Maria de la Luz Carlón Rivera

Expediente 661/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
661/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Carlón Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diez de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por María de la Luz Carlón Rivera, por sí y en representación de sus menores hijas Luz Arely y Lizbeth, ambas de apellidos Oribio Carlón; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEFINITIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por María de la Luz Carlón Rivera por sí y en representación de sus menores hijas Luz Arely y Lizbeth, ambas de apellidos Oribio Carlón, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese la misma con el número que le corresponda, en el libro de gobierno relativo. ANÁLISIS El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la demanda de garantías se advierte que la impetrante reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo con residencia en esta ciudad, el oficio de duplicidad DRC/DATP/2218/2013 emitido el ocho de octubre de dos mil trece, a través del cual se canceló su registro de nacimiento, sin haberle notificado de su contenido; acto del cual según se desprende de la lectura de los hechos y abstenciones en los que funda su demanda, tuvo conocimiento el ocho de marzo de dos mil diecinueve, pues en ellos, refiere bajo protesta de decir verdad: ".CUARTO.- El día 2 dos de Marzo del año en curso la suscrita extravié mi Credencial para Votar, por lo cual para poder tramitar una nueva, es requisito presentar el acta de nacimiento, por lo cual al buscar en mis documentos personales me percato de que no contaba con un duplicado original de mi partida de nacimiento, solo con una copia simple de una que había tramitado el 23 veintitrés de Septiembre del año 2013, por lo que días después (el día 8 ocho de Marzo de la presente anualidad) me dirigí a la Oficina número 01 uno del Registro Civil en la ciudad y municipio de Zitácuaro, Michoacán, para tramitar mi Acta de Nacimiento (duplicado), pero me informaron que no podían expedirme mi Acta de Nacimiento, ya que tanto en el sistema como en el libro donde se encuentra mi registro se había asentado una anotación marginal de CANCELACIÓN por DUPLICIDAD DE REGISTRO, mismo que había sido ordenado mediante el Oficio DRC/DATP/2218/2013. ." Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos, toda vez conforme a lo manifestado por la propia quejosa, desde el ocho de marzo de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de la existencia del acto que comparece a reclamar en la presente instancia constitucional y sus consecuencias. Esto es así, ya que en la data señalada por la quejosa se le dio a conocer la existencia de una anotación marginal a su acta de nacimiento a través del oficio DRC/DATP/2218/2013, sin que fuera factible expedirle una copia certificada de dicha acta; razón por la cual, incluso, junto con el personal de la Oficialía del Registro Civil, procedieron a indagar dentro de los libros correspondientes, encontrando así el registro de nacimiento y defunción de una hermana de la propia quejosa a quien se registró con su mismo nombre, por lo que se le expidieron las copias xenográficas correspondientes para que hiciera valer sus derechos ante la autoridad competente. Bajo ese orden, si bien a partir de los hechos anteriores no se obtiene que la quejosa haya conocido el oficio DRC/DATP/2218/2013, lo cierto es que en esa data conoció la anotación marginal a su acta de nacimiento que, tal y como lo señala en su demanda de amparo, constituye el acto de ejecución que ahora reclama a la Oficialía del Registro Civil de Zitácuaro, Michoacán. Por esta razón, se estima que a partir de dicho momento es cuando debe comenzar a computarse el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues con independencia de que no exista una notificación del oficio que ahora reclama, o bien, no se tenga conocimiento de su contenido íntegro, lo cierto es que al reclamar un acto de autoridad materialmente administrativo, es dentro del juicio de amparo cuando el gobernado está en aptitud de conocerlo en sus términos, quedando expedito su derecho para formular la ampliación correspondiente. Establecido lo anterior, resulta claro que en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cómputo para la presentación de la presente demanda inició el día once de marzo y concluyó el día dos de abril del año en curso, descontándose de ese término los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, por tratarse de sábados y domingos, así como el dieciocho y veintiuno del mes y año en cita por haber sido inhábiles, sin que haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia, sino hasta el siete de junio del presente año, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y para la cual el término de quince días de que disponía para impugnar el acto que ahora reclama, al tenor del artículo 17 de la ley de la materia, ya había fenecido. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Aunado a ello, existen las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, mismas que deben ser consideradas como una confesión que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto resultan aplicables las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María de la Luz Carlón Rivera por sí y en representación de sus menores hijas Luz Arely y Lizbeth, ambas de apellidos Oribio Carlón, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. No constituye un impedimento para arribar a la anterior determinación la manifestación que realiza la impetrante, en el sentido de que formuló petición ante la Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán, con el fin de que le ayudara a agilizar el trámite relativo a la duplicidad de acta de nacimiento, sin que éste hubiese sido sellado de recibido; sin embargo, ello únicamente patentiza que se encuentran a salvo sus derechos, para que ante la autoridad administrativa realice las gestiones pertinentes para obtener la aclaración relativa a la anotación marginal que reclama en esta instancia constitucional. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Salvador Beltrán Ávila, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo faculta para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; en tanto que a Guillermo Bucio Coranguez, sin dicha plenitud, pues no existe registro alguno, por lo que únicamente se le tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos hasta en tanto acredite fehacientemente encontrarse facultado para ejercer la profesión antes mencionada. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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