María de la Paz Hipólito Mora

Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
340/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • María de la Paz Hipólito Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    P 340/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo haya hecho, no obstante su notificación el tres de julio en curso. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la resolución dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Devolución de documental. De la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obra un tomo auxiliar que se formó con la documental exhibida por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, consistente en el expediente 13/2022 de su índice; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 4. Disposición de documentales a la parte quejosa. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, no existen documentos originales relacionados con este asunto que ameriten ser puestos a disposición de la parte quejosa; con la precisión que no se emite pronunciamiento en relación a las copias certificadas que exhibió con su escrito de demanda, por no ubicarse en el supuesto previsto en artículo 20, párrafo segundo, en relación con el artículo 3°, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, ello no le impide que, de estimarlo, solicite la devolución de esas constancias. 5. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ° PRAL 340/2023 MESA 5 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 340/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada ante la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, el tres de enero de dos mil veintitrés (por haberse planteado inicialmente en la vía directa), turnada el diecisiete de marzo siguiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del referido juez de primera instancia; mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera transgredidos en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito radicó la demanda de amparo directo 145/2023 mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés y, en el mismo auto, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma, en atención a que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, laudo ni resolución que haya puesto fin al juicio y, por ende, no satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo; razón por la cual declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, en turno. La demanda fue turnada y recibida en este Juzgado el tres de abril de dos mil veintitrés, por lo que en acuerdo de cuatro del mismo mes se radicó bajo el registro 340/2023 y se aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado. Por ello, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable respecto al nuevo planteamiento del acto reclamado (ilegal emplazamiento al juicio ********************) y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita. Además, se ordenó la notificación personal de ese auto al tercero interesado ********************, enviándose al efecto el despacho con número de orden 236/2023 (origen 117/2023), dirigido al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Lo anterior, debido a que el tercero interesado fue emplazado a juicio por la autoridad responsable, al haberse planteado inicialmente la demanda de amparo en la vía directa; diligencia que fue convalidada al aceptar la competencia declinada por el Tribunal Colegiado El despacho de referencia, que se recibió en este Juzgado el veintitrés de mayo de este año, se diligenció el veintidós de mayo de dos mil veintitrés; sin que la parte tercera interesada se haya apersonado al juicio. g) Finalmente, previos los trámites correspondientes, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en un lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias de autos se advierte que la quejosa ******************** reclama del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca: El ilegal emplazamiento al juicio de divorcio incausado ******************** y, en vía de consecuencia, lo actuado con posterioridad en ese expediente, incluyendo la sentencia emitida en dicho asunto. Con la precisión que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el tres de mayo de dos mil veintidós en el juicio de divorcio incausado ********************; sin embargo, tal como lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al radicar la demanda planteada en la vía directa y declinar competencia a este Juzgado, lo que en realidad reclama la quejosa es el ilegal emplazamiento al citado juicio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa debido a que realizó manifestaciones que comprueban la existencia del acto, pues indicó que la quejosa ******************** fue emplazada al juicio de divorcio incausado ******************** el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Máxime que la existencia de la diligencia de emplazamiento se corrobora con las constancias que obran en el expediente original ********************, relativo al divorcio incausado promovido por ********************contra ******************** -cuaderno auxiliar que obra por separado-; documental a la que, desde ahora, se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. De la demanda de amparo se aprecia que la quejosa acude a la instancia constitucional como tercera extraña por equiparación y aduce que conoció del acto reclamado el doce de diciembre de dos mil veintidós -fecha en la que se presentó ante la autoridad responsable a consultar el expediente-; sin que exista algún dato que evidencie lo contrario. En ese contexto, es preciso señalar que la demanda de amparo se planteó inicialmente en la vía directa y fue presentada ante la autoridad responsable el tres de enero de dos mil veintitrés; fecha que se toma en consideración para el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la presentación se estima válida y susceptible de interrumpir el plazo respectivo, por hacerse bajo las reglas del juicio de amparo que se creyó procedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro digital 189523 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que dispone que si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento, se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Ahora bien, en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado que corresponda declare posteriormente su incompetencia para conocer y resolver respecto de ella; en tal hipótesis debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente." Ahora, como ya se señaló, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el doce de diciembre del año pasado, por lo que el plazo a que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del trece de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero de este año; con exclusión de sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el treinta de diciembre de dos mil veintidós, al haber sido inhábil para la autoridad responsable, de conformidad con el Acuerdo General 01/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, como se advierte de la certificación que obra al pie de la demanda de amparo. