María de la Cruz Cortés Sobrino
Expediente 1300/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 51 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María de la Cruz Cortés Sobrino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante el oficio sin número remitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta capital, que obra agregado en autos a foja 311. Asimismo, en dicho proveído se apercibió a la parte quejosa que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó el día treinta de septiembre último, sin que se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el treinta de abril de dos mil dieciocho, misma que con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa, se estimó que el acto reclamado resultó violatorio al derecho humano de seguridad social en perjuicio de la parte quejosa. Por lo que el efecto protector del amparo, lo fue para que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta capital: Dejara sin efecto el acto de aplicación, consistente en el oficio número ISS.100.31.300.1.3354.10.2017 de diez de octubre de dos mil diecisiete. Emitiera una nueva determinación en la cual se precisara que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, no es aplicable en la parte conducente a la aquí quejosa; de tal modo que se hace extensivo a los descuentos que se pretenda realizar o se hayan realizado a la pensión por motivo de la aplicación de la norma inconstitucional, lo que implica el pago retroactivo de estos. Así, por oficio 1621 recibido el cinco de agosto de dos mil diecinueve, (foja 284) la superioridad, confirmó la referida sentencia protectora de derechos, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que el Subdelegado responsable a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, remitió la misiva sin número recibida el veintiséis de septiembre último, (foja 311) con el que manifiesta haber dado cabal cumplimiento a la sentencia del presente asunto, exhibiendo lo siguiente: El oficio ISS.100.31.300.1.1271.8.2019, firmado por el Jefe del Departamento de Pensiones, con sede en esta ciudad, por el cual dejó sin efectos el diverso ISS.100.31.300.1.3354.10.2017 de diez de octubre de dos mil diecisiete; asimismo, declaró que no le sería aplicado en el futuro el precepto motivo del reclamo, a la parte quejosa y ordenó la devolución de los descuentos realizados por motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, lo que acreditó con las constancias que acompañó a dicha misiva de las que se advierte el desglose y la realización del pago de dichas cantidades a la impetrante en modo retroactivo. De ahí que se considere que la autoridad responsable ha respetado el derecho fundamental violado, y restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados. Así, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio sin número del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta capital, así como la certificación que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de agosto de dos mil diecinueve. Con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio sin número, signado por el SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio y del que se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Asimismo, se concede la prórroga que solicita la citada autoridad responsable; en consecuencia, requiérasele de nueva cuenta a dicha autoridad, para que en el término de treinta días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 1621, de dos de agosto del presente año, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada el once de julio de dos mil diecinueve, dictada en el amparo en revisión número 415/2018, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en contra de la sentencia firmada el treinta de abril de dos mil dieciocho; ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida, dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho en autos del juicio de amparo número 1300/2017-III-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. - - - SEGUNDO.- Para los efectos precisados en el fallo protector combatido, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María de la Cruz Cortés Sobrino, en contra de los actos que reclamó, por su propio y personal derecho, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la agraviada en el goce de los derechos humanos violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al de la notificación de este acuerdo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que la diversa autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, no tiene que ejecutar acto alguno, pues se le reclamó la promulgación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, glósense a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Notifíquese y cúmplase
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