María de la Luz Ceja Ayala

Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
63/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
09/08/2018

Partes del expediente

  • María de la Luz Ceja Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a MA. DE LA LUZ CEJA AYALA, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca I-347/2017; 2. En su lugar, dicte otra en la que analice los agravios formulados por la quejosa, en específico, el relativo a que Manuel Guerra Aviña no se encontraba legitimado para promover el incidente de conclusión del cargo de albacea; y, 3. Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda con el recurso de apelación plateado. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de veintiséis de junio de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el veintiocho de junio de este año, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para cumplir con la ejecutoria de amparo, allegó copias certificadas de constancias relativas al toca número I-347/2017, derivado del juicio sucesorio intestamentario número 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y que son las siguientes: 1) Del auto de veintisiete de junio de este año, donde dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, que constituyó el acto reclamado en esta sede constitucional; ordenando poner los autos a la vista del titular de dicha sala, para pronunciar la nueva resolución. 2) De la sentencia de veintiocho de junio de este año, dictada en el toca de origen, en la cual, para cumplir con la materia medular de la concesión del amparo y para observar con el principio de exhaustividad, al analizar el agravio relativo a la que Manuel Guerra Aviña, no se encuentra legitimado para promover el incidente de conclusión de cargo de albacea, señaló que no era verdad que el juez del conocimiento no hubiera fundado ni motivado su decisión de estimar que el citado Guerra Aviña, está legitimado para promover el incidente de origen, pues en el considerando segundo de la sentencia combatida en apelación, el juez primigenio citó el criterio que estimó aplicable al caso, y además, expuso las razones que lo condujeron a considerar que sí podía hacer valer la incidencia de mérito. Bajo ese contexto, el magistrado responsable coincidió con la determinación del juez natural, indicando que la cesión es un acto en virtud del cual un acreedor que se denomina cedente, trasmite los derechos que tiene respecto de su deudor, a un terceo que se denomina cesionario, siendo su efecto el de cambiar la persona del acreedor, sin que tal obligación deje de ser la misma, al subsistir el mismo crédito, el cual presenta el mismo objeto y el mismo deudor, o sea que en la cesión de derechos hereditarios, cambia la persona del heredero por la del cesionario, pero sigue existiendo la sucesión deudora y la obligación persiste, puesto que del monto de la herencia tiene que pagarse a los cesionarios precisamente lo que debía entregarse el heredero instituido, es decir, sólo existe una sustitución en la persona del acreedor; de manera que, al representar los cesionarios los derechos hereditarios que pertenecen a un heredero instituido, pueden hacer valer todos los derechos que le competían a éste. Por ello, la autoridad responsable concluyó que sí en la especie, los coherederos Ma. Guadalupe Ceja Ayala y José de Jesús Ceja Ayala y/o Jesús Ceja Ayala, le cedieron a Manuel Guerra Aviña los derechos hereditarios que les correspondían respecto de la sucesión de origen, entonces, este último, como cesionario, se sustituyó a aquellos y por ende, puede ejercer todos los derechos que le correspondían, entre ellos, el de pedir la remoción del albacea por haber concluido el tiempo para el desempeño de su cargo, por lo cual, convino con el a quo en que Guerra Aviña, sí contaba con legitimación para promover la incidencia interpuesta 3) Establecido lo anterior, acatando los lineamientos que le fueron trazados y en uso de la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió modificar la interlocutoria recurrida, para regirse por los resolutivos insertos en la parte final del quinto considerando de esa sentencia de alzada. Situación con la que se consideró daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado sin efectos el acto materia de reclamado en esta instancia constitucional (resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca número I-347/2017, derivado del juicio sucesorio intestamentario número 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán); y en su lugar, dictar otra con data veintiocho de junio de este año, en la cual, siguiendo los lineamientos marcados en el fallo protector, analizó los agravios formulados por la quejosa, en específico, el relativo a que Manuel Guerra Aviña no se encontraba legitimado para promover el incidente de conclusión del cargo de albacea, en los términos que fueron señalados en párrafos que anteceden, para luego, con libertad de jurisdicción, resolver modificar la interlocutoria materia de la apelación, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Oficio de cuenta Finalmente, visto el oficio de cuenta que suscribe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, téngasele acusando recibo del oficio por el cual se le comunicó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio en el que se actúa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a MA. DE LA LUZ CEJA AYALA, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca I-347/2017; 2. En su lugar, dicte otra en la que analice los agravios formulados por la quejosa, en específico, el relativo a que Manuel Guerra Aviña no se encontraba legitimado para promover el incidente de conclusión del cargo de albacea; y, 3. Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda con el recurso de apelación plateado. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de veintiséis de junio de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el veintiocho de junio de este año, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para cumplir con la ejecutoria de amparo, allegó copias certificadas de constancias relativas al toca número I-347/2017, derivado del juicio sucesorio intestamentario número 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y que son las siguientes: 1) Del auto de veintisiete de junio de este año, donde dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, que constituyó el acto reclamado en esta sede constitucional; ordenando poner los autos a la vista del titular de dicha sala, para pronunciar la nueva resolución. 2) De la sentencia de veintiocho de junio de este año, dictada en el toca de origen, en la cual, para cumplir con la materia medular de la concesión del amparo y para observar con el principio de exhaustividad, al analizar el agravio relativo a la que Manuel Guerra Aviña, no se encuentra legitimado para promover el incidente de conclusión de cargo de albacea, señaló que no era verdad que el juez del conocimiento no hubiera fundado ni motivado su decisión de estimar que el citado Guerra Aviña, está legitimado para promover el incidente de origen, pues en el considerando segundo de la sentencia combatida en apelación, el juez primigenio citó el criterio que estimó aplicable al caso, y además, expuso las razones que lo condujeron a considerar que sí podía hacer valer la incidencia de mérito. Bajo ese contexto, el magistrado responsable coincidió con la determinación del juez natural, indicando que la cesión es un acto en virtud del cual un acreedor que se denomina cedente, trasmite los derechos que tiene respecto de su deudor, a un terceo que se denomina cesionario, siendo su efecto el de cambiar la persona del acreedor, sin que tal obligación deje de ser la misma, al subsistir el mismo crédito, el cual presenta el mismo objeto y el mismo deudor, o sea que en la cesión de derechos hereditarios, cambia la persona del heredero por la del cesionario, pero sigue existiendo la sucesión deudora y la obligación persiste, puesto que del monto de la herencia tiene que pagarse a los cesionarios precisamente lo que debía entregarse el heredero instituido, es decir, sólo existe una sustitución en la persona del acreedor; de manera que, al representar los cesionarios los derechos hereditarios que pertenecen a un heredero instituido, pueden hacer valer todos los derechos que le competían a éste. Por ello, la autoridad responsable concluyó que sí en la especie, los coherederos Ma. Guadalupe Ceja Ayala y José de Jesús Ceja Ayala y/o Jesús Ceja Ayala, le cedieron a Manuel Guerra Aviña los derechos hereditarios que les correspondían respecto de la sucesión de origen, entonces, este último, como cesionario, se sustituyó a aquellos y por ende, puede ejercer todos los derechos que le correspondían, entre ellos, el de pedir la remoción del albacea por haber concluido el tiempo para el desempeño de su cargo, por lo cual, convino con el a quo en que Guerra Aviña, sí contaba con legitimación para promover la incidencia interpuesta 3) Establecido lo anterior, acatando los lineamientos que le fueron trazados y en uso de la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió modificar la interlocutoria recurrida, para regirse por los resolutivos insertos en la parte final del quinto considerando de esa sentencia de alzada. Situación con la que se consideró daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado sin efectos el acto materia de reclamado en esta instancia constitucional (resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca número I-347/2017, derivado del juicio sucesorio intestamentario número 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán); y en su lugar, dictar otra con data veintiocho de junio de este año, en la cual, siguiendo los lineamientos marcados en el fallo protector, analizó los agravios formulados por la quejosa, en específico, el relativo a que Manuel Guerra Aviña no se encontraba legitimado para promover el incidente de conclusión del cargo de albacea, en los términos que fueron señalados en párrafos que anteceden, para luego, con libertad de jurisdicción, resolver modificar la interlocutoria materia de la apelación, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Oficio de cuenta Finalmente, visto el oficio de cuenta que suscribe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, téngasele acusando recibo del oficio por el cual se le comunicó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio en el que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificadas del proveído de veintisiete y de la resolución de veintiocho, ambos de junio de este año, dictados en el toca número I-347/2017. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Se acusa recibo de constancias Finalmente, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del toca número I-347/2017, mismo que le fue devuelto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificadas del proveído de veintisiete y de la resolución de veintiocho, ambos de junio de este año, dictados en el toca número I-347/2017. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Se acusa recibo de constancias Finalmente, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del toca número I-347/2017, mismo que le fue devuelto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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