Maria de la Luz Sanchez Villanueva

Expediente 1803/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1803/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Sanchez Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como el anexo que acompañó, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Del oficio de mérito, se advierte que el nueve de agosto de este año, el Tribunal responsable dictó un acuerdo, mediante el cual, entre otras cosas, agregó un memorial del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en el que informó que no había recibido contestación al escrito que presentó ante la institución bancaria Banorte, solicitándole un préstamo para dar cumplimiento al pago de los laudos condenatorios, y en virtud de lo anterior envió un oficio recordatorio a la referida institución bancaria. Motivo por el cual, el Tribunal responsable requirió al referido Tesorero, para que dentro del término de diez días hábiles, informe y acredite si recibió respuesta por parte del citado banco y, en caso negativo, informe las gestiones que ha realizado para obtener respuesta o dar cumplimiento al laudo. El tal virtud, se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, comunique el cumplimiento que dé a dicho requerimiento; en el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se ordena agregar el oficio firmado por el Síndico y Tesorero, ambos del Municipio de Hunucmá, Yucatán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinte de junio del año en curso, informan los actos que han llevado a cabo con el fin de gestionar el pago del laudo emitido en favor de la quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, pues lo conducente se acordó mediante auto de cinco de agosto pasado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2664/2022, de la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en ausencia de la encargada del despacho de dicha Delegación, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante el cual informa las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo; de lo que se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, se desprende que por oficio RAN/YUC/ST/TCD/390/2022, de veintiocho de julio del año en curso, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, la inscripción de la parcela 272 Z-2 P1/1, del ejido Chichi, Municipio de Mérida, a nombre de ****. En atención a lo anterior, mediante oficio, solicítesele a la autoridad ocursante, que tan pronto se ponga a disposición de la parte quejosa el certificado parcelario afecto al presente juicio constitucional, lo informe a este órgano jurisdiccional. Debiendo adjuntar a la comunicación que remita para ese efecto, copia certificada completa y legible de los documentos que acrediten ese hecho, a fin de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de proveer lo correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria del amparo. Por otra parte, no obstante que la titular del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, residente en esta ciudad, no fue señalada como autoridad responsable en el presente asunto, en atención a lo informado por la autoridad oficiante, requiérasele para que dentro del ámbito de sus funciones, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es, para que proceda a realizar los trámites correspondientes a la inscripción del título de propiedad relativo al bien inmueble de que se trata. Lo que deberá informar a este Juzgado Federal dentro del plazo de tres días, remitiendo para tal efecto las copias certificadas completas y legibles de los documentos que apoyen su dicho. Se apercibe a dichas autoridades, que de no hacerlo así sin causa justificada, a la omisa, se le impondrá en forma individual, multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la razón actuarial levantada el día veintinueve de julio de la presente anualidad por el acuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que la directa quejosa ********************, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ********************. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintinueve de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Por otra parte, en atención a la diversa prevención hecha a la parte quejosa, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su escrito de demanda, y como su autorizado a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio constitucional. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa, vía electrónica, el veintinueve de julio siguiente. Por tanto, al haber trascurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".1. Dé inmediata respuesta a la petición que le fue formulada por escrito de la parte quejosa, lo que deberá hacer de manera congruente con lo pedido, fundada y motivadamente. 2. Así como le notifique de manera personal dicha determinación, en el domicilio aportado para ello." Posteriormente, por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a las responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de julio del año en curso (promoción 16826), el Titular y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), ambos con sede en la Ciudad de México, por conducto de su Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de dicha comisión, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio 213301EL351326 de seis de agosto de dos mil veintiuno, dio contestación a la solicitud realizada por la parte quejosa el siete de mayo de dos mil veintiuno; lo cual le fue notificado a través del Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directriz bajo la que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguense a este expediente los sobres que contienen los oficios 3784, 3785, 10595, 10596, y 23692, de veintiocho de enero, catorce de marzo, y nueve de junio, todos del año en curso, dirigidos, respectivamente al TITULAR, DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL, y DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, TODOS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, los cuales no fueron entregados, advirtiéndose la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO." y "REHUSADO POR OFICIALÍA DE PARTES. NO SE ENCUENTRA ESTE DOMICILIO.". Al respecto, no es el caso realizar mayor pronunciamiento, tomando en consideración que en la propia fecha se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada, y se ordenó el archivo del presente juicio constitucional como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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