María de la Luz Galvan Mancera

Expediente 701/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
701/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • María de la Luz Galvan Mancera

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjuntó testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja civil 108/2016, que en su punto resolutivo determinó: UNICO. "Es infundado el presente recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa contra la determinación de veintisiete de julio pasado, en que se desechó la demanda de amparo, el que se registró con el número 108/2016 de su índice.

  3. Principal

    A sus autos el escrito que signado por los quejosos ***********, Primitivo ****************, todos de apellidos ****************, se les tiene designando como representante común al primero de los nombrados, asimismo se tiene por interpuesto el recurso de queja contra la determinación de veintisiete de julio del año en curso, en la que se desechó de plano su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 fracción II y 99 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto. Infórmese a la superioridad que el veintisiete de julio pasado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V, del mismo ordenamiento legal, se desechó la demanda en comento.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ********todos de apellidos Herrera ********, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 701/2016-I. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les tiene designando como representante común a José Mario Herrera Galván. Ahora bien, de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca ***, en la que se revocó la determinación dictada el veinticuatro de mayo del año en curso, por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que no admitió a trámite al incidente de impugnación al inventario presentado por la aquí tercera interesada, ya que no señaló el valor que atribuía a cada uno de los bienes. Así la sala responsable, resolvió que al no cumplir la demanda incidental de oposición, con todos los requisitos previstos en el artículo 626 del Código Procesal Civil, se debería prevenir a la promovente, para que dentro del término de tres días, señalara en forma concreta cuál es el valor que atribuía a cada uno de los bienes enlistados en el inventario y avalúo; asimismo, precisara cuáles son los bienes que no fueron inventariados y cuál es la prueba que se oferta como base de toda la objeción al inventario y avalúo, bajo apercibimiento que de no hacerlo de desecharía de plano la incidencia. Analizado dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con base en la disposición 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la referida demanda de amparo, en atención a lo siguiente: Las causales de improcedencia son de estudio preferente, atendiendo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en ese contexto, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley. Con relación a ello, el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del precepto trascrito se aprecia que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos dictados dentro de un juicio, éstos deben tener una ejecución que sea de imposible reparación. En esa tesitura, en el juicio de amparo indirecto que ahora se intenta, se reclama la resolución dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca ****, en la que se revocó la determinación dictada el veinticuatro de mayo del año en curso, por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que no admitió a trámite al incidente de impugnación al inventario presentado por la aquí tercera interesada. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el citado acto, por las razones que enseguida se exponen: El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de tal artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se trata de un acto procesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que en su caso se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en la resolución que concluya con la sección o fase procesal de inventario y avalúos, siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, deberá reservarse el estudio de la violación impugnada, para el momento en que se reclame, vía amparo, la sentencia o resolución definitiva que ponga fin a la sección de inventarios y avalúos, previo el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios procedentes. Al efecto, conviene precisar que los Tribunales de la Federación han sostenido que en los juicios sucesorios intestamentarios, el amparo biinstancial únicamente procede contra el fallo definitivo que se pronuncie en cada etapa, máxime que en este tipo de controversias no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues cada sección se decide por separado, por lo que las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente. En ese contexto, debe tomarse en cuenta que el artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, prevé que en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones y concretamente, la segunda sección llamada "de inventarios", señalada en el diverso numeral 587, culminará con la resolución sobre el inventario y avalúo, por lo que al no advertir que se trata de dicho fallo definitivo emitido en dicha sección, es incuestionable que el presente juicio de derechos fundamentales es improcedente. En apoyo a lo que precede, se cita la tesis jurisprudencial VI.3º. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Sexto Circuito, consultable en la página 789 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu". Así como la diversa tesis VI.2º.C.433 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, legible en la página 2406, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, se desecha la demanda de amparo por la actualización en el caso de la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la nueva Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por ******** todos de apellidos *****Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, ya que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las facultades limitadas del precepto en cita a Ana ********, por no encontrarse en ese supuesto, y como domicilio procesal el ubicado en calle **** colonia Las Flores de esta ciudad. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

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