María de los Angeles Canul Ek
Expediente 1365/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María de los Angeles Canul Ek
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1365/2019-III-A, promovido por *********, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Civil y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1365/2019-III-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente: La falta de emplazamiento al expediente 403/2016, relativo al interdicto de recuperar la posesión promovido por Cornelio Euan Noh en contra de Teresa Virginia Jiménez Lara, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Tercero Civil y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, pues así lo admitieron al rendir su correspondiente informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que la primera remitió derivadas del juicio de interdicto para recuperar la posesión 403/2016. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El numeral 107 fracción I Constitucional, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Como se dijo, en el presente asunto, la promovente se duele de la falta de emplazamiento al juicio de interdicto para recuperar la posesión 403/2016, que se siguió ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del lote de terreno sin número, de la calle catorce, por quince y trece de Caucel, Yucatán, del que afirma ser poseedora, sin haber tenido oportunidad de defender sus derechos en dicha contienda judicial al no haber sido llamada a comparecer, ostentándose tercero extraña a juicio. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez responsable, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de interdicto para recuperar la posesión 403/2016, fue promovido por Cornelio Euan Noh en contra de Teresa Virginia Jiménez Lara; con lo que se acredita que la quejosa realmente es ajena al juicio mercantil natural, porque no fue señalada como demandada. Para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la posesión, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular del mismo. Al caso, se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Los artículos 625 y 632 del Código Civil del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: "Artículo 625.- Posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, o el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Esta es de buena o de mala fe." "Artículo 632.- Entiéndese por título la causa generadora de la posesión." Así pues, en virtud de la naturaleza del acto reprochado, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre: 1. El título o acto jurídico que genera un derecho original o derivado para poseer el inmueble; y, 2. Que se tiene la posesión en virtud de ese derecho. 3. La identidad entre el inmueble objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. Para acreditar su interés jurídico y, por ende, que es poseedora del bien inmueble que defiende, la quejosa aportó las siguientes pruebas: 1. Certificación del acta de nacimiento expedida a su favor el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado, que acredita que es hija de Pablo Arsenio Canul Ku y Nidia de los Ángeles Ek Canul (foja 9). 2. Certificación del acta de nacimiento expedida a favor de Pablo Arsenio Canul Ku, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado, que acredita que es hijo de Arsenio Canul Noh y Florencia Ku Euan (foja 10). 3. Certificación del acta de defunción de Pablo Arsenio Canul Ku, expedida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado, que acredita que falleció el veinte de noviembre de dos mil nueve (foja 11). 4. Certificación del acta de defunción de Arsenio Canul y Noh, expedida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado, que acredita que falleció el trece de abril de dos mil dieciocho (foja 12). 5. Copia certificada de la constancia del traspaso de un terreno del fundo legal, ubicado en la calle catorce, por quince y trece, levantada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el Comisario Municipal de Caucel y el Secretario, en la que figura como vendedor Cornelio Euan Noh y como comprador Arcenio Canul Noh (foja 13). 6. Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de la aquí quejosa, por el Instituto Nacional Electoral (foja 14). Al tratarse de documentos públicos y privados, tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que sólo demuestran la filiación existente entre la aquí quejosa con Pablo Arsenio Canul Ku y Arcenio Canul Noh, como hija y nieta respectivamente; y que Cornelio Euan Noh traspasó al abuelo de la aquí quejosa, el terrero que ahí se describe. Esas documentales aun valoradas en su conjunto, son insuficientes para justificar el derecho que asevera tener la aquí quejosa respecto del inmueble que defiende y en nada beneficia a sus intereses, ya que no son aptas ni idóneas para acreditar su dicho, pues no se advierte elemento alguno que lleve al suscrito juzgador a presumir que tiene algún derecho real sobre el inmueble que defiende en esta instancia constitucional. En efecto, la solicitante del amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de posesión del bien inmueble controvertido en el juicio de origen, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros, y en el caso es evidente que no lo acreditó. Máxime que la simple tenencia material del bien inmueble, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por el derecho fundamental de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. Aunado a lo anterior, cabe señalar que aun cuando de las aludidas probanzas se acredita que la quejosa es nieta de Arsenio Canul y Noh, y que al parecer fue Cornelio Euan Noh, quien le traspasó el inmueble controvertido en el procedimiento de origen, también lo es que la presunción de corresponderle por concepto de herencia, tampoco demuestra el interés jurídico que la legitime para obtener una sentencia favorable, porque la acreditación de la causa generadora de la posesión respecto del inmueble cuestionado, no se demuestra con la simple apreciación de los documentos ofrecidos para demostrar el derecho que considera le corresponde, sino que era necesario acreditarla fehacientemente con algún título mediante el cual se le hubiere transmitido ese derecho. Al caso, se invoca la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Así como en lo conducente, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la foja 2666, del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2001975, que menciona: "NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO JURÍDICO QUE AFECTA LA SUCESIÓN. EL PRESUNTO HEREDERO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA HACERLA VALER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Conforme al artículo 1717 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, si bien es cierto que la nulidad absoluta de un acto jurídico puede ser invocada por cualquier interesado, también lo es que la interpretación sistemática e integral de tal norma con los artículos 1o. y 2o. del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, conduce a concluir que el alcance de tal expresión se refiere a todo aquel que tenga un interés jurídico y, no uno simple, ya que de esa forma se justificaría la pretensión de destruir los efectos jurídicos que pudo haber producido el acto jurídico. Consecuentemente, el presunto heredero carece de legitimación para promover la nulidad absoluta de un acto jurídico que afecta a la sucesión, atento a que la representación y defensa de ésta corresponde al albacea y, en caso de que todavía no se hubiera designado, al heredero reconocido, toda vez que éste, en tal hipótesis, tendrá la facultad de defender la herencia que le corresponde, de acuerdo con los numerales 2888, 2943 y 2944 del Código Civil en cita y 580 del propio ordenamiento procesal." En este orden de ideas, al no acreditarse fehacientemente la posesión que aduce tener la quejosa respecto del bien inmueble controvertido en el juicio natural, se estima que carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional; por lo que tomando en consideración que dicho interés debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Civil y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en proveído de treinta de octubre de esta anualidad; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por LUIS EDER POOT UC, quien se ostenta apoderado de la tercera interesada TERESA VIRGINIA JIMÉNEZ LARA, así como los anexos que acompaña, mediante el cual comparece a este juicio Al efecto, con apoyo en el artículo 10° de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con la que comparece el ocursante, en términos del instrumento notarial que exhibe para acreditarla. Como lo solicita el ocursante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de la referida tercera interesada, el que señala para tal efecto, Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la documental que acompaña a su escrito, y que relaciona, así como la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezcan a sus intereses y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formuladas las manifestaciones que refiere la ocursante, mismas que se reservan para ser tomadas en consideración y valoradas al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, téngase por hecha la manifestación formulada por el ocursante, en el sentido de que objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio, la documental ofrecida por la parte quejosa como prueba consistente en un recibo de venta a favor de Arcenio Canul Noh, otorgado por Cornelio Euan Noh, misma que exhibió con su demanda de amparo, para ser tomada en consideración como corresponda en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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