María de los Angeles Celestina Antón García

Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
145/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • María de los Angeles Celestina Antón García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de cuatro de noviembre del año actual, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de la Tesorería del Municipio de Celaya, Guanajuato, al que recayó el proveído de referencia, sin que hiciera uso de tal derecho; por tanto, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de oficio procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida en sus términos. Mediante sentencia de dieciocho de agosto pasado (fojas 83 a 104), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de la Tesorería del Municipio de Celaya, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente. 2. Consecuentemente, los efectos del amparo consisten en que quede insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas, esto es, el cobro del impuesto predial, que consta en la copia certificada por notario público del comprobante de pago mediante depósito bancario y la impresión del documento digital desde el sitio web del banco **, por concepto de impuesto predial dos mil veintiuno, respecto de un inmueble ubicado en esta ciudad, relativo a la cuenta predial ****. 3. Determine y cobre el impuesto predial calculando la base gravable conforme a sus valores unitarios mínimos; y de resultar una cantidad menor a la consignada en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, le devuelva el remanente debidamente actualizado, hasta que se realice el pago respectivo." Por auto de veintiuno de septiembre pasado (foja 167) causó ejecutoria el fallo constitucional y se requirió a la autoridad responsable director de impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta municipalidad su cumplimiento. Mediante sendos oficios con registros 7664 y 9332, la autoridad responsable de mérito, informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y adjuntó para acreditarlo, con la primera de las misivas en cita, copia autógrafa del avalúo catastral respecto del bien inmueble concerniente con la cuenta predial ****, propiedad de la quejosa ****, e informó que con motivo de haber ubicado el inmueble respectivo en el monto de menor cuantía, dejó a disposición de aquella en las oficinas de esa dependencia municipal la cantidad de $**** como diferencia a su favor de la cantidad que pagó -$****, por concepto de impuesto predial dos mil veintiuno, respecto de un inmueble en comento. En tanto, con el diverso comunicado oficial mencionado en segundo orden, dicha autoridad remitió copia certificada de la solicitud de pago de cinco de octubre del año actual a favor de la agraviada ******; devolución de pago del veintisiete de septiembre pasado a favor de la quejosa de referencia y comprobante de transferencia bancaria a favor de esta por la cantidad de $**** de lo que en su momento se dio vista a la agraviada de referencia a efecto de que expresara lo que a su interés jurídico conviniera. Por ocurso con registro 9201, de veintisiete de octubre pasado, la parte quejosa señaló que el veintidós de octubre del presente año recibió, vía transferencia interbancaria, la cantidad de $******, por parte de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, agregando conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable de referencia. Documentales, las descritas en párrafos que anteceden, que merecen eficacia probatoria plena, acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se desprende preponderantemente que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que la autoridad catastral responsable dejara de aplicar a la agraviada la norma contenida en el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente, para determinar y cobrar el impuesto predial correspondiente calculando la base gravable conforme a sus valores unitarios mínimos; y de resultar una cantidad menor a la consignada en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, le devolviera el remanente debidamente actualizado, hasta que se realice el pago respectivo; lo que aconteció como se advierte de los oficios y constancias antes reseñados, pues la autoridad responsable en cita calculó el impuesto predial conforme a los de menor cuantía, determinado un saldo por la cantidad de $****** a favor de la quejosa respecto del pago que por ese concepto cubrió en el mes de enero del año actual, mismo que le fue transferido a su cuenta bancaria el pasado veintidós de octubre. En consecuencia, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, en términos de los numerales 192 y 196 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional; en el entendido que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído.

