María de los Ángeles Ponce Sánchez
Expediente 550/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María de los Ángeles Ponce Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
pral.550/2020 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Remisión de comunicación original. En atención a la certificación de cuenta y al contenido del oficio y anexo de la juez Mixto de Primera Instancia de Nochixtlán, Oaxaca, se corrobora que esa comunicación oficial no corresponde a este juicio de amparo, sino al diverso 550/2020 radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio; por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el oficio original y su anexo al titular del citado órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, dado que el sello que se asiente en la constancia correspondiente, será suficiente para acreditar la entrega de la referida comunicación a su destinatario. Notifíquese.
- Principal
PRAL. 550/2020 MESA 5#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa María *** interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cinco de este mes, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Considerando que en proveído de cinco de este mes se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 550/2020 MESSA 5*.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. Imposibilidad para realizar notificación personal. Vista la razón actuarial de trece de octubre de este año, se advierte que al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de cinco de este mes, en virtud que el domicilio señalado en la demanda de amparo para ese efecto no es preciso, pues no se indicó el nombre de la colonia, municipio o ciudad donde se encuentra ubicada la calle mencionada por la quejosa, pues únicamente indicó: "señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida ******". Máxime que a fin de corroborar la posible existencia del domicilio en una avenida conocida, el actuario se presentó el ocho y diez de este mes en la calle Avenida *******, perteneciente a la Agencia Municipal de ******, lugar habilitado como negocio de pollos rostizados con la denominación "*****", donde se le informó que en ese domicilio no viven las personas autorizadas en la demanda. Notificación por lista. En consecuencia, ante la inexactitud del domicilio proporcionado en la demanda para oír notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar mediante lista de acuerdos la notificación del auto de cinco de octubre del año en curso; así también, las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 550/2020 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el dos de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en este Juzgado en la misa fecha, promovida por ****, por derecho propio, contra una omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 550/2020. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, conviene destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Del precepto legal transcrito se advierte que, para efectos del juicio de amparo, el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. b) Precisión del acto reclamado. Establecido lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo ***señala como acto reclamado la omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca de contestar su escrito presentando en la oficialía de partes de esa dependencia el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó se le expidiera copia certificada de una concesión de taxi. Situación que revela que la quejosa promueve el juicio de amparo con motivo de una supuesta violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se aprecia del precepto constitucional transcrito, para el cumplimiento cabal del derecho de petición es necesario que tanto el gobernado, al formular su petición, como la autoridad, al emitir su respuesta, cumplan con ciertas formalidades que se pueden resumir de la forma siguiente: La petición: Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario haya proporcionado el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: La autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1. Recibir el escrito respectivo. 2. Dar respuesta por escrito y congruente con lo pedido. 3. Notificar al particular la respuesta otorgada. Lo cual conlleva que la autoridad emita, en breve término, un acuerdo congruente con lo pedido, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera o prevea legalmente para estudiar la petición y acordarla; posteriormente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos. Así, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario. Como se ve, en dicha porción normativa el legislador local estableció una obligación a la autoridad a quien se dirija una petición para que la conteste por escrito en un plazo de diez días. c) Caso concreto. La quejosa refiere que presentó un escrito de petición ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (posteriormente refiere que la presentación fue de veintitrés de ese mes), mismo que, hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio (dos de octubre de dos mil veinte), no le había sido contestado. Lo anterior demuestra que, en el caso, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica de la promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que entre la fecha en que, aduce, la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición, y la de presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente cinco días hábiles (sin contar el sábado veintiséis y domingo veintisiete de septiembre, por ser inhábiles); es decir, se encuentra transcurriendo el término fijado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca emita su respuesta. Por tanto, se estima que, por ahora, la falta de contestación que reclama no le causa perjuicio alguno, debido a que no se advierte una conducta omisiva por parte de la autoridad señalada como responsable, en la medida en que se encuentra dentro del lapso que establece la ley para dar respuesta a la petición que se le planteó. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." Con la precisión que no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en el apartado de "antecedentes del acto reclamado" la promovente refiera que la fecha en que presentó su escrito fue el veintitrés de septiembre del año en curso; sin embargo, aun cuando el escrito de petición se haya presentado en esa data, el plazo con que cuenta la autoridad para dar contestación todavía no fenece. d) Determinación. Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Ponce Sánchez, por derecho propio, por notoriamente improcedente. e) Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: **** Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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