María de la Luz Solís Rodríguez
Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de la Luz Solís Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ha quedado firme. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del citado Acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, toda vez que obran copias certificadas de actas de nacimiento de las menores quejosas, se dejan a disposición de la parte promovente, previa razón de su entrega se deje en autos; apercibida que de no recogerlas estas podrán ser destruidas junto con el expediente.
- Principal
Agréguese el escrito de los terceros interesados************; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificadas de las constancias que refiere, previa razón de recibo que se deje en autos; por conducto de las personas que indica para tal efecto. Sin que al caso sea procedente la expedición de forma gratuita como lo solicita, en razón de que no se está en el supuesto previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, esto es, que dichas constancias sean para la substanciación de un juicio de amparo.
- Principal
Por recibido el oficio enviado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral ordinario ***, probanza que se desahoga en este momento dada su naturaleza y será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte, específicamente de las copias certificadas que allegó el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, del juicio oral ordinario ***, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de esta ciudad de Celaya, ********** demandaron, en la vía ordinaria oral familiar, a ***********, diversas prestaciones, entre ellas, la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre las menores de iniciales ********** (nietas de los actores); así como se les otorgue la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva y el ejercicio exclusivo de la patria potestad de las citadas menores (fojas 122 a 135). 2. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de **********, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en medida en la cual se resolverá sobre la guarda y custodia de las menores de edad (foja 155 y 156). 3. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora reiterando el domicilio de la demandada, por lo que se señaló las nueve horas del siete de septiembre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia de medida; asimismo se señaló que debía la parte correspondiente hacer presente a las menores para ser escuchadas (fojas 172 a 176). 4. Mediante diligencias de cuatro y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se verificó el emplazamiento de la demandada ***********, al contradictorio de origen (fojas 205 a 207); diligencias que fueron aprobadas por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 210 a 215). 5. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la secretaria del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, certificó los motivos por los que no se llevó a cabo la audiencia de medida; asimismo hizo constar la comparecencia de las partes, entre ellas la de la aquí quejosa María ***********(foja 204). 6. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia de medida precautoria de guarda y custodia de las menores de edad (fojas 210 a 215). 7. Por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada ************, por dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, por lo que se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, y concluida esta se iniciaría la preliminar (fojas 232 a 237). En tales condiciones, de las constancias de autos, que fueran reseñadas en párrafos precedentes, y tomando en consideración que el acto reclamado en la presente instancia consiste en la falta de emplazamiento al juicio familiar ***del índice del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de Celaya; emplazamiento que se realizó a la quejosa ***********, mediante diligencias de cuatro y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, denota fehacientemente que el presente juicio de amparo es improcedente y por ende, debe sobreseerse fuera de audiencia, en atención a lo siguiente: En efecto, una vez analizados los autos, de oficio, se estima que en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el acto reclamado es la falta de emplazamiento al contradictorio de origen del que deriva los actos reclamados. En ese sentido, debe señalarse que en la especie, dicha omisión ha quedado subsanada, pues la quejosa *********ya fue emplazada al juicio oral ordinario civil, incluso se hizo presente al mismo, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, como lo hizo constas la secretaria del juzgado responsable (foja 204); además emitió su contestación a la demanda instaurada en su contra fojas 232 a 237. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se impugnó en el presente juicio de amparo, pues ya se emplazó a la peticionaria de amparo y, por tanto, se le hizo de su conocimiento la tramitación del juicio oral del que derivan los actos reclamados, al cual se hizo presente, por lo que está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto que impugna. Cierto, la conducta omisiva de las autoridades responsables que motivó el presente juicio de garantías, cesó al haberse llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada hoy quejosa, madre de las menores de edad, a la cual se le hizo de su conocimiento la existencia del juicio oral ordinario seguido en su contra, por lo que quedaron expeditos los derechos de la peticionaria de amparo para defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto, si considera que alguna determinación le causa perjuicio. En ese sentido, el acto aquí impugnado ya no lo agravia, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la presentación de la presente demanda, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Atento a que el (a) tercero (a) interesado (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veinticinco y veintiséis de septiembre del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; y que en lo conducente establece: Por recibido el oficio enviado por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral ordinario F1792/2018, probanza que se desahoga en este momento dada su naturaleza y será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte, específicamente de las copias certificadas que allegó el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, del juicio oral ordinario F1792/2018, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de esta ciudad de Celaya, **********, demandaron, en la vía ordinaria oral familiar, a **********, diversas prestaciones, entre ellas, la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre las menores de iniciales ********** (nietas de los actores); así como se les otorgue la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva y el ejercicio exclusivo de la patria potestad de las citadas menores (fojas 122 a 135). 2. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de **********, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en medida en la cual se resolverá sobre la guarda y custodia de las menores de edad (foja 155 y 156). 3. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora reiterando el domicilio de la demandada, por lo que se señaló las nueve horas del siete de septiembre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia de medida; asimismo se señaló que debía la parte correspondiente hacer presente a las menores para ser escuchadas (fojas 172 a 176). 4. Mediante diligencias de cuatro y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se verificó el emplazamiento de la demandada **********, al contradictorio de origen (fojas 205 a 207); diligencias que fueron aprobadas por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 210 a 215). 5. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la secretaria del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, certificó los motivos por los que no se llevó a cabo la audiencia de medida; asimismo hizo constar la comparecencia de las partes, entre ellas la de la aquí quejosa ********** (foja 204). 6. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia de medida precautoria de guarda y custodia de las menores de edad (fojas 210 a 215). 7. Por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada **********, por dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, por lo que se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, y concluida esta se iniciaría la preliminar (fojas 232 a 237). En tales condiciones, de las constancias de autos, que fueran reseñadas en párrafos precedentes, y tomando en consideración que el acto reclamado en la presente instancia consiste en la falta de emplazamiento al juicio familiar F-1792/2018 del índice del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de Celaya; emplazamiento que se realizó a la quejosa **********, mediante diligencias de cuatro y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, denota fehacientemente que el presente juicio de amparo es improcedente y por ende, debe sobreseerse fuera de audiencia, en atención a lo siguiente: En efecto, una vez analizados los autos, de oficio, se estima que en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el acto reclamado es la falta de emplazamiento al contradictorio de origen del que deriva los actos reclamados. En ese sentido, debe señalarse que en la especie, dicha omisión ha quedado subsanada, pues la quejosa ********** ya fue emplazada al juicio oral ordinario civil, incluso se hizo presente al mismo, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, como lo hizo constas la secretaria del juzgado responsable (foja 204); además emitió su contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 232 a 237). De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se impugnó en el presente juicio de amparo, pues ya se emplazó a la peticionaria de amparo y, por tanto, se le hizo de su conocimiento la tramitación del juicio oral del que derivan los actos reclamados, al cual se hizo presente, por lo que está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto que impugna. Cierto, la conducta omisiva de las autoridades responsables que motivó el presente juicio de garantías, cesó al haberse llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada hoy quejosa, madre de las menores de edad, a la cual se le hizo de su conocimiento la existencia del juicio oral ordinario seguido en su contra, por lo que quedaron expeditos los derechos de la peticionaria de amparo para defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto, si considera que alguna determinación le causa perjuicio. En ese sentido, el acto aquí impugnado ya no lo agravia, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la presentación de la presente demanda, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
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