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el tres de enero del año en curso, es inconcuso que es oportuna. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, de las constancias de autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - -- - [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". De la norma legal transcrita en primer término se colige que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de alguna disposición de la propia Ley de Amparo. Al respecto, el segundo artículo transcrito establece que es obligación de la parte quejosa señalar a la autoridad o autoridades responsables a quienes atribuya el acto reclamado, en la medida en que dicho señalamiento constituye un presupuesto procesal necesario para integrar la litis constitucional, pues ello permite vincular a la autoridad a fin de que rinda su informe justificado y quede sujeta a la sentencia de amparo que se emita. Por ende, la autoridad responsable debe ser oída dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que de ella se reclama, de modo que si no es llamada, no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2º. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5º., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia VI. 3º. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 67, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 74, Febrero de 1994, de la Octava Época, que dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal". En el caso, se reitera que la parte quejosa impugna el ilegal emplazamiento al juicio de divorcio incausado ******************** y, en vía de consecuencia, lo actuado con posterioridad en ese expediente, incluyendo la sentencia emitida en dicho asunto. En ese sentido, al advertir que en la demanda de amparo únicamente se señaló como autoridad responsable al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca; en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a la quejosa para que, en el plazo legal, manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la (el) actuaria (o) judicial adscrita (o) al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca; con el apercibimiento que, de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería el asunto en la forma planteada inicialmente en la demanda de amparo. Dicho auto se notificó a la quejosa el siete de junio de dos mil veintitrés, sin que haya hecho alguna manifestación al respecto; por ello, en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento y se declaró precluido el derecho que tenía para señalar como autoridad responsable a la (el) actuaria (o) judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca. Con base en lo anterior, la consecuencia jurídica de no señalar a la autoridad responsable que realizó la diligencia de emplazamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, a pesar del requerimiento que se hizo en ese sentido, es la improcedencia del juicio de amparo; ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de la actuación de una autoridad que no fue llamada a juicio. Sirve de sustento el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 444, tomo XIV, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA SU ILEGALIDAD. DEBE SEÑALARSE COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD QUE LO PRACTICÓ. Cuando se reclama el ilegal emplazamiento a juicio, dada su naturaleza, su comisión es atribuible al actuario de la adscripción de la autoridad señalada como responsable, por ser dicho funcionario quien lo practica, autoridad a quien debe llamarse al juicio de garantías para así estar en aptitud de defender su acto y se mantenga el equilibrio procesal de las partes; consecuentemente, si no se llamó a juicio a la autoridad que emitió el acto reclamado, con ello se hizo nugatorio el derecho que le asiste para defender su acto, y existe la imposibilidad jurídica de examinarlo sin la defensa de aquélla." Lo anterior es así, porque la actuaria es la ejecutora de la orden de emplazamiento y quien está obligada a observar los requisitos legales para practicar el mismo y es, precisamente, a quien corresponde defender la constitucionalidad de esa diligencia formal, al ser de su exclusiva responsabilidad. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página once, tomo 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de contenido siguiente: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." Así como la jurisprudencia 22/1995 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto, en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Por ello, en el caso, no se advierte algún impedimento legal para que la parte quejosa atribuyera la calidad de autoridad responsable a la actuaria judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca; quien fue la que realizó la diligencia reclamada. En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo se actualiza la causa de improcedencia relacionada con el artículo 108, fracción III, de la misma ley (presupuesto procesal de autoridad responsable); de ahí que, con fundamento en dichos numerales, así como el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a lo actuado con posterioridad a la diligencia de emplazamiento al juicio de divorcio incausado ********************, incluyendo la sentencia, en virtud que dichos actos se hicieron depender del ilegal emplazamiento. Se precisa que los criterios jurisprudenciales invocados en este asunto, integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, como lo establece el artículo sexto transitorio de esta última. SEXTO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el ilegal emplazamiento al juicio de divorcio incausado ******************** y, en vía de consecuencia, lo actuado con posterioridad en ese expediente, incluyendo la sentencia emitida en dicho asunto; atribuido al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca; en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 340/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia Como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el plazo legal previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifieste si desea ampliar la demanda de amparo contra la (el) actuaria (o) judicial adscrita (o) al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, en relación al emplazamiento al juicio de divorcio incausado 13/2022; pues el siete del mes en curso quedó notificada del proveído de treinta y uno de mayo de este año, en el cual se le requirió para tal efecto. En consecuencia, no es posible desahogar la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 340/2023 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintitrés. Comunicación acordada previamente Agréguese el oficio firmado por el secretario de acuerdos encargado, por ministerio de ley, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, con sede en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 236/2023 (origen 117/2023) de este Juzgado; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año se proveyó lo correspondiente, al haberse recibido previamente la misma promoción, vía correo electrónico institucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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