  2. Principal

    Agréguese al sumario el oficio que remite el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, del Municipio de Celaya por el que informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues al efecto adjunta copia certificada de la solicitud de pago de cinco de octubre del año actual a favor de la agraviada ***; devolución de pago del veintisiete de septiembre pasado a favor de la quejosa de referencia y comprobante de transferencia bancaria a favor de esta por la cantidad de $**** pesos 10/100 m.n). En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Apercibida que, de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con la información que obra en autos.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso que suscribe la quejosa ****, por el que formulan manifestaciones con relación al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable e indica que la Tesorería del Municipio de Celaya le realizó una transferencia electrónica por el monto que señala; al respecto, dígasele que una vez que la autoridad responsable vinculada al cumplimiento -titular de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato- remita las constancias con las que se acredite el cumplimiento al fallo protector, se acordará lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante sentencia ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa *********************, para el efecto de que la autoridad responsable director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente. 2. Consecuentemente, los efectos del amparo consisten en que quede insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas, esto es, el cobro del impuesto predial, que consta en la copia certificada por notario público del comprobante de pago mediante depósito bancario y la impresión del documento digital desde el sitio web del banco *****************, por concepto de impuesto predial dos mil veintiuno, respecto de un inmueble ubicado en esta ciudad, relativo a la cuenta predial *******************. 3. Determine y cobre el impuesto predial calculando la base gravable conforme a sus valores unitarios mínimos; y de resultar una cantidad menor a la consignada en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, le devuelva el remanente debidamente actualizado, hasta que se realice el pago respectivo." Mediante oficio con registro 7664, de veinte de septiembre pasado, la autoridad responsable de mérito informó el cumplimiento del fallo, en los términos siguientes: A lo que recayó el proveído de cuatro de octubre del año actual, en el que se previno a la responsable de mérito para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación que de tal providencia -lapso que feneció el ocho de octubre siguiente-, informara si la quejosa de mérito ya acudió a recoger la diferencia generada a su favor; en su caso, remitiera las constancias certificadas correspondientes. En tal providencia se le apercibió que de no informar lo solicitado; o bien, de no exponer el impedimento legal que tuviera para ello, se le impondría una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta veces, en términos a lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sin que al día de hoy haya cumplido lo requerido en tal sentido ni ha manifestado el impedimento legal que tenga para ello. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este operador jurídico que el diez de octubre del año actual, se instaló el nuevo Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; que por tal motivo el nombramiento del titular de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato -autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector-, recayó en un nuevo funcionario. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente auto, al cual deberá adjuntarse copia autorizada de la ejecutoria pronunciada en este asunto, así como del acuerdo de cuatro de octubre del presente año, requiérase al nuevo funcionario autoridad responsable titular de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del Municipio de Celaya, Guanajuato, para que dentro el término de cinco días, siguientes a la notificación que del presente se le haga, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en las resoluciones de mérito, conforme lo destacado en el presente proveído. Es orientador de lo que antecede la tesis 2a. LXVIII/2007, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE APLICAR LA SANCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL AL SERVIDOR PÚBLICO QUE, POR SER DE NUEVA DESIGNACIÓN, NO HA SIDO REQUERIDO, DEBIENDO OTORGÁRSELE UN PLAZO BREVE Y RAZONABLE PARA QUE CUMPLA, APERCIBIÉNDOLO DE QUE SI NO LO HACE E INFORMA DE ELLO, EL EXPEDIENTE SE REMITIRÁ DE INMEDIATO A LA SUPREMA CORTE PARA LOS EFECTOS DEL CITADO PRECEPTO. La Suprema Corte de Justicia a la Nación ha establecido que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo tiene dos fases: los requerimientos que el Juez de Distrito, en amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, en el directo, formulan a la autoridad responsable o, en su caso, a sus superiores jerárquicos para que se acate el fallo protector, y la remisión de los autos del juicio respectivo a este Alto Tribunal, el que puede requerir a las autoridades responsables en ese mismo sentido y decidir si procede o no la aplicación de las sanciones establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, ha sentado el criterio de que no puede realizar la valoración sobre si un funcionario que funge como autoridad responsable, fue contumaz respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, si previo a ello no se agotó el procedimiento de la primera fase, pues no se le ha dado la oportunidad de cumplir voluntariamente, lo que violentaría su garantía de audiencia, por lo que al servidor público que, debido a un cambio, asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una ejecutoria de amparo, deberá requerírsele el cumplimiento respectivo una vez asumida su función, pues de lo contrario deberá ordenarse la reposición del procedimiento para tal fin. No obstante, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, en su caso, deben apercibir al nuevo servidor público en el sentido de que de no cumplir con la sentencia o de haberla cumplido sin informarlo oportunamente, una vez transcurrido el plazo otorgado para ese efecto, el cual deberá ser breve y razonable, se remitirá el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del propio precepto constitucional, apercibimiento que en su caso deberá hacer efectivo, más aún cuando ya exista resolución del Tribunal Colegiado en la que considere que se incurrió en inejecución de sentencia. Lo anterior se justifica porque el Poder Judicial de la Federación tiene el deber de lograr el acatamiento de las sentencias, y resulta notorio que el cambio de servidores públicos, si bien puede obedecer a necesidades de servicio o a políticas administrativas, lo que debe presumirse, puede prestarse al aplazamiento indefinido o muy amplio en el cumplimiento; todo ello sin perjuicio de que al servidor público sustituido, respecto del que se configuró la contumacia, se le pueda consignar ante el Juez de Distrito que corresponda en el momento oportuno, pues si bien será imposible separarlo de su cargo, puesto que ya no lo ocupa, seguirá siéndole aplicable la actuación especificada." Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con la prevención efectuada, se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

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