Maria de Jesus Leonor Euan Amaya

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Maria de Jesus Leonor Euan Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Pedro Pablo Moreno Pool, autorizado en términos amplios de la quejosa MARÍA DE JESÚS LEONOR EUAN AMAYA; con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el seis de noviembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese físicamente copia autorizada del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Sin que haya lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por último, se advierte que obra al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado copias certificadas del expediente de ejecución de sentencia 167/2017-J3-ES, del índice de la autoridad responsable; en tal virtud, remítase dicho expediente a la Superioridad que conocerá del medio de impugnación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 514/2023-I-B, promovido por María de Jesús Leonor Euan Amaya; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el treinta de marzo de dos mil veintitrés, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció María de Jesús Leonor Euan Amaya, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en el Estado de Yucatán; Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 514/2023-I-B; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Pronunciamiento sobre la ampliación de demanda. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, María de Jesús Leonor Euan Amaya amplió su demanda por las autoridades responsables Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en el Estado de Yucatán y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ambos con sede en esta ciudad, respecto del acto siguiente: La omisión de requerir al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán, el cumplimiento de extraer del Fondo de Reparación que administra dicha comisión, la cantidad de $1,132,350.40 (un millón ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos, 40/100, moneda nacional), por concepto de reparación del daño y la omisión de aplicar los medios de apremio. QUINTO. Desechamiento de la ampliación de demanda. Previo auto aclaratorio y escrito de cumplimiento, mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, por una parte, se tuvo por no presentada la ampliación de demanda respecto del acto reclamado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, y por otra, se desechó la ampliación de la demanda por lo que se refiere al acto reclamado al Juez Tercero de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al encontrarse inmerso los actos a los diversos inicialmente reclamados. Acuerdo que causó estado el catorce de junio del presente año. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: Del Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en el Estado de Yucatán: La omisión de requerir al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán, el cumplimiento de extraer del Fondo de Reparación que administra dicha comisión, la cantidad de $1,132,350.40 (un millón ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos, 40/100, moneda nacional), por concepto de reparación del daño y la omisión de aplicar los medios de apremio, solicitados mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. De la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: El proyecto de dictamen contenido en el expediente CEEV/160, respecto al monto fijado en concepto de reparación del daño (compensación subsidiaria). De la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: La aprobación del proyecto de dictamen contenido en el expediente CEEV/160, respecto al monto por reparación del daño. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán (número de promoción 5955) y Comisión Estatal de Atención a Víctimas (número de promoción 7011), ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es cierto el acto reclamado a la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (número de promoción 7015), pues aun cuando negó su existencia, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata la aprobación del proyecto de dictamen contenido en el expediente CEEVA/160. Razón por la que se tiene por existente el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio; como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en el Estado de Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe la autoridad responsable, se advierte que en atención al escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en Materia Penal del Estado, dictó un acuerdo el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el expediente de ejecución 167/2017, mediante el cual, requirió a la directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para dentro del término de tres días, pusiera a disposición de esa autoridad el cheque a que hizo referencia la asesora jurídica de la parte quejosa, y remitiera las constancias que justificara el monto entregado a la víctima indirecta; apercibiéndola con un medio de apremio consistente en multa de treinta días veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Documentales, que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En tal virtud, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer otra diversa, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Como se vio, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede el estudio de los conceptos de violación los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada. Establecido lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por el Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán (anexo de este juicio de amparo), que se allegaron al sumario deducidas del expediente de ejecución 167/2017-J3ES, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. Por oficio 6160/2017 de veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, remitió al Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán, copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia que dictó el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta administrativa 107/2017, a fin de que diera inicio al procedimiento de ejecución; sentencia en la que entre otras cosas se condenó al sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO", como autor material y directo de la comisión del delito denominado homicidio calificado (cometido en la persona de quien en vida respondió al nombre de Juan José Noh Euan), denunciado por la aquí quejosa; y de igual manera, se condenó al referido sentenciado al pago de la reparación del daño a favor de quien acreditara tener derecho, por la suma total de $1,514,329.40 (un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos). 2. Por proveído veintiséis de octubre de dos mil diecisiete el Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán, tuvo por recibido el oficio 6160/2017, y dio por iniciado el procedimiento de ejecución respectivo al cual le recayó la carpeta de ejecución número 167/2017-J3ES; concediéndole al sentenciado cinco días para que realizara el pago de la reparación del daño. 3. Por escrito presentado ante el Juez responsable el seis de diciembre de dos mil diecisiete, María de Jesús Leonor Euan Amaya -aquí quejosa-, solicitó se girara oficio a la Dirección de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de que informara si el sentenciado contaba con bienes suficientes para cubrir y garantizar la reparación del daño fijada en la sentencia de mérito; asimismo, solicitó se girara oficio a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, a fin de que se le informara los números de registros que tienen como víctimas del citado juicio. 4. A dicho escrito le recayó el auto de quince de enero de dos mil dieciocho en el que entre otras cosas se ordenó girar oficio al Director General de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, a fin de que iniciara el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, lo que se le comunicó por oficio 265/2018; y por otro lado, no accedió a canalizar el trámite a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. 5. Por escrito presentado ante el Juez responsable el treinta de mayo de dos mil dieciocho la asesora jurídica de la aquí quejosa, solicitó se remitieran copias del expediente de ejecución a la Agencia de Administración Tributaria, a fin de que continuara con el procedimiento para el pago de la reparación del daño; así como, solicitó que se girara oficio a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas a efecto de que iniciara el registro estatal de la aquí quejosa. 6. A dicho escrito le recayó el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, en el cual se ordenó remitir copia certificada de la sentencia a la Agencia de Administración Tributaria, a fin de que continuara con el procedimiento administrativo para el cobro de la reparación del daño a la que fue condenado el sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO"; asimismo, ordenó remitir copia certificada de la sentencia de mérito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, a efecto de que iniciara el registro de la aquí quejosa, a fin de que la misma pueda realizar el cobro de la reparación del daño correspondiente. 7. Derivado del acuerdo anterior, se expidió el oficio número 2949/2018 de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, en el que se le solicitó realizara el trámite conducente para que dentro de las disponibilidades presupuestales del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o una vez que dispusiera de los recursos de dicho Fondo o contara con el fidecomiso necesario para administrar de manera adecuada y oportuna los recursos del citado fondo, se cubriera la suma de $1,514,329.40 (un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos), correspondientes a la reparación que se le impuso al sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO", a favor de quien acreditara tener derecho. 