparo posterior, para evitar que el juicio constitucional se utilice para retrasar o impedir la continuación del juicio natural, sin justificación alguna, sobre la base de un nuevo "indebido emplazamiento a ese propio procedimiento", y que, por tanto, el quejoso pueda comparecer a solicitar nuevamente la protección constitucional, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).", determinó que si el demandado tiene conocimiento de la existencia del juicio natural, pierde el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, para lo cual, es suficiente el conocimiento de dicho procedimiento, adquirido con motivo de la instauración del juicio de amparo contra su indebido emplazamiento, en el que se le concedió la protección constitucional." La protección constitucional debe hacerse extensiva respecto de todos los actos posteriores a la diligencia analizada, incluyendo sus consecuencias; porque desde el origen, es decir, desde el emplazamiento, existen vicios que dejaron sin defensa a la parte quejosa. Debe precisarse que los efectos de la presente concesión, se extienden a los codemandados, pues acorde al contenido de las constancias del procedimiento de origen, se considera que en la especie existe comunidad de intereses entre éste y la impetrante de amparo, pues están vinculados como parte demandada en un mismo proceso. En efecto, la demanda inicial se instauró contra la quejosa y diversa entidad jurídica, por lo que la sentencia los perjudica por estar vinculados como parte codemandada de la ahora quejosa, por lo cual el beneficio de la protección federal, debe extenderse en él; máxime que la propia actora en el juicio natural lo señaló como enjuiciado, con el objetivo de exigirles determinadas obligaciones con el resultado del proceso. Sirve de apoyo, la tesis aislada III.3o.C.59 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de registro digital: 198085, de la Novena Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO NATURAL, POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO, DEBE EXTENDERSE A TODOS LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO. Dos de las características principales del litisconsorcio pasivo necesario son: que necesariamente ha de demandarse conjuntamente a todos los litisconsortes, y que en el juicio respectivo sólo puede haber un tipo de sentencia para ellos (o a todos se les absuelve o a todos se les condena). Tratándose de solidaridad pasiva no se satisface plenamente la primera de esas particularidades debido a que el acreedor puede demandar válidamente a uno solo de los deudores, conforme lo previenen los artículos 1989 del Código Civil del Distrito Federal, 1908 del anterior Código de Jalisco y 1880 del de Colima. Pero dado que a pesar de ello la actora optó por demandar a todos los deudores solidarios, es indudable que la protección federal lograda por uno de ellos debe abarcar a todos los demás, habida cuenta de que, como antes se dijo, la sentencia que llegue a pronunciarse debe ser sólo una para todos. A lo anterior debe añadirse que aunque la solidaridad mencionada no participa íntegramente de los atributos del litisconsorcio pasivo necesario (donde hay necesidad de demandar a todos los deudores), técnicamente encuadra en tal figura. Por tanto, si estuvo viciado el emplazamiento de la autora de la sucesión agraviada, puesto que el mismo se practicó cuando aquélla ya había fallecido, lo que dio pauta para conceder la protección federal a efecto de que se le emplazara nuevamente, beneficio que, por lo explicado, es indudable que debe extenderse a los restantes litisconsortes, toda vez que no se integró debidamente la relación jurídica." Así como, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 9/96 del Tribunal Pleno, de Registro digital: 200201, de la Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." Protección constitucional extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, conforme a la jurisprudencia II.3o. J/12, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." A ese respecto, son de invocarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del país, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 493. Página: 326.) "PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento, tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 392. Página: 264.) "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1419. Página: 1598.) "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección. Tesis: 203. Página: 1146.) "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.). Página: 287.) Finalmente, no se hará pronunciamiento legal alguno en torno a las demás manifestaciones formuladas en vía de alegatos por la parte tercera interesada toda vez que conforme a lo dispuesto en los artículos 108, 115 y 117, de la Ley de Amparo, este juzgador sólo está obligado a examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda, en relación con los fundamentos del acto reclamado, los aducidos en el informe justificado y las pruebas aportadas; máxime que los numerales 74 y 124 del ordenamiento legal antes invocado no exige el análisis de los mismos, ya que dichos razonamientos han sido definidos por el Máximo Tribunal como simples opiniones o conclusiones lógicas que hacen las partes sobre los fundamentos de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación; por ello, en ese sentido no existe obligación para el juzgador entrar a su respectivo estudio. Es apoyo la Jurisprudencia número P./J. 27/94, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, bajo el número 39, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a María de Lourdes Tena Gómez, contra los actos que reclama de las autoridades responsables Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Notificador o Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, atendiendo a las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a las partes; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.V

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejoso sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

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