María de Jesús Feria Ramírez

Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
134/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Feria Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 134/2023 MESA7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos de este juicio de amparo y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 201 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por la que se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Se declara consentida la determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4.1. Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5. Archivo. Con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general este expediente será DEPURABLE; conservándose en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Devolución de documentales. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente se encuentra agregado el original del acuse del escrito de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, con sello de recepción de la misma data, dirigido al expediente ********************, de la estadística del Juzgado Quinto Familiar del Centro, Oaxaca, exhibido por la parte quejosa en su escrito de demanda. En esas condiciones, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. 9. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, en el cual se reservó su archivo en la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de este año; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    I. 134/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, quedó firme la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la que se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo, y se ordenó su archivo definitivo. 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Ahora, previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no se hace pronunciamiento respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en a) el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y al b) "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal". Por tanto, se provee: 3. Archivo. Por tanto, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 4. Destino del expediente (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será destruible una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el expediente. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - Número de expediente: 134/2023 Acuerdo: PRAL. 134/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para desahogar la vista concedida en auto de tres de abril de dos mil veintitrés transcurrió del dieciocho al veinte de abril de este año, al haber quedado notificada por lista de acuerdos, previo aviso, el catorce de abril pasado; sin que hubiera realizado manifestación alguna. 2. Antecedentes.En esas condiciones, previo a emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es preciso efectuar la narración sucinta de los antecedentes de este juicio de amparo: I) La quejosa la quejosa ******************** reclamó del juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de proveer su escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso, dirigido al expediente ********************. II) Mediante sentencia dictada el veinticuatro de febrero de este año se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procediera en los términos siguientes: "(.) Provea lo correspondiente al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que la quejosa solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de alegatos en el expediente ********************. Lo haga de su conocimiento (notifique) conforme a la ley que rija la materia del acto que se le reclama. (.)" III) En acuerdo de dos de marzo de este año se tuvo a la responsable, jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, rindiendo su informe justificado de manera extemporánea e informando que por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés se proveyó el escrito de la parte quejosa, mismo que le fue notificado el dieciséis de febrero siguiente. IV) Mediante acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso causó ejecutoria la sentencia, y en diverso auto de tres del mes actual se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada del citado acuerdo de diez de febrero de este año, dictado en el expediente ********************, de su índice, así como la constancia de notificación electrónica respectiva, de dieciséis de febrero siguiente, realizada a la aquí quejosa ********************; documental de la que se advierte que dicha responsable proveyó lo conducente respecto al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dirigido al expediente ********************, en el que la quejosa solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de alegatos en el citado expediente, notificándole dicha determinación electrónicamente. En consecuencia, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dicha comunicación y anexo, a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera. Sin embargo, no hizo manifestación alguna al respecto. 3. Inexistencia de materia para la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se evidencia que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo dictada en este asunto. Para evidenciarlo, es menester referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional en la etapa de ejecución pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior jerárquico, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Y que, por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, concluyó el máximo tribunal, que la ley prevé dos figuras que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: La imposibilidad material o jurídica y; La inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la segunda hipótesis, relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Con base en esas precisiones, se reitera que el efecto esencial de la sentencia en este asunto era que la autoridad responsable a) acordara lo conducente respecto al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que la quejosa solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de alegatos en el citado expediente y le b) notificara la determinación respectiva. En relación a ello, la jueza Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada del acuerdo de diez de febrero de este año, dictado en el expediente ********************, de su índice, así como la constancia de notificación electrónica respectiva de dieciséis de febrero siguiente, realizada a la aquí quejosa ********************. De dicha documental, que tiene valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que, efectivamente, la responsable: Proveyó lo conducente respecto al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que la quejosa solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de alegatos en el citado expediente. Al respecto, la autoridad judicial determinó: (Imagen escaneada) Determinación que se notificó a la ahora quejosa el dieciséis de febrero siguiente, de manera electrónica. Por lo anterior, se reitera que en este asunto no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, debido a que ya no existe la condición que motivó la concesión del amparo, esto es, la omisión de proveer el escrito de la quejosa presentado el diecisiete de enero del año en curso, dirigido al expediente ********************. Sin que sea dable considerar que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento, dado que no se está en presencia de un factor que impida restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, sino que dejó de existir la condición que originó que se concediera el amparo a la quejosa. Por tal razón, no ha lugar a enviar los autos al Tribunal Colegiado, pues en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo, sino la falta de materia para la ejecución de la sentencia en términos del artículo 214 de dicha ley, que no dispone la remisión de los autos al tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.4o.T.17 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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