8. Por oficio 4927/2018 de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, el Juez responsable le requirió informara los avances respecto al pago de la reparación del daño en cuestión. 9. Por oficio CEEAV/DIR/801/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, dirigido al Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán, informó que el ciudadano quien en vida respondiera al nombre Juan José Noh Euan y la ciudadana María de Jesús Leonor Euan Amaya, habían sido inscritos en el Registro Estatal de Atención a Víctimas, con los números REV/CEEAV/31/0174/2018 y REV/CEEAV/31/0175/2018, en calidad de víctima directa y víctima indirecta, respectivamente; respecto al pago de la reparación del daño de mérito, solicitó se le informara quién era la persona que acreditó tener derecho al pago de la misma; finalmente, le informó al Juez responsable que para que dicha Comisión lograra realizar el pago de una compensación subsidiaria de la reparación del daño, era necesario agotar el procedimiento de ejecución establecido en los artículos 156, 160 y 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo que, el Juez responsable por proveído diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dio vista a las partes con dicho oficio. 10. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la aquí quejosa solicitó se requiriera a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, para que realizara el pago de la reparación del daño correspondiente, toda vez que había transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 52 de la Ley de Víctimas del Estado; y en atención a dicha petición por auto quince de octubre de dos mil diecinueve, el Juez responsable requirió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para que informaran respecto del trámite relativo al pago de la reparación de daño. 11. Por oficio CEEAV/DIR/442/2019 de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, le informó al Juez responsable que no se iniciaría el trámite solicitado en oficio 2949/2018, hasta que sean debidamente desahogadas las etapas procesales correspondientes mencionadas en su auto quince de enero de dos mil dieciocho; de lo anterior, el Juez responsable por auto diez de enero de dos mil veinte tomó conocimiento y requirió nuevamente a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para que informara respecto al pago de la reparación de daño. 12. Por oficio AAFY/DR/CDC/2755/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Jefe de Departamento de Control de Créditos de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, informó que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve se le requirió al sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO", en el Centro de Reinserción Social del Estado, el pago de la reparación del daño, sin embargo, no hubo bienes para embargar; y solicitó a diversas dependencias con el fin de que informen si el sentenciado contaba con bienes susceptibles de embargo; lo que informó mediante oficio AAFY/DR/CDC/76/2020 de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el sentido que las dependencias no tenían registro de que el sentenciado contara con bienes susceptibles de embargo; mismos oficios que fueron agregados a autos del procedimiento de ejecución por auto de veinticinco de junio de dos mil veinte. 13. Por escrito presentado ante el Juez responsable el trece de agosto de dos mil veintiuno, la aquí quejosa solicitó se le informe el estado que guardaba el trámite del pago de la reparación del daño; las medidas de ayuda otorgadas a su favor; y si se contaba con fondo para el pago de la reparación del daño; asimismo, solicitó se le requiera a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, la extracción del fondo de dicha autoridad en concepto de reparación del daño y que se aplicaran medios de apremios para cumplir con los requerimientos. 14. Por auto seis de abril de dos mil veintidós se reconoció a María de Jesús Leonor Euan Amaya, con el carácter de víctima indirecta, así como el derecho de reclamar y obtener el pago de la reparación del daño de mérito, lo que comunicó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para los efectos legales correspondientes, requiriéndole a las mismas el estado que guarda el trámite de las solicitudes respecto al pago de la reparación del daño en cuestión. 15. Por oficio CEEAV/DIR/88/2022 de diecinueve de abril de dos mil veintidós, la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, entre otras cosas reiteró que para iniciar el trámite para el pago de compensación subsidiaria, es necesario agotar el procedimiento de ejecución establecido en los artículos 156, 160 y 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo que, el Juez responsable por proveído diez de junio de dos mil veintidós, dio vista a las partes con dicho oficio y ordenó girar oficial al Titular de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán para que remitiera un informe respecto a los requerimientos de pago y/o embargo realizado al sentenciado. 16. Por auto de diez de junio de dos mil veintidós, el juez responsable entre otras cosas, tuvo por recibido los oficios solicitando los informes justificados y previos del juicio de amparo 1435/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por Pedro Pablo Moreno Pool, que se ostentó como asesor de María de Jesús Leonor Euan Amaya; asimismo, tuvo por recibido al Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, informando sobre las gestiones para poder iniciar el trámite para el pago de la compensación subsidiaria que en su caso, determine la Comisión a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 17. Mediante oficio 36924/2022 recibido el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se comunicó al juez responsable la sentencia dictada en el juicio de amparo 1435/2022-II, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en la cual, se concedió el amparo para el efecto de que el juez tercero de ejecución realizara las gestiones necesarias a efecto de que la Comisión Estatal de Atención a Víctima, pueda iniciar el trámite que le fue solicitada por oficio 2949/2018 de seis de junio de dos mil dieciocho; y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por conducto de las áreas administrativas correspondientes, una vez integrado el expediente emita la resolución en la que determine sobre la procedencia o no de acceso de la beneficiaria quejosa a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, en los plazos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Víctimas del Estado. Sentencia de amparo que causó ejecutoria el quince de agosto de dos mil veintidós. 18. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, entre otras cosas, requirió a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, informe el resultado del requerimiento de pago y/o embargo realizado al sentenciado respecto a la cantidad condenada por concepto de reparación del daño. 19. Por oficio AAFY/DR/CDC/2348/2022 de veintidós de agosto de dos mil veintidós, suscrito por la Directora de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, informó que nuevamente le requirió al sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO", en el Centro de Reinserción Social del Estado, el pago de la reparación del daño, sin embargo, no hubo bienes para embargar; y solicitó a diversas dependencias con el fin de que informen si el sentenciado contaba con bienes susceptibles de embargo. 20. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable giró oficio a la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, comunicándole que iniciara el procedimiento respectivo para determinar la procedencia o no de acceso de la beneficiara quejosa a los recurso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, reiterándole la solicitud para que dentro de las posibilidades presupuestales del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubriera la suma de $1,514,329.40 (un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos), correspondientes a la reparación que se le impuso al sentenciado ANDRES SAID HU KU o ANDRES HU KU alias "BOMBERO", a favor de María de Jesús Euan Amaya o María de Jesús Leonor Euan Amaya. 21. En cumplimiento a lo anterior, la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán, el uno de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo CEEAV/160, resolvió el dictamen para el pago de la compensación subsidiaria a favor de María de Jesús Leonor Euán Amaya, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se determina que la ciudadana María de Jesús Leonor Euán Amaya, en su calidad de víctima indirecta, se encuentran debidamente reconocida con el derecho a reclamar y obtener el pago de la reparación del daño. SEGUNDO. Se otorga la reparación integral del daño a la ciudadana María de Jesús Leonor Euán Amaya, en su calidad de víctima indirecta, en términos del considerando Décimo de la presente resolución. TERCERO. Gírese, a través de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la instrucción correspondiente a la institución fiduciaria que administra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a fin de que esta emita el instrumento bancario correspondiente para que le sea pagada a la víctima indirecta, la cantidad a que se refiere la fracción III del considerando Décimo. CUARTO. Gírese oficio a las instituciones directamente involucradas para efecto de que se cumplan las medidas que integran la reparación integral determinadas en el inciso II del considerando Décimo. QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la ciudadana María de Jesús Leonor Euán Amaya, en el domicilio citado para estos efectos. SEXTO. Se ordena a las unidades administrativas de esta Comisión Ejecutiva involucradas que, en su oportunidad, se sirvan remitir a esta junta de gobierno, la documentación soporte del cumplimiento de esta resolución, a efecto de que sea integrada al expediente. CÚMPLASE.." 