María de Jesús Lima Martínez
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María de Jesús Lima Martínez
- Representante del Núcleo Rural de Reforma, del municipio de San Andrés Dinicuiti, Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
INC 777/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Eficacia de la suspensión definitiva. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó su archivo. En consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en la resolución interlocutoria emitida el trece de septiembre del año en curso. 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Archivo. Así, como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 4. Destino de los expedientes incidentales. Destino del original (depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, el expediente original de este incidente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en las carátulas de los expedientes incidentales obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 6. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 777/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ********************; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. 9. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 10. Incidente de suspensión. Como este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en el que en interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós se reservó su archivo, tanto del incidente original como del duplicado; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esas piezas incidentales. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 777/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 777/2022, como se ordenó en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, entre las que destacan: La demanda de amparo promovida por *****. Informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta y que las partes en este juicio no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. A continuación, se abre el período probatorio, se hace constar que: - La parte quejosa ofreció como prueba documental copia simple de la credencial de elector a nombre de ***** expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. - Las autoridades responsables 1) representante, 2) secretario, 3) tesorero y 4) presidente del comité del agua potable, todos del núcleo rural Reforma de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, exhibieron el acta de acuerdo interno de treinta de enero de dos mil veintidós. Acto seguido, se acuerda: Ténganse por desahogadas las documentales exhibidas, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. Y no habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Fase de alegatos. Después, abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron y la agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento; por tanto, se cierra esta etapa. Sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 777/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el treinta de junio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, la quejosa *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del representante del núcleo rural de Reforma, Municipio de San Andrés Dinicuiti, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca y de otra autoridad. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, párrafo sexto, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 777/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. Tercero. Citación a audiencia. Previo diferimiento, por auto de treinta de septiembre del presente año se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De las autoridades responsables 1) representante, 2) secretario, 3) tesorero y 4) presidente del comité del agua potable, todos del núcleo rural Reforma de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca: La cancelación o suspensión o bloqueo del servicio de agua potable en su domicilio particular ubicado en la *****, que, dice, le fue suspendido desde el catorce de junio de dos mil veintidós. Omisión de notificarle previa cancelación. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1) representante, 2) secretario, 3) tesorero y 4) presidente del comité del agua potable, todos del núcleo rural Reforma de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las manifestaciones realizadas en su informe justificado, ya que en él aceptaron que en el domicilio ubicado en la ***** se realizó el corte del servicio de agua potable, en virtud de que, respecto de dicho domicilio, tiene adeudos por el pago de este servicio; asimismo, precisaron que el pago del servicio de agua potable fue estipulado en un acuerdo interno del núcleo rural Reforma para el año dos mil veintidós, aceptado por los asambleístas de la misma comunidad. Para acreditarlo las responsables remitieron copia el acta de acuerdo interno de treinta de enero de dos mil veintidós. Documental a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por ello, la negativa se encuentra desvirtuada y se tienen como ciertos los actos reclamados. Resultan aplicables las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Tesis aislada, número de registro 211,004, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" (Tesis aislada, número de registro 249,047, Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, página 389, 181-186 Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Dicho precepto refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En tanto que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." La improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, o porque no queda demostrada, de manera fehaciente, tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal, que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados infrinjan derechos humanos. La noción de afectación jurídica, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por un ordenamiento general, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Por ello, en el caso de determinaciones provenientes de autoridades administrativas, para que sea procedente el juicio de amparo, no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones; como así lo ilustra la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216 del Tomo VI Parte Octava Época, Apéndice de 1995 de que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente, y no inferirse con base en presunciones". Como se precisó, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1) representante, 2) secretario, 3) tesorero y 4) presidente del comité del agua potable, todos del núcleo rural Reforma de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, a) la cancelación o suspensión o bloqueo del servicio de agua potable en un domicilio que, dice, es de su propiedad, ubicado en la ***** y b) la falta de notificación previa cancelación. Sin embargo, la cancelación del servicio de agua potable aceptada por las responsables y su omisión de notificación, se estima que no trasciende en la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que no ofreció las pruebas idóneas que acrediten que es propietaria o poseedora del bien inmueble en el que se canceló dicho servicio. En consecuencia, si, conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiste un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, y la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presume la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación; y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Por ello, es inconcuso que la parte quejosa no acredita ni de alguna otra forma justifica su interés jurídico para reclamar la cancelación o suspensión o bloqueo del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en la *****, reclamado en este juicio, pues no exhibió prueba de que sea la propietaria o que tiene en posesión dicho inmueble, ya que solo exhibió copia simple de la credencial de elector; documental que, dada su naturaleza, se estima ineficaz para el referido efecto. Sirven de apoyo a tal determinación, las tesis y jurisprudencias siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo no establece la presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley de la materia dispone que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración". "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". En consecuencia, al carecer la parte quejosa de afectación a su interés jurídico para reclamar los citados actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1) representante, 2) secretario, 3) tesorero y 4) presidente del comité del agua potable, todos del núcleo rural Reforma de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, consistentes en a) la cancelación o suspensión o bloqueo del servicio de agua potable en el domicilio particular ubicado en la ***** y b) la omisión de notificarle previamente a la cancelación; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 777/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Oficios. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual informa que se autorizó la vinculación del expediente 448/2019, de su estadística, a este juicio de amparo, por el plazo de diez días hábiles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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