María de los Ángeles Ariza Grangeno
Expediente 639/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de los Ángeles Ariza Grangeno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de nueve de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por *******, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por María de los ******, por propio derecho, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Agencia 01 de Tramitación Común de Santa Cruz de Juventino Rosas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en el entendido de que se encuentra registrado con el número 639/2018-VI. Desechamiento de demanda. Ahora bien, es preciso señalar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Además, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo que en la especie acontece, pues existen criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales se invocarán más adelante, que disponen que las partes dentro de una carpeta de investigación tienen la posibilidad de impugnar a través del recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal y las omisiones en que incurre en la etapa de investigación. Precisado lo anterior, tenemos que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XX, 107 fracción II, aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, presentada por ********, por derecho propio, en contra del no ejercicio de la acción penal, atribuido al agente del Ministerio Público de la Agencia 01 de Tramitación Común de Santa Cruz de Juventino Rosas, toda vez que en el presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad, como enseguida se evidenciará. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En esa tesitura, es menester destacar que el artículo 107 constitucional establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el "principio de definitividad". En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Como se puede apreciar, la hipótesis contenida en esta fracción también se refiere al principio de definitividad aunque la distinción con la fracción XVIII estriba en que, en aquélla, el acto emana de autoridad jurisdiccional, en tanto que en este supuesto se regulan los actos dictados por autoridades administrativas y precisamente por ello existen marcadas diferencias con los requisitos que se deben exigir al quejoso antes de solicitar la protección constitucional. Claramente se advierte en esta fracción, la improcedencia del juicio de derechos fundamentales al no agotarse por la parte quejosa los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo antes del promover el juicio de garantías. Dicho dispositivo también establece los casos de excepción al citado principio, siendo estos: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones a la Constitución o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene como fin el de preservar al juicio constitucional, como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse solo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación u omisión de la autoridad. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda, emerge que la quejosa reclama el auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, donde se determinó el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 68139/2018 iniciada por la querella de la propia quejosa, por el delito de difamación y daños. Por tanto, si la demandante de derechos fundamentales se duele de la determinación de no ejercicio de la acción penal, es evidente que reclama una actuación del representante social; por lo que, resulta inconcuso que la quejosa cuenta con el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo, atendiendo al principio de definitividad. Al respecto, resulta necesario señalar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del tenor siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del precepto transcrito, se desprende que si en opinión del denunciante, querellante o imputado, determinada carpeta de investigación en la que sea parte procesal, se emiten actos contrarios a las obligaciones de indagar por parte de la fiscalía, tiene expedito el derecho de acudir ante el juez de Control en contra de esa conducta del agente del Ministerio Público encargado de su integración, a efecto de que se pronuncie sobre la alegación efectuada por la parte inconforme. Por lo que, si en el caso, la parte quejosa está inconforme con la determinación emitida por la representación social que tramita la carpeta de investigación, debió agotar en primera instancia el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que el juez de Control, revise la decisión de la responsable y de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Bajo esa premisa, previamente a acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso o medio de defensa ordinario que se encontraba a su alcance, ante un juez de Control. Resulta aplicable al caso concreto, la tesis I.8o.P.19 P (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra la determinación del Ministerio Público que resuelve el no ejercicio de la acción penal es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos la decisión ministerial y ordenar reabrir la investigación". Asimismo, al caso tienen ilustrativa aplicación, por las razones que las conforman, las jurisprudencias por contradicción de tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.), de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las específicamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de decisiones y actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación (como en el presente asunto lo es el no ejercicio de la acción penal), y además aquellas que, en su caso, marquen el curso de la investigación. En ese sentido, bien puede entenderse que la determinación reclamada en esta instancia constitucional, encuadra en ese supuesto, ya que el actuar de la fiscalía, en su caso, incide en el curso o tramitación de la carpeta de investigación. Esto significa que, los actos del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetos a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de Control quien revise su legalidad; y si este estimara que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que se pronuncie conforme a sus obligaciones integradoras de una carpeta de investigación, a la luz de los derechos de la víctima e imputado. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Máxime que, sobre el acto que se combate no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En esas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 107, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Cabe precisar que la presente conclusión, se estima armónica con los derechos de la parte quejosa reconocidos por el constituyente en relación con el acceso efectivo a una impartición de justicia pronta, pues al existir criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definen que en contra de las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad, es inconcuso que aún con los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, a la aquí alcanzada. Domicilio y autorizados. La parte promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que sí tienen inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, dado que ********-como se advierte de la certificación de cuenta- no tiene inscrita su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con apego en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene al nombrado como autorizado de la quejosa, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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