22. Acta de la cuarta sesión ordinaria del año dos mil veintidós, de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, celebrada el día trece de diciembre de dos mil veintidós, donde en su punto octavo del orden del día, aprobó el proyecto de dictamen que emite la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, relativo al expediente administrativo CEEAV/160. Últimas dos determinaciones que constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa hizo valer, como conceptos de violación, los argumentos que a continuación se sintetizan: En ese sentido, aduce que la autoridad responsable violó el artículo 7, fracción XIV, de la Ley General de Víctimas, al no haber sido notificada del contenido del dictamen que establece el monto de reparación integral del daño. Como ya se adelantó, el citado motivo de inconformidad es infundado, porque contrario a lo señalado por la quejosa, de las constancias que adjuntó en vía de alcance a su informe justificado, la autoridad responsable por conducto del Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, mediante oficio XVII-CEEAV/DJ/73/2023, (número de promoción 7471), remitió copia certificada de la cédula de notificación de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, dirigida a la aquí quejosa, mediante la cual, se le notificó el acuerdo de seis de marzo del presente año, en el que, se le hizo del conocimiento del sentido del dictamen emitido en el expediente administrativo CEEVA/160, relativo al otorgamiento de las medidas que integran la reparación integral del daño, y que fuera aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima; asimismo, se le informó la fecha y hora para la entrega del cheque de caja número 0009144, mismo que fuera emitido en atención a lo ordenado en los resolutivos tercero y quinto del dictamen de fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, si bien no se le notificó el citado dictamen, dicha violación no trascendió al resultado del fallo reclamado dejándola sin defensa, ya que de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, el dictamen administrativo emitido por la Comisión Ejecutiva, tiene el carácter de resolución definitiva, contra el cual, únicamente procede el juicio de amparo; por lo tanto, la quejosa al ser notificada de la resolución que reclama, interpuso el presente juicio de amparo oportunamente en donde se analizará la legalidad del acto. Sigue agregando, que la determinación del monto, al haber sido fijada sin sustento e inferior a lo sancionado por la autoridad jurisdiccional, se traduce en una violación al principio de tutela judicial efectiva, ya que la reparación del daño a favor de las víctimas se encuentra en un rango constitucional, por lo que la Suprema Corte lo ha equiparado al de la tutela judicial efectiva, misma que debe estar sujeta a parámetros de legalidad y debido proceso, principalmente la reparación subsidiaria, de complementariedad, así como una reparación integral y justa. Que las resoluciones reclamadas violan los derechos humanos de la quejosa reconocidos en los artículos 1, 17, 20, aparatado "C", fracción IV, de la Constitución Federal, en concordancia con el numeral 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al incumplir con extraer del Fondo General de Reparación a las Víctimas del Delito, la cantidad de $1,514,329.40 (un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve pesos con cuarenta centavos), por concepto de reparación del daño, ya que no ha realizado el pago completo del monto fijado en sentencia definitiva. Que de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, está obligada a realizar la compensación subsidiara de acuerdo con el monto fijado en la sentencia condenatoria, por lo que al otorgar y fijar de forma unilateral un monto muy inferior al ordenado por la autoridad jurisdiccional, transgrede los citados numerales. Que la cantidad que le fue entregada mediante un cheque por la cantidad de $381,789.00 (trescientos ochenta y un mil, setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que según la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, constituye la reparación del daño a su cargo; sin embargo, al variar la cantidad condenada a la víctima el catorce de febrero de dos mil veintitrés, transgrede lo dispuesto por esa autoridad en los múltiples requerimientos y el monto fijado por la autoridad jurisdiccional, ocasionándole un perjuicio a la víctima, lo que ejemplificó de la siguiente manera: El ordenamiento que originalmente hizo el Juez de Ejecución Penal, a la CEEAV fue que se extrajera del fondo el monto de $1,514,329.40 pesos en concepto de reparación fijada por una autoridad jurisdiccional, sentencia definitiva. Al otorgar una cantidad en concepto de reparación del daño (Compensación Subsidiaria) muy inferior a la sancionada y sin observar los parámetros de la reparación, esto es la integralidad. La variación de los montos entregando una cantidad inferior, ya que el 14 de febrero no se entregó un monto superior por errores en el cheque. Aunado al hecho de que no se notificó y entregó copia de los parámetros que sirvieron para la cuantificación del daño. Finalmente, que el monto de reparación lo fija la autoridad jurisdiccional y que el fondo debe de entenderse en un ámbito de complementariedad respecto de las indemnizaciones otorgadas a la víctima, a través de otros medios, por ende, transgrede la jurisprudencia 2a./J.110/2017, con número de registro digital 2014861, sustentada por la Segunda Sala, Décima Época, del rubro siguiente: "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO." Tales motivos de disenso se analizarán en su conjunto, dada la similitud que entre ellos guardan, atento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales como se adelantó, devienen infundados. En cuanto al análisis conjunto de los conceptos de violación, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro digital 2011406, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Ahora, a manera de preámbulo al examen de los motivos de disenso expresados por la quejosa, conviene indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2384/2013 , estableció que la reparación del daño "es una sanción aplicable por la comisión de delitos, cuya responsabilidad es atribuible a la persona declarada responsable de la comisión del hecho delictivo del que derive", sanción pecuniaria que a su vez constituye un derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e integral. Asimismo, en el amparo directo en revisión 2384/2013, resuelto en sesión de siete de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala estableció que la reparación del daño es una consecuencia jurídica de la pena, por lo que el Ministerio Público deberá solicitar que se imponga también esta sanción, en concordancia con lo cual la autoridad judicial está obligada a imponerla, tomando como base la petición ministerial. Y de igual manera, en el concepto amplio de reparación del daño pueden estar comprendidos diversos rubros genéricos, en atención al tipo del delito cometido, entre ellos la reparación material, moral y de perjuicios ocasionados. Sobre el tema, en la tesis 1a. CCLXXII/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los parámetros para que la reparación del daño derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de protección y garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido, la cual es de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO HUMANO". En tal criterio señaló que deben observarse los parámetros siguientes: Cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla siempre que dicte sentencia condenatoria; Ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; La reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; La restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el pago de su valor; y, La efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el resarcimiento de la afectación. En concordancia con lo anterior, el artículo 54 de la Ley de Victimas del Estado de Yucatán, dispone el derecho de los gobernados a obtener una reparación integral, a través de la medida de compensación subsidiaria y los mecanismos para acceder a los recursos destinados para tal rubro. Para ello, el artículo establece la obligación del Estado de compensar el daño causado a las víctimas por los montos de los conceptos establecidos en una sentencia condenatoria, para la obtención de una reparación del daño integral mediante tal figura, ello, cuando se acredite que no fue posible lograr que el sentenciado cumpla con esa parte de la condena. Asimismo, constriñe a la autoridad a realizar necesariamente la valoración a efecto de determinar si el delito considerado grave tuvo como consecuencia un daño o menoscabo en: a) la libertad de la víctima; b) el fallecimiento; y c) el sufrimiento de un deterioro incapacitante en la integridad física o mental de la víctima directa. No obstante, es necesario precisar que existen diferencias entre la compensación subsidiaria regulada en el artículo 67, último