Maria de la Luz López Zepeda y Otros.

Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
444/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Maria de la Luz López Zepeda y Otros.
  • Fernando Maocuzet Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y vista la certificación secretarial de cuenta, y toda vez que en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se declaró incompetente este juzgado en el juicio en que se actúa y se remitió al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno; correspondiéndole al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, quien lo registró con el número 4847/2021, lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. Asimismo, luego de la consulta de expedientes del portal del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la diversa página web https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, se constató que en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 4847/2021 de ese índice. Máxime, que el Juzgado citado desechó por improcedente el juicio de amparo. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintiuno. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el veintisiete de mayo del año en curso, de la que se desprende que no le fue posible notificar a MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ ZEPEDA representante común de la parte quejosa, el proveído de diecinueve de mayo del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en tal virtud, con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, practíquese a la parte quejosa la notificación del proveído en cita, así como las subsecuentes que deban ser personales mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número I-444/2021, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz López Zepeda, Fernando Macouzet Ramírez, Yolanda Mora Mendoza, María de la Luz Mora y Díaz, Rosalía Mora y Díaz, José Omar Guajardo Huerta, María Concepción Guadalupe Alanís Ugarte, Víctor Manuel Ortega Jiménez, María de Lourdes Lejarza García y María Eugenia Lejarza García, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, señalando como acto reclamado, el siguiente: INCOMPETENCIA Al respecto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de legal competencia, por razón de la materia, para conocer del mismo, ello en términos del ordinal 48 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado corresponde conocer al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se declina la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo se aprecia que María de la Luz López Zepeda, por propio derecho manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con el servicio de telefonía celular a cargo de la compañía telefónica Telcel prepago bajo los números telefónicos 4435432104 y 4432189663, y compañía telefónica Movistar prepago bajo el número telefónico 4431935572, Fernando Macouzet Ramírez, es poseedor del teléfono celular con número 4431560131,de la compañía telefónica AT&T prepago, Yolanda Mora Mendoza, es poseedora del teléfono celular con número 4431560128, de la compañía telefónica AT&T prepago, María de la Luz Mora y Díaz, es poseedora del teléfono celular con número 4432290600, de la compañía telefónica Telcel renta mensual, Rosalía Mora y Díaz, es poseedora del teléfono celular con número 4431090749, de la compañía telefónica Telcel renta mensual, José Omar Guajardo Huerta, es poseedor del teléfono celular con números 4436214716 y 4432880252 de la compañía telefónica Telcel prepago, María Concepción Guadalupe Alanís Ugarte, es poseedora del teléfono celular con número 4431230202, de la compañía telefónica Telcel prepago Víctor Manuel Ortega Jiménez, es poseedor del teléfono celular con número 5561148199, de la compañía telefónica Telcel renta mensual, María de Lourdes Lejarza García es poseedora del teléfono celular con número 5518491982, de la compañía telefónica Telcel renta mensual y María Eugenia Lejarza García, es poseedora del teléfono celular con número 4432364050, de la compañía telefónica Telcel renta mensual, motivo por el cual señalan que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a septimus de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, les genera afectación a su esfera de derechos pues dicho proceso legislativo, obliga a los titulares de las líneas telefónicas celulares a registrar sus datos biométricos de forma obligatoria, además de que se otorgan facultades a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; lo cual constituye un acto en la materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones en el sector de telecomunicaciones, pues los actos encaminados a obtener los datos personales (biométricos), emana de dicha materia, por tanto, corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia de competencia de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Evidentemente, mediante decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas ellas en materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el Acuerdo General 22/2013, en el que, entre otros puntos, estableció la creación de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, precisó que dichos órganos jurisdiccionales tendrían jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el mencionado acuerdo se especificó que, no obstante que conocerían de materia administrativa, éstos estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, empero, no se precisó que debía entenderse por tales materias. Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, señaló que no obstante que el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no había precisado las definiciones de "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece revelaba qué debía entenderse por ellas y, de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, para dilucidar la cuestión expuesta, resulta necesario examinar los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal, asimismo, no debe soslayarse que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En esas condiciones, la Segunda Sala del máximo tribunal del país estableció que, para que algún acto de autoridad sea examinado por los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario que se colme alguno de los siguientes supuestos: La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.). Los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, además, versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Aunado a lo anterior, precisó que en un proceso de competencia económica se involucra la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, mientras que un conflicto de libre concurrencia se relaciona con el libre acceso de consumidores y productores en un mercado de condiciones de igualdad. Finalmente, la Segunda Sala puntualizó que cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la responsable como la del acto reclamado sean administrativas, corresponde conocer del asunto a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (genérico). Tales consideraciones están reflejadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092 -obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , que expresa: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.), cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." Ahora, en el caso que nos ocupa, es óbice que los actos de molestia sí se reclaman al Instituto Federal de Telecomunicaciones, asimismo, se versan actos relacionados con la prestación de servicios acuñados al instituto mencionado. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Humberto Borja Padrón, y los restantes sin dicha plenitud, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la aludida profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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