párrafo, y demás relativos de la Ley General de Víctimas, cuyas destinatarias son las víctimas del delito que cumplan con los requisitos fijados en la norma y la reparación integral que corresponde a las víctimas por violaciones a los derechos humanos reguladas en dicho ordenamiento legal, a qué sujetos constitucional y legalmente se les impone la obligación de liquidar la compensación subsidiaria y la reparación integral descritos. En ese sentido, la incorrecta aplicación de los estándares de la reparación integral por violación a derechos humanos, señalados en la tesis de rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES, SU INCONSTITUCIONALIDAD."; no son compatibles con la compensación subsidiaria para las víctimas de delitos a que se refiere el límite impuesto por el artículo 67, último párrafo, de la ley reclamada. Ello, pues se relaciona con la reparación integral de daño por violaciones a derechos humanos, donde el sujeto activo de la vulneración a derechos humanos y obligado a dicha reparación es, precisamente, el Estado. Lo que se fortalece con lo regulado por el artículo 6, fracción XXI, de la Ley General de Víctimas, donde se determina "Violación de derechos humanos" es todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. Se prevé en la norma legal en cita que también constituye violación de derechos humanos, cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. De ahí que conforme al artículo 7, párrafos primero y segundo, fracción II, de la Ley General de Víctimas, los derechos de las víctimas ahí previstos son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos y las víctimas tendrán, entre otros derechos, a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron. Asimismo, partiendo de que la vulneración a un derecho humano suele traer como consecuencia la trasgresión a otros derechos, lo cual exige que el órgano jurisdiccional encargado de conocer del caso, identifique todas y cada una de las consecuencias del hecho victimizante, pues sólo así podrían identificarse los distintos tipos de medidas que serían necesarias para reparar el daño, por lo que, con base en ello, la Primera Sala determinó la inconstitucionalidad de los topes máximos a las indemnizaciones por violaciones a derechos humanos. Sin embargo, en el presente caso, el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, se relaciona con la determinación y pago de una compensación subsidiaria otorgada en favor de las víctimas de un delito, siendo que la solicitud relativa se presentó y tramitó en la vía administrativa. En efecto, en el caso concreto se generó un procedimiento administrativo iniciado con la solicitud de la parte quejosa, la cual concluyó con la aprobación del proyecto de dictamen de uno de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente CEEAV/160, en la que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resolvió sobre la solicitud de compensación subsidiaria en el sentido de otorgar las medidas tendentes a la reparación integral a la víctima indirecta María de Jesús Leonor Euán Amaya, por concepto de compensación subsidiaria, por los daños ocasionados por el hecho victimizante cometido en agravio de la víctima directa Juan José Noh Euán (por el delito de homicidio calificado. Es decir, la aplicación del citado numeral tiene su origen en una solicitud de compensación subsidiaria de la víctima de un delito del orden estatal, que se tramitó en la vía administrativa, cuyo principal reclamo en la presente instancia constitucional, es la fijación del monto máximo de dicha compensación al que se podrá obligar al Estado, de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, y no como lo señala la quejosa respecto al monto condenado al sentenciado por la autoridad jurisdiccional por concepto de reparación del daño. Derecho a la reparación integral que, en términos del artículo 26 de la Ley General de Víctimas, implica que éstas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. En congruencia con lo cual, el artículo 27 del mismo ordenamiento legal, señala que, para los efectos de esa Ley, la reparación integral comprenderá, entre otros elementos: "III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;" En cambio, en términos del artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, la compensación subsidiaria es un elemento o parte de las medidas de compensación, que a su vez conforma a la reparación integral para las víctimas de delitos, cuyo obligado directo a la reparación, en principio -como se puntualizará en consideraciones subsecuentes- es, precisamente, la persona autora e imputada por la comisión del delito que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial. Además, el citado precepto legal pertenece al título quinto "MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL" capítulo III "MEDIDAS DE COMPENSACIÓN" integrado por el diverso 64, cuyos párrafos primero y tercero, disponen que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de ese ordenamiento, de conformidad con lo que establece dicha Ley y su Reglamento; y que la compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de la citada Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 del mismo ordenamiento. Asimismo, el párrafo primero del citado numeral 67, dispone que la Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados para tal fin, determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria, en términos de la Ley analizada, así como de la norma reglamentaria correspondiente, tomando en cuenta: a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial. Y el artículo 66 de la citada ley, precisa que también será procedente la compensación subsidiaria prevista en el diverso 67, cuando no se materialice el cumplimiento de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, donde la autoridad judicial ordene la reparación con cargo al patrimonio de aquél, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado. Todo lo cual evidencia que existen notables diferencias entre los estándares y requisitos para la compensación que corresponde a las víctimas de la violación a derechos humanos y las víctimas de delitos, entre las que se destaca quiénes son los sujetos obligados formal y directamente a la reparación, en tanto que, en el primer caso, es el Estado, mientras que en el segundo, es el sentenciado por la comisión del delito y, de manera subsidiaria, el Estado. Es por ello que son incompatibles los estándares y principios que rigen a la reparación integral del daño en casos de violaciones a derechos humanos, con los relativos al pago de la compensación subsidiaria para la víctimas de delitos que cumplan los requisitos exigidos por la ley. De ahí que la compensación subsidiaria a que se refiere el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, no es equivalente ni sustituye a la reparación integral del daño o la justa indemnización y, por tanto, para analizar su constitucionalidad no resultan aplicables los criterios, parámetros y requisitos que rigen a la institución de la reparación integral antes referida. El artículo 27 de la Ley General de Víctimas señala que, para efectos de dicha ley, la reparación integral comprenderá, entre otros elementos, la compensación que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, misma que se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. Lo que evidencia que dicha compensación es solamente uno de los elementos que conforman un concepto e institución más amplia, consistente en la reparación integral que, para efectos de la Ley General de Víctimas, es entendida como el derecho de aquéllas a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. En el entendido que la reparación integral regulada en la ley reclamada tampoco es equivalente, ni sustituye, ni restringe el derecho a la reparación integral del daño en materia penal, puesto que tal reparación, como más adelante se puntualizará, constituye una sanción pecuniaria que el juzgador de la causa impone al individualizar la pena al sujeto activo del delito, lo que revela que quien debe cubrirla es el autor del mismo. En el ámbito de los derechos humanos, la reparación integral del daño, consiste en el restablecimiento a la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados, en tanto que, conforme a las premisas referidas en este fallo, la reparación, en la medida de lo posible, debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido; y en algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de las situaciones estructurales o sistémicas que vulneran los derechos fundamentales, de tal forma que "las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo". En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, "tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición", mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, "lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica". Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la naturaleza y monto de la reparación ordenada "dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial" y las reparaciones "no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas", en el entendido que una o más medidas pueden reparar un daño específico "sin que éstas se consideren una doble reparación". Además, la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que la obligación de reparación de violaciones a derechos humanos de los Estados debe ser "integral", es decir, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación correlativa a un derecho humano de fuente internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), dicho de otra forma, en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. En ese sentido, la Ley General de Víctimas en su artículo 27 precisa que la reparación integral también comprende las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y en ciertos casos la reparación colectiva; lo que demuestra que las medidas de compensación no son equivalentes ni sustituyen a la reparación integral, sino que se trata de un elemento que se comprende dentro de la reparación integral a que tienen derecho las víctimas, en tanto que deben "ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron". La compensación, como medida comprendida dentro de la reparación integral del daño, debe otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. La compensación se otorgará "por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables" que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, que al menos incluirá la reparación del daño físico de la víctima y del daño moral de la víctima o las personas con derecho a esa reparación integral y lo demás previsto en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. En cuanto a la compensación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, es necesario precisar que en términos del artículo 65 de la ley analizada serán compensadas en los términos y montos que determine la resolución que emita, en su caso, los órganos públicos nacionales o internacionales ahí precisados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la referida Ley; sin embargo, acota que en los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67. Lo que revela, que, por exclusión e implícitamente, a la compensación para víctimas de violación a derechos humanos, no le resulta aplicable el monto máximo previsto en el precepto legal reclamado para el caso de la compensación subsidiaria para las víctimas del delito, lo que evidencia una diferencia notable en la forma en que se compensa a la víctima de un delito y a una víctima por violación a sus derechos humanos imputable al Estado, por conducto de los servidores públicos y equiparables. En el caso concreto, el estudio debe centrarse en lo relativo a la compensación subsidiaria, que resulta procedente tratándose de las víctimas del delito, quienes podrán acceder a dicha compensación con cargo al fondo respectivo del Estado, sólo en aquellos casos que, con motivo de los hechos victimizantes, los probables responsables ameritarían prisión preventiva oficiosa; o la víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad o libre desarrollo de su personalidad; o la víctima directa hubiera fallecido o sufrido deterioro incapacitante en su integridad física o mental; también accederán cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y también procederá, por resolución firme de autoridad judicial. Para acceder a la compensación subsidiaria, la víctima que no haya sido reparada, debe exhibir todos los elementos a su alcance que lo demuestren, tales como: constancias del agente del ministerio público que evidencien las circunstancias que hacen imposible la consignación del presunto delincuente; la sentencia firme de autoridad judicial en la que se señalen los conceptos a reparar y la reparación obtenida de donde se señalen los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar; resolución de autoridad competente u organismo público de protección de derechos humanos donde se observe que la víctima no ha obtenido la reparación del daño de la persona directamente responsable de la satisfacción de dicha reparación. Ahora bien, conforme a la Ley General de Víctimas, para cuantificar e individualizar el monto de la compensación subsidiaria, los parámetros o lineamientos mínimos que tanto el Comité Interdisciplinario Evaluador como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deben observar, son: a) El monto máximo al que se podrá obligar al Estado por tal concepto será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales; b) Deberá ser proporcional a la gravedad del daño sufrido; c) Se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión del delito d) No podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. Conforme a los elementos normativos que se han analizado, queda de manifiesto que la compensación subsidiaria no es equivalente, ni sustituye ni restringe a la reparación integral del daño y, por ende, no es jurídicamente factible que el monto máximo al que se puede obligar al Estado a pagar a las víctimas de delitos, sea analizada en forma directa con base en el parámetro de control de regularidad constitucional relativo al derecho a la reparación integral del daño. Ello, pues como hasta aquí se ha establecido, al no ser la compensación subsidiaria equivalente o sustituta de la reparación integral regulada en la propia Ley General de Víctimas y, menos aún, restringir la reparación integral del daño en materia penal, entendida ésta como la sanción impuesta por el juzgador de la causa como consecuencia de una sentencia condenatoria contra el autor o responsable de la comisión del delito. Luego, resulta desacertada la premisa en que se apoya el concepto de disenso de la parte quejosa, ya que la compensación referida, por sí misma, no tiene por objeto limitar o impedir que se materialice la reparación integral del daño en favor de las víctimas del delito, ya que como se evidenciará más adelante, atendiendo precisamente a los principios de subsidiariedad y complementariedad, dicha compensación no es excluyente ni extingue el derecho de la víctima para exigir la reparación de cualquier otra naturaleza en la vía conducente, con el fin de alcanzar la integralidad que busca la reparación. Lo que se constata con el hecho de que la víctima podrá acceder de manera subsidiaria a las ayudas, asistencia y reparación integral que otorgue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con cargo a los recursos autorizados para tal fin, en los términos previstos en dicha Ley y en el Reglamento, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten. De ahí que "la aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley [General de Víctimas] se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad". Y la constitución de cada fondo estatal "será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas." Para ello, resulta necesario retomar las exposiciones de motivos de las tres iniciativas que integraron el proceso legislativo de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de enero de dos mil trece, en cuyo artículo 71, se preveía el monto máximo fijado con base en el salario mínimo mensual en el entonces Distrito Federal. De dicho proceso legislativo se obtiene que se expresó la pretensión de que a las víctimas de delitos federales que se encuentren en situación de urgencia o extrema necesidad y, en particular, a los cometidos por miembros de la delincuencia organizada, se les brinde la atención y el apoyo requerido para lograr, dentro de lo posible, el restablecimiento de la situación que anteriormente tenían. Así, se planteó crear en favor de la víctima la figura de la "compensación" de naturaleza estatal, diferenciándola claramente de la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima, ya que, en la primera, se utilizan fondos públicos para compensar la nocividad del delito, partiendo del argumento de que la sociedad, en su conjunto, es responsable de la prevención criminal, por lo que al fracasar ésta, es justo compensar a la víctima. Para financiar los auxilios económicos y la reparación subsidiaria del daño a la víctima no indemnizada por el sentenciado, el legislador propuso la creación de un Fondo Federal para el Auxilio y Compensación Económica a la Víctima del Delito. Los recursos del fondo estarían a cargo del Gobierno Federal y se operarían a través de un Fideicomiso Público, el cual contará con un Comité Técnico, y que este fondo se constituirá con una partida del fideicomiso público al que hacía mención el artículo 61 de la entonces Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se ve, la Ley General de Víctimas permite compensar a éstas con cargo al Fondo de Ayuda y Reparación Integral, y una vez determinada la calidad de víctima, lo relevante es atender al hecho victimizante: delito o violación a los derechos humanos. Ello, en tanto que si bien es cierto la reparación integral del daño debe ser otorgada a ambas categorías, también es verdad que existe una distinción sobre cómo se compensa y a quién corresponde la obligación de la reparación, concretamente, en forma subsidiaria a las víctimas de los delitos, pues como se ha evidenciado, la restitución, reparación e indemnización, en principio, corresponde al imputado o la persona responsable de la comisión del delito y solo ante la imposibilidad total o parcial de que se cumpla con esa obligación por las diferentes causas que la originen, el Estado la asume subsidiariamente utilizando fondos públicos para compensar la nocividad del delito, en virtud de la imposibilidad de que el autor del delito repare el daño. Para un mejor entendimiento sobre el principio de subsidiariedad aplicable para efectos de la Ley General de Víctimas, es preciso acudir a lo resuelto por el Tribunal Pleno de este máximo Tribunal, en la contradicción de tesis 157/2019, donde sostuvo que si bien, en principio, la reparación del daño está a cargo del responsable de la comisión del delito, lo cierto es que sí existe imposibilidad de obtenerse a través de aquél, ya sea porque se sustrajo de la acción de la justicia, murió, desapareció o se hizo valer un criterio de oportunidad, las autoridades administrativas en mención, de manera subsidiaria, determinarán el monto del apoyo económico con cargo a los fondos de ayuda correspondientes. Esto es, la compensación que otorgan tales autoridades es de manera subsidiaria, por lo que el trámite ante ellas es independiente del procedimiento penal, puesto que su objeto es únicamente otorgar un apoyo económico con el fin de reparar el daño causado por el delito, sin que su propósito sea sancionar al responsable de la conducta delictiva que la motivó. Asimismo, el Tribunal Pleno determinó que el procedimiento de acceso a los fondos de apoyo o compensación económica regulado en la Ley General de Víctimas, no constituye el incidente de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados o imputados -propio del procedimiento penal-, ni tampoco se trata de una reclamación por responsabilidad civil, ni es sustanciado y resuelto por un tribunal (órgano jurisdiccional), sino que corresponde a una autoridad administrativa. Y, además, que el referido procedimiento no participa de la misma naturaleza que la reparación del daño en materia penal, puesto que tal reparación constituye una sanción pecuniaria que el juzgador impone al individualizar la pena al sujeto activo del delito, con base en una comprensión dual: por un lado, satisface una función social a modo de pena y, por otro, satisface una función privada al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, lo que trae, a su vez, para el agente del delito una responsabilidad civil contractual. Lo que revela que quien debe cubrirla es un particular, específicamente, el autor del delito. En cambio, el procedimiento administrativo analizado tiene como finalidad que la víctima acceda a recursos públicos, es decir, a los que integran el fondo de compensación regulado en la ley relativa, aun cuando sea de forma subsidiaria. Retomando el criterio anterior, al resolver el amparo en revisión 394/2020, la Primera Sala de este Alto Tribunal precisó que en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley General de Víctimas, se da un tratamiento diferente a la obligación que tiene el Estado de hacerse cargo de la medida de compensación cuando lo solicitan víctimas del delito, pues al respecto indica que será de carácter subsidiario; cuestión que no es señalada para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es decir, no es que el Estado sea subsidiario respecto a la reparación integral, sino sólo respecto a una de sus modalidades: la compensación; y tampoco sin límites, sino de acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 68 de la ley de la materia (como que se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, por ejemplo). De ahí -sustentó la Primera Sala- que la subsidiariedad deriva de quién tiene la obligación primaria de hacerse cargo de la medida de compensación. Cuando se trata de víctimas de violaciones a derechos humanos, el responsable es el Estado, a través de sus diferentes órganos y agentes, por lo que la obligación primaria recae en el órgano estatal que cometió la vulneración. Mientras que, cuando se está en el supuesto de víctimas del delito, la responsabilidad primaria recae en la persona que cometió el delito. Por ello, cuando se actualizan los supuestos descritos en los artículos 67 y 69 de la Ley General de Víctimas (que quien cometió el delito se haya sustraído de la acción de la justicia, que no tenga bienes suficientes para pagar algunos rubros de dicha indemnización o que no se pueda ejercer acción penal), el Estado, por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, podrá brindar esta compensación (subsidiaria), hasta por el monto máximo fijado. En otras palabras, la subsidiariedad de la medida de compensación consiste en que si las víctimas del delito no recibieron el pago indemnizatorio por parte del particular que cometió el delito (ya sea por haberse sustraído de la acción de la justicia, por no haber tenido la capacidad de reparar o porque no se ejerció la acción penal), las víctimas podrán acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar la medida de compensación correspondiente, con cargo a los recursos del Estado, siempre y cuando se cumplan los requisitos formales que contempla la Ley General de Víctimas. Por su parte, el principio de complementariedad se encuentra vinculado con la posibilidad de recibir la totalidad de la reparación que haya sido determinada. Es decir, en el caso de violaciones a derechos humanos, la obligación de compensar le corresponde al órgano del Estado que cometió la violación y, en caso de que éste no haya otorgado la totalidad de la indemnización, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas complementará el monto faltante. De igual forma, en el caso de víctimas del delito, la obligación primaria de pagar la compensación le corresponde a la persona responsable del delito y, en caso de que no haya otorgado la totalidad de la indemnización o se esté en los supuestos del artículo 69 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas complementará de forma subsidiaria dicho monto. Motivo por el cual, en términos de la Ley General de Víctimas, las solicitudes para acceder a los recursos del fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima, entre otros requisitos, cumpla con lo siguiente: (I) "no haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron"; (II) "no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía", lo que podrá acreditarse con constancias o resoluciones de autoridades competentes como corresponda. Ello, con el objeto de que se advierta de un medio de prueba fehaciente que, dadas las circunstancias de hecho "hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal"; "La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar; y "La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación." Al resolver el amparo en revisión 965/2018, la Segunda Sala sostuvo que el derecho de las víctimas de delitos para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, parte de la idea sustancial de que, en el caso concreto, se presentan cuestiones fácticas-jurídicas que imposibilitan que sea el culpable del delito quien repare directamente a la víctima -ya sea porque se sustrajo de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad- y, por ende, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien procede a indemnizar a la víctima, así como emitir aquellas medidas de reparación integral necesarias, de manera subsidiaria, a efecto de que no se le deje en estado de indefensión a la víctima, sin perjuicio de que pueda repetir contra el responsable del acto punible, a efecto de que sean restituidos al erario público las cantidades erogadas por tal concepto. Se determinó también que la compensación subsidiaria no puede concebirse de manera aislada o autónoma a la reparación integral que, conforme a ley, el culpable del delito debe otorgar a la víctima, pues la referida Comisión deberá otorgar aquello que, efectivamente, procedería concederse a la víctima como reparación por los daños generados en su contra por la comisión del acto ilícito. Se ordena a dicha Comisión conceder las medidas reparatorias que en el caso concreto correspondería asumir a quien cometió el delito y causó los daños materiales e inmateriales respectivos. Se destacó que, en la exposición de motivos de la Ley General de Víctimas quedó precisado que las medidas de restitución, compensación/indemnización y rehabilitación, son formas de reparación que, eventualmente y de ser el caso, correspondería asumir por los particulares que hubieran ocasionado el menoscabo. Y si alguna de las medidas a las que obliga a los particulares esta ley, no pudieran ser reparadas por éstos, de conformidad con este mismo ordenamiento, el Estado reparará de manera subsidiaria. Siendo esto lo que precisamente da razón a la facultad de la Comisión, para exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió. Esto es, ante la imposibilidad de que el responsable del acto delictivo pueda reparar a la víctima, el Estado asume subsidiariamente esa obligación, bajo el entendido de que, a su vez, el Estado puede exigir al responsable que restituya todos los fondos que haya erogado por tal concepto indemnizatorio. Sobre esa base, esta Sala decidió que, independientemente de la conceptualización que para efectos de un proceso penal implique la figura de la "reparación integral" y, por ende, al margen de los conceptos que en ella deban incluirse en ese tipo de proceso conforme al artículo 20, apartado C, Constitucional, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto era que no existía fundamento o razón que justificara que, tratándose de la compensación subsidiaria a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deba incluirse en la reparación lo relativo al pago de daños punitivos. Y que en términos del artículo 67 de la Ley General de Víctimas que regula la compensación subsidiaria, los elementos que conformen a aquélla deben ser, desde luego, consistentes con esa subsidiariedad, es decir, con la ausencia o imposibilidad de respuesta por parte del culpable del delito, en el caso de que se actualicen situaciones fácticas y/o jurídicas que imposibiliten que sea el culpable del delito quien repare directamente a la víctima; lo que vincula a la Comisión a indemnizarla de manera subsidiaria. Ya que el Estado no es subsidiario respecto a la reparación integral en los casos de víctimas de delitos, sino sólo respecto a una de sus componentes: la compensación, máxime que el procedimiento administrativo para obtener la compensación subsidiaria no tiene la misma naturaleza que la reparación integral del daño en materia penal, que constituye una sanción pecuniaria que el juzgador impone al individualizar la pena al sujeto activo del delito, con base en una comprensión dual: por un lado, satisface una función social a modo de pena y, por otro, una función privada al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, lo que para el autor del delito implica una responsabilidad civil contractual. Mientras que en la mayoría de las hipótesis bajo las cuales las víctimas de delitos acuden ante la Comisión Ejecutiva, se tiene como base la imposibilidad de que el sujeto activo y responsable del delito sea consignado, procesado en el juicio penal correspondiente del cual, en su caso, emane una sentencia condenatoria que imponga la obligación de garantizar y pagar la reparación integral del daño a las víctimas y es ahí, donde, precisamente, surge la subsidiariedad del Estado para mitigar los efectos nocivos del delito, como lo señaló el propio legislador. Aunado a que, como se ha establecido por la Segunda Sala, si bien es cierto que la compensación subsidiaria a la que puede obligarse el Estado frente a las víctimas del delito, no es aislada ni autónoma a la reparación integral (puesto que la compensación y la función indemnizatoria de la Comisión debe entenderse en términos de complementariedad) que, conforme a ley, el autor o responsable del delito debe otorgar a la víctima -de concluir el proceso penal con una sentencia condenatoria-; también es verdad que la compensación subsidiaria es un apoyo o ayuda económica a las víctimas del delito para que puedan acceder al fondo público relativo cuando no sea posible que el culpable del delito repare directamente a la víctima, a efecto de que no se le deje en estado de indefensión a la víctima y la Comisión Ejecutiva debe velar por la maximización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad, independientemente de la conceptualización que para efectos de un proceso penal implique la figura de la "reparación integral" y, por ende, al margen de los conceptos que en ella deban incluirse en ese tipo de proceso. En cuanto al principio de subsidiariedad, como lo ha establecido la Segunda Sala, la compensación subsidiaria es un instrumento generado en favor de las víctimas de delitos, con el fin de que, frente a la imposibilidad de que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados en aquéllas -ya sea por sustracción de la justicia, muerte, desaparición o que se haya hecho valer un criterio de oportunidad-, esto no implique que se les deje en estado de indefensión, pues en tales casos, el Estado es el que otorga una compensación subsidiaria, proporcional a la gravedad del daño sufrido, con cargo al fondo estatal correspondiente. Lo que por sí mismo justifica que el legislador haya fijado un monto máximo al que pueda obligarse a pagar el Estado como compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos, en tanto que la obligación de compensar no recae directamente en el Estado, sino más bien en el responsable de la comisión del delito, de ahí la subsidiariedad de la compensación. Además de que, como hemos visto, la subsidiariedad se debe a que el procedimiento y trámite en vía administrativa que se sigue para obtener la compensación respectiva, es independiente del procedimiento penal, puesto que su objeto es únicamente otorgar un apoyo o ayuda económica, para que dentro de lo posible, se pueda lograr el restablecimiento de la situación que anteriormente tenía la víctima de delito. Otro elemento que revela la trascendencia y justificación del límite impuesto para el pago de la compensación subsidiaria es, precisamente, que dada la subsidiariedad para el caso de las víctimas de delitos, el Estado asume la obligación de pago de una ayuda o apoyo que no le corresponde directamente, sino al autor o sujeto activo responsable de la comisión de delito y que ante la imposibilidad total o parcial acreditada de aquellos para cumplir con la reparación integral del daño, se apliquen los recursos públicos del fondo estatal correspondiente. Debe tenerse presente que la compensación subsidiaria es un instrumento generado en favor de las víctimas de delitos, con el fin de que, frente a la imposibilidad de que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados en aquéllas -ya sea por sustracción de la justicia, muerte, desaparición o que se haya hecho valer un criterio de oportunidad-, no implique que se les deje [a las víctimas] en estado de indefensión, pues en tales casos, el Estado es quien otorga una compensación subsidiaria proporcional a la gravedad del daño sufrido, con cargo al fondo estatal correspondiente. En el entendido que la Federación, por conducto de la Comisión Ejecutiva, tendrá la obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos públicos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió; es decir, el Estado que asumió la obligación de pagar la compensación económica, de manera subsidiaria, tiene el deber de exigir, a su vez, al sentenciado (derecho de repetir reconocido en el artículo 80, último párrafo, del Reglamento de la Ley General de Víctimas), que restituya a la comisión ejecutiva o al fondo estatal que corresponda, los recursos erogados por concepto de dicha compensación otorgada a la víctima del delito que aquél cometió. De ahí, que la Comisión Ejecutiva deberá velar por la maximización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad, de tal forma que para efecto del trámite y resolución de las solicitudes de víctimas del delito que se presenten para acceder al Fondo, se atenderán considerando, entre otros elementos, los recursos disponibles en el Fondo, y el derecho que tiene la comisión a repetir contra el responsable de la comisión del delito, con el fin de recuperar, en la medida de lo posible, los recursos públicos erogados para el pago de las compensaciones subsidiarias solicitadas. Otro elemento igual de importante que resulta necesario examinar, a fin de evidenciar que no asiste la razón a la parte quejosa cuando afirma que se le restringe el derecho a la reparación integral del daño, es que se debe atender al principio de complementariedad que, conforme a la legislación de la materia, implica que la obtención de la compensación subsidiaria "no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza". De tal modo que, la compensación subsidiaria, en tanto elemento integrante de un concepto más amplio, como lo es la reparación integral del daño, a que está llamada a cumplimentar la Ley General de Víctimas, debe entenderse en términos de complementariedad y no de exclusión de otras figuras reparatorias, con el fin de lograr la protección más amplia para las víctimas y de alcanzar la integralidad que busca la reparación. De ahí que, en congruencia con lo anterior, el artículo 157 quinquies de la citada ley, establezca que la constitución de cada fondo estatal "será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas"; "La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley [General de Víctimas] se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad". Por lo que, con independencia de que la víctima haya obtenido algún pago por concepto de reparación mediante algún medio o instrumento contemplado en la Ley General de Víctimas, tal situación, por sí sola, no tiene el alcance de privarla del derecho de acceder a la reparación integral del daño a través de diversas vías, como la tradicional derivada del proceso penal o la civil, de forma enunciativa, lo que es compatible con el principio de complementariedad analizado. Es importante destacar que en el diseño implementado por el legislador para determinar la cuantificación del monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado frente a las víctimas de delito, sí se regulan los elementos esenciales para que la Comisión Ejecutiva pueda cumplir con el fin que persigue esa ayuda o apoyo económico, consistente en atemperar los efectos nocivos del delito en favor de las víctimas y no dejarlas en estado de indefensión frente al hecho victimizante, sin perjuicio de que, conforme al principio de complementariedad, se busque alcanzar la integralidad que busca la reparación mediante otras vías; en tanto se establece un monto mínimo y máximo para cuantificar dicha compensación, el cual que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. Elementos que permiten a la Comisión Ejecutiva, evaluando las circunstancias de cada caso concreto en que se solicite la compensación subsidiaria, cuantificar el monto que se deba fijar, atendiendo a las particularidades del hecho victimizante, entendido como los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima y que estos pueden estar tipificados como delitos, y la gravedad de los daños materiales e inmateriales ocasionados a las víctimas por los actos u omisiones que la ley señale que constituyen delitos. Por otra parte, en la demanda de amparo no obstante no se cuestionan los montos fijados respecto a las cantidades señaladas por la autoridad responsable para garantizar una compensación de forma subsidiaria a favor de la aquí quejosa; sin embargo, en suplencia de la queja deficiente, se analizaran los mismos, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En el caso, resulta correcto el proyecto de dictamen relativo a las medidas que componen la reparación integral del daño, emitido en el expediente CEEV/160, por la Comisión responsable y su aprobación a través del acta de la cuarta sesión ordinaria, en razón de que determinó otorgar una compensación subsidiaria por la suma total de $381,979.40 (trescientos ochenta y un mil novecientos setenta y nueve pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), integrados por la cantidad correspondiente a $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos, sin centavos, moneda nacional), en concepto de reparación del daño por el homicidio de la víctima directa que respondía al nombre de Juan José Noh Euán, y $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), en concepto de gastos funerarios. En efecto, de la lectura del proyecto de dictamen de fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, en la que determinó el otorgamiento del pago de una compensación subsidiaria a favor de la quejosa María de Jesús Leonor Euán Amaya, en su calidad de víctima indirecta, se realizó atendiendo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Victimas del Estado de Yucatán, en relación con el numeral 27, de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 51. Prelación de las solicitudes Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo estatal se atenderán considerando: I. La condición socioeconómica de la víctima. II. La repercusión del daño en la vida familiar. III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño. IV. El número y la edad de los dependientes económicos. V. Los recursos disponibles en el fondo estatal." "Artículo 27. Criterios Para atender las solicitudes de medidas con cargo a los recursos del fondo estatal, se aplicarán los siguientes criterios: I. La condición socioeconómica de la víctima. II. La repercusión del daño en la vida familiar. III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño. IV. El número y la edad de los dependientes económicos. V. Los recursos disponibles en el fondo estatal. VI. Los demás criterios previstos en el artículo 76 del reglamento de la ley general." Ahora bien, del expediente administrativo CEEAV/160, se advierte la información contenida en el estudio socioeconómico, en el que la víctima directa Juan José Noh Euán, no contaba con descendencia ni tenía dependientes económicos en el momento de los hechos; asimismo, de la propia información proporcionada por la quejosa, se advierte que no dependía económicamente de la víctima directa, razón por la cual, no se vio afectada en su situación socioeconómica como motivo del hecho vítcimizante, ya que María de Jesús Leonor Euán Amaya cuenta con ingresos económicos propios con los cuales solventa sus necesidades, lo cuales, obtiene a través de una empresa propia de tipo familiar, así como de la pensión que recibe por parte del gobierno federal de manera bimestral; además, del citado estudio de trabajo social y en el certificado médico practicado en la misma, se advierte que la víctima indirecta no presenta algún tipo de imposibilidad para trabajar que fuera derivada del hecho victimizante. Es por ello, que se llegó a la conclusión que la citada Euán Amaya, no se encuentra en un estado de vulnerabilidad derivado de algún tipo de necesidad inmediata o directamente relacionada con el hecho del cual deriva su calidad de víctima indirecta. Respecto a las afectaciones psicológicas que presenta la víctima indirecta como consecuencia directa del hecho ilícito, del expediente se cuenta con la información que fuera recabada en la evaluación psicológica realizada por personal adscrito al área de psicología de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la que se concluyó que la víctima indirecta se sitúa con una afectación mínima, se encuentra anímicamente estable y sin presencia de síntomas asociados al estrés postraumático; no presenta afectaciones significativas que le impidan realizar sus actividades y responsabilidades cotidianas, debido a que cuenta con el apoyo de su familia y haber encontrado la paz y tranquilidad a través de la oración. Por lo que hace al estado de salud física de la citada Euán Amaya, del informe de valoración médica realizada por el médico adscrito a la Secretaría de Salud del Estado, se concluyó que ésta goza de buena salud, sin padecimientos o dolencias que pudieran relacionarse con el hecho victimizante. Asimismo, la problemática surgida por el fallecimiento del víctima directa, y de acuerdo a la información proporcionada por la quejosa, se advierte que Juan José Noh Euán (víctima directa) era una persona independiente, soltera y trabajaba por cuenta propia, no tenía persona alguna que dependiera económicamente de él; sin embargo, a consecuencia de los hechos, la víctima indirecta tuvo que cubrir los gastos funerarios y de procedimientos jurídicos con recursos propios. De igual manera, la autoridad responsable tomó en consideración la cantidad de $1,514,329.40 (un millón quinientos catorce mil trescientos veintinueve pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), a que fue condenado el sentenciado A.S.H.K. (o) A.H. K., alias "Bombero", por concepto de reparación del daño a favor de quien acredite tener el derecho, en autos de la carpeta administrativa 107/2017, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable también atendió las disponibilidades presupuestales del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que sean ejercidos de manera eficaz, oportuna y transparente, procurando la más amplia protección del universo total de víctimas registradas ante la Comisión, al ser recursos limitados y a fin de ser administrados de manera adecuada y equitativa, procurando la más amplia protección del universo total de víctimas registradas, con el fin de procurar que el mayor número de individuos que lo integren, tengan acceso a los recursos de dicho fondo, lo anterior de conformidad con los artículos 21, 22 y 23 de los lineamientos para el funcionamiento del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado. Asimismo, señaló que en atención a lo establecido en el artículo 34 del Código Penal del Estado de Yucatán, en el cual se refiere que en los casos de "homicidio", la indemnización correspondiente se fijará en los términos del Libro Tercero, Título Primero, Capítulo V del Código Civil vigente en el Estado, en el cual se encuentran reguladas las obligaciones civiles que nacen de actos ilícitos, mismo ordenamiento que en su artículo 1103, establece que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo que corresponda para cada una de las incapacidades mencionadas en la Ley Federal del Trabajo; siendo que, para el caso de que se produzca la muerte del trabajador, la indemnización será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. En razón de lo anterior, y como correctamente lo señaló la autoridad responsable, en la época en que sucedieron los hechos, el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización al mes de mayo del año dos mil diecisiete, era de $75.49 (setenta y cinco pesos, con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), (según lo plasmado en la propia sentencia), y en observancia al artículo 34 del Código Penal del Estado de Yucatán, en relación con el numeral 502 de la Ley Federal del Trabajo, multiplicó dicha unidad por cinco mil, lo que dio como resultado la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta peso, sin centavos moneda nacional). Es por lo anterior, que se comparte con las cantidades otorgadas por concepto de compensación subsidiaria por la suma total de $381,979.40 (trescientos ochenta y un mil novecientos setenta y nueve pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), integrados por la cantidad correspondiente a $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos, sin centavos, moneda nacional), en concepto de reparación del daño por el homicidio de la víctima directa que respondía al nombre de Juan José Noh Euán, y $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), en concepto de gastos funerarios, pues se ajustó a la normatividad aplicable al caso concreto y se adecuó a las operaciones matemáticas realizadas. Finalmente, ante la ineficacia de los planteamientos de inconstitucionalidad hechos valer, sin que en el caso se advierta motivo alguno que conlleve suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa María de Jesús Leonor Euán Amaya. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA DE JESÚS LEONOR EUÁN AMAYA, en contra de los actos que reclamó del Juez Tercero de Ejecución de Sentencias en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA DE JESÚS LEONOR EUÁN AMAYA, en contra de los actos que reclamó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ambos con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó el emplazamiento de Andrés Said Hu Kú o Andrés Hu Kú, alías "Bombero", hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, circunstancia que ya aconteció. Por lo tanto, toda vez que del informe rendido por el Juez Tercero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado, se advierte que el citado tercero se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, comisiónese a una de las personas actuarias adscritas a este Juzgado Federal, a fin de emplazar a Andrés Said Hu Kú o Andrés Hu Kú, alías "Bombero", al presente juicio constitucional, haciéndole entrega de una copia autorizada del auto admisorio, de la demanda de amparo y del presente proveído. Así mismo, con fundamento del artículo 117 de la Ley de Amparo, désele vista con los informes justificados que remitieron las autoridades responsables. En virtud de lo anterior, se impone el diferimiento de la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; personalmente al tercero interesado y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de dos de junio del presente año, en el cual se desechó la ampliación de la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa y da